SALIR DEL ARMARIO

El Informe Pepín Rodriguez Simón es una mancha venenosa de efectos impredecibles

 

María Servini levantó la primera sábana bajo la cual encontró al hombre enlace del ex Presidente Mauricio Macri, en revoltijos con actores de primer nivel en las agendas sensibles del entonces gobierno. La jueza convocó a indagatoria a Fabián Pepín Rodríguez Simón para el 26 de mayo sobre la base de un análisis de 10.738 comunicaciones, 96 de las cuales situó como frecuentes con más de 15 llamados. Entre ellas hay 59 llamados entre enero de 2016 y agosto de 2018 al actual presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, a su hija y 38 a su socio Gabriel Bouzat. Rosenkrantz, que reconoce su relación de amistad con Pepín, deberá explicar por qué no se apartó de los trámites de la causa Indalo, que es el marco de esta investigación, cuyos dueños fueron extorsionados de manera mafiosa por el diputado del Parlasur, director de YPF, bombero judicial del gobierno y quien se presentó ante los empresarios en nombre del ex Presidente.

El Informe de Servini es uno de los dos peritajes solicitados a la Dajudeco en el marco de la causa Índalo. Analiza comunicaciones entrantes y salientes del teléfono de Rodríguez Simón entre enero de 2016 y agosto de 2019, pero omite el análisis de las comunicaciones de sus interlocutores. Esas comunicaciones incluyen al ex Presidente pero forman parte de un segundo estudio concluido en diciembre y retenido por la Cámara de Casación a pedido de la defensa de Macri, que sostiene con uñas y dientes que una vez ventiladas podrían en riesgo secretos de Estado. El abogado de Fabián de Sousa en la causa por extorsión es Carlos Beraldi. Solicitó a la Casación audiencia pública y televisada para dirimir la cuestión del perijate, un cruce de llamados de más de cien contactos, cuya legalidad la Justicia no puso en duda ni en expedientes de Cristina Fernández ni en las causas a los empresarios de medios, cuyas comunicaciones fueron difundidas a sábana abierta por diarios y medios alineadas con el gobierno anterior.

Por esa razón el Informe Pepín sólo muestra una parte. Aún así permite intuir la escala del revoltijo. Entre los siete primeros contactos se encuentra Agea Arte Gráfico Editorial Argentino SA (Grupo Clarín) con 182 llamadas. Hay contactos con directores corporativos del Grupo (21), con el sobrino de Héctor Magnetto (4) y el estudio jurídico Sáenz Valiente (63). Luego con La Nación (43). Contacto con el entonces Procurador del Tesoro, Carlos Balbín (40) durante la negociación de condonación de deuda del Correo SA, con síndicos del Correo SA y SOCMA Americana. Hay 17 llamadas a Horacio Rosatti antes de la asunción en la Corte. Y un universo que, queda claro, no sólo habla del caso Indalo sino expone la escala del investigado.

  • 162 con Germán Garavano.
  • 457 con abonado primero del la Ciudad de Buenos Aires y luego de Secretaría General de la Presidencia.
  • 140 con abonado de Jefatura de Gabinete de Ministros y luego de Farmacity, tránsito de Mario Quintana.
  • 107 con abonado de Jefatura que pasó a Secretaría de Energía, tránsito de Gustavo Lopetegui.
  • 49 con abonado de Secretaría Legal y Técnica y Presidencia de la Nación.
  • 19 con abonado Secretaría Legal y Técnica de Provincia de Buenos Aires.
  • 17 con Estudio Tonelli.
  • 15 con José María Torello.

Tuvo comunicaciones frecuentes con los estudios Mariano Cuneo Libarona, Araoz de La Madrid, Julio Cesar Raffo. Comunicaciones con empresas de Nicolás Caputo: Caputo SA y Generación Tres SA. Más de 500 comunicaciones con medios y periodistas. Raffo es un abogado que comenzó su actividad como colaborador de Augusto Conte, siguió próximo a Fernando Solanas, pero en diciembre de 2018 coincidió con el macrismo en la solicitud de desafuero de CFK.

