SEÑOR JUEZ

Las razones jurídicas, que justifican políticamente un aumento del número de jueces de la Corte

El autor de esta nota es un juez que pidió que se resguarde su identidad, porque teme represalias.

 

En las últimas semanas se ha planteado un debate sobre el funcionamiento de la Corte Suprema y la conveniencia de aumentar el número de sus jueces. Los argumentos expuestos, desde diferentes posiciones, son variados y, en general, respetables. La discusión sube de tono cuando se pretende identificar a aquellos que podrían beneficiarse con esa reforma: se observa entonces a la Vicepresidenta y al kirchnerismo aduciendo que los nuevos jueces —designados bajo su influencia— estarán en la Corte para asegurarles impunidad.

Respecto a la Vicepresidenta, la última frase puede reescribirse inversamente desde su óptica: solamente con determinada clase de jueces en la Corte, que dicten sentencias ajustadas a derecho (distintos a los magistrados de Comodoro Py) tendría la posibilidad de ser declarada inocente, como corresponde. En la entrevista que el año pasado Luis Novaresio realizó al abogado Carlos Beraldi sobre los juicios que involucran a Cristina Kirchner (ver https://www.youtube.com/watch?v=C-vRXwwELto), quedaba claro que debía estar tranquila sobre su futuro, siempre que los jueces actuaran correctamente. ¿Qué sucede entonces? Puede intuirse que no existe tal tranquilidad, que la Vicepresidenta teme que los actuales jueces de la Corte no vayan a actuar conforme a derecho. Razones no le faltan.

Por buenos o malos fundamentos —pero que son responsabilidad únicamente de la propia Corte— el Alto Tribunal exhibe en los últimos lustros un historial de pronunciamientos que demuestran que la Constitución y las leyes no son su única y —ni siquiera— su principal guía al momento de sentenciar; menos cuando se trata de casos trascendentes, como lo serán los que involucran a la Vicepresidenta, donde los jueces estarán sometidos al juicio impiadoso de los medios y la opinión pública.

La presunción sobre una Corte no conservadora, activista, apartada del ordenamiento normativo que tiene obligación de aplicar, mirando lo que la opinión pública dirá de ella —antes que a las normas y los casos— no es, en absoluto, descabellada. Ha dictado demasiadas sentencias que, jurídicamente examinadas, exhiben una extrema tensión con el ordenamiento normativo.

¿Por qué actúa así? No es un pecado, muchas cortes lo hacen. Seguramente piensan en decisiones que le granjeen simpatías en la opinión pública, convenientes para su prestigio ante determinados actores políticos, económicos o sociales —a los que quiere positivamente agradar— y también porque esas decisiones, aún con serias debilidades jurídicas, no despiertan grandes críticas. Es más, pueden despertar grandes aclamaciones. Sin embargo, la práctica constante de una discrecionalidad metajurídica es un arma de doble filo, sobre todo para los justiciables: da lugar —aunque pase desapercibida— a una dinámica vertiginosa donde, al soslayarse el orden normativo, quedan también de lado ciertas garantías y pueden violarse derechos fundamentales. ¿Es esto así, se preguntará un lector incrédulo? La respuesta es —nuevamente— sí. Son innumerables y de distinta importancia los ejemplos recientes que lo ilustran: podría escribirse un libro o dos con ellos. La prueba de que tal patrón (donde prevalece la ciega voluntad sobre la inteligencia jurídica) existe está en muchas sentencias donde, no por casualidad, aparecen clamorosas disidencias de algunos de los jueces. No se afirma que las decisiones sean todas erróneas; sí que existen pronunciamientos, muchos muy trascendentes, donde el orden normativo y hasta la Constitución aparecen olvidados. Se enumeran a continuación algunos ejemplos notorios que, excluyendo una valoración positiva o negativa sobre la decisión, ilustran esa cuestión jurídica.

1.- En el caso “Anadon”, la Corte declaró inconstitucional el recurso ordinario de apelación. Este recurso era una vía para que, en los juicios de contenido económico relevante para el Estado, la Corte actuara como una tercera instancia, pudiendo revisar integralmente las sentencias previas. Esta apelación ordinaria —contrapuesta a la extraordinaria— reducía al máximo la discrecionalidad de la Corte para no decidir mediante una sentencia fundada. Basta señalar que uno de los principales “usuarios” del recurso ordinario era la AFIP/DGI/DGA, en las causas tributarias de montos económicos altos provenientes del Tribunal Fiscal. A partir de “Anadón”, estas causas están sometidas a una discrecionalidad total para su tratamiento por la Corte, pues quedaron bajo la vía única del recurso extraordinario, con su sometimiento a los ritos órficos que pueden conducir al rechazo de una línea del artículo 280. El carácter técnico de la sentencia “Anadón” hizo que ni siquiera fuera percibida por la opinión pública, ni su carácter dañino al interés del Estado. La Corte violó el artículo 117 de la Constitución que dice que es el Congreso el poder constitucional que define en qué causas debe intervenir la Corte por vía de apelación: no le asigna esta facultad a la Corte misma, para que lo decida mediante pronunciamientos que sustituyen la voluntad del Congreso y declaran inconstitucionalidades forzadas. Resulta difícil imaginar que en vida del juez Enrique Petracchi, “Anadon” se hubiera dictado.

