Servir al imperio sin parecer peones

Investigación de Le Monde sobre el naufragio de la operación anticorrupción Lava Jato en Brasil

 

Hay algo podrido en el Reino de Brasil. Todo el país se ve golpeado por una serie de crisis simultáneas, una especie de tormenta perfecta: recesión económica, desastres ambientales, polarización extrema de la vida política, Covid-19… A lo que hay que agregar el naufragio del sistema judicial. Un trueno más en un cielo ya pesado pero lleno de esperanza hace siete años, cuando un joven magistrado llamado Sergio Moro lanzó, el 17 de marzo de 2014, una vasta operación anticorrupción denominada Lava Jato, que involucró al gigante petrolero Petrobras, a empresas constructoras y a un número importante de dirigentes políticos.

De un solo golpe, se dijo, el querellante y su equipo de investigadores, apoyados por el Poder Judicial y los medios de comunicación, ¡finalmente iban a limpiar y salvar a Brasil! Se dictaron 1.450 órdenes de detención, se presentaron 533 denuncias y se condenó a 174 personas. Participaron no menos de 12 jefes o ex jefes de Estado brasileños, peruanos, salvadoreños y panameños. Y se recuperó de las arcas públicas de Brasilia la colosal suma de 4.300 millones de reales (610 millones de euros). Incluso el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, adorado por la mayoría, no resistió la ola y terminó tras las rejas.

Y luego, de repente, casi nada. En menos de dos meses, la extensa investigación colapsó como una explosión. A principios de febrero, el Ministerio Público Federal dejó estallar el anuncio del fin del Lava Jato, desmantelándolo con una frialdad que ni el equipo principal de fiscales conocía. Luego, un juez de la Corte Suprema ordenó la nulidad de los cargos contra Lula. Quince días después, el 23 de marzo, la Corte Suprema brasileña decidió que el juez Moro había sido “parcial” durante su investigación.

 

Irregularidades y confusiones

La investigación anticorrupción más grande del mundo, como la ha llamado un magistrado de alto rango, se ha convertido en el mayor escándalo legal en la historia del país. Después de más de siete años de proceso, el núcleo mismo de la Justicia brasileña acaba de retirarse tanto en el fondo como en la forma, abriendo un abismo de interrogantes sobre sus métodos, medios y opciones.

El sitio de noticias The Intercept –creado por Glenn Greenwald, periodista estadounidense afincado en Río de Janeiro y el multimillonario de Silicon Valley Pierre Omidyar– no ha parado, en los últimos dos años, de señalar irregularidades y errores en la investigación. Ciento ocho artículos publicados hasta el momento, a su vez, levantaron el velo sobre los mensajes comprometedores intercambiados entre los fiscales y el juez Moro, echando luz sobre los vínculos que mantuvieron, en ocasiones fuera de todo marco legal, investigadores brasileños con agentes del Departamento de Justicia de Estados Unidos, o incluso subrayando el sesgo político de algunos miembros del Lava Jato, obsesionados con la idea de bloquear al Partido de los Trabajadores (PT).

La Agência Publica, agencia de periodismo de investigación de carácter independiente, fundada en São Paulo por mujeres reporteras, también mostró de qué manera el proceso estuvo marcado por irregularidades y numerosas confusiones. Después de estas impresionantes revelaciones queda, sin embargo, un sabor a algo inconcluso, la sensación de un juicio fallido y una decepción enorme en relación a una investigación que quiso ser modelo en su género.

Para comprender estos sucesivos avances y notables retrocesos, tenemos que remontarnos a los orígenes de esta novela político-legal. Establecer sus lineamientos y distinguir cómo sus principales actores contaron con informaciones y marco legal entre juristas y personalidades influyentes, primero en Brasil, luego con agentes de una administración estadounidense que deseaban continuar su labor de acercamiento con su gran vecino del sur.

Cuando asumió la Presidencia de la República en 2003, Lula sabía lo que podía ocurrir al fin del mandato, especialmente en la lucha contra la corrupción.

