Una semana después de la firma de un acuerdo que según el gobierno lo dejaba atrás, el conflicto entre el Ejecutivo nacional y el sistema público de educación superior mostró su supervivencia en las bandejas de entrada de la Corte Suprema, que prolonga la espera en torno a la confirmación o el rechazo de una medida cautelar definida como de naturaleza alimentaria ante tribunales inferiores.
Firmado el miércoles 10 por la mayoría de las conducciones institucionales y sindicales que promovieron la demanda original y solicitaron el amparo, el acuerdo supuso una recomposición parcial de los presupuestos y salarios universitarios afectados por la licuadora inflacionaria desde diciembre de 2023. Las lecturas sobre la oferta oficial y su aceptación fueron disímiles dentro del sector, en particular entre las bases gremiales. La principal objeción surgió del temor a que la conquista de una parte pusiera en riesgo el todo, si la Corte entendiese que la cautelar devino abstracta o el efímero salvavidas permitiese al tribunal postergar una determinación.
El gobierno no demoró en elevarle el acta del acuerdo, como un “hecho nuevo” dentro del litigio a resolver. El Consejo Interuniversitario Nacional, que agrupa a los rectorados de todas las universidades públicas, contestó que la presentación exploraba nuevas dilaciones. El intercambio contradijo la expectativa del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, que una semana antes había celebrado “un acuerdo que deja atrás el conflicto”.
Un acuerdo que deja atrás el conflicto.
El día de hoy firmamos el acta acuerdo con las Universidades Nacionales y los sindicatos docentes y nodocentes. Queda la tarea de recuperar los días de clase perdidos, el respeto a los que piensan distinto y la transparencia en el gasto.… pic.twitter.com/sDbQjUg56S
— Alejandro Alvarez (@AleCiroAlvarez) June 10, 2026
Quedará por ver cuál es la posición de la Corte y, en caso de que necesiten reiterar sus reclamos en las calles, qué grado de convocatoria conservan las universidades y los sindicatos ante la comunidad que los respaldó con masivas movilizaciones. Si un primer indicio lo ofrece el interés mediático, hasta el cierre de esta nota el nuevo capítulo del conflicto no había concentrado una atención equivalente a la que despertaron los anteriores. La sutil polisemia del término “acuerdo” contribuye a confusiones.
El verano perdido
Como relató en varias ocasiones El Cohete, el conflicto se originó en la política salarial y presupuestaria del gobierno, que apenas asumido trocó la motosierra por la más efectiva licuadora: la poda sobre el sector se efectuó con incrementos nominales por debajo de la inflación, lo que redujo rápidamente sueldos y presupuestos en términos reales.
El oficialismo buscó justificar el innegable recorte con la invocación del sacro objetivo del equilibrio fiscal, al que los números universitarios en rigor no conmueven. Luego de multitudinarias movilizaciones y tras fracasar en el intento en 2024, un año más tarde el Congreso sancionó la ley que obliga al gobierno a actualizar sueldos, gastos de funcionamiento y becas, y la ratificó tras el veto presidencial. El Ejecutivo no tuvo más remedio que promulgarla, pero en el mismo decreto suspendió su implementación. De ese hecho se derivó la demanda de inconstitucionalidad planteada por universidades y entidades sindicales, todavía sin resolución de primera instancia. Más veloz, aunque no en el grado que implica ese tipo de acción, fue la cautelar solicitada para la aplicación de la ley en los ítems de naturaleza alimentaria: tras dos fallos previos favorables, está en condiciones de ser resuelta por la Corte.
En ese punto de la trama llegó la oferta del gobierno para alcanzar un acuerdo. En números finales, se plasmó en un incremento de 21,33% sobre los básicos salariales de mayo, un 3% adicional sobre los de septiembre y negociaciones paritarias trimestrales, además de aumentos del 20% en gastos de funcionamiento, 50% en las becas del programa “Manuel Belgrano” y 50.000 millones de pesos para los hospitales universitarios.
La propuesta resultó sorpresiva, porque el Ministerio de Capital Humano venía disponiendo unilateralmente incrementos salariales por debajo de la inflación reconocida, expandiendo el despojo. El abrupto cambio de dirección pareció inicialmente explicarse en la pretensión de que, a cambio de las recomposiciones que la propia acta reconoció parciales, las universidades y los sindicatos retirasen la demanda. Hasta último momento los enviados anarcocapitalistas intentaron introducir cambios a la redacción del documento, demorando varias horas la agenda de reuniones previstas para sellar los compromisos específicos con cada estamento del sector.
