Selección antinatural

El conflicto interno de Estados Unidos con sus multinacionales condiciona al comercio mundial

 

Las 50 mutaciones de la decimoquinta variante de la Covid-19 –llamada Ómicron, por la decimoquinta letra del alfabeto griego con las que las denominan–, reencendieron por impotencia la angustia mundial: las vacunas de momento atenúan, pero no rechazan la variante. Una de las tantas consecuencias puntuales que tuvo fue la suspensión, hasta nuevo aviso, de la reunión de la Organización Mundial de Comercio (OMC) que se iba a llevar a cabo en Ginebra, Suiza, entre el martes 30 de noviembre y el viernes 3 de diciembre. La Conferencia Ministerial, que se reúne cada dos años, es el órgano de adopción de decisiones más importante de la OMC sobre todos los asuntos comprendidos en el ámbito de cualquiera de los Acuerdos Comerciales Multilaterales. Están representados todos los miembros de la OMC, ya sean países o uniones aduaneras. La bienal ahora aplazada había sido convocada originalmente en la ciudad de Nursultán, capital de Kazajistán, para junio de 2020, pero también fue diferida por la calamidad. Por fuera de la pandemia, las circunstancias que rodean al cónclave remiten al funcionamiento de la economía mundial y a una atávica desorientación de la política exterior argentina.

A la 12ª Conferencia Ministerial (comúnmente invocada por su sigla en inglés: MC12: Ministerial Conference) estaba previsto que concurrieran las delegaciones de funcionarios y representantes de la sociedad civil de los 164 países miembros del organismo multilateral, alrededor de 4.000 personas. El viernes 25 de noviembre, la economista Ngozi Okonjo-Iweala, la morocha nigeriana mandamás de la OMC, comunicó la suspensión. Unos días antes, Suiza había restringido la entrada a su territorio a varios países, principalmente africanos, en donde la nueva variante fue detectada. La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó el martes 28 que 56 países estaban implementando restricciones a los viajes a causa de la Omicron.

Una meta mayúscula de la reunión era que la periferia contara con las vacunas necesarias y los tratamientos para la pandemia. Para ello, varios países encabezados por Sudáfrica –secundada por la India–, piden dejar en el limbo las protecciones de propiedad intelectual, incluidas las patentes, los derechos de autor y los secretos comerciales de todos los productos médicos utilizados para tratar el Covid-19. Eso es lo que abarataría enormemente estos medicamentos y posibilitaría manufacturarlos y usarlos masivamente en la periferia. La información que circula indica que, aún si se hubieran reunido cara a cara, la idea de abaratar el tratamiento para el Covid no pasa del enunciado. Okonjo-Iweala habla de “negociaciones estancadas”, casi un eufemismo. Mientras la Unión Europea (UE) aboga por no cobrar por estos conceptos mientras dure la pandemia, otros países desarrollados lo rechazan de plano. Los laboratorios se escudan en que necesitan los 20 años de protección de las patentes porque, en promedio, desarrollar un medicamento disponible a escala comercial cuesta alrededor de 1.200 millones de dólares. Logran poner uno en el mercado luego de desechar cinco mil y puede llevarles hasta poco más de una década dar en el clavo.

La triste y cruel ironía es que hace diez meses que Sudáfrica –país en el que se aisló la variante Ómicron– presentó la iniciativa de suspender las patentes ante la OMC, advirtiendo que las mutaciones del virus podrían hacer estragos en una población africana sin posibilidades de tratarse por el costo y de ahí contagiar a la humanidad. Es lo que está pasando. Recién ahora en Sudáfrica un tercio de la población está vacunada con una dosis y en toda África menos del 5% de la población con dos dosis, conforme datos de la OMS. Unos y otros tienen sus razones, pero los estados de los países desarrollados, los únicos con capacidad política y económica para destrabar la naturaleza del conflicto de suma cero, hacen silencio. No quieren confrontar con sus sociedades civiles, las que punirían cualquier ayuda a la periferia con sus impuestos, a pesar que –de última– se están ayudando a sí mismas.

  

 

Pescados, aceitunas, jueces

En el plano de la regulación de los flujos mundiales de comercio se afirmaba en la previa –que siempre tienen las reuniones tipo MC12– que luego de dos décadas de casi todos tires y ningún aflojes, por fin se iba a acordar un orden para la pesca. El conflicto es porque los subsidios a la actividad –para que en los países que la practican su población consiga pescados y mariscos a precios accesibles– han terminado por incentivar la depredación de los bancos ictícolas de alta mar con la sobreexplotación y la pesca ilegal. El perjuicio para países como la Argentina es considerable. Contra la buena nueva, los trascendidos indican que China, India y los europeos no parecen mostrar mucha voluntad de acordar. No hay que perder de vista que los 164 países miembros deben votar a favor para alcanzar un acuerdo en el ámbito de la OMC. Con que uno diga no, adiós al entendimiento.