Fueron necesarios meses de investigación, entrevistas y pesquisas para que Le Monde estableciera el otro lado de esta escena. Si algunas partes permanecen en las sombras, hay episodios del Lava Jato que muestran complicidades vergonzosas. Otros, por el contrario, revelan cómo ciertos jueces e investigadores en ocasiones se han aprovechado de su independencia –muy real– al servicio de un proyecto político, embarcándose en una carrera loca, estableciendo las razones, los medios y las desmentidas. “Fue como una pelota lanzada en un juego de bolos”, admite, bajo la condición de anonimato, un ex asesor cercano al gobierno de Obama, responsable de los asuntos legales relativos a América del Sur, un “juego” que se convirtió en una trampa.

Cuando asumió la Presidencia de la República en 2003, Lula sabía que se esperaba que él cambiara las cosas. Especialmente en lo que respecta a la lucha contra la corrupción, ex demonio de la vida política brasileña y uno de sus principales argumentos de campaña. Así, le encomendó a su nuevo ministro de Justicia, Marcio Thomaz Bastos, la tarea de reformar el sistema judicial, aceptando el nombramiento como fiscal jefe de un fiscal designado por sus pares, mientras que sus predecesores solían elegir quién era más complaciente con el poder.

Una de las primeras traducciones concretas de este compromiso es la creación de cursos dedicados a la lucha contra el blanqueo de capitales y el crimen organizado. Sergio Moro sería uno de los primeros jueces designados para presidir estos tribunales. Al mismo tiempo, se puso en marcha una estrategia nacional de lucha contra el blanqueo de capitales y la corrupción con el supuesto objetivo de “facilitar los intercambios informales” dentro de la administración y hacer más eficiente el examen de los casos.

El joven magistrado radicado en Curitiba, responsable en ese momento del caso Banestado, una investigación por lavado de activos en un banco público regional, se encuentra entre los más fervientes adherentes de esta estrategia, que permite obtener informaciones sobre impuestos y activos más rápidamente y compartirlas con diversas autoridades, incluidas las extranjeras.

 

Miedo al terrorismo

Es cierto que, en el mundo de la cooperación judicial internacional, la lucha contra la corrupción, el lavado de dinero y el terrorismo ocupa un lugar especial. Después de los ataques del 11 de septiembre, Estados Unidos buscaba por todos los medios neutralizar futuros ataques, en particular hurgando en las redes financieras de estas organizaciones. Sin embargo, en Brasil, la inteligencia estadounidense estaba preocupada por la presencia, en la triple frontera entre Argentina, Paraguay y Brasil, de posibles células de Hezbollah, una entidad apoyada por Irán y colocada durante mucho tiempo en la lista negra estadounidense.

Clifford Sobel, embajador de Estados Unidos en Brasil 2006-2009.

La administración Bush trata de que Brasilia incremente la acción antiterrorista, pero el gobierno brasileño se niega cortésmente a hacerlo. Para sortear la frialdad de las autoridades brasileñas –que consideran que el riesgo terrorista es deliberadamente exagerado por Estados Unidos– la embajada estadounidense en Brasilia trató de crear una red de expertos locales, capaces de defender las posiciones estadounidenses “sin parecer peones” de Washington, para utilizar la frase empleada por el embajador americano Clifford Sobel en un telegrama diplomático al que Le Monde pudo consultar.

Sergio Moro, quien entonces colaboraba activamente con las autoridades estadounidenses en el caso Banestado, es contactado para participar en un programa de relaciones financiado por el Departamento de Estado. Acepta. Se organizó a continuación un viaje a Estados Unidos en 2007, durante el cual realizó una serie de contactos dentro del FBI, el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado, es decir, relaciones exteriores.

En dos años, la Embajada de los Estados Unidos en Brasilia formó una red de magistrados y abogados convencidos de la relevancia de utilizar técnicas estadounidenses.

La Embajada de los Estados Unidos procura aumentar su influencia. En el deseo de estructurar una red alineada con sus directrices en el medio jurídico brasileño, crea el cargo de asesor legal o asesor legal residente. La elección recayó en Karine Moreno-Taxman, fiscal especializada en la lucha contra el blanqueo de capitales y el terrorismo.