2.- En el caso “Schiffrin” de 2017, la Corte dio un giro copernicano respecto a su jurisprudencia en “Fayt” del año 1999, declarando válida una norma de la Constitución que, 17 años antes, había declarado nula de nulidad absoluta. Huelgan los comentarios.

3.- En los casos sucesivos “Muiña/Bignone” -del 03.05.17- e “Hidalgo Garzón/Batalla” -del 04.12.18-, la Corte superó lo que hizo en “Fayt” y “Schiffrin” en cuanto a variaciones jurisprudenciales. Decidió, respectivamente, la aplicabilidad y la no aplicabilidad del llamado beneficio “dos por uno” a los crímenes de lesa humanidad, variando su jurisprudencia 180 grados en menos de dos años. Esa jurisprudencia, contradictoria en todos sus aspectos jurídicos, brinda los mejores argumentos políticos a Cristina Kirchner sobre lo poco fiable que resulta una Corte integrada por quienes cambian según las presiones de los poderes fácticos o las manifestaciones populares.

4.- En el caso “García”, del año 2019, la Corte declaró la inconstitucionalidad del cobro del impuesto a las ganancias sobre las jubilaciones. El fundamento, por el cual se derogó de facto —para un grupo de individuos— la aplicación de una ley federal general, fue el concepto de “grupo vulnerable” que la Corte asignó a los jubilados; concepto que articuló con invocaciones a genéricas normas convencionales. La disidencia del juez Rosenkrantz dejó desnudas las serias falencias jurídicas de la mayoría que, entre otras, liberó del tributo a las jubilaciones de privilegio. Claro, la sentencia fue recibida con general beneplácito: una prueba del bajo costo de la debilidad jurídica de una sentencia si la decisión agrada a la opinión pública.

5.- En el caso “Gobierno de la CABA”, la Corte convirtió a la Ciudad de Buenos Aires en una provincia para su aforamiento en las causas de su competencia originaria; el artículo 117 de la Constitución —nuevamente— dice que son las provincias los únicos sujetos que tienen ese privilegio jurisdiccional. En la Constitución de 1853, la Capital Federal no era, obviamente, una provincia, y la Convención del ‘94 tampoco quiso convertirla en una, aunque se le parezca mucho. La decisión no se compadece ni con la letra de la Constitución, ni con su jurisprudencia centenaria; pero, claro, fue una decisión aplaudida. La jueza Elena Highton escribió una contundente disidencia, Rosenkrantz acompañó a la mayoría, pero disintió en los fundamentos, exponiendo los suyos (jurídicamente más prolijos). Frente a la sentencia, vale oponer que la Corte no ejerce poder constituyente al dictar sentencias y que la CABA, obviamente, no es una provincia.

Estos pocos ejemplos —hay muchos más— muestran que la Corte, en su actual composición, no actúa dando prevalencia a las argumentaciones jurídicas, colándose en sus sentencias factores extrajurídicos que, con carácter drástico, suelen ser dirimentes en el resultado de un juicio trascendente.

Vale oponer un ejemplo reciente de la Corte de Estados Unidos. En 1973, ese tribunal dictó el célebre fallo en el caso “Roe vs. Wade”, sosteniendo que el aborto es un derecho constitucional de las mujeres. Ningún fallo ha sido más polémico y criticado, desde el ámbito político, en la historia de Estados Unidos. Sin embargo, 47 años después, esa polémica jurisprudencia no ha variado un ápice. Hace unas semanas, el Presidente de la Corte John Roberts —considerado conservador y católico— sorprendió por dar la mayoría a los jueces liberales de la Corte en una sentencia que, por 5 a 4, impidió una decisión que hubiera podido ser el puntapié inicial para revertir la jurisprudencia de “Roe”. El principal argumento de Roberts fue, precisamente, que no quería alterar la estabilidad —stare decisis— de la jurisprudencia sobre aborto, incluso contra sus convicciones y votos previos. Compárese con lo ocurrido aquí con los casos “Fayt” y “Schiffrin”, y en los casos “Muiña/Bignone” e “Hidalgo Garzón/Batalla”. Roberts fue crucificado por la opinión pública que, hasta un día antes, simpatizaba con él. ¿Son así los actuales jueces de la Corte argentina? No es lo que indica su historia reciente.

