Rotación y conurbanización policial

Una lectura antropológica del múltiple crimen de San Miguel del Monte

 

La masacre en San Miguel de Monte es la expresión de muchas cosas, la consecuencia directa de la doctrina Chocobar y la pirotecnia verbal del matonerismo que cultivó como signo de distinción la ministra Patricia Bullrich, pero también de las canchereadas de Cristian Ritondo que viene haciendo la plancha, recostándose sobre la capacidad de gestión del propio jefe de la policía Bonaerense, Sergio Perroni, que, dicho sea de paso, dicen que tiene muy buenos vínculos con María Eugenia Vidal. Pero también la consecuencia del vigilantismo vecinal que reclama de manera sostenida políticas de prevención de tolerancia cero y mano dura. En este artículo no vamos a detenernos en estas cuestiones porque han sido expresadas y abordadas por otros colegas en las últimas semanas. Nos interesa demorarnos en otra rutina policial que aquí llamaremos la rotación policial que, según nos parece, constituye uno de los factores de la conurbanización de las policías del interior de la Provincia de Buenos Aires.

 

No es lo mismo 20 que 500

Ya sabemos que los vecinos de los pueblos del interior suelen pensarse con la agenda de problemas que tienen los vecinos de la grandes ciudades, más aún cuando todos los vecinos siguen la Argentina desde la televisión. La agenda securitaria de los medios está hecha con los problemas con los que se miden los porteños o los vecinos del área metropolitana. No es casual que en las últimas décadas los vecinos del interior hayan modificado hábitos y costumbres en función del “aumento de la inseguridad”. Un aumento que no guarda proporción con los conflictos que realmente existen. La inseguridad subjetiva no necesariamente es el reflejo de la inseguridad objetiva. Por ejemplo, ya casi nadie deja la puerta de la casa abierta las 24 horas y tampoco el auto con las llaves puestas. No se deja la bicicleta sin candado y todo el mundo pone alarmas en su casa, se enreja o compra un perro malo. Estas maneras de vivir la inseguridad y el delito, como algo ubicuo que aguarda a la vuelta de la esquina, se traduce también en un aumento de la demanda policial, convalida la discrecionalidad policial, los pedidos de cámaras de vigilancia o los botones antipánico al Municipio.

No se puede pensar San Miguel de Monte desde Quilmes o Lomas de Zamora. No es lo mismo una ciudad con 20.000 habitantes que otra con 500.000 o casi 2 millones. Si los conflictos de Monte no son los conflictos que tienen Quilmes, Lomas de Zamora o La Matanza, entonces se supone que la policía no es universal. Más allá de que las funciones y las reglamentaciones sean las mismas, las tareas, se supone, tienen que ser muy distintas.

Lo que queremos decir es que lo que sucedió en Monte no es nuevo. Lo nuevo es dónde sucedió. Hace rato que los jóvenes del Conurbano vienen midiéndose con una policía cada vez más violenta, más intolerante y dura. Cuando decimos “violenta” no estamos pensando solamente en la agresión física o en el uso o la amenaza de hacer uso de la fuerza letal. Estamos pensando también en el hostigamiento policial, es decir, en todas aquellas prácticas con las que vienen acompañadas las detenciones policiales. Porque las paradas no están hechas de buenos modales sino de maltrato y destrato, es decir, vienen con gritos, burlas, provocaciones, imputaciones falsas, amedrentamientos, “toques” y “correctivos”. Precisamente las mismas prácticas que empezaron a observarse en pueblos del interior como Monte.

Como señaló hace unos días la periodista María Florencia Alcaraz en un artículo publicado en la revista Anfibia y reproducido en El Cohete a la Luna, “Llenar los pueblos de policías”, el hostigamiento policial venía in crescendo. Detenciones policiales reiteradas y arbitrarias, amenazas, ventajeo policial o robo de pertenencias, nada que los jóvenes morochos que viven en barrios pobres del Conurbano no conozcan.

 

Los refugiados problemáticos

Los agentes policiales de cualquier repartición no necesariamente son nacidos y criados en la ciudad donde cumplen funciones. Muchos de ellos provienen de otras ciudades con otras dimensiones, con otros conflictos, es decir, con otras prácticas policiales, otras rutinas, otras experiencias.

Detrás de la masacre de Monte está la rotación policial. Muchos policías que intervinieron en el operativo policial, antes y después, eran policías rotados, que provenían de otros distritos.