Se puede convenir que la OMC atenuó el peso de las relaciones de fuerza en el comercio internacional, pero no las suprimió, ni cosa que se le asimile. En la práctica, si Estados Unidos dice que sí, todo bien. Si dice “no”, comienzan los problemas. Esto se puede observar en la negativa de Estados Unidos en 2019 a nombrar los jueces que integran el órgano de apelación de la OMC, que es el corazón del organismo, pues es el que dirime las controversias comerciales. El grado de importancia que tiene se aprecia cuando se lo caracteriza como “la Corte Suprema del comercio mundial”. Se rumoreaba que en la MC12 los ministros iniciaran un debate sobre la reforma de la OMC para rehabilitar el órgano de apelación, pero sin mayores precisiones que lo alejen del síndrome de la expresión de deseos.

Resulta ilustrativo de la situación lo que está sucediendo con las aceitunas españolas en el mercado norteamericano. Donald Trump puso derechos antidumping en 2018 a este producto. Joe Biden los ratificó. La Comisión Europea, organismo que maneja la política comercial de los 27 estados de la UE, se presentó ante la OMC para reclamar el cese de la medida. La OMC, como indica el procedimiento, nombró un panel de expertos para examinar el caso. El panel se expidió el viernes 19 de noviembre último. Le dio la razón a la UE, en cuanto a que eran excesivos los aranceles anti-subvenciones. Sin embargo, en el mismo fallo sostiene –contra la postura de la UE– que los aranceles antidumping estadounidenses no violan la normativa vigente del comercio internacional, por lo que recomendó que “Estados Unidos ponga sus medidas en conformidad con sus obligaciones”.

Los europeos dijeron estar conformes con el fallo. Los norteamericanos continúan haciendo silencio. De acuerdo con el procedimiento de la OMC, las partes tienen sesenta días para presentar una apelación. Más bien que faltando once días para la ahora suspendida reunión ministerial, los norteamericanos no iban a abrir la boca. El fallo tiene muy poca importancia económica, pero en el caso de que Estados Unidos lo apele, las consecuencias son importantes. Al estar el órgano de apelación sin jueces por expresa voluntad norteamericana, la medida quedaría en el aire y la UE lo único que podría hacer es contratacar con aranceles sobre algunos productos estadounidenses, lo que pinta para ser peor remedio que la enfermedad. Todo parece indicar que hasta que los estadounidenses no zanjen el conflicto interno que vienen sobrellevando a raíz de que las multinacionales norteamericanas son remisas a dejar de invertir en China/desinvertir en su propio país, la OMC no alcanzará la potencia suficiente para seguir arraigándose como el árbitro del mercantilismo de nuestro tiempo.

  

 

Postura argentina

La posición oficial de nuestro país respecto a la ahora diferida MC12 quedó plasmada en una declaración del Consejo Agropecuario del Sur (CAS), un colectivo que se conforma con los ministerios del área de la Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Dada a conocer el jueves 25 de noviembre, instan a la OMC a “avanzar con rapidez y determinación” para lograr la “reforma de las reglas que rigen el comercio agrícola” y reclaman la reducción de subsidios a la producción agropecuaria “en un 50% a 2030”. El CAS dice representar en su conjunto al 12% de las exportaciones mundiales de origen agropecuario. En el documento se manifestó a favor del acuerdo global de pesca en danza.

Desde hace décadas, la Argentina va a estas reuniones reclamando el cese de los subsidios al agro que practican en gran medida los países desarrollados. La política exterior argentina busca que los altos precios coyunturales de los alimentos –que bajan fuerte el salario de los trabajadores al reflejar los precios mundiales sin ser interceptados por retenciones suficientes– se conviertan en altos precios estructurales. Sin subsidios, eso es lo que sucedería. La producción de los países desarrollados bajaría y sería remplazada por la del sur. Lo cierto es que los prominentes subsidios que todos los países desarrollados vuelcan en su producción agropecuaria, que desde el orden de Bretton Woods quedó explícitamente fuera del alcance de las reglas mundiales del comercio (cada país hace lo que cree conveniente con su agro, perjudique o no a otro), no impidieron en lo más mínimo que la Argentina tenga un agro muy eficiente, tecnológicamente de vanguardia y que alimenta a 400 millones de seres humanos, mientras por el momento malnutre a una porción considerable de sus ciudadanos.