La letra de la ley parece tener a veces la flexibilidad de los principios de Groucho Marx en nuestro medio judicial. Las circunstancias de hecho y las razones jurídicas que, contempladas técnicamente en un caso, deberían llevar a un determinado resultado pueden encontrarse, al final, con otro, completamente distinto u opuesto.

Si hoy existe una discusión sobre aumentar los jueces de la Corte es porque, en los últimos años, algunos de los jueces del Alto Tribunal —desde su lugar de inmenso poder— se han dedicado más a la política judicial que al derecho. Sólidas disidencias jurídicas en las mismas sentencias han puesto en evidencia tal situación. ¿Cómo va a decidir la Corte las causas que involucran a los dirigentes kirchneristas? ¿Por lo que digan los diarios, la opinión pública y los medios; por una evaluación sobre su “prestigio” si dictan una u otra decisión; o por lo que digan la Constitución y las leyes?

Los números indican, actualmente, dos jueces confiables en cuanto a decidir conforme a derecho, desoír sugerencias políticas o padecer sensibilidad extrema a ataques desde las usinas de opinión. De dos en adelante solamente hay aritmética: siete jueces aventarían el riesgo de una mayoría de tres, nueve u once brindarían tranquilidad.

Queda la pregunta sobre con qué legitimidad ética el Frente de Todos fundamentará un aumento del número de jueces de la Corte, frente a las causas penales en las que están implicados sus dirigentes. La respuesta, más que desde las razones, puede darse recordando hechos del pasado reciente. En el año 2016 el gobierno de Cambiemos dictó un blanqueo que amnistió gravísimos delitos de evasión. La Ley Macri de perdón a los grandes delincuentes tributarios impidió la aplicación de penas de prisión de seis a nueve años a los beneficiados; no se trataba de casos de evasión famélica. En el caso de Gianfranco Macri, el impuesto evadido triplicaba largamente la suma en dólares de los bolsos conventuales de José López; pero no hubo en ese caso caras de enojo, ni indignación ética en el diario La Nación, ni desgarramiento de vestiduras de los tutores de la moral pública. Con los números oficiales pudieron verificarse cifras de decenas de miles de millones de dólares que fueron sustraídas al Estado, solamente en concepto de capital del impuesto a las ganancias. El blanqueo fue una amnistía para delitos hasta entonces desconocidos, pero que tenían como presupuesto su confesión por los culpables. En las causas de Comodoro Py los supuestos delitos no están todavía judicialmente demostrados, no tienen condena, y nadie los ha confesado: por el contrario, han sido negados y rechazadas como falsas todas las imputaciones.

Si el peronismo decide aumentar el número de jueces de la Corte, no estará dictando una amnistía o indulto sobre ningún delito o dirigente culpable. Aunque a ciertos medios —que ya condenaron— les moleste, lo que pretende es una modificación, mediante una legítima y constitucional acción legislativa, del Poder Judicial y su cabeza, para conferirle, en su integración y legalidad, mayor independencia e imparcialidad. No puede empezar a funcionar bien lo que ha funcionado mal con su integración actual. Esta posición del peronismo responde a una visión y un programa que nunca ocultó, que pretende corregir comportamientos de jueces que han sido políticos, erráticos y, demasiadas veces, divorciados de las normas constitucionales y legales cuya custodia era su función principal asegurar.

 

 

 

 

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8 Comentarios
  1. Luis Juan dice

    Señor Juez poco osado:
    Estoy absolutamente de acuerdo con la ampliación del número de los cortesanos, porque en el derecho hay varias especialidades y dicha corte claramente no las tiene -para no decir que en ella no están los más prestigiosos-, pero, básicamente, porque claramente tres de ellos (y no pongo las manos en el fuego por los otros dos) fueron absolutamente funcionales al llamado lawfare y, como usted bien refiere, sus sentencias los desnudan. Pero, además de sus sentencias, hay muchos otros elementos de análisis que los hace absolutamente prescindibles para un modelo de justicia que se pretende mejorar.
    Las leyes son indispensables y, para el suscripto, una reforma constitucional adaptada a las experiencias de latrocinios recurrentes, es imprescindible; pero sin los hombres probos e incorruptibles en las más altas magistraturas, no pasarán de resultar un eufemismo más para que el sofisma se continúe.