 

 

 

Venenosa

El informe se conoció el jueves, pero el lunes pasado, por ejemplo, el diario La Nación comenzó a ensayar una defensa del presidente de la Corte. De la Corte surgen dos contactos. Uno, Rosatti. La comunicación se corta con su jura. En su entorno dicen que hubo una llamada más. Que Pepín intentó pedido, contestaron que no, que quedó fuera de sí y no volvió a comunicarse. Rosenkrantz abre el paraguas hace tiempo. Ensaya explicaciones desde la difusión de la foto del casamiento de la hija de Pepín. Dijo a Perfil que eran amigos. Lo mismo volvió a mencionar el diario La Nación este lunes, como justificación de llamados. También se sabe que Pepín lo propuso como candidato. Pueden ser amigos. Pero ocurren dos cosas. Beraldi presentó un escrito el viernes para que sea apartado de trámites de las causas del Grupo por esas relaciones amistosas que trascendieron. Y luego, que la Corte que suele establecer defensa en bloque en los últimos meses, empieza a parar posible drenaje. Acepta que esto es un problema. No para todos. Para “Carlos”. No por Indalo. Sino por los llamados. “Tendrá que ver qué hace con eso —dicen—, que no es la Corte, es Carlos”.

El Informe registra comunicaciones entre Pepín y Rosenkrantz desde el primer día de rastreo: 1° de enero de 2016. Y las comunicaciones se extienden hasta el 31 de agosto de 2018. Rosenkrantz juró el 22 de agosto de 2016: tuvo dos años de contacto con su amigo mientras ya era juez. ¿Qué pasó en esos dos años? Al menos en la Causa Indalo pasaron cosas.

A mediados de 2016, la Corte mantuvo una inusual actividad en el caso. La persecución penal se había iniciado en marzo por una supuesta deuda de 8.000 millones de pesos al Estado. Hacia julio la Justicia buscaba inhibirlos de los bienes para cobrar la deuda. El Grupo retenía una causa en Chubut para frenar la expropiación de esos bienes. La Corte se metió en esa disputa. Ricardo Lorenzetti era presidente. El día 23 de agosto, un día después del ingreso de Rosenkrantz al Tribunal supremo, la web de noticias oficial anunció que la Corte había solicitado el expediente de Chubut.

“La Corte frenó el avance del concurso preventivo iniciado ante un juez de Chubut por Cristóbal López respecto de su empresa Oil Combustibles S.A.» Fecha: 23/08/2016.

El 29 de septiembre de 2016 hubo una nueva noticia: la Corte ordenó el pase del expediente de Chubut al fuero Comercial de Capital Federal. El diario La Nación agregaba un dato: Chubut era fuero amigo para López. El escrito de la Corte no lleva la firma de Rosenkrantz.

La Corte dispuso que el concurso preventivo iniciado por Cristóbal López, respecto de su empresa Oil Combustibles S.A., tramite ante el fuero Comercial de la Capital Federal”. Fecha: 20/09/2016.

Casi dos años después, la Corte volvió a poner el tema en agenda. Era marzo de 2018. Cristóbal López y Fabián de Sousa habían sido detenidos en diciembre de 2017. En marzo, la Cámara Federal cambió la carátula de imputación y ordenó liberarlos. La decisión le costó el puesto a los camaristas Jorge Ballestero —obligado a renunciar— y Eduardo Farah, desplazado al fuero penal económico. Mauricio Macri dijo en televisión que eso no era lo que habían acordado. El 22 de marzo de 2018, el servicio de noticias de la Corte volvió a entrar en el tema: pidió que se investigue la integración de la Sala I de la Cámara Federal que revocó las preventivas.

La Corte Suprema pide que se investigue la integración de la Sala I de la Cámara Federal que resolvió revocar la prisión preventiva de Cristóbal López y Fabián de Souza. Fue a través de una nota, firmada este jueves por los cinco ministros del Máximo Tribunal, dirigida al Consejo de la Magistratura de la Nación”. Fecha: 22/03/2018.

 

Los cinco.

 

 

Los cinco miembros incluyen a los cinco miembros. También a CR. Pepín es para los integrantes del Grupo Indalo el ejecutor de una cadena de mandos que se iniciaba en Presidencia. El informe en manos de la jueza revela esa posición. Si es así, ¿CR qué sería? Gustavo Hornos admitió vínculos sociales con el ex Presidente. El designado ministro de Justicia Martín Soria pidió investigación en el Consejo de la Magistratura y en el fuero penal por las causas en las que intervino antes y después de esas conversaciones, y sostuvo que por lo menos debió haberse apartado en las que Macri aparecía tocado, caso Correo SA o Ara San Juan. No lo hizo. El caso CR habilita las mismas preguntas.