¿Entonces? Objetivamente, con el reclamo contra los subsidios sigue vigente la meta del país agro-pastoril desindustrializado. Al respecto, debe consignarse que en el documento del CAS se dice que “será necesario avanzar en mejoras sustanciales en el acceso a los mercados de los productos agrícolas, que continúan viéndose afectados por barreras arancelarias y no arancelarias sin fundamento científico”. Esto de “sin fundamento científico” es una apuesta deliberada al libre cambio. La postura librecambista de los que quieren la Argentina de bajos salarios, de científica, tiene más bien poco. No se está diciendo agro = pobreza, industria = riqueza. Eso es falso. El nivel de los salarios depende de la lucha política, no del tipo de producto. Si por científico se entiende a la a doctrina neoclásica en general y a la teoría llamada de Heckscher-Ohlin-Samuelson (HOS) en particular, los librecambistas deberían explicar por qué son fundamentos aceptables los tres supuestos básicos de las mismas, a saber:

  1. Todos los factores, y notablemente los dos principales (capital y trabajo), son inmóviles a escala internacional;
  2. Las cantidades disponibles de estos factores en el interior de cada país son dadas y quedan invariables a lo largo del tiempo;
  3. En el interior de cada país existe un mercado perfecto de factores que asegura la correspondencia entre las tasas de sus remuneraciones relativas y la escasez relativa que presentan.

Estos supuestos hacen necesario lo que se quiere demostrar, son una petición de principios y no tienen nada que ver con la realidad. Esa trama ha convertido en coartada ideológica a la ciencia oficial, la que justifica como el mejor de los mundos posibles el que está partido en centro y periferia. Ahora ha sido declarada doctrina oficial del gobierno argentino.

Los países no se protegen o dejan de protegerse por querer o no jugar a la ventaja comparativa. En el sistema capitalista, la reabsorción del desempleo no puede realizarse más que gracias a una balanza superavitaria, que es el objetivo de la protección. Si la producción y los ingresos que crea el sistema capitalista fueran iguales, los librecambistas tendrían la baraja ganadora: producto-excedente de exportación sería inferior al ingreso. Protegerse sería completamente irracional: menos ingreso con más producción. Pero como la producción siempre es mayor que el ingreso que crea (la diferencia es la ganancia, que se cobra recién cuando se da el salto mortal de la venta) entonces es completamente racional protegerse para lograr un superávit comercial porque se resta al producto y se iguala al ingreso y así se reabsorbe el desempleo.

Pero, además, si se quieren aumentar los salarios reales (o sea, que la canasta aumente en cantidad y variedad) y no meramente recomponer el poder de compra caído –sin desmerecer lo importante que es esto último–, no queda otra que sustituir importaciones, protegerse. De lo contrario, la balanza de pagos genera una recesión por falta de financiamiento y porque se agranda la brecha del mecanismo económico clave de la desigualdad producto-ingreso.

Habrá quien crea que darle el hueso de los subsidios al campo es sin costo, total siempre caerá en agua de borrajas. Si así fuera constituiría un grave error, pues se lo obliteraría como moneda de cambio para mayor protección de la manufacturas anti-importación que la necesitan. Habrá quien crea que el atavismo anti-subsidios al agro es por desidia o mera rutina. Luce de marcada autoindulgencia y, de nuevo: ¿por qué no usar ese espacio en función de las necesidades sustitutivas de importaciones? Es llamativo que los que apuestan a la gran ilusión de la salida exportadora ni se hayan interesado en este asunto. Para el conjunto de áreas y funcionarios que están en eso es como si no existiera. La reacción conservadora les gana la partida sin jugar, ¿o será que entre gitanos no se tiran la suerte?

El día que en vez de reclamar por los subsidios al agro se concurra a la arena internacional para lograr más espacio para proteger las manufacturas, el ciudadano argentino tendrá la prueba objetiva de que su clase dirigente ha entendido –como reza la canción Selección antinatural del trío inglés Muse– que en el desarrollo “no hay chance de que sea el destino / es una selección antinatural”. Es la versificación de lo que observara Karl Marx hace 153 años al ironizar que “se nos dice, por ejemplo, que el libre cambio hará nacer una división internacional del trabajo, determinando para cada país el género de producción que corresponda a sus ventajas naturales. Pensaréis, tal vez, señores, que la producción de café y de azúcar es el destino natural de las Indias Occidentales. Hace dos siglos, la naturaleza, que apenas tiene que ver con el comercio, no había plantado allí ni el árbol del café ni la caña de azúcar”. Mientras tanto seguimos sin aprender ni olvidar nada.

 

 

 

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