Construir prisiones de máxima seguridad, aumentar las formas de castigo, aislar a los presos, restringir las visitas de los familiares, dificultar el contacto con los abogados. Las provincias de Córdoba y Santa Fe avanzan en una modelo de política carcelaria que reconoce esos puntos en común y una influencia que no se nombra pero resulta evidente, la del estado de excepción y el encarcelamiento masivo que permitió al Presidente Nayib Bukele reducir la violencia en El Salvador.
La reciente ley de organizaciones criminales sancionada por el Congreso de la Nación y la reforma de leyes orgánicas de fuerzas de seguridad federales y provinciales avanzan contra derechos y garantías. La tradición jurídica de la Argentina parece sin embargo un impedimento para la aplicación del experimento salvadoreño, que requirió la suspensión de las garantías constitucionales. Una muestra de esa tradición se manifestó esta semana en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que tuvo como tema el uso de la prisión preventiva en la provincia de Córdoba.
La audiencia se realizó en forma virtual a pedido de la asociación civil Pro Homine, fue encabezada por el presidente de la CIDH y contó con la participación de representantes del Poder Judicial de Córdoba y funcionarios del Estado nacional y provincial. El abogado Jorge Cardozo, de Pro Homine, denunció la aplicación discrecional de la prisión preventiva, la “tortura por hacinamiento” en los penales extorsivos y el uso extorsivo de los juicios abreviados para forzar a los imputados a declararse culpables. “En Córdoba el principio de inocencia se ha revertido en principio de culpabilidad”, dijo.
El responsable de la Oficina de Derechos Humanos del Tribunal Superior de Justicia, Wilfrido Pérez, afirmó en la reunión que Córdoba tiene 15.590 personas privadas de la libertad, de las cuales 5628 están procesadas y 9962 cumplen condena. Adriana Revol, del Movimiento Anticarcelario, sostiene que la cifra de detenidos es superior: “Las cárceles cordobesas no están ni cerca de poder alojar a la cantidad oficial de presos”, dice, y pone como ejemplo “las celdas-nicho” del módulo 2 de la cárcel de Cruz del Eje: “El espacio que tiene cada persona es el del colchón, que es por otra parte un pedazo de goma espuma: 1,90 metro de largo, 1 metro de ancho y 1 metro de alto; son cubículos de cemento donde también tienen las pertenencias”.
Revol puntualiza la situación de las mujeres privadas de la libertad. A mediados de julio presas del Establecimiento Penitenciario número 5 de Villa María difundieron las condiciones degradantes y los maltratos que padecen a través de una carta. “A veces les niegan la prisión domiciliaria porque no tienen un domicilio apto para estar con sus hijos. Otro problema es que las obligan a tener una cuenta de la Empresa Provincial de la Energía para controlar la tobillera y en la mayoría de los barrios pobres la gente está enganchada de la luz. Entonces muchas mujeres siguen en las cárceles porque no tienen medidor ni casa en condiciones”, afirma la referente del Movimiento Anticarcelario.
Kevin Nilsen, representante del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), afirmó en la audiencia de la CIDH que Córdoba tiene una tasa de encarcelamiento de 375.3 cada 100.000 habitantes, muy por encima de la media nacional (242.9). La provincia de Santa Fe sigue de cerca, con una tasa de 324 detenidos cada 100.000 habitantes, según el registro del gobierno provincial, y promete aumentar la cifra con las obras carcelarias en marcha.
Aun sin El Infierno, como llama el gobierno de Maximiliano Pullaro a la cárcel en construcción en la localidad de Piñero, la población carcelaria en Santa Fe aumenta año tras año desde 2016 y registra un incremento del 211 % entre 2008 y 2024. En el mismo período las bandas criminales y las disputas por el mercado de las drogas se desarrollaron con el mismo ritmo. El encarcelamiento de referentes, segundas líneas, terceras líneas, sicarios, encargados de puestos de venta y colaboradores ocasionales no afectó al desarrollo criminal en la provincia. En diciembre pasado Santa Fe tenía 11814 presos, 6924 con condena y 4874 sin condena.