  2. HERNÁN DE ROSARIO dice

    El autor culmina su artículo de la siguiente forma: “Si el peronismo decide aumentar el número de jueces de la Corte, no estará dictando una amnistía o indulto sobre ningún delito o dirigente culpable. Aunque a ciertos medios —que ya condenaron— les moleste, lo que pretende es una modificación, mediante una legítima y constitucional acción legislativa, del Poder Judicial y su cabeza, para conferirle, en su integración y legalidad, mayor independencia e imparcialidad. No puede empezar a funcionar bien lo que ha funcionado mal con su integración actual. Esta posición del peronismo responde a una visión y un programa que nunca ocultó, que pretende corregir comportamientos de jueces que han sido políticos, erráticos y, demasiadas veces, divorciados de las normas constitucionales y legales cuya custodia era su función principal asegurar”. El autor toma postura sobre la cuestión de si se debe aumentar o no el número de miembros de la Corte.

    Pero este tema, me parece, no es lo central de este escrito. Lo fundamental, lo tremendo, es que el autor prefirió no dar a conocer su identidad para no correr el riesgo de una eventual represalia. ¡Un juez teme un “castigo” por el solo hecho de firmar un artículo en El cohete a la luna! Este hecho, de una gravedad inusitada, no hace más que confirmar lo que millones de argentinos sospechan: que el Poder Judicial está corrompido hasta el tuétano, es una gigantesca cloaca maloliente, un ámbito degrado donde se hace de todo menos impartir justicia.

    A continuación me tomo el atrevimiento de transcribir gran parte de un excelente ensayo de un constitucionalista a quien el autor del artículo seguramente conoce y trató, el doctor Jorge Reinaldo Vanossi. Su título es por demás elocuente: “La ética en el Poder Judicial” (*)

    “Porque así como hay una calidad de vida vinculada con el medio ambiente, una calidad de vida vinculada con el confort, hay también una calidad de vida institucional que hay que respetar y tomar en cuenta si no se quiere caer en situaciones de anomia. Yo creo que estamos en situaciones de anomia, desde hace tiempo: no es un problema reciente. Y no sólo de anomia sino de anemia. Es decir, hay una serie de anemias que aquejan a la sociedad en su conjunto, individual y colectivamente y que se relacionan con el grado de falta de paradigmas en lo personal, de falta de parámetros en lo normativo, de falta de credibilidad en lo institucional; y entonces “todo vale” —como dirían los chicos con esa inocencia que los caracteriza, pero que los lleva a decir verdades muy sabias—. Todo vale, no se pueden distinguir muy bien los límites o las fronteras. Por eso creo que uno de los actos fundamentales en la vida de los estadistas, es saber elegir a los jueces. Porque los jueces son los que en nuestro sistema institucional están dotados de la mayor cantidad y calidad de poder. Son los que deciden sobre la vida, el honor, la libertad, el patrimonio, las garantías y los derechos en general de todos los habitantes del país. Y máxime en un sistema como el nuestro, donde tienen el control de constitucionalidad, que todos los jueces poseen. Todos pueden declarar la inconstitucionalidad de una norma que consideren violatoria de la ley suprema de la nación y, donde además, la Corte Suprema se reserva —porque a sí misma así se ha calificado—, como intérprete final de la Constitución y como tribunal de garantías constitucionales. Entonces, pavada de tarea es la de seleccionar a los jueces y darle al Poder Judicial la composición que reúna la doble idoneidad que se debe tener para la función pública: la idoneidad técnica y la idoneidad moral. La idoneidad técnica tiene una enorme importancia, pero de nada vale si falta la otra. Por eso creo que cuando cito el pensamiento de Couture referido a los ingleses —y que éstos reflejan en una sentencia muy sencilla: que el juez sea un caballero, que sea un señor, si sabe derecho mejor— tienen razón. Porque Couture comprobó que con apenas ciento y pico de jueces civiles en todo el reino de las islas tenían una justicia digna y eficiente, de la cual el pueblo estaba satisfecho y se sentía orgulloso. Mientras que en Europa continental, la proporción era totalmente distinta: para un país de veinte millones, dos mil jueces; para un país de cuarenta millones, cuatro mil jueces; para un país de sesenta millones de habitantes, seis mil jueces; y el pueblo estaba insatisfecho del nivel que esa justicia tenía en cada uno de esos países.

    ¿Cómo seleccionaban los ingleses sus jueces? No era burocráticamente sino fundándose en los antecedentes éticos y en el prestigio profesional. De donde se deduce que el juez es fundamentalmente un hombre que llega a la función judicial con una gran experiencia de la vida, con gran sapiencia del derecho y de la profesión, que le permite entonces decir: con esto “mi currículum ya está cerrado, no necesito seguir juntando antecedentes porque ya estoy tocando el cielo con las manos”. Entre nosotros fallan muchas cosas: Ralph Dahrendorf —como todos saben es un gran politólogo de origen alemán, pero que optó por la ciudadanía británica y es miembro de la Cámara de los Lores— ha dicho que para que un sistema funcione como verdadera democracia, se requieren dos requisitos: uno —que él menciona— vinculado con la vieja tradición inglesa, que no puede haber impuestos sin ley, que tiene que haber un sistema fiscal basado en la legalidad, en la claridad, en la certeza, en la perdurabilidad. Y segundo, que el juez esté totalmente emancipado de las aparcerías políticas y también de las gratitudes mal entendidas —agregaría yo—, es decir, que el cordón umbilical que pueda haber tenido hasta ese momento, con fracciones o facciones, quede roto, quede superado a partir del momento en que accede a la función judicial. No ha sido así por lo general en todos los casos, aunque hay muy honrosísimas excepciones que hasta creo que constituyen numéricamente la mayoría. Lo que ocurre, es que cuando las excepciones son muy notorias y escandalosas, dan la impresión de que son realmente la mayoría. Hans Kelsen —probablemente el gran jurista del siglo XX que ideó, integró y presidió diez años la Corte Constitucional de Austria, donde nace verdaderamente un control a través de la jurisdicción especial— dijo en alguna oportunidad al incorporarse al tribunal que, si bien él tenía sus simpatías políticas, no quería de ninguna manera que se sospechara o se pensara que el ligamen subsistía. Porque así como él le negaba al Estado el poder de cercenar su pensamiento y su libertad de criterio para resolver los problemas, con mayor razón les negaba a los partidos políticos que pudieran “pasarle una cuenta” por eso, es decir, que pudieran exigirle algún tipo de adhesión o de desviación de sus veredictos en razón de haber contribuido al nombramiento en el cargo que pasaba a ocupar. Y esa lección que dio Kelsen ha sido seguida en muchas partes en ejemplos que realmente honran.

    Quiero mencionar algunos ejemplos, aunque sea muy rápidamente, porque es posible (algunos creen que no es posible) que se tenga un deber de gratitud para siempre. Cuando Roosevelt presidía los Estados Unidos en una situación de enorme depresión —que nos recuerda algunas cosas que vivimos ahora de cerca— y la Corte Suprema no era muy afecta a convalidar las leyes que el Congreso sancionaba por iniciativa del presidente Roosevelt, éste pedía a Dios que se produjera alguna vacante, que pudiera en definitiva poderse consumar alguna renovación en la Corte. Y en la primera vacante que se produce, él propone el nombre de Black. Por supuesto, en Estados Unidos el acuerdo del Senado es una cosa muy seria, lo mismo ocurre con los embajadores: les toman examen, tienen que comparecer personalmente ante la comisión respectiva donde son sometidos a un largo interrogatorio que a veces dura varias sesiones, en las cuales se indaga sobre todos sus antecedentes, su pasado, su formación, su manera de pensar, etcétera. Sale entonces la denuncia de que Black había pertenecido al Ku-Klux-Klan, lo que significaba, obviamente, una llamada de atención muy grave. Black reconoce que en su juventud había cometido ese pecado de haber pertenecido a una entidad racista; pero anunció, ante quienes tenían que dar su voluntad y su voto, que él iba a ser un juez de la Constitución y que eso no tenía nada que ver con lo que pudieran haber sido sus errores del pasado. Y cuando es nombrado, se convierte en el campeón de los derechos civiles en la Corte. Pasa a encabezar, a dirigir intelectualmente, el ala más firme en la defensa de la igualdad contra el racismo, contra la discriminación, por “ la igual protección ante la ley” ; como reza el frontispicio del propio edificio de la Corte Suprema de Estados Unidos. El otro caso es el de Frankfurter, amigo personal de Roosevelt, militante del partido demócrata. Salta la objeción: había tomado actitudes de izquierda en la Primera Guerra Mundial, que podían considerarse demasiado radicales respecto de lo que un país en guerra —como era Estados Unidos— podía tolerar en esas circunstancias de emergencia. Y Frankfurter, que reconoce los hechos, es designado. Dice lo mismo: voy a cumplir con la Constitución. Con el espíritu y la letra de la Constitución. Se transforma así en el líder del ala conservadora de la Corte Suprema. Su posición de self restraint, su posición de autolimitación de ciertas revisiones que la Corte practicaba en un híper activismo en ese momento, lo convierten a él en un paradigma de lo que han sido los grandes jueces de la Corte de Estados Unidos. Un caso muy parecido es el de Warren, que había competido con Eisenhower en la interna del partido republicano para la candidatura presidencial en las primarias y en la convención. Es derrotado. Eisenhower lo nombra presidente de la Corte y Warren, que venía del partido republicano, en su larga presidencia de la Corte —conocida como “ el periodo de Warren”— fue también un campeón de los derechos civiles, de la igualdad y de la libertad política. Es la época en la que la Corte modifica su vieja jurisprudencia de la no justiciabilidad, y protege ciertos derechos políticos que estaban avasallados en alguno de los estados sureños. En fin: hombres que consideraban que el acceso a la función judicial era realmente lo más sublime a lo que podía aspirar un espíritu jurídico.

    Me he permitido traer estos ejemplos —y no me voy a extender mucho más para no incurrir en una injusticia con respecto a los demás colegas—, porque creo que así como el juez debe emanciparse de esas lealtades, la partidocracia tiene también que emanciparse de los prejuicios que anida respecto de ciertas ramas de la actividad pública de un país. Hay una tradición de mal entendimiento entre la partidocracia y la justicia por un lado; y entre la partidocracia y la investigación, la ciencia y la educación por el otro. A veces, me he preguntado por qué, y la única explicación que encuentro es que los resquemores de la partidocracia (y no estoy utilizando la palabra en el sentido peyorativo, sino en el sentido técnico preciso) respecto de la investigación y de la ciencia, son porque la investigación y la ciencia buscan la verdad. La verdad remplaza al error, y una verdad puede tirar abajo cientos de años de normas y de actos que se han celebrado anteriormente. Y eso, no le gusta por lo general al sector político dominante, cualquiera sea él. Y con respecto a la justicia, porque la justicia da garantías, la justicia es el garante por antonomasia, es el poder que asegura las libertades, que delimita todo aquello que en el imaginario del político podría no tener límites. Pero está el juez. Y esto recuerda un poco la vieja anécdota —que no por vieja pierde validez, sino que la mantiene— del molinero de Postdan, que ante la pretensión de los asesores o consejeros del rey de Prusia, que lo querían forzar a vender su molino para poder ampliar el palacio de verano, en algún momento se siente extorsionado cuando le dicen: — Bueno, no tiene más remedio que arreglar. Y él contesta preguntando si todavía existían jueces en Berlín. Es decir, el hombre creía en la justicia, creía que por encima del rey (y eso que aquellos eran reyes de la época del despotismo ilustrado, a fines del siglo XVIII) el juez podía hacer frente y parar el abuso de los secuaces del monarca. Todo esto obliga a que el juez tenga también una conducta ética muy especial, porque así como es el funcionario con mayor poder es, por lo tanto, el funcionario con mayor responsabilidad. No olvidemos la sabia regla del artículo 902 del Código Civil, de la cual se infiere, no sólo para el derecho civil sino incluso para todo el derecho en general, que a mayores jerarquías corresponden mayores responsabilidades.

    Y, por supuesto, la jerarquía del juez hace que se incentive su grado de responsabilidad, y la responsabilidad es algo más que el control. Es la etapa que después del control hace efectiva la sanción, hace concreta la medida en virtud de la cual se gratifica lo bien cumplido y deja de estar en la impunidad lo mal cumplido. Lo que le ocurre a sociedades como la nuestra no es que observe la falta de órganos de control, que los hay —incluso después de la reforma de 1994— en demasía, porque ha sido completada la Constitución con nuevos órganos de control; sino que la sociedad percibe (por eso la encuesta a la cual me referí hace un instante lo recoge, creo que en gran medida) que no funciona el principio de responsabilidad. Control hay, pero no se traduce en las sanciones y queda la impunidad presente. Y en eso tiene mucho que ver el Poder Judicial, porque el Poder de la toga tiene que poner sobre la mesa algo que, para decirlo en términos elegantes, llamo energía jurisdiccional. Es decir, lo que la jurisdicción le permite, sin excederse, sin extralimitarse. Pero mucho es lo que la jurisdicción le permite para evitar no sólo el ilícito, sino para evitar que el ilícito quede impune y la sociedad entre en la idea o en el conocimiento de que se está viviendo en una situación de anomia. Me permito añadir que hay que cambiar también algunas cosas en el Poder Judicial, para que todo sea según la vieja frase según la cual no sólo se tiene que parecer, sino también ser. Creo que hay que acentuar el régimen de incompatibilidades, que es demasiado flexible en la práctica, en el desempeño de las funciones judiciales. En ciertos casos, por ejemplo, creo que es fácilmente comprobable que la dedicación que requiere la tarea judicial en un país tan litigioso y complejo como el nuestro, hace muy difícil poder ejercer con la misma responsabilidad y con la misma idoneidad, varias otras funciones además de la función judiciaI. Creo además que en casos como el de la Corte Suprema, hay que modificar su estructura de trabajo, por el exceso de delegación —exagerado e indebido— que lleva muchas veces a que el litigante, el justiciable, el pueblo en general, no sepa en definitiva quién es el que ha estudiado y quién es el que ha resuelto el tema, más allá de las firmas que se exhiben al pie.

    Creo además en la necesidad de la vida austera y recatada del magistrado y en la limitación, en todo lo posible, del exhibicionismo jactancioso y a veces hasta “cholulo” que en muchas ocasiones hemos presenciado. Me parece aleccionadora una anécdota de un juez, de un gran juez, que fue Antonio Bermejo, quien después de haber transitado por los carriles de la política, de haber sido incluso ministro, llega a la presidencia de la Corte —corte de cinco miembros y austera— donde, según relata Octavio Amadeo, tenían su pequeña estufita y se reunían con sobretodo puesto, en el invierno, porque no había ni siquiera el confort de una calefacción mínima. Y un día, lo invita a tomar el té a solas a uno de sus colegas (por lo general, los jueces de la Corte, en la época en que yo era colaborador de ese tribunal, tomaban el té todos juntos a una cierta hora del día). Pero invita a uno solo, en determinada oportunidad. Toman el té amigablemente, y al final de la pequeña reunión lo saca de tema y le dice: —Doctor, discúlpeme el atrevimiento, pero usted es muy amigo de la familia tal. —Sí, sí, efectivamente somos muy amigos. —Y usted frecuenta casi todas las semanas el palco de la familia tal, en el teatro Colón, en la temporada de ópera. —Sí, efectivamente, concurro allí. —Le aconsejo que altere esa costumbre porque en esa asidua concurrencia con una familia, que es además muy poderosa y que además está, o puede estar, envuelta en pleitos que pueden eventualmente llegar a este tribunal, hace que usted sufra —a lo mejor inmerecidamente— un menoscabo, a través de la sospecha respecto de su imparcialidad. ¡A qué distancia estamos de aquel caso de Bermejo! Ha existido en nuestro país, desde hace muchas décadas atrás —sin fijar fecha cierta para no entrar en polémicas estériles— una suerte de delegación gerencial, debido a la cual, la llamada clase dirigente creyó más fácil y sencillo, que el poder fuera ejercido por una representación (llamémosla vicarial) de terceros; que algunas veces le tocó a un sector y algunas veces a otro, ya sean tecnócratas, partidócratas, financieros, fuerzas armadas, etcétera. Y la sociedad se resignó ante esa delegación a la que no puso coto en su debido momento, ni le exigió la debida rendición de cuentas. Podemos obtener una conclusión de lo que venimos diciendo; y es que el problema al que asistimos —que no es novedoso— es en su origen un problema cultural. Un problema que ha tenido un desborde total, y que gracias a la facilidad de acceso a los datos y a los hechos por parte de los medios de comunicación, hemos tomado conciencia de la gravedad que tiene. Basta leer La ciudad indiana, de Juan Agustín García, o páginas de otros autores de comienzos de siglo, para ver que ya hablaban de estas cosas y trataban el problema ético.