Desde 2008, esta especialista venía desarrollado un programa denominado “Proyecto Puentes” que, con el fin de apoyar las necesidades de las autoridades judiciales brasileñas, organiza cursos de capacitación que les permitan adoptar los métodos de trabajo estadounidenses (grupos de trabajo anticorrupción), su doctrina (las delaciones premiadas [los arrepentidos] en particular), así como su disposición a compartir información de manera “informal”, es decir, fuera de los tratados bilaterales de cooperación judicial.

La embajada comienza, pues, a incrementar el número de seminarios y reuniones con jueces, fiscales y altos funcionarios, con un enfoque en los aspectos operativos de la lucha contra la corrupción. Sergio Moro participa como ponente. En el espacio de dos años, el trabajo de Karine Moreno-Taxman da sus frutos: la embajada es una red de magistrados y abogados convencidos de la relevancia del uso de las técnicas americanas.

En noviembre de 2009, se invita al asesor legal de la embajada a hablar en la conferencia anual de agentes de la Policía Federal brasileña. El encuentro se lleva a cabo en Fortaleza, una ciudad costera y sin grandes encantos en el noreste de Brasil, donde cerca de 500 profesionales del mantenimiento del orden, la seguridad y la ley están invitados a discutir el tema “lucha contra la impunidad”.

“En un caso de corrupción, es necesario ir atrás del ‘rey’ de manera sistemática y constante para derrocarlo”, dice el asesor jurídico de la Embajada de Estados Unidos en Brasilia.

Sergio Moro allí está, presente desde la primera hora del congreso. Es él quien abre los debates, poco antes de ceder la palabra al diputado estadounidense. El juez de Curitiba se lanza citando al ex presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt, luego ataca los delitos de guante blanco, la ineficiencia y las fallas de una justicia brasileña que adolece, según él, de un sistema de “recursos infinitos” muy favorable a los abogados defensores. Defiende la reforma del Código Penal, subrayando que en el Congreso de Brasilia se están llevando a cabo discusiones en ese sentido paralelamente. Aplausos en la sala.

Frente a la audiencia, la Sra. Moreno-Taxman está sentada. Habla en un tono mucho menos seco y serio que su antecesor, pero muy directo: “En un caso de corrupción –dice– hay que ir tras el ‘rey’ de forma sistemática y constante para derribarlo”. Y es más explícita: “Para que el Poder Judicial pueda condenar a alguien por corrupción, es necesario que la gente odie a esa persona”. Finalmente: “La empresa debe sentir que realmente ha abusado de su posición y exigir su condena”. Una vez más, aplausos del público.

 

 

El nombre del presidente Lula, enredado en el escándalo del “Mensalão”, un caso de soborno y compra de votos en el Congreso, revelado en 2005, no se menciona en ningún momento. Aunque está presente en la mente de todos, nadie imagina entonces que se convertirá en el “rey” designado por la señora Moreno-Taxman. Sin embargo, esto es lo que sucederá.

 

Espionaje ilegal

Por ahora, el gobierno del PT no avizora nada. Tres meses después de la reunión de Fortaleza, en lugar de hacer una reforma política para acabar con el financiamiento ilegal de las campañas electorales, el partido prefiere hacer promesas al público presentando un proyecto de ley anticorrupción. Espera, de este modo, responder a las críticas recurrentes desde que tomó el poder y ganar influencia en el escenario internacional al cumplir, en particular, con los estándares de la OCDE, donde el grupo de trabajo anticorrupción (Grupo de Trabajo de la OCDE sobre el Soborno en Transacciones Comerciales Internacionales), fuertemente influenciado por Estados Unidos, está presionando a Brasil para reformar su legislación en esta área.

Sergio Moro, a su vez, se posiciona públicamente a favor de endurecer las penas previstas en el proyecto de ley y garantizar la adopción de las delaciones premiadas como instrumento legal válido. El que ahora se ha convertido en una de las figuras del debate brasileño sobre cuestiones de blanqueo de capitales utiliza métodos que están al borde la legalidad –usurpación de las prerrogativas del fiscal, instrucción de órdenes de prisiones preventivas a pesar de la oposición de autoridades superiores, escuchas telefónicas de abogados o personalidades con inmunidad parlamentaria– y con ello despierta la desconfianza de algunos de los magistrados.

“Los delitos vinculados al poder son por naturaleza, dada la posición de sus autores, difíciles de probar mediante prueba directa”, de ahí “la mayor elasticidad en la aceptación de la prueba por parte del Ministerio Público”.

Sin embargo, el magistrado de Curitiba es nombrado, a principios de 2012, juez asistente de Rosa Weber, recién electa jueza del Supremo Tribunal Federal. Esta última, especialista en derecho laboral, pretendía contar con un experto en derecho penal que pudiera apoyarla en el juicio final del “Mensalao”. Sergio Moro escribirá así en parte la controvertida decisión de la jueza en este caso. “Los delitos vinculados al poder son por naturaleza, dada la situación de sus autores, difíciles de comprobar mediante pruebas directas”. Por lo tanto, el texto recomienda: “una mayor elasticidad en la aceptación de pruebas por parte de la fiscalía”. Un precedente que será tomado al pie de la letra por el juez y los fiscales de Lava Jato a la hora de la denuncia y condena de Lula.

El proceso comenzó en 2013. Los legisladores brasileños, que han estado debatiendo el proyecto de ley anticorrupción durante tres años, deciden votar a mediados de abril. Para lucir bien en relación al grupo de trabajo de la OCDE, incluyen la mayoría de los mecanismos previstos en una ley estadounidense, de la que se empieza a hablar en el medio empresarial: la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA, Ley de Prácticas de Corrupción en el Exterior).

Creada en 1977 a partir de Watergate, el principal objetivo de esta ley era combatir los actos de corrupción de empresas estadounidenses en el exterior, imponiéndoles sanciones económicas. Hasta el final de la Guerra Fría, esto rara vez se aplicó. Todo cambió en la década de 1990. La administración Clinton comenzó a reformar la FCPA, lo que acompañaría la adopción de una convención anticorrupción dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con el fin de “multilateralizar los efectos”, según un telegrama de la embajada estadounidense.

El detonante es el criterio jurisdiccional de dicha ley: cualquier empresa que tenga alguna vinculación con Estados Unidos y que haya pagado a un empleado extranjero por motivos de corrupción puede ser procesada. Cualquier vínculo es visto como el tránsito de fondos a través de una cuenta bancaria estadounidense, o la transmisión de un correo electrónico cuyo servidor se encuentre en suelo estadounidense.

De hecho, prácticamente todas las empresas del mundo están expuestas a la ley, incluidas aquellas que compiten con empresas de Estados Unidos por contratos importantes, como venta de armas y equipos, construcción y servicios financieros. Esto conducirá a un aumento de las sanciones vinculadas con la implementación de la FCPA: de unos pocos millones de dólares en la década de 1990, se pasa a varios miles de millones en la década de 2010. Y, en este contexto, América Latina en general y Brasil en particular serán de interés para los fiscales del Departamento de Justicia.

 

Violaciones de las reglas de procedimiento

Estos últimos, quienes dependen del Poder Ejecutivo, aunque son considerados “autónomos” del resto de la administración estadounidense, saben que la próxima implementación de la ley anticorrupción brasileña les permitirá sancionar a empresas brasileñas en los términos de la FCPA. En noviembre de 2013, con motivo de la Conferencia de la FCPA, el encuentro anual de personalidades del mundo jurídico estadounidense, el fiscal general adjunto del Departamento de Justicia, James Cole, anunció que el jefe de la unidad de la FCPA de Estados Unidos haría un viaje a Brasil, con el objetivo de “capacitar a los fiscales brasileños” en el uso de la ley.

Pocos meses antes, Sergio Moro retomó un antiguo caso de lavado de dinero, vinculado al Mensalão, que dejó de lado desde 2009. Se trataba de las relaciones de varios intermediarios deshonestos (Carlos Chater y Alberto Youssef) con José Janene, un miembro del Partido Progresista (partido de derecha que apoya a la coalición gubernamental). El juez de Curitiba está interesado en las inversiones de los dos empresarios de la empresa Dunel Indústria, realizadas a través de las cuentas bancarias de una gasolinera llamada Posto da Torre, en Brasilia. A solicitud de Moro, a Chater se le intervienen los teléfonos de julio a diciembre de 2013: se trata de saber si estas inversiones sirven para enmascarar posibles actos de lavado de dinero a favor de Janene.

Cuando hace la ligazón entre Dunel Indústria, con sede en el Estado de Paraná, y la estación de servicio, por donde pasan grandes sumas, que incluyen a determinados ejecutivos de Petrobras, Sergio Moro afirma su competencia para juzgar el caso. Curiosa manipulación: la mayor parte de actos de lavado de dinero y corrupción de Chater y Youssef tienen lugar en São Paulo. Según el proceso penal brasileño, esto debería haber llevado a un juez de esa jurisdicción a ocuparse del caso, y no Sergio Moro. Pero el magistrado de Curitiba comprendió las complejidades del Poder Judicial brasileño. Sabe que al ocultar la ubicación de estas empresas fantasma, podrá mantener el control de la investigación. Siempre que los tribunales superiores lo permitan. Y esto es lo que sucederá.

 

Seducir a la opinión pública

En agosto de 2013, algunos juristas vieron el peligro derivado de la implementación de la nueva ley anticorrupción. Una nota premonitoria, publicada por el bufete de abogados estadounidense Jones Day, prevé que tendrá efectos nefastos para la justicia brasileña. Alerta contra su funcionamiento “impredecible y contradictorio” debido a su carácter de “influencia” en el plano político, así como por la ausencia de procedimientos de “aprobación o control”. Según el documento, “cada miembro del Ministerio Público es libre de iniciar el proceso según sus propias convicciones, con pocas posibilidades de ser impedido por una autoridad superior”.

A pesar de las advertencias, el gobierno y sus aliados siguen adelante. La presidenta Dilma Rousseff, siempre con la intención de congraciarse con una opinión pública cada vez más crítica, decide incluso endurecer sus criterios de aplicabilidad. Los parlamentarios creen que esta ley no los afectará más que las anteriores.

Luego de seis meses de investigación, el juez de Curitiba tiene suficiente información para emitir las primeras órdenes de detención. El 29 de enero de 2014 entra en vigencia la ley anticorrupción. El 17 de marzo el Fiscal General de la República, Rodrigo Janot, crea formalmente el grupo de trabajo Lava Jato. A su cabeza, nombra al fiscal Pedro Soares, quien se opone al manejo del caso por parte de Sérgio Moro, ya que los presuntos delitos de Alberto Youssef ocurrieron fuera de Curitiba. Su abordaje fallará. Será reemplazado por otro abogado, Deltan Dallagnol, de 34 años, quien no sólo estará a favor de Moro en el caso sino que también se convertirá en el principal apoyo del magistrado.

Para Estados Unidos, se trata de reducir la influencia geopolítica de Brasil en América Latina, pero también en África.

Desde su nacimiento, el Lava Jato ha atraído la atención de los medios. La orquestación de las detenciones y el ritmo de las acusaciones del Ministerio Público y de Moro transforman el operativo en una telenovela política y judicial verdaderamente insólita. Mientras Brasil se prepara para embarcarse en una campaña presidencial y legislativa, la elite política y económica del país de repente parece abrumada por la perspectiva de ser arrastrada por esta interminable cascada de revelaciones. Y la lista continúa.

Al mismo tiempo, el gobierno de Barack Obama percibió un aumento de las protestas de los países aliados, en especial en Francia, preocupada por la proliferación de sanciones impuestas por el Departamento de Justicia en el ámbito de la lucha contra la corrupción, dirigidas a determinadas banderas nacionales, como el Grupo Alstom, de Francia. Para subrayar su apoyo político a las acciones anticorrupción emprendidas por su gobierno, la Casa Blanca publicó una “agenda global anticorrupción” en septiembre de 2014.

Allí está escrito que la lucha contra la corrupción en el exterior (a través de la FCPA) se puede utilizar con fines de política exterior para defender los intereses de la seguridad nacional. Un mes después, Leslie Caldwell, entonces fiscal general adjunta del Departamento de Justicia, pronunció un discurso en la Universidad de Duke: “La lucha contra la corrupción extranjera no es un servicio que brindamos a la comunidad internacional, sino una acción de cumplimiento necesaria para proteger nuestra propia seguridad nacional y la capacidad de nuestras empresas estadounidenses para competir en el futuro”.