Cuando se supo que la negativa de los demandantes no impidió el acuerdo con los mismos porcentajes, se acotaron las opciones para explicar el cambio de posición oficial, atribuible a una súbita buena voluntad o a una táctica para retrasar o eludir una decisión judicial adversa. La dirigencia universitaria prefirió creer en lo primero, pese a las agresiones directas sufridas hasta pocos días antes, mientras que opiniones expertas y buena parte de las bases alertaban del riesgo de la segunda opción. Si la demanda y la cautelar tropezaran en los estrados, el Ejecutivo habrá podido enfriar el conflicto con un 24,33% de incremento salarial entre junio y octubre, cuando en septiembre de 2025 el propio decreto de veto había calculado que cumplir la ley demandaría aumentos de 40,25% sobre los básicos de julio.
En el porcentaje final, las partes contemplaron la recuperación de lo evaporado el año pasado y hasta mayo último, y un 7% “a cuenta de la pérdida de poder adquisitivo del 2024”, sin dejar escrito el remanente a saldar. Tampoco se incluyó como ítem a recomponer a diciembre de 2023, mes de recambio presidencial que el gobierno entrante aprovechó como periodo de gracia, con una devaluación inaugural que llevó la inflación al 25,5% mensual y rápidamente convirtió en gruesas pérdidas los incrementos de 6% y 10% que habían sido acordados con la administración saliente para ese verano.
La vieja táctica del hecho nuevo
Conocida la firma del acta, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez señaló el riesgo de que su redacción pudiera derivar en la ausencia de objeto procesal de la acción de amparo que debe resolver la Corte. Si así ocurriese, agregó, no solo caería la pretensión de una recomposición total de salarios y becas sino también la ocasión de derribar un decreto presidencial que suspendió una ley votada y ratificada por el Congreso, lo que vinculó con prácticas autoritarias.
Lee mi posteo. Ahí esta bien explicado. La representación colectiva idónea reconocida judicialmente aceptó sin aclaración o reserva el mecanismo del Acta (que incluye que te paguen el resto de 2024 en un futuro incierto). No tenés más objeto procesal ¿Si ibas a negociar por qué… https://t.co/puZ4EwBs5p
— Andres Gil Dominguez (@agildominguez) June 11, 2026
La alarma procesal de Gil Domínguez no halló unanimidad entre sus colegas y la dirigencia universitaria la descartó hasta que el gobierno se encargó de clarificar los temores, al formular ante la Corte la presentación del acuerdo como un “hecho nuevo” en el diferendo judicializado. El escrito de Sebastián Amerio y Santiago Castro Videla, procurador y subprocurador del Tesoro, destacó en uno de sus cuatro escuetos párrafos que la firma del acta no implicó la renuncia a la posición oficial en el litigio. En palabras de Amerio y Castro Videla, expresa en cambio “la voluntad de atender, dentro de las disponibilidades presupuestarias actuales, a las necesidades tenidas en cuenta por el legislador” al votar la ley que los representantes del Ejecutivo ratifican suspendida. De la lectura que los cortesanos efectúen sobre esa afirmación y la redacción del acuerdo dependerá que consideren o no la sobrevida de objeto en la acción de amparo.
Para el Consejo Interuniversitario Nacional, el párrafo revela que la Procuración del Tesoro solo formuló la presentación para intentar una nueva maniobra de dilación, ya que reconoce que su posición no cambió. La representación universitaria recordó también a la Corte que el acuerdo no podría ser equiparable a un cumplimiento de la ley, porque en él no se incluyeron
- actualizaciones a la inversión en infraestructura;
- la recomposición del resto de los programas de becas, por fuera del “Manuel Belgrano”;
- la recuperación de haberes de investigadoras e investigadores;
- la completa identidad temporal en relación a los salarios de docentes y no docentes; ni
- las diferencias devengadas entre lo que debía pagar el Ejecutivo al momento de sancionarse la ley y lo que ahora se comprometió a abonar.
El detalle había sido omitido por el CIN en el comunicado en el que informó el acuerdo, donde no obstante anticipó que “de ningún modo resuelve el problema estructural que atravesamos”.
La definición la pondrá la Corte, cuyos miembros rechazaron la sugerencia del gobierno de excusarse por el simultáneo ejercicio de la docencia en el sector demandante, que ―con o sin licuadora― no ofrece ingresos que conmuevan las contabilidades de sus señorías. En su último escrito, el CIN le solicitó que desglose del expediente el “hecho nuevo” que introdujo el Ejecutivo y pidió por el pronto despacho de una sentencia. Como ninguna de las partes ignora, el abanico de respuestas posibles de Los Tres es amplio, e incluye la opción de una extenuante y silenciosa espera.
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