Adriana Revol pone en evidencia una política que focaliza en los presos y abstrae al Servicio Penitenciario de los problemas de la cárcel. “Las familias y los afectos de los presos ingresan algo de drogas, pero es mínimo en relación a lo que se mueve adentro –ejemplifica—. La droga entra a las cárceles de Córdoba con el Servicio Penitenciario. Hay un mercado cautivo para vender drogas y celulares, que no pasan en las requisas a los familiares y son otro gran negocio del Servicio Penitenciario”.
César Moreno falleció el 18 de septiembre de 2023 en la cárcel de Bouwer después de ser mantenido durante más de 48 horas en una cama de sujeción. Tenía 50 años, carecía de antecedentes penales y había sido detenido por un episodio ocurrido durante una crisis de salud mental. En la cárcel tuvo otra descompensación, recibió una paliza, torturas y agresiones psíquicas que derivaron en su muerte.
La cama de sujeción es una práctica corriente en las cárceles cordobesas, explica Revol: “Estaquean a las personas de piernas y brazos, a veces también del cuello y el torso, y los tienen sin comer, sin tomar agua, sin ir al baño”. El CNPT recomienda desde 2019 evitar esa tortura medieval “y la provincia nada, no logramos cambios”. No obstante, la denuncia del caso derivó en los procesamientos de seis penitenciarios, un director del penal y un médico.
El 31 de marzo el gobernador Martín Llaryora dio a conocer detalles del Centro de Máxima Seguridad (CEMAX), que la provincia de Córdoba construye en las adyacencias del complejo carcelario de Bouwer. El objetivo de la obra no es reducir el hacinamiento crónico en los penales provinciales sino lograr “un establecimiento modelo” destinado a internos de “alto perfil”.
El proyecto de Llaryora avanza con previsiones emblemáticas del punitivismo como el uso de uniformes en los presos, que no tendrá efecto en la seguridad pública sino en la humillación pública de los reclusos. Este retroceso al 11 de marzo de 1947, fecha en que el primer gobierno peronista suprimió el traje a rayas, ya fue emprendido por el gobierno de Santa Fe en septiembre de 2024, cuando los llamados presos de alto perfil fueron obligados a vestir ropa de color naranja.
Los presos del futuro Centro de Máxima Seguridad no podrán recibir provisiones y tendrán visitas breves cada quince días, sin contacto físico. El castigo se extenderá así también a los familiares. Llaryora atribuye los problemas de seguridad a la situación económica, pero cree que la solución es construir una cárcel: según declaró a la prensa, “la situación nacional de aumento de la pobreza y deterioro de la clase media nos lleva a reforzar la seguridad para garantizar la libertad y la vida de todos los vecinos que actúan honradamente”.
“En la cárcel de máxima seguridad los presos no van a recibir paquetes con ropa, alimentos o elementos de higiene. No sabemos quién los va a mantener a los presos, porque hoy los mantienen las familias. Tampoco sabemos si saldrán a trabajar o al área de educación, o si va a ser como en el pabellón 3 de Cruz del Eje, donde las personas están aisladas todo el tiempo en las celdas”, plantea Revol.
El grito federal que une a los gobernadores Llaryora y Pullaro es también carcelario. En el mismo mes de marzo, Santa Fe presentó su propio proyecto de cárcel de máxima seguridad. La Unidad Penitenciaria N°8 “El Infierno” recibirá a los reclusos de alto perfil, una población en crecimiento a partir de la ley de microtráfico impulsada por el gobierno de Pullaro para perseguir el menudeo de la droga en la provincia.
El plazo de finalización de la cárcel es septiembre de 2026. Los funcionarios provinciales están exultantes. “Esta obra marca un punto de inflexión en la arquitectura penitenciaria moderna. No encontramos modelos a seguir en la región, tuvimos que inventarlo. En unos años, otras provincias y países van a tomar esto como referencia, porque el fenómeno de los reclusos de alto perfil es una epidemia en América Latina”, destacó el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni. Después de la ola de crímenes en marzo de 2024 como represalia a la exhibición de presos “a lo Bukele” en las cárceles de Piñero y Coronda, el gobierno santafesino parece corregir así su estrategia de difusión. Como en Córdoba, las visitas se reducirán y no habrá contacto físico ni provisiones externas para los presos.
La nueva ley orgánica de la Policía de Santa Fe –otro logro de Pullaro, apoyado por la oposición— dispone “controlar a conductores y pasajeros de vehículos que se encuentren en circulación”. En Santa Fe si una persona no lleva el DNI se expone a ser demorada hasta seis horas y trasladada a una dependencia policial.
En una entrevista con el diario La Capital, el constitucionalista Oscar Blando recordó que el artículo 18 de la Constitución nacional prohíbe detener a las personas salvo en virtud de una ley y una decisión de un juez y afirmó que detener a una persona por no llevar el DNI “está prohibido”, ya que los policías “tienen que vincular a la persona con un hecho ilícito”. Pullaro compartió en X estas declaraciones como ejemplo de garantismo, esa suma de todos los males: “Aquí nos plantean volver a la ideología que le permitió al delito adueñarse de Rosario”. El gobernador prometió además que en la reforma de la Constitución provincial no habría “un solo concepto garantista”, pero parece haberse tratado de una nueva exhibición de demagogia punitiva ya que hasta el momento el oficialismo no planteó inquietudes al respecto.
En septiembre de 2024, el Servicio Provincial de la Defensa Pública reveló que según las actas policiales la población demorada en Rosario por no llevar documentos está conformada por personas en situación de calle, cartoneros, limpiavidrios, malabaristas, trabajadores de la construcción, cuidacoches y jóvenes de barrios periféricos. El juez Rafael Coria, que ya había rechazado una presentación por torturas en la cárcel de Piñero, descartó que existiera “una amenaza a la libertad ambulatoria” como planteó la Defensa Pública.
Según fuentes del Servicio Provincial de la Defensa, la policía santafesina continúa con las demoras de personas por no llevar documentos. El único cambio consiste en la forma de realizar las actas, por la cual no se notifican parte de los procedimientos. “Creíamos que habían bajado, pero después comprobamos que varias comisarías no informaban sobre las personas demoradas”, dicen las fuentes. Además de estar prohibidas, las detenciones por no tener documentos resultan inconducentes como prevención del delito en Santa Fe: “más de mil actas examinadas reflejaron que en ningún caso se localizó a personas con pedido de captura”.
Otra pieza relevante en el nuevo armado legal de Santa Fe es la Cámara de Ejecución Penal y Supervisión Carcelaria. Creada a partir de la ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad promulgada en diciembre del 2023, la Cámara controla la ejecución de las penas y monitorea el sistema carcelario provincial. El concurso para elegir a sus integrantes pareció una formalidad para consagrar a candidatos que ya estaban elegidos por el gobernador, ya que Horacio Pueyrredón y Valeria Haurigot reprobaron el primer tramo pero igual fueron repuestos en la carrera y seleccionados con Mario Guedes. Los memoriosos de la provincia recordaron el caso del comisario Adrián Rodríguez, jefe de la Unidad Regional de Rafaela en 2017, a quien Pullaro, entonces ministro de Seguridad, prometió enviarle las respuestas para un examen al que debía presentarse por su ascenso.
La primera resolución de la Cámara fue considerar que las restricciones a la libertad condicional y asistida para reincidentes y condenados por ciertos delitos graves no violan la Constitución ni los tratados internacionales. “Estamos instruyendo al Servicio Penitenciario para que no se tramiten más de oficio estos pedidos de libertad”, anunció el ministro Cococcioni. El Defensor Penal rosarino Martín Riccardi anunció que “iría hasta la Corte Suprema si es necesario” pero el Servicio Público para la Defensa Pública no apeló.
“Bukele encarceló a más de 100.000 personas en un país que tiene 6 millones de habitantes; en Argentina equivaldría a encarcelar a 800.000 personas. Sería una locura. La reducción de la criminalidad en El Salvador está en relación con la supresión del Estado de Derecho: no es solamente que han detenido a tantas personas sino que esas personas no tienen contacto con el mundo exterior. No hay abogados, no hay visitas, no hay contactos de familia, y de esa manera se quebró la conexión entre el adentro y el afuera”, dice el sociólogo Marcelo Bergman, director del CELIV.
La utopía punitivista no sería posible en Argentina, afirma Bergman: “Hay una pulsión de hacer lo que hizo Bukele, sin entender qué hizo cabalmente. Por más que las llamen el Infierno o de máxima seguridad, las cárceles en construcción no van a tener las características de las de El Salvador”. Mientras tanto, forma parte del “grito federal”.
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