En el terreno sudamericano, los gigantes brasileños de la construcción Odebrecht, OAS o Camargo Correa, en plena expansión, entraron directamente en la línea de fuego de las autoridades estadounidenses. No sólo porque ganaban más contratos sino también porque participaban en el fortalecimiento de la influencia geopolítica de Brasil en América Latina y África, al financiar, ilegalmente en la mayoría de los casos, campañas electorales de personalidades cercanas al PT, lideradas por el consultor de comunicación de dicho partido, João Santana. Sólo en 2012, el estratega electoral, confortablemente financiado por Odebrecht, organizó tres campañas presidenciales en Venezuela, República Dominicana y Angola, sin mencionar el municipio de São Paulo. Todos ganados por los candidatos de Santana.

 

Promesas de buena voluntad

Ante varios periodistas que integran el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), Thomas Shannon, embajador estadounidense destacado en Brasilia desde 2010 hasta 2013, dijo que el proyecto político brasileño para la integración económica de América del Sur suscita serias preocupaciones en el Departamento de Estado. Este último “consideró el desarrollo de Odebrecht como parte del proyecto de poder del PT y de la izquierda latinoamericana”, dijo el diplomático.

“Si a todo esto le sumamos las pésimas relaciones personales entre Barack Obama y Lula, y un aparato del PT que aún desconfía del vecino estadounidense, podemos decir que teníamos trabajo por hacer para remediar la situación”, reconoce un ex miembro del Departamento de Justicia a cargo de casos latinoamericanos. La tarea será aún más difícil a la luz de las revelaciones del informante Edward Snowden, en agosto de 2013, sobre el espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional Estadounidense (NSA) contra Dilma Rousseff, quien sucedió a Lula en 2011, y contra Petrobras, que enfría aún más las relaciones entre Brasilia y Washington.

Se activan varios botones de influencia. Están la FCPA y las redes de fiscales y magistrados capacitados en técnicas de investigación implementadas en los últimos años. Para lograr sus objetivos, el Departamento de Justicia utiliza un gran anzuelo: el reparto de las sanciones que impondrán las autoridades estadounidenses a las empresas brasileñas en el marco de la FCPA.

Para brindar garantías de buena voluntad a las autoridades estadounidenses, los investigadores brasileños están organizando la visita confidencial a Curitiba, el 6 de octubre de 2015, de diecisiete miembros del Departamento de Justicia, el FBI y el Ministerio de Seguridad Nacional para recibir una explicación detallada de los procedimientos vigentes. Dan acceso a abogados de empresarios potencialmente llamados a “colaborar” con la justicia estadounidense, sin que se informe al Ejecutivo brasileño. Pero esto tiene un precio: cada una de las multas impuestas a las empresas brasileñas por la FCPA deberá incluir una porción destinada a Brasilia, pero también a la operación Lava Jato. Los estadounidenses aceptan. Una vez cerrado el trato, los fiscales brasileños buscarán empresas que puedan estar bajo el control del Departamento de Justicia.

“Los agentes policiales deben estar al tanto de todas las ramificaciones políticas potenciales de estos casos, ya que los casos de corrupción internacional pueden tener efectos importantes que influyen en las elecciones y la economía”, dijo un funcionario del FBI.

Mientras su mayoría parlamentaria se derrite como nieve al sol ante la proliferación de negocios, la presidenta Dilma Rousseff decide invitar a su mentor, Lula, a participar en el gobierno. La maniobra es vista como el último intento de salvar a su coalición. Al mismo tiempo, miembros de la Policía Federal, por orden de los fiscales, interceptan –fuera de todo marco legal– los teléfonos de los abogados de Lula (veinticinco defensores en total) e incluso del propio ex presidente. Sergio Moro monitoreará así una conversación entre éste y Dilma Rousseff. Un intercambio de palabras enigmáticas sobre el futuro de Lula, que el magistrado enviará puntualmente a la Rede Globo y que sellará la renuncia de la presidenta unos meses después.