Suele decirse que la rotación es el destino de los “refugiados”. Cuando los policías tienen el legajo sucio o cuentas pendientes con la Justicia penal, la institución los “saca de circulación” mandándolos una temporada a algún pueblo perdido del interior.

De hecho en Monte había algunos policías que provenían de otras zonas donde los policías suelen moverse con otros códigos, otras prepotencias, apelando a otras destrezas y criterios de intervención. La policía no siempre es la misma, toda vez que se mide con conflictividades sociales diferentes. Las maneras de estar de la policía estarán relacionadas a los conflictos con los que se mide en cada ciudad.

Hace unos días la abogada Paula Litvachky, directora del área de justicia y seguridad del CELS, dijo: “Parece ser que es la propia policía la que llevó el conflicto al pueblo y las prácticas abusivas. Con la idea de que el desembarco en los pueblos tienen que mostrar autoridad.” En el mismo sentido, Alcaraz señalaba lúcidamente que la conurbanización de los pueblos del interior es el resultado de la lucha contra el narcotráfico y la guerra al delito.

Pero esa conurbanización, agregamos nosotros, está mediada por la rotación policial. Si la policía puede exportar prácticas del Conurbano a los pueblos del interior no es porque los policías fueron asociados a esos modos de actuar durante su formación, sino porque policías que hicieron su trayectoria en “zonas calientes” son después destinados a patear las zonas tranquilas.

No hay inocencia en los destinos de los policías. A veces el destino de un policía se explica en su domicilio real, es decir, en la voluntad del propio agente de desempeñar sus tareas en la ciudad donde nació, donde tiene sus lazos afectivos. Otras veces el destino se resuelve según necesidades que exceden a las intenciones del policía: a veces se los desplaza para cubrir cupos y otras –como estamos sugiriendo en este artículo— para sacar de circulación a policías de determinados distritos, para acovacharlos, refugiarlos.

 

Cerrar filas

Tanto los organismos de derechos humanos como todos aquellos que estudiamos a las fuerzas de seguridad sabemos que cuando a los policías les toca rendir cuentas, nunca están solos. Casi siempre la institución cierra filas con ellos. Por lo menos mientras los hechos que se les imputa no se transformen en un acontecimiento y este no adquiera el status de escándalo político.

El abroquelamiento implica la actualización de diferentes prácticas que forman parte también de repertorios previos aprendidos y trasmitidos de una cohorte a otra. Rutinas que encuentran un punto de apoyo en los “códigos de silencio” que a veces son el resultado de la obediencia debida y otras veces de la “familia policial”. Se sabe, la policía está hecha de relaciones racionales pero también de relaciones carismáticas, la jerarquía burocrática convive con el espíritu de lealtad y pertenencia que inspira la fantasía policial. Aquellas rutinas a partir de las cuales se encubre el accionar ilegal de los pares se lleva a cabo parando los libros de la comisaría; ensayando un montaje policial –como se intentó en Monte—; o armando causas a las víctimas de la brutalidad policial.

Pero la institución puede ir más allá. Porque la defensa corporativa va acompañada con la consabida cobertura jurídica: los funcionarios o la jefatura aportan los abogados que se harán cargo de la defensa de aquellos policías sospechados o imputados de delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, salvo que dicha denuncia surja de alguna de las que se realizan desde el propio Ministerio en su publicitada “lucha contra las mafias policiales”. En el resto de los casos, hemos visto cómo el gobierno provincial asume los costos que demandan los honorarios de los abogados que se encargarán de la defensa de los policías. De esa manera el Ministerio y la propia Jefatura se garantizan que nadie se corte solo, que todos vayan al juicio con la misma versión, respetando el guion acordado o impuesto por los funcionarios policiales y/o políticos.

Otra forma de cubrir las espaldas de los policías consiste en “pararse” arriba de los expedientes que lleva la Dirección de Asuntos Internos. De hecho los sumarios que la Policía instruye estarán casi siempre atados al proceso judicial que se lleva a cabo en sede penal. Si los juicios no avanzan o avanzan en cámara lenta, tampoco lo harán los sumarios internos. La suerte de los procedimientos administrativos se juega en la burocracia judicial, hecha de tiempos largos, es decir, de incidentes y apelaciones de todo tipo que dilatan la solución de los conflictos. Queremos decir: si los juicios no avanzan tampoco lo harán los sumarios internos. Pero señalamos aquí la misma excepción: los jefes de asuntos internos señalaron en un proceso judicial reciente que, cuando se tratan de causas impulsadas por el mismo ministerio, “el proceso administrativo es independiente del judicial” y allí reparten sanciones y exoneraciones a su antojo.

