El Ministerio de Economía de la Nación, por la Resolución 1.200 del 19 de agosto último, lanzó a la venta la totalidad de las acciones de las sociedades creadas ad hoc de cada una de las centrales hidroeléctricas del Comahue. La potencialidad de generación anual de cada central es la siguiente:
- Alicurá, 2.360 MWh;
- El Chocón, 3.600 MWh;
- Complejo Cerros Colorados, 1.050 MWh; y
- Piedra del Águila, 5.600 MWh.
Su potencia total instalada llega a 4.600 MWh y la suma media total de generación llega a más de 12.610 MWh. Ello implica el 33% del total de la generación hidroeléctrica del país.
Todas estas centrales fueron proyectadas, construidas y operadas por el Estado Nacional a través de las empresas Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado e Hidronor Sociedad Anónima. Luego fueron concesionadas por el menemismo hasta agosto de 2023, cuando revirtieron al Estado de puro derecho, tal cual figura expresamente en los respectivos contratos de concesión. El Estado no se hizo cargo de las mismas, sino que prorrogó la administración en las privadas hasta tomar una decisión.
La privatización actual a través de la venta de las acciones no tiene en cuenta el contexto ambiental, como asumir el almacenamiento adecuado para las necesidades de flujos y volúmenes para riego y prevenciones de crecientes ante el cambio climático. Tampoco se dice nada sobre la necesidad de contar en la región con un sistema de gestión integral que contribuya a la planificación de los recursos y la gestión adecuada del agua. La privatización actual prioriza la ganancia de las futuras generadoras, sin tener presente lo anterior, además del cuidado de la escorrentía de las aguas sobre el territorio, con las erosiones consiguientes.
Disponer la venta de las hidroeléctricas sin base es un error importante o un negocio espurio. Las centrales están en buen estado y con ajustes de obras de mantenimiento adecuadas es posible contar con ellas por muchos años más. Tienen estructuras civiles que no han presentado fallas. La parte electromecánica no ha tenido grandes problemas o accidentes. ¿Vender algo que anda bien? ¿Con qué efecto?
Son un núcleo generador ubicado en el centro de la república (sin coparticipar con los vecinos). Es por ello un bien estratégico de la nación para transmitir la energía generada de manera sustentable.
Estas centrales representan para el Estado argentino una renta anual neta de algo más de 500 millones de dólares. El costo de generación de estas centrales se halla muy por debajo de los 3.5 U$/MWh, valor medio usual en los análisis económicos de centrales hidroeléctricas en el mundo.
Y, por lo tanto, pueden significar para la Argentina tener una tarifa eléctrica competitiva.
La renta de estas centrales permitiría en manos del Estado un programa de riego como es el proyecto de la habilitación del viejo curso del Río Negro a lo largo de la Patagonia Norte y regar unas 300.000 hectáreas. Esta magnitud es equivalente al regadío que posee la provincia de Mendoza, lo que implicaría una producción agrícola-industrial muy importante.
La prioridad de la legislación del uso de las aguas es el riego, luego la generación. Esto lo establece la ley Q2952 (2009) que establece el Código de Aguas de la provincia de Río Negro en su artículo 32, que rige con carácter general el orden de preferencias siguiente:
- Abastecimiento para poblaciones. incluyendo en su dotación lo necesario para industrias de bajo consumo;
- Regadíos y usos agrarios; y
- Otros aprovechamientos.
Anular o quizás postergar cinco o seis años la licitación y volcar esos 500 millones de dólares en instalaciones de riego implicaría el nacimiento de una poderosa actividad fruti-hortícola y agro-ganadera, con la participación de miles de puestos de trabajo en los cultivos y en la agroindustria, y la conformación de las instalaciones de operación, su automatización y mantenimiento de la actividad. Es una deuda que tiene el país con la Patagonia. El riego es prioridad frente a la generación hidroeléctrica.
La venta de todas las acciones de las hidroeléctricas del Comahue sin considerar la obligación de invertir en canales de riego y depósitos adecuados para zonas que requieren sustentabilidad, por el clima seco patagónico, implica un saqueo de las propiedades que contravienen el desarrollo de la región.
La privatización así dispuesta vulnera la legislación vigente y debe ser anulada (o eventualmente postergada hasta que se determine cuáles son las obras requeridas para el riego de las 300.000 hectáreas analizadas y proyectadas por la autoridades hídricas de la provincia). Así mismo, cabe incorporar canales de riego a las provincias de Neuquén y de La Pampa.
Los beneficios que traerá a la región introducir una actividad agrícola-ganadera y hasta posibilitar la creación de nuevas poblaciones, o ampliar las existentes, hacen a este programa uno de los grandes desafíos de la argentina del futuro. Con riego, las tierras patagónicas con sus nutrientes vírgenes pueden producir miles de millones de dólares al establecer la actividad. Y ello es posible por el poderoso caudal del Río Negro (762.000 m3/seg.), derivando tan solo un sustentable 10 o 15% del mismo.
Debe evitarse esta privatización, que implica un nuevo periodo de concesión con regulaciones ad hoc y que judicialmente puede ser anulada por contrariar la legislación vigente. No tenerlo en cuenta limita las posibilidades de una producción agroindustrial y de asentamientos poblacionales en la parte norte de la Patagonia (provincias de Río Negro, La Pampa y Neuquén,) cuyos territorios áridos hoy son vendidos por monedas y que requieren del Estado nacional y las provincias una valoración geoestratégica adecuada.
* Marcos Rebasa y Andrés Repar integran el Instituto de Energía Scalabrini Ortiz (IESO).
--------------------------------
Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí