En julio de 2024, Javier Milei decidió disolver la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y resucitar la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), optando por la denominación que tuvo el organismo durante la última dictadura (1976-1983). No fue el único cambio en ese sentido. La administración de La Libertad Avanza también ocupó puestos claves de la estructura de inteligencia con militares retirados, lo que implicó un proceso inverso al que se vivía desde finales de 1983, que buscaba desmilitarizarla.
La SIDE es un laberinto que lleva a los hechos más trágicos de la historia del siglo XX: la represión en los años setenta y los atentados ocurridos en 1992 y 1994. Reconstruir, en parte, su historia es un aporte para entender todo lo que falta saber. La tarea no es sencilla. El imperio del silencio que rige dentro de “La Casa” conspira contra el conocimiento y, sobre todo, contra el control.
Creación
El 13 de mayo de 1976, el dictador Jorge Rafael Videla firmó el decreto secreto 416 por el que la Secretaría de Informaciones de Estado (SIDE) pasaba a llamarse Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). El cambio, casi imperceptible, buscaba evitar confusiones entre la central de espías y la Secretaría de Información Pública, que dependía también de la Presidencia de la Nación.
Para ese momento, la historia de la inteligencia nacional ya estaba marcada por las dictaduras y la conducción militar. La Secretaría de Informaciones de Estado había sido creada veinte años antes por otro gobierno dictatorial: la Revolución Libertadora en 1956, tras derrocar a Juan Domingo Perón, a través del decreto secreto 776. La Secretaría fue una reformulación de la Coordinación de Informaciones de la Presidencia de la Nación, que había creado Perón con el decreto 337 de 1946, y que después pasó a llamarse Coordinación de Informaciones de Estado (CIDE).
En 1964, el presidente José María Guido firmó el decreto ley 4500 que puso a la SIDE a producir inteligencia para la acción contra el comunismo. Cuatro años más tarde, la dictadura de Juan Carlos Onganía, autodenominada Revolución Argentina, con la ley 17.401 prohibió al Partido Comunista y creó la Comisión Asesora para la Calificación Ideológica Extremista (CACIE), que luego fue conocida como la Comisión Asesora de Antecedentes. Ese órgano dependía de la SIDE y se dedicaba a “fichar” a los sospechados de tener vínculos con la izquierda.
Poco tiempo antes, Onganía había dictado la ley 16.970, de Defensa Nacional, que creó la Central Nacional de Inteligencia (CNI), que dependía del presidente de la Nación. La CNI era presidida, además, por el titular de la SIDE y estaba integrada por los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas y de la Policía Federal Argentina. Su principal misión era la planificación, centralización y coordinación de la inteligencia estratégica nacional. La dictadura de la Revolución Argentina también emitió otra ley, la 20.195 de febrero de 1973, que decía que la SIDE debía dedicarse a realizar actividades informativas y a la producción de inteligencia de Estado para la seguridad nacional. Y reafirmaba que el organismo debía ser dirigido por un oficial superior de las Fuerzas Armadas.
La estructura de la SIDE durante el terrorismo de Estado
En octubre de 1975, el Consejo de Defensa emitió la Directiva 1/75 a través de la cual se diseñaba el esquema represivo con el que las fuerzas estatales iban a “luchar contra la subversión”. La responsabilidad primaria quedó en cabeza del Ejército Argentino que, desde 1973, tenía bