El 18 de octubre de 1884, el canciller Francisco J. Ortiz le envió una breve pero contundente misiva a Luigi Mattera, por entonces nuncio apostólico: “En vista de la actitud asumida por vuestra excelencia en sus relaciones con el gobierno de la República, el señor Presidente me ordena enviar a vuestra excelencia sus pasaportes, fijándole el término de 24 horas para dejar el territorio de la Nación”. Julio A. Roca había decidido expulsar al representante diplomático de la Santa Sede por operar abiertamente en contra de la ley 1420 —de enseñanza laica, gratuita y obligatoria— votada unos meses antes.
La respuesta del Vaticano no tardó en llegar: “Vuestra excelencia conoce mejor que todos los demás los graves cambios introducidos en estos últimos tiempos en la legislación del país, en daño de la religión católica, profesada por la gran mayoría, si no por la totalidad del pueblo argentino. Conoce la inconsiderada deliberación de introducir en las escuelas católicas directoras y maestras protestantes; la amplísima facultad concedida a los ministros heterodoxos de distribuir Biblias entre el pueblo con toda libertad, vilipendiando además en sus sermones dominicales las personas y las cosas sagradas, con grande escándalo de los buenos fieles (...)”. El conflicto provocó la ruptura de relaciones entre ambos Estados, reanudadas 16 años más tarde, durante la segunda presidencia de Roca.
El drama tuvo un primer acto en Córdoba, cuando el vicario apostólico y provisor de aquella diócesis, Gerónimo Clara, estableció a través de una pastoral que era ilícito para los padres católicos el envío de sus hijos a la Escuela Normal que el gobierno nacional iba a inaugurar en dicha ciudad, bajo la dirección de satánicas maestras protestantes oriundas de Estados Unidos. Clara era un reincidente: unos años antes, en 1853, había considerado que los constituyentes no tenían autoridad moral para legislar sobre la libertad de culto. Es cierto que, si bien la Constitución votada en aquel entonces afirmaba que “el gobierno federal sostiene el culto católico, apostólico romano”, también defendía el derecho a “ejercer libremente su culto” de manera particular a los extranjeros que habiten el suelo argentino, en línea con el objetivo de fomentar la inmigración europea. Una decisión casi mefistofélica. El gobierno hizo uso de una prerrogativa constitucional y relevó al vicario de Córdoba, lo que impulsó las protestas de Mattera y su inmediata expulsión.
Mal que les pese a algunas almas de cristal, la grieta que consideran una calamidad reciente ya existía en aquella época. De un lado estaban los defensores de la Iglesia como José Manuel Estrada y Nicolás Avellaneda y del otro, laicos apasionados como Domingo Faustino Sarmiento y Eduardo Wilde, ministro de Educación del gobierno de Roca. Los primeros eran tildados de “sacristanes”, mientras que los segundos eran tratados de “masones”, lo cual no era falso —ambos lo eran—, aunque esa condición era casi un insulto. Por aquel entonces, las profundas discrepancias políticas no se resolvían tomando el té con scones en Las Violetas (lugar emblemático que acababa de ser inaugurado), sino a los bastonazos. Y a falta de bastones, a los piedrazos. No era para menos: para los “sacristanes”, los “masones” buscaban apoderarse de la escuela donde se “forma el alma de los pueblos”.
Como escribió Natalio Botana en El orden conservador, al asumir la presidencia, Julio A. Roca decidió atacar de raíz la debilidad crónica del gobierno central haciendo uso de todas las prerrogativas de las que gozaba constitucionalmente y amparado en el apoyo del Ejército. Tenía que construir un Estado moderno y, por lo tanto, de forma inevitable, debía avanzar en los terrenos que la Iglesia consideraba propios: en pocos años creó el registro civil, los cementerios dejaron de estar administrados por la Iglesia y se sancionó el matrimonio civil. Para lograr "paz y administración", el lema de su presidencia, debía quitarle a la Iglesia católica el monopolio sobre el registro de las personas y los actos civiles. El conflicto mayor, sin embargo, fue el que generó la escuela laica. Una carta de Roca a Enrique B. Moreno, por entonces ministro plenipotenciario en la República Oriental del Uruguay, ilustra la tensión del momento: "Estamos en plena lucha con los clericales, que se nos vienen a las barbas y quieren sobreponerse a la Constitución y a las leyes. La opinión se conmueve con tal motivo y la gran mayoría del país se levanta dispuesta a sostener el gobierno que tiene entre sus manos la bandera más simpática a los pueblos en el presente siglo. Parece que se trata de una verdadera conspiración de la Corte romana contra las repúblicas sudamericanas que tienen una causa común en esta lucha".
La base conceptual de la polémica ley 1.420 fue De la educación popular, ensayo escrito por Sarmiento en 1849, durante su segundo exilio en Chile. Según María Luz Ayuso, docente de Historia General de la Educación en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, “la escuela común (imaginada por Sarmiento) fue toda una batalla cultural que generaría profundos cambios políticos y sociales. Fue el primer momento de gran expansión del sistema educativo argentino junto con la creación y expansión de un sistema de formación de maestras y maestros a través de las Escuelas Normales a cargo del Estado nacional y distribuidas por todo el país (...). En los primeros años de formación del sistema, las escuelas normales y los colegios nacionales son para muchos pueblos y ciudades centros culturales con una importante función social (...). El proyecto de la escuela moderna acompaña el proceso de integración social que tenía Sarmiento, en particular, vinculado a los saberes que distribuirían a toda la población: un idioma común, leer, escribir, contar”.
Más allá de las batallas campales y culturales, el éxito de la nueva norma fue contundente. En 1869, el país contaba con 82.000 alumnos, cifra que aumentó a 247.000 en 1895, según datos censales.
La ley 1.420 es uno de nuestros grandes consensos ciudadanos y sólo un pequeño grupo de reaccionarios efervescentes se anima a rechazarla. El diputado Alberto Benegas Lynch (hijo de Alberto Benegas Lynch, hijo), tenaz representante de esa minoría, sostuvo al respecto: “Yo no creo en la obligatoriedad de la educación. Es una responsabilidad de los padres (...). Muchas veces puede pasar en la estancia, y sobre todo en la Argentina, que no te podés dar el lujo de mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitás en el taller junto al padre trabajando”.
Pero si la educación pública es alabada por todos, incluso por gobiernos que la desfinancian, como el de Javier Milei —el Presidente de los pies de Ninfa—, es porque muchos argentinos la asimilamos a la integración de nuestros antepasados (gallegos, calabreses, turcos de Alepo o judíos de Europa Central), inmigrantes pobres que escaparon de la miseria a principios del siglo pasado. Sus descendientes conocieron las mieles de la curva social ascendente y de la integración exitosa, y por lo tanto, consideran a la educación pública como la razón de ese éxito. Se trata, sin embargo, de un error conceptual.
La curva social ascendente fue producto de una política de integración que fue más allá de la escuela sarmientina. Esta fue un instrumento, no un fin en sí misma. El Estado moderno que impulsaron Sarmiento y Roca, y que ampliaron Hipólito Yrigoyen y Juan D. Perón, requería de una burocracia eficaz, que pudiera afrontar con éxito las complejidades de un país que aspiraba al desarrollo, además de consolidar una sólida clase media. Ese objetivo no se llevó a cabo sin conflictos. Durante el primer gobierno de Yrigoyen, la ampliación de la administración pública para cubrir nuevas necesidades del Estado (como por ejemplo la creación de YPF en 1922) generó la violenta reacción de la prensa opositora. Bajo esa mirada impiadosa, el viejo líder radical era descrito como un “santón neurótico” que llenaba los ministerios con “una horda de beduinos” y “110.000 prontuariados en la sección Robos y Hurtos”. Al no existir todavía el peronismo, el desprecio racista era ejercido sobre los radicales: “La manumisión de los negritos en masa es un fenómeno característico del yrigoyenismo.”
Hace unos días se llevó a cabo la presentación de No somos un país de mierda (todavía), ensayo escrito por el sociólogo e investigador Daniel Schteingart. El autor propone salir de lo que él considera una polarización extrema entre quienes creen que la Argentina es un “país invivible” y quienes niegan sus problemas profundos. A partir de datos estadísticos, argumenta que el país no está en el fondo del mundo, pero tampoco aprovecha todo su potencial. El resultado es que pierde desde hace medio siglo la carrera al desarrollo frente a otros países de la región. Desperdicia las ventajas que tenía a principios de los '70, es decir, antes que el manual neoliberal se hiciera hegemonía (eso lo sostengo yo, no Schteingart). Durante la presentación, en la que también participó la ex legisladora porteña Ofelia Fernández, el periodista Carlos Pagni sostuvo: “En 1973 teníamos el mismo índice de Gini que Francia: hoy tenemos el de Perú. No somos un país de mierda, todavía. Vamos en una especie de declinación que no se nota porque caemos desde muy alto. La educación es un tema urgente, que reclama una revolución educativa (...) El tema de la pobreza está radicado sobre todo en los más jóvenes: la mayoría de los pobres son chicos y la única salida es la educación”.
Pagni: "En 1973 teníamos el mismo índice de Gini que Francia: hoy tenemos el de Perú. No somos un país de mierda, pero todavía. Para encarar la pobreza hay que hacer una revolución educativa, la mayoría de pobres son chicos y la única salida es la educación". https://t.co/4MDUbY0TvG
— VINO X (@vinoxarg) November 1, 2026
Pagni habla del Gini, un índice que mide la desigualdad en la distribución de los ingresos, y concluye proponiendo una revolución educativa. En realidad, si el problema es de distribución (y comparto que lo es), la solución debería ser, antes que nada, una revolución distributiva. Lo que ocurre es que, a diferencia de la educación —alabada por todos, incluso por quienes la desfinancian—, la distribución es un tema tabú. Hasta algunos peronistas afirman con la fe del converso que, antes de repartir, es necesario crecer. Es una afirmación que suena seria y convincente, pero que no deja de ser una falacia. En realidad, siempre podemos distribuir mejor la torta, ya sea la colosal torta de casamiento de Kim Kardashian o un alfajor Jorgito. No hay un tamaño a partir del cual no se pueda repartir mejor la riqueza. Además, al afirmar que para distribuir debemos crecer, estamos dando por sentado que la distribución actual es la más equitativa posible, lo cual es absolutamente falso, como lo prueba tanto la evolución del Gini que menciona Pagni como el cálculo del reparto entre capital y trabajo, que superó el famoso fifty fifty de Juan D. Perón con CFK (52% a favor del trabajo), cayó drásticamente con Mauricio Macri (46% para el trabajo) y siguió cayendo con Alberto Fernández y Milei. Para el sociólogo Artemio López, la cárcel de CFK se explica, justamente, por esa evolución del ingreso en favor de los asalariados.
Si el drama de la Argentina es la distribución tribal de la riqueza, no se solucionará con una mejor educación, sino con más ingresos. De hecho, la realidad actual desmiente que la educación garantice una curva social ascendente: todos conocemos a investigadores con doctorados o posdoctorados que no llegan a fin de mes y deben trabajar en alguna plataforma. Hay, además, un efecto perverso en esa afirmación: el problema sería individual, por falta de apego al estudio, y no algo sistémico: una distribución injusta de los ingresos. Por eso, el único camino para recuperar la clase media evaporada a partir del golpe del 24 de marzo de 1976 es un aumento potente de sus ingresos.
Más que una revolución educativa, lo que necesitamos es un shock distributivo, una gran fórmula que propone Amado Boudou.
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