Durante este período problemático, los fiscales del Departamento de Justicia americano están vigilando de cerca la situación política en Brasil. Según Leslie Backshies, entonces jefa de la unidad internacional del FBI, que desde 2014 tiene la tarea de ayudar a los investigadores del Lava Jato, “los oficiales deben estar al tanto de todas las ramificaciones políticas potenciales de estos casos, porque los casos de corrupción internacional pueden tener grandes efectos e influir en las elecciones y las economías”. El experto aclara: “Además de las conversaciones de negocios usuales, los supervisores del FBI se reúnen con los abogados del Departamento de Justicia de forma trimestral para revisar las posibles acciones judiciales y las posibles consecuencias”.

Por lo tanto, es con pleno conocimiento de los hechos que estos últimos ponen fin a su denuncia contra Odebrecht en Estados Unidos. Sin embargo, los líderes del grupo se muestran reticentes a firmar el acuerdo de “colaboración” propuesto por las autoridades estadounidenses, que incluye el reconocimiento de actos de corrupción no sólo en Brasil sino en todos los países donde está instalado este gigante de la construcción.

Para doblegarlos, los magistrados ordenan al banco Citibank, a cargo de las cuentas de la filial estadounidense de la empresa, que le dé a Odebrecht treinta días para cerrarlas. En caso de negativa, los montos depositados en esas cuentas se pondrían en liquidación, situación que excluiría al conglomerado del sistema financiero internacional y, por tanto, lo pondría en quiebra.

Odebrecht acepta “colaborar”, lo que les permite a los fiscales de Curitiba, aun no teniendo la competencia normativa para juzgar hechos de corrupción ocurridos fuera de Brasil, obtener las confesiones de los ejecutivos de la empresa. Confesiones que luego enriquecerán la acusación del Departamento de Justicia bajo la FCPA.

El comunicado fue divulgado en vísperas de las fiestas de Fin de Año de 2016. La Operación Lava Jato está en la portada de los medios internacionales. Sergio Moro está invitado a la lista de las 100 personalidades más influyentes de la revista Time. El semanario New York Americas Quarterly le dedica su tapa. A su vez, los fiscales del Departamento de Justicia dan la bienvenida públicamente a esta cooperación sin precedentes. En una conferencia celebrada en las instalaciones del Atlantic Council en Washington, Kenneth Blanco, entonces fiscal general adjunto del Departamento de Justicia, declaró que “Brasil y Estados Unidos trabajaron juntos para obtener pruebas y construir negocios”. Y dice: “Es difícil imaginar una cooperación tan intensa en la historia reciente como la que se dio entre el Departamento de Justicia y el Ministerio Público brasileño”.

Moro y su equipo comienzan 2017 con confianza. No es que hayan obtenido pruebas contundentes contra Lula –sus conversaciones privadas a través de Telegram demuestran lo contrario– sino porque su influencia política y mediática es tal que se aprovecharán de ello, a veces desafiando la mayor parte de los principios.

 

Amenazas del Ejército

Cuando Lula fue condenado por “corrupción pasiva y lavado de dinero” el 12 de julio de 2017, pocos periodistas informaron que estas acusaciones fueron realizadas “por hechos indeterminados”. Sin embargo, el argumento se establece explícitamente en el documento de 238 páginas que detalla la decisión de Moro. En los anexos a la condena, el magistrado aclara que “nunca afirmó que los ganancias obtenidas por la empresa OAS a raíz de los contratos con Petrobras fueron utilizados para pagar ventajas indebidas al ex presidente”.

Otra extrañeza que revela el peso adquirido por la operación Lava Jato en el poder judicial brasileño: la detención del ex presidente Lula, aunque fuera en contra de la Constitución de Brasil. El artículo 5 dice, de hecho, que ningún litigante puede ser arrestado antes de que finalice el proceso. Sin embargo, bajo la intensa presión de la opinión pública conquistada por la operación Lava Jato, el Tribunal Supremo Federal cambió su jurisprudencia al respecto en 2016.

La solicitud de hábeas corpus de los abogados de Lula es rechazada por seis votos contra cinco tras un tuit del comandante del Ejército que amenaza a la Corte Suprema con “asumir sus responsabilidades institucionales” en caso de que decida a favor del ex presidente.

Horas después de la decisión de los jueces, Sergio Moro emite su orden de detención: Lula marcha preso el 7 de abril. No podrá participar en las elecciones presidenciales de 2018. Mientras el magistrado parece haber sido conquistado por la arrogancia, se lanza la máquina infernal. Jair Bolsonaro gana las elecciones presidenciales cómodamente y nombra al que eliminó a Lula a cargo del Ministerio de Justicia. Del lado estadounidense, hay complacencia por haber socavado los sistemas de corrupción implementados por Petrobras y Odebrecht, así como sus capacidades de influencia y proyección político-económica en América Latina.

Para los fiscales de Curitiba, el Departamento de Justicia planeó reembolsar el 80% de todas las multas impuestas al grupo petrolero por la FCPA, que éstos pueden administrar como mejor les parezca. Debe crearse una fundación de derecho privado para gestionar el 50% de ese maná. Los miembros del directorio de esa fundación no son otros que los impulsores del Lava Jato y varios líderes de ONGs, incluida la sección brasileña de Transparencia Internacional, que a lo largo de los años se ha convertido en uno de los principales guardianes. Dos fiscales del equipo, Dallagnol y Roberson Pozzobon, incluso piensan en crear una estructura legal en nombre de sus respectivos cónyuges, con el fin de cobrar por los servicios de consultoría en el área de “anticorrupción”.

 

Un denunciante arrestado

Una vez elegido Bolsonaro, la prensa internacional se apresuró a distanciarse del “justiciero de Curitiba”. Subraya su inconsistencia ética al aliarse así con un presidente de extrema derecha, miembro, durante décadas, de una pequeña formación especialmente conocida por haber estado involucrada en numerosos casos de corrupción.

A su vez, los jueces del STF no ocultan su asombro cuando se enteran, en marzo de 2019, del contenido del acuerdo negociado en secreto entre los fiscales del Lava Jato y sus homólogos en el Departamento de Justicia. El juez Alexandre de Moraes decidirá suspender la creación de la fundación Lava Jato y liquidar los cientos de millones de dólares en multas pagadas por Petrobras.

Es en este contexto que estalla la primera revelación de The Intercept. En mayo de 2019, Greenwald recibió 43,8 gigabytes de datos de conversaciones privadas, a través de Telegram, de un denunciante, Walter Delgatti, perteneciente al equipo de Lava Jato. Después de la verificación, se publican tres artículos un domingo de junio. Moro y los fiscales no reconocen la veracidad de los intercambios. Afirman no haber cometido ninguna ilegalidad, aunque se niegan a entregar sus teléfonos para que los examinen.

Varias semanas después, cuando Greenwald decide dar acceso a los datos a varios medios, supimos por un comunicado de prensa del gobierno que Sergio Moro viajó a Estados Unidos del 15 al 19 de julio. ¿Aprovechó esta estancia para consultar a sus homólogos? Las autoridades estadounidenses, solicitadas por la Agencia Pública, se negarán a confirmar o negar la información. Aun así, Delgatti fue detenido poco después por la Policía Federal.

Aunque estas revelaciones no hayan afectado significativamente la popularidad del magistrado, el aura del juez continúa erosionándose en la prensa internacional. A su vez, el Supremo Tribunal Federal acaba reconociendo la inconstitucionalidad de la detención de Lula. Fue puesto en libertad el 8 de noviembre de 2019. El ex presidente fue absuelto de siete de los once cargos en su contra (la fiscalía apeló en cuatro casos). Lula aún no ha sido juzgado en cuatro casos que los expertos consideran menos importantes.

Sergio Moro terminó renunciando al cargo en abril de 2020. La elite política de Brasilia le da la espalda y la investigación invierte su marcha. Sigue de puntillas, hacia Washington, donde reproduce el modelo de las puertas giratorias, esos gateways que les permiten a los ex magistrados del Departamento de Justicia que trabajaron en casos relacionados con la FCPA revender la información privilegiada obtenida durante sus investigaciones a grandes bufetes de abogados y ganar mucho dinero.

El anuncio se produce en noviembre de 2020, en medio de elecciones municipales en Brasil. Nos enteramos que el ex juez de Curitiba fue reclutado por la oficina de Alvarez & Marsal. Agencia especializada en asesoramiento empresarial y contencioso, con sede en la capital federal en el 15 Shet NW, frente al Tesoro de Estados Unidos y a 200 metros de la Casa Blanca.

 

Traducción: Marcelo Canossa.

 

 

 

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