    Sin embargo, la diferencia cualitativa está en que en las últimas épocas, no son bandidos sino que son “bandas”. Es decir, organizaciones que se valen de la impunidad que les otorga la cercanía del poder, o algún tipo de complicidad, para poder operar desde las sombras, visiblemente en detrimento del bien común y del interés general. Por eso digo que no basta con el Código Penal. Éste es condición necesaria, pero no suficiente. Tiene que haber, por supuesto, rigor en el Código Penal, pero él por sí solo no va a re-moralizar la República. Esto resalta más aún la importancia de un Código de Ética, particularmente referido a la función judicial. También es cierto, y hay que reconocerlo, que muchos medios de comunicación exaltan paradigmas que no son siempre los de la virtud, sino precisamente el contramodelo: ellos pertenecen a la anticultura. Es oportuno traer a colación la explicación que nos da uno de los grandes pensadores norteamericanos de este siglo, John K. Galbraith, estudioso de la economía y de la sociología del norte de nuestro hemisferio. Galbraith señala dos datos, al buscar las razones del gran desarrollo de los Estados Unidos —que en forma indetenible adquirió, desde la segunda mitad del siglo pasado, hasta constituirse en potencia mundial—: la educación pública y la enseñanza moral, que los norteamericanos recibieron en gran medida e integralmente. Al establecer la comparación con nuestro país —reconozcámoslo con tristeza— deberíamos decir que la escuela pública ha sido destrozada. A Sarmiento lo hemos escondido. De su obra hemos abjurado y la enseñanza moral la hemos erradicado por la vía del mal ejemplo. Es por eso que el problema no pasa sólo por las normas, sino que primariamente pasa por las conductas. Decía Rawson: “Lo que nos falta, es el experimento de un gobierno honrado, que respete la Constitución hasta en sus más mínimos detalles”. Como vemos, la frase es muy sobria; pero su contenido muy rico, porque el secreto en esto (la llave del misterio) está en estas pequeñas grandes cosas del comportamiento político. Platón, por su parte, afirmó: “Tal es el hombre, tal es el Estado. Los gobiernos cambian como el carácter de los hombres; el Estado es lo que es, porque los ciudadanos son lo que son; y los Estados no serán superiores, mientras los hombres no sean mejores”. Tiene razón Platón; y la clave radica en la escuela y la enseñanza moral. Porque desde ahí se forjarán los ciudadanos tal como deben ser, o no serán nada, parafraseando al general San Martín.

    Frente a una época sin parámetros morales, nuestro deber es reivindicar una cultura ética y humanista. Las culturas materialistas y tecnicistas, llevan a la devaluación, o lisa y llanamente a la desaparición de los valores. Una sociedad sin valores, es igual a una sociedad sin normas. En esa sociedad, primero se pierden los valores y después se abandonan las creencias. El siglo XX recién traspuesto, ha sido el siglo de la deshumanización: atrocidades, quema de libros, totalitarismos de toda laya, una sociedad de masas mal entendida y exaltada en lo irracional, en lugar de encauzarla en lo racional. Junto a ello, el abandono de una sabia premisa del Estado de derecho que se resume en una sentencia muy breve: “A todo acrecentamiento del poder, debe corresponder un mayor vigorizamiento de los controles, un acrecentamiento de las garantías y un potenciamiento de las responsabilidades”. Y esto es válido para todo, tanto para el sector público, cuanto para las grandes concentraciones del poder privado. A mayor poder, mayor control. No hemos respetado esta sentencia y el desborde está a la vista en todas partes. Entonces, el ciudadano inocente se pregunta: ¿Pues quién controla al control? ¿Quién se ocupa del bien común? ¿Quién custodia el interés general? Recordemos que nuestro sabio preámbulo constitucional incluye, entre los grandes objetivos de la organización nacional, el de procurar el “bienestar general”. Reaccionemos a tiempo, nunca es tarde; pero desde luego, recordemos la advertencia de Andre Maurois: “La vejez es el sentimiento de que es demasiado tarde”. No vaya a ocurrir, que un día amanezcamos con la sensación de la vejez ética, y sea demasiado tarde para restablecerla en el pináculo que le corresponde. Señoras y señores, acaso el meollo de la cuestión repose en la sociedad toda; esa misma sociedad a la que despiadadamente aludiera Borges en su obra sobre Evaristo Carriego —inmortales ambos— cuando señalara: El gaucho y el compadre son imaginados como rebeldes; el argentino, a diferencia de los americanos del norte y de casi todos los europeos, no se identifica con el Estado. Ello puede atribuirse al hecho general de que el Estado es una inconcebible abstracción, lo cierto es que el argentino es un individuo, no un ciudadano… El Estado es impersonal; el argentino sólo concibe una relación personal. Por eso, para él, robar dineros públicos no es un crimen. ¡Sin comentarios!”

    (*) Biblioteca Jurídica virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 2003.

    Archivos.juridicas.unam.mx

  3. Guillermo de La Plata dice

    Excelente análisis de lo que es la Corte. Espero que los Señores Jueces de ,la CSN no se pierdan de leer este análisis y espero que les de un poco de vergüenza y demuestren ética en el cumplimiento de sus funciones.
    Irina Hauser en sus dos libros «Los supremos» y «Rebelión en la Corte», permite ver a las claras como se maneja la Corte.
    Realmente creo que el análisis es ajustado. La corte tiene que ser mucho más numerosa y con menos 286 (resolución de un reglón y medio con que se saca los temas de encima) en vez de concretar la justicia a la que está llamada a servir.
    Esperemos que la pandemia termine pronto. El dos por uno se cayó con una plaza llena. Nuestros congresistas, también necesitan responder, al pueblo en la calle, como en aquel 25 de mayo de 1810 y no a los medios y al poder concentrado….. El pueblo quiere saber de que se trata».

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