De allí que muchos policías imputados de haber cometidos delitos no sean separados de la fuerza sino rotados por distintas localidades de la Provincia. En efecto, la rotación de policías es una forma de cuidar a la tropa, de acovachar a los policías mientras se calmen las aguas y los abogados con buenos contactos con los operadores de tribunales pueden dormir la causa o cajonearla hasta su prescripción.

Hay que decir también que algunas veces son los propios policías los que impulsan la rotación para sacarse de encima a alguien que mete demasiado ruido. Porque sabido es que la familia policial impone guardar silencio cuando las papas queman, amparando los abusos o distribuyendo la responsabilidad entre todos los miembros de una guardia. De modo que los policías saben bien que los abusos e ilegalidades de algunos bien pueden arrastrar a toda una guardia. Eso suele generar malestar al interior de la comisaría, que muchas veces se resuelve buscándole otro destino al policía en cuestión.

 

Compra venta de comisarías

No sólo los comisarios rotan, también lo hace el resto de los agentes. La rotación policial es uno de los deportes —no necesariamente favorito— de los policías. La rotación a veces persigue intereses económicos y otras veces tiene propósitos judiciales. Cuando la rotación es económica, la misma dependerá de la capacidad económica de cada comisario. Se sabe, las comisarías tienen precio, se compran y se venden. El precio de una comisaría dependerá de la capacidad de recaudación histórica de esa dependencia. Pero también rotan los oficiales y suboficiales, y lo hacen por varias razones. Primero porque tienen que hacer carrera, es decir, es el destino que les tocó después de graduarse. Los policías acumulan conducta para ganarse el destino que los devuelva a su lugar de origen, donde viven. Porque no hay que perder de vista que muchas veces los policías tienen que desplazarse más de cien kilómetros para realizar sus tareas. Segundo, porque es una forma que tienen las cúpulas de castigar a aquellos que se niegan a “patear” con el resto de los pares, participando en la regulación del delito. En este caso, los destinos elegidos para los policías serán las peores zonas, sean las más aburridas o las más picantes. Como se puede ver, la rotación forma parte de la gestión de premios y castigos.

Y tercero, porque es la forma de esperar que se solucionen los “problemas que tienen con la justicia”, es decir, una manera de mandarse a guardar o sacarlos de circulación, de esconderlos una temporada mientras se calman las aguas.

Volvamos a San Miguel de Monte. Los legajos de los policías implicados en la masacre no dicen nada significativo, a primera vista.[1] Los días posteriores al hecho se sucedieron las detenciones completando 12 efectivos policiales y un civil con distintas imputaciones. Los más jóvenes tienen entre 1 y 5 años de antigüedad en la fuerza, sus primeros años de servicio fueron en ciudades pequeñas cercanas a Monte (Brandsen, Cañuelas, San Vicente y Flores) o pueblos más pequeños como Jeppener. Son policías de pueblo y, en una fuerza que habita geografías tan disímiles, donde los policías se nutren de criterios de actuación tan diferentes, eso es un dato significativo.

Dos de ellos no son policías tan jóvenes: José Alfredo Domínguez y Rubén García.

 

Los veteranos

Domínguez, en sus trece años de servicio, ha pasado por las pequeñas ciudades de la región que mencionamos arriba. Y García es un oficial que comenzó su carrera en los años ’90, los años de “la maldita policía” o “la mejor policía del mundo”. Con 29 años de servicio, García estaba muy cerca de jubilarse. Había llegado a San Miguel del Monte después de haber hecho casi toda su carrera en el partido de General San Martín, el norte del Conurbano bonaerense. García es el policía que nos presenta más interrogantes. No sólo porque fue el tirador, el policía que se ve asomado por la ventanilla disparando durante la persecución, sino porque había hecho su carrera en un territorio “prendido fuego”, como les gusta denominar a los policías las zonas con mayores conflictos. No era precisamente un policía de pueblo y no es en el tedio de la inactividad propia de las pequeñas ciudades donde forjó su carrera, su temple, no es ahí donde acumuló formas de hacer a su repertorio policial.

El legajo de García tiene varias páginas repletas de faltas menores: ausencias sin aviso, faltas de respeto a la autoridad, algún certificado médico trucho para justificar una ausencia, nada que hable desde la institución de un tipo violento, ni de apremios ni nada de ese tipo. Pero en la foja de servicio de un oficial con esa antigüedad no necesariamente las causas penales impactan en ella. En la década del ’90 no había demasiados controles, de modo que lo que se tramitaba en sede penal no necesariamente quedaba registrado en la foja de servicio.

