Como si no le alcanzaran las distintas acciones judiciales realizadas —una última ante la Corte Suprema de Justicia bonaerense—, quejándose por el aumento que sufrió la tasa de inspección por seguridad e higiene que debe pagar su empresa Ternium-Siderar a la municipalidad de Ramallo, Paolo Rocca también apuesta a que los ramallenses “¡saquen a ese intendente!”, según contó una vecina de Villa Ramallo que vive en el barrio Traverso.
En un grupo de WhatsApp de vecinos del lugar, la mujer manifestó: “Una pena que se viva en estas condiciones [en Ramallo] con todos los recursos con los que cuenta el partido, con el importante cordón industrial que tiene y con lo que recauda de ellos el municipio”. Y contó: “Hace poco estuve en un evento donde estuvo Paolo Rocca y cuando le dije que era de Ramallo, me dijo: ‘¡Saquen a ese intendente!’”.
Pago lo que quiero
Los intentos de Rocca para pagar menos cumplirán ocho años. En 2017, Ternium-Siderar comenzó interponiendo ante el Juzgado Contencioso Administrativo de Primera Instancia de San Nicolás una acción judicial. El objetivo era suspender la normativa que regula y cuantifica la tasa por inspección de seguridad e higiene (TISH) que cobra la municipalidad de Ramallo y una medida cautelar de anulación del acto administrativo. En 2022 la jueza María Isabel Fulgheri rechazó la medida cautelar; aunque la cuestión de fondo sigue abierta.
Fue así que la empresa de Paolo Rocca recurrió a la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de San Nicolás, que rechazó el recurso de apelación. El tribunal resaltó que a la empresa le fue requerido que “acredite documentadamente la incidencia del pago de la TISH en su capacidad contributiva”, pero no existió respuesta. La jueza Cristina Valdez explicó que tampoco resultó “demostrada la confiscatoriedad” que pretendía porque “no existe probanza alguna de Ternium destinada a demostrar que la gabela en cuestión le resulte confiscatoria”. Coincidieron con estos razonamientos y votos los jueces Marcelo Schreginger y Damián Cebey.
Al no obtener los resultados esperados —luego del aumento de la TISH en 2025—, Paolo Rocca decidió rebelarse e incumplir con la totalidad del pago de la tasa. La decisión del gobierno del intendente peronista Mauro Poletti fue demandar a la empresa ante el Juzgado de Paz local, promoviendo juicio de apremio por la falta de pago. En la respuesta a la demanda, su abogado, Sofanor Novillo Corvalán, confesó el deseo de pagar lo que quería y no lo que debía, expresando que su representado “se ha visto obligado a no pagar la totalidad de la cuota 04/2025 de la TISH: el fisco municipal reclamó la suma inédita de casi 1000 millones de pesos por una TISH, y se pagó la suma de 464 millones (que ya es elevada), y se lo hizo en resguardo de sus garantías constitucionales”.
En aquella respuesta ya anticipaba que la actitud de Paolo Rocca sería la de seguir insistiendo en el Poder Judicial dado que, desde su perspectiva, “el monto reclamado carece de sustento legal y resulta manifiestamente inconstitucional”. Decía que llevarían a cabo “acciones declarativas de inconstitucionalidad y procesos ordinarios que serán promovidos ante las instancias jurisdiccionales competentes, a fin de impugnar la pretensión fiscal que se ejecuta”. Cumplieron. El 20 de mayo reiteraron la acción judicial reclamando pagar menos ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense.
Novillo Corvalán señala ante la Corte bonaerense lo mismo con lo que han cabalgado en otras instancias judiciales. Propone que se “declare la inconstitucionalidad del incremento dispuesto en la TISH por el artículo 16, inciso a, de la ordenanza impositiva 2025, en comparación con los niveles de tributación previos al citado aumento (ello es, los fijados por el artículo 16 de la ordenanza impositiva N.° 6853/23, correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior al 2024), por resultar dicho aumento manifiestamente desproporcionado, carente de toda razonabilidad y absolutamente desvinculado del servicio municipal de contralor que supuestamente retribuye”.
Como pedir no cuesta nada, solicita que se “declare la inaplicabilidad al caso de Ternium del aumento del 70% establecido en el citado artículo 16, inciso a, (categoría VI), para el periodo fiscal 2025 (más precisamente, cuotas cuatro a 12 del 2025), debiendo retomarse los niveles mensuales de tributación sin considerar el aumento dispuesto por la citada norma, y ordene, en su caso, la restitución de los importes que hubieren sido abonados en exceso, con más sus intereses y costas”. Es preciso recordar que ese aumento se votó el 27 de diciembre de 2024, cuando en el Concejo Deliberante se llevó adelante la Asamblea de Mayores Contribuyentes y se votó por unanimidad la ordenanza fiscal impositiva que contempló el aumento del 70%.
La empresa también solicita a la Corte bonaerense una medida de carácter cautelar hasta tanto se dicte sentencia definitiva que “ordene a la municipalidad que se abstenga de emitir boletas de deuda relacionadas con el aumento dispuesto por el artículo 16, inciso a, de la ordenanza impositiva 2025, iniciar acciones de ejecución fiscal en su contra, solicitar o trabar medidas cautelares tales como embargos o inhibiciones generales contra Ternium y/o sus directivos (en carácter de presuntos responsables solidarios), y en general, de realizar cualquier acto tendiente a hacer efectivo el cobro del incremento aquí impugnado”.
Según su queja, ese aumento de la TISH del 70% proyectado para 2025 hace que Ternium-Siderar tenga que abonar 11.000 millones de pesos. Su cantinela recurrente es que “este abrupto incremento de la TISH no guarda relación alguna ni con el costo real del servicio municipal supuestamente prestado, ni con su frecuencia o calidad, ni con ningún otro parámetro de razonabilidad, proporcionalidad o legalidad tributaria que justifique semejante salto cuantitativo”.
Objetan que la suma exigida a Ternium en concepto de TISH para el ejercicio 2025 representa el 50% del total de gastos del presupuesto municipal de 2025. La insistencia del planteo nuevamente muestra una evidente inconsistencia. Para intentar demostrar lo desproporcionado de la tasa, la empresa centra las comparaciones en el presupuesto municipal, pero no en lo que podría afectarla en sus ingresos. Nada dice en cuánto perjudica a la firma ese cobro que consideran desproporcionado, porque omiten dar cuenta de los ingresos obtenidos por Ternium-Siderar y cuánto de esos ingresos se ve afectado por la TISH.
Incluso, aportan anexos con cálculos contables de la evolución de la tasa, pero que no se comparan con la capacidad contributiva de la empresa. No hay análisis alguno que le permita demostrar la desproporcionalidad del aumento de la TISH que cuestionan con su situación actual.
En todo caso, lo que demuestra Ternium-Siderar con gráficos que dan cuenta de la evolución y aumento de la TISH, dispuesto desde la asunción del gobierno peronista de Mauro Poletti, pero que los distintos bloques partidarios que conforman el Concejo Deliberante convalidaron, es la idea de revertir el sistema tributario regresivo que tenía Ramallo en tiempos del intendente Gustavo Perié. Tal como lo había manifestado públicamente en la inauguración de una escuela, el intendente Poletti en marzo al precisar: “Los vecinos pagaban un 80% de incremento de tasas promedio todos los años, mientras que las grandes empresas pagaban un 25 o 30%”.
Desproporcionada es la contaminación
Desde El Cohete informamos la contaminación que produce la planta Ternium-Siderar. La empresa tiene abiertas causas, tanto en lo civil como en lo penal. La causa civil es la más avanzada. Faltan pocos elementos por incorporar. En la causa penal, los demandantes luchan contra un juez poco afecto a propiciar justicia como Villafuerte Ruzo. Esas causas fueron promovidas por la asociación civil Cuenca Río Paraná.
En la causa de acción preventiva contra daño ambiental que tramita ante la Secretaria 3 Civil y Comercial del Juzgado Federal de San Nicolás, un perito designado constató:
- que la empresa no cumple con toda la normativa ambiental vigente;
- que no cuenta con el permiso de vuelco de efluentes líquidos;
- presencia de contaminantes —metales pesados— en agua subterránea;
- algunos parámetros de vuelco excedidos verificados por la Autoridad del Agua (ADA);
- afectación del bosque nativo y los humedales en la zona sur costera del predio industrial;
- dimensión no adecuada del sector de tratamientos de residuos para recibir el volumen que genera Ternium Argentina SA;
- que no existe muro en el sector costero ni canales que contengan las escorrentías pluviales que lavan esos depósitos de materiales y/o residuos;
- que se genera un grave daño ambiental porque se incorporan materiales extraños a los ecosistemas de humedales y bosques nativos allí existentes. Incluso pueden alcanzar el curso del río Paraná, ubicado a pocos metros de la zona en cuestión.
Además, el perito judicial —ingeniero en Seguridad Ambiental— Enrique Aníbal Perón dijo que la empresa de Paolo Rocca debería “realizar conforme a la legislación vigente la caracterización de pasivos ambientales, tanto en el sector donde el Ministerio de Ambiente labró infracciones por el almacenamiento de PCB (bifenilo ploriclorado = aceite dieléctrico) a cielo abierto y sobre suelo desnudo, como así también en el sector sur, zona de bosques nativos y humedales costeros”.
También hay causas penales por la contaminación que realiza la empresa, que tramitan en el Juzgado Federal de San Nicolás a cargo de Carlos Villafuerte Ruzo. Existe una auditoría ambiental —efectuada por Ternium— que detecta la contaminación del agua subterránea con metales pesados. Trabajo realizado por la Policía Federal en 2015, en el que detectaron níquel, cobre, plomo y cromo, entre otros, en los vuelcos de efluentes y en el curso del río Paraná.
Ternium-Siderar lleva décadas de vuelcos contaminantes de su producción. Toda la zona sur de la planta Ternium —que linda con otra empresa líder en contaminación, como lo es Carboquímica— está henchida con esos desechos, conformando una montaña de residuos industriales. Esto no solamente produce contaminación y daño al ambiente, sino que invade el espacio público, convirtiéndolo en propiedad privada.
Ante la desproporción que objetan que se les cobra por la TISH en Ramallo, es bueno recordar el desproporcionado pasivo ambiental que su empresa nos deja y que el titular del grupo Techint y sus abogados olvidan.
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