Mientras las agendas política y periodística del país giran en torno a uno de sus hijos, el abogado y ahora ex funcionario Diego Spagnuolo, Bahía Blanca verá coincidir las elecciones bonaerenses del próximo domingo con el sexto mes cumplido desde la inundación que el 7 de marzo arrasó con la ciudad y las localidades de Ingeniero White y General Cerri. El drama ya perdió la centralidad nacional que le había otorgado primeros planos en los días posteriores.
El nivel de concurrencia a las urnas y los resultados que arrojen acercarán a una primera evaluación sobre el impacto de la desatención del gobierno de Javier Milei, que en el balotaje de noviembre de 2023 había sido respaldado por dos de cada tres votos bahienses. Desde entonces, Bahía Blanca fue afectada por dos temporales que con quince meses de diferencia dejaron una treintena de muertes y pérdidas materiales difíciles de cuantificar, por su magnitud o el carácter invaluable de bienes culturales o históricos.
Las catástrofes diluyen el impacto local del programa económico en boga, ya que toda variación negativa puede ser adjudicada a esas tragedias, incluso cuando haya continuado una serie previa. A cambio, ambos temporales descubren un constante abandono del gobierno anarcocapitalista a un área metropolitana que reúne alrededor de 400.000 personas. El episodio más reciente fue el veto a la ley que hubiera permitido declarar la emergencia en la ciudad y el adyacente distrito de Coronel Rosales, y destinarles 200.000 millones de pesos.
Todo verdor perecerá
En el atardecer del sábado 16 de diciembre de 2023, ráfagas de hasta 150 kilómetros por hora arrasaron la virtual capital del sudoeste bonaerense. El recién asumido Presidente arribó disfrazado con un inexplicable atuendo verde de camuflaje, útil para esconderse entre la vegetación en una guerra, pero no para ser distinguido en la confusión visual de una catástrofe climática. Habría sido cómico, de no haberse dado en el marco de una tragedia que ya había confirmado trece víctimas fatales.
Peor que su vestuario fue la reacción presidencial, tras el gesto perdido con que Milei participó de la reunión del comité de crisis. “Estoy perfectamente confiado en que ustedes van a lograr poder resolver esta situación de la mejor manera posible con los recursos existentes”, alentó a través de los medios, antes de emprender el regreso a la Capital. A su lado estaban el intendente Federico Susbielles, que lo considera una buena persona, y el diabólico marxista Axel Kicillof. Ambos se hicieron cargo de la reconstrucción, con los recursos declinantes que en los meses siguientes permitió el programa de ajuste nacional.
La sala de espera
Lo ocurrido desde las primeras horas del viernes 7 de marzo fue aún peor. La inundación sobrevino en la conjugación de una inusual lluvia y un conjunto de dispositivos urbanos de evacuación de aguas ya obsoletos por su vejez o contraproducentes, como el entubado con que la dictadura encerró el cauce del arroyo Napostá, convirtiéndolo en el pico de un embudo.
Esa fue la última obra hídrica de envergadura en una ciudad que queda de paso entre las sierras del cordón de Ventania y el mar en que desembocan los cursos de agua. En 2016 el entonces intendente macrista Héctor Gay, antiguo editorialista de la radio de Vicente Massot y candidato a legislador provincial por La Libertad Avanza el domingo próximo, había limitado su evaluación hídrica al anhelo de convertir al Napostá en una pista de canotaje. El canal del arroyo Maldonado, construido en 1949 bajo la presidencia de Juan Domingo Perón, sólo pudo impedir que la tragedia de marzo fuese aún mayor.
La postal de la ciudad inundada y la persistencia que distingue a las aguas del viento hicieron que Milei, con más de un año ya en el cargo, tomase una actitud ligeramente diferente a la de quince meses antes. No lució ropas excéntricas cuando visitó el lugar y en los días posteriores su gobierno anunció un subsidio a los hogares afectados. Lo bautizó SUR, un Suplemento Único para la Reconstrucción que en julio debió prescindir de la referencia cardinal para asistir a quienes padecieron las inundaciones en Zárate, Campana, Arrecifes, Capitán Sarmiento, Salto, Mercedes y San Antonio de Areco.
A diferencia de las ayudas provinciales, el SUR no tomó como variable la situación económica de sus solicitantes. El único criterio para la entrega de entre dos y tres millones de pesos era la ubicación en zonas de afectación media o alta. Según se anunció, la asignación se decidiría por georreferencia, lo que permitiría agilidad en los depósitos. Sin embargo, el proceso demoró varios meses, y todavía existen reclamos de quienes ignoran por qué no lo han recibido. Del producto o servicio a adquirir dependerá lo perdido en casi un semestre de licuadora inflacionaria, si el subsidio se cobrase hoy.
Un mes después de la catástrofe, el Ministerio de Seguridad había anticipado además la ampliación del SUR a comercios y empresas bahienses, por unos 26.000 millones de pesos. Cuando ambos sectores reclamaron la demora en la concreción, funcionarios ministeriales respondieron que las ayudas ya se habían canalizado a través de planes de pago en materia tributaria, modalidad que el SUR no contemplaba.
La penúltima puerta
El 4 de junio, el Congreso sancionó una Ley de Emergencia para Bahía Blanca y Coronel Rosales, a partir de iniciativas parlamentarias que comenzaron a presentarse el mismo día de la inundación. Tres semanas después de su aprobación, el Presidente la vetó. El argumento fue que con posterioridad a la elevación del primer proyecto se había instrumentado el SUR, por lo que los recursos se duplicarían sin necesidad.
Tanto el ministro bonaerense Gabriel Katopodis como la diputada radical Karina Banfi señalaron en los últimos días que el gobierno de Milei cumplió sólo con una fracción de la asistencia comprometida por el decreto 238/2025, que preveía destinar 200.000 millones de pesos.
El texto del veto corrobora los cálculos de Katopodis y Banfi: hasta el 23 de junio, se habían otorgado en Bahía Blanca 32.076 subsidios SUR, lo que representa un desembolso máximo inferior a la mitad de lo previsto. Para vetar la ley, el gobierno adujo también que su articulado no especificaba las partidas afectadas para financiar sus disposiciones. No utilizó la misma lógica para explicar el destino de los recursos asignados al SUR que no fueron utilizados, por un valor superior a 100.000 millones de pesos.
El jefe de gabinete, Guillermo Francos, no pudo eludir el reclamo de la bahiense Banfi al asistir al Congreso en la última semana de agosto. “Cierto es que, de ese fondo general, hay una parte que no se ha asignado. Voy a plantear el tema a ver si se pueden asignar esos fondos a otros sectores”, dijo.
La bahía de silencio
El argumento central del veto, la supuesta duplicación innecesaria de recursos para igual fin, esconde una argucia. Los montos de los subsidios SUR, previstos para hogares con afectaciones medias a graves, agotaban su poder de compra en unas pocas refacciones o la reposición de algunos electrodomésticos. Los recursos previstos por la ley vetada hubieran permitido recuperar algo del movimiento comercial perdido como producto de la inundación, en la afectación directa o por las varias semanas que demandó evacuar las aguas, reponer los servicios en pleno y recuperar un mínimo de normalidad en la cotidianeidad.
La inundación de marzo empeoró un panorama previo que ya se mostraba precario. Uno de los organismos que releva sus principales variables es el Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca, que produce informes mensuales. Su pertenencia a la Bolsa de Comercio local diluye cualquier sospecha de sesgo populista o izquierdista. Los relevamientos del CREEBBA de diciembre de 2023 permiten observar el impacto de la precoz devaluación obsequiada por el ministro Luis Caputo en su retorno triunfal. Al cabo de ese mes,
- los salarios bahienses habían aumentado nominalmente un 10,5%;
- el índice de precios al consumidor saltó 26,1%;
- el valor de la canasta básica total, que fija la línea de pobreza, subió 36,8%; y
- el de la canasta básica alimentaria, que define indigencia y supervivencia, se incrementó 30,7%.
Por su parte, las mediciones del INDEC apuntan que en materia de empleo la situación del aglomerado urbano se ha mantenido estable desde el último cuarto de 2023, con una desocupación de 4,8% en el primer trimestre de este año, lejana a los dos dígitos a que se aproxima la del Conurbano. Sin embargo, en ese lapso se incrementó más de un punto la cantidad de personas ocupadas o subocupadas que buscan cambiar su empleo o complementarlo con otro. La búsqueda laboral total es la medida real en la puja entre oferta y demanda del llamado mercado laboral, con presión de los salarios a la baja.
Entre el temporal de fines de 2023 y la inundación de marzo de 2025, Bahía Blanca sufrió también la decisión del gobierno de Milei de relocalizar la ubicación de una megaplanta de procesamiento de gas natural proveniente del reservorio de Vaca Muerta, para su exportación como licuado. Del proyecto iban a participar YPF y la estatal malaya Petronas, que se retiró como inversora luego de que la administración argentina hizo aparecer como alternativa a la pequeña localidad de Punta Colorada, como modo de forzar a las provincias de Buenos Aires y Río Negro a adherir al llamado Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones. Petronas no necesitaba las generosas concesiones del RIGI, ya que avanzaba hacia su participación desde mucho antes de los sorpresivos resultados electorales de 2023.
El gobierno rionegrino cedió, el bonaerense no, y a fines de abril pasado llegó la previsible noticia: la planta no se construirá y el recurso natural extraído no generará empleo ni en una provincia ni en la otra, sino que se exportará desde embarcaciones que esperarán por él en la costa.
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