 

Teléfono rojo

Para este informe, Servini pidió a la Dajudeco dos puntos centrales. Contactos frecuentes de Rodríguez Simón. Y datos alrededor de dos teléfonos: pidió datos de diez números anteriores y diez posteriores contactados luego de hablar a dos números. Los números eran los de Ricardo Benedicto, socio de Cristobal López y de Joaquín Labougle, colocado por el Grupo Indalo como intermediario.

Labougle es abogado de Federico Achaval, socio de Cristóbal López en el Hipódromo de Palermo. Tuvo 15 llamadas con Rodríguez Simón, comienzan en julio de 2016. Y 7 son de ese mes, ese es el momento en el que Achaval, completamente extenuado y atemorizado, decidió ponerlo como intermediario para dejar de toparse con Pepín. Así lo describe en el expediente. Reseña ese momento. Repite el drama narrado por Fabián de Sousa, su socio Cristobal López, hoy querellante a través de Fabián Lértora. Encuadra cruces de llamadas y describe a la mafia.

Achaval vio por primera vez a Pepín en enero de 2016. Macri le preguntó a Cristóbal López antes de asumir cuál iba a ser la posición editorial de sus medios tras el cambio de gobierno, porque quería meter presa a Cristina Fernández. En enero de 2016, Achaval se reunió con Pepín en el Palacio Duhau. Estaba Cristóbal López. Rodríguez Simón buscaba negociar aportes del Casino de Buenos Aires: más impuestos o más canon, les dijo. Y dijo que hablaba en nombre del Presidente: Yo soy Macri, señaló.

 

 

Palacio Duhau

 

 

“Creo que fueron dos reuniones”, dijo Achaval en su declaración. «Las reuniones fueron citadas por Rodríguez Simón y tenían como objetivo informarnos de las pretensiones económicas y cambios operativos que el gobierno pretendía. Se decía representante del Presidente Macri o del gobierno nacional o también aparecía en representación del Gobierno de la Ciudad, pese a que las dos operaciones estaban en cabeza del gobierno federal. Su rol era que era representante del gobierno».

Lo vi agresivo, dijo Achaval en la declaración. “Nos manifestaba que si no atendíamos las pretensiones económicas y operativas tendríamos consecuencias muy negativas tanto para las empresas como para nosotros, porque desplegarían todas las posibilidades del gobierno para tomar medidas y también lo complementarían con un ataque mediático o difusión en detrimento de las empresas y personas”.

Hubo idas y vueltas hasta el comienzo de la guerra. Recibieron un mensaje vía Labougle. Pepín le dijo: negociá tus honorarios porque empezó la guerra. “Yo, a los dos o tres días tuve un llamado que después devolví —declaró Achaval—, y me dijo:

Se cortaron las negociaciones, estamos en libertad de acción.

Quedó muy sorprendido, explicó que sólo habían tenido dos reuniones. “A partir de ahí, la autoridad de aplicación fue tomando diferentes medidas y se empezó a concretar la amenaza: empezaron a salir noticias desalentadoras o negativas y adicionalmente se tomaban medidas con frecuencia semanal sobre la operatividad de las empresas. Eso fue durante los meses de abril y mayo”.

El Grupo supo que había empezado la guerra el 13 de marzo vía nota de La Nación: decía que debían 8.000 millones de pesos a la AFIP. Macri lo amplificó en su primera entrevista pública como Presidente con Luis Majul en una proclama que elevó el tema Cristóbal López a cuestión de Estado. Al día siguiente la AFIP presentó una denuncia en el fuero penal económico. Y un día más tarde lo hizo la amiga personal de Rodríguez Simón, Elisa Carrió, en el fuero penal criminal federal.

En junio, Achaval vio a Pepín en Casa Rosada en una reunión con Mario Quintana. Concurrió con el Director General del Hipódromo, Guillermo Miguel Ardissone. El gobierno quería que paguen ingresos brutos por el juego. Lo declaró de la siguiente manera:

“Me expresó que había sido uno de los tantos argentinos que había sentido asco cuando el Presidente Kirchner concedió la prórroga de la concesión del hipódromo”. Y dijo: “Rodríguez Simón expresamente me manifestó que si el hipódromo me era una carga, lo devolviera que lo convertirían en un espacio verde y me amenazó con que si no accedía a pagar el impuesto, él mismo se encargaría de iniciar ciertas causas penales contra los operadores de juegos y que el conductor periodístico Jorge Lanata emitiera una serie de programas televisivos tendientes a dañar la imagen de los operadores de juegos de azar de la Capital Federal. Fue entonces que señalé al señor Quintana mi asombro ante la amenaza explícita proferida por un integrante del gobierno nacional ante su propia pasividad, y fue allí que al advertir la gravedad de las amenazas este último ensayó una serie de excusas para atenuarlas”.

Achaval entendió otra cosa: que había aval de la Rosada a la figura de Rodríguez Simón.

“Lo que yo sentí es que esa reunión era para avalar el accionar de Rodríguez Simón, con lo cual entiendo que avalaba todo, para eso fue la reunión, para decir: señores, el gobierno está atrás de este accionar. Y Quintana me dijo que estaba bajo su responsabilidad el Ministerio de Desarrollo Social, que es el accionista de Lotería Nacional, autoridad de aplicación del Hipódromo de Palermo, y estaba avalando así el  actuar de Rodríguez Simón. Yo siento que era parte del equipo que me estaba amenazando” .

Y hubo una última reunión. Pepín aseguró que podía ir preso:

“Tuve una nueva reunión con el señor Rodríguez Simón el día 5 de julio de 2016. La misma se celebró en su casa particular, y allí nos recibió junto con el señor Ricardo Benedicto, accionista de Casino Club S.A. (…) Rodríguez Simón siempre insistió con vehemencia en la necesidad de que comencemos a pagar el impuesto a los Ingresos Brutos señalando que de no hacerlo, las consecuencias serían mucho más graves, dando claramente a entender que el gobierno contaba con suficientes herramientas y recursos para causar serios daños a los operadores e inclusive para revocarles sus contratos. Inclusive, en dos ocasiones se refirió a la posibilidad de iniciar causas penales y dijo: no lo quiero ver preso a Achaval”.

 

 

El intermediario

Tras la reunión, Achaval le entregó el contacto a su abogado, Labougle. El informe de Servini muestra que Pepín lo contactó el día 6 de julio por primera vez, un día después del encuentro de la amenaza. Los gráficos también muestran las diez llamadas anteriores y posteriores. Aparecen las primeras líneas de gobierno. También la AFIP y la Unidad de Investigación Financiera.

El día 6 a las 20 Labougle realiza llamada a Pepín. Media hora antes, Pepín recibe dos comunicaciones de la UIF.

 

Día 6 de julio 2016.

 

El día 7 de julio a las 20.36 Pepín recibe llamada de Labougle. Entre las diez llamadas previas hay tres del Procurador del Tesoro Carlos Balbín, una de la secretaría general de la Presidencia y dos llamados de Garavano al filo de las 20.

 

 

Cuadro 2.

 

Según la denuncia de Achaval, para esos días el gobierno seguía en carrera. El 11 de julio el Hipódromo recibió dos notas de Lotería que los intimaba a pagar en 5 días hábiles el impuesto sobre Ingresos Brutos y regularizar supuestas deudas. Era una cifra millonaria. Necesitaban régimen de facilidades de pago y, para eso, acuerdo con el gobierno.

Entre los días 13 y 15 de julio se producen la mayor cantidad de comunicaciones del teléfono de Rodríguez Simón con el abogado: seis. Antes hay comunicaciones con Secretaría General de Presidencia, Lotería Nacional, el abogado conjuez de la Corte Diego Botana, Lotería de la Ciudad y también Carlos Rosenkrantz que aún no había jurado. Hay llamados con los medios. Juan Kedzierski, Gerente Corporativo del Grupo Clarín y La Nación SA.

 

 

Cuadro 3.

 

 

Los gráficos aún no han sido analizados por las partes. Para el juzgado parecen confirmar la hipótesis de las víctimas: primero el lugar destacado de Rodríguez Simón como punto de relaciones de gigantes, y segundo que los contactos con los abogados eran precedidos por llamados que luego parecería responder. Pero esas relaciones espejadas son las que terminarán de confirmar el acceso al segundo informe. Por ahora, Servini abrió las puertas del closet.

 

 

 

 

 

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