Por eso la pregunta que nos hacemos ahora es la siguiente: ¿qué le pasa a un policía con 30 años de antigüedad para confundir un paseo de amigos en un auto con una huida? ¿A quién se le ocurre tirar en esa situación? Si tuviéramos que apurar una respuesta de la poca información disponible, podríamos decir, repetir, algo que ya hemos dicho antes: los policías forjan su criterio a la luz de los lugares donde trabajan. ¿Será, entonces, que un policía proveniente de destinos calientes donde efectivamente otro repertorio de acción es posible y hasta aceptable, echó mano de lo aprendido? ¿Los destinos perfilan a los policías?

Si leemos los hechos con todas las fojas de servicio al mismo tiempo podemos hacernos otras preguntas: ¿por qué la Bonaerense mezcla a los bambis (policías novatos de pueblo) con estos policías del Conurbano llenos de mañas que se creen Rambo o juegan a ser Rambo? ¿García era Rambo o lo mandaron a ser Rambo entre los bambis y se la terminó creyendo? Su legajo no habla de un tipo duro. Pero, como dijimos recién, los legajos de los policías no dicen la verdad, sobre todo de un policía con casi treinta años de servicio.

 

La persecución

Los pibes de San Miguel del Monte no sabían que ese paseo en auto podía ser leído por un agente policial como una huida, no estaban huyendo ni pensaron que aquello podía ser interpretado como tal circunstancia. ¿Qué hace que un policía experimentado lea esa situación, que su olfato le juegue tan mala pasada y decida, en medio de la noche, tirarle a un auto repleto de pibes?

Los medios, tan tentados de apelar al estilo de la crónica, comenzaron sus primeras notas hablando de cómo se alteró la paz de un pueblo bonaerense con el accidente, precedido por disparos. Pero lo que estaban reconociendo con esa contextualización es muy significativo también: hay formas de actuación policial que sorprenden más por la geografía que por el tipo de respuesta. Una persecución es una situación arquetípica del quehacer policial, casi lo que cualquier pibe imagina que va a hacer cuando entra a una academia policial, hasta que allí se decepciona y se entera que dichas maniobras están prohibidas y que deberá respetar las normas de tránsito aún persiguiendo un auto en su huida. También se va a decepcionar al enterarse que la labor policial está más hecha de tedio, de frío, de largas horas de caminata sin sentido, de charlas con vecinos sobre el clima y, cada tanto, alguna detención.

¿Resulta igualmente condenable perseguir a pibes en un auto a los tiros si no es irrumpiendo con la paz de una pequeña ciudad bonaerense? ¿Somos capaces de escandalizarnos con una policía que responde a los tiros cuando se trate de un pequeño, prístino, maravilloso y pacífico pueblo o cuando sucede en un populoso, peligroso y saturado partido del Conurbano?

 

 

 

* Rodríguez Alzueta: Docente e investigador de la UNQ, director del LESyC. Autor de Temor y Control; La máquina de la inseguridad y Vecinocracia: olfato social y linchamientos.
* Bover: Antropólogo. CONICET-UNLP. Grupo de Estudio en Policías y Fuerzas de Seguridad UNQ- IDES. Su tesis doctoral sobre la Policía Federal Argentina será publicada próximamente por la editorial de la UNQ.
El collage que acompaña la nota fue realizado por la comunicadora y artista platense Rocío Téves.

 

[1] Trece son las personas detenidas hasta el momento, doce de ellos policías. Hasta ahora se han volcado a la causa seis fojas de servicio: la del capitán Rubén Alberto García, los oficiales Leonardo Daniel Ecilape, Manuel Monreal y Juan Manuel Gutiérrez, el oficial subayudante Mariano Alejandro Ibañez, el oficial subinspector José Alfredo Domínguez. Faltan todavía que se agreguen las fojas del teniente Héctor Enrique Ángel, la del oficial inspector José Manuel Durán, las oficiales ayudantes Nadia Genaro y Melina Noelia Bianco (que fue la única que declaró en sede fiscal), el oficial Cristian Alberto Righero y sobre todo la del Subcomisario Franco Minucci, supuesto guionista del montaje policial para cubrir a la tropa. El civil detenido es el secretario de seguridad municipal Claudio Martínez, un comisario retirado de 56 años, sospechado de haber manipulado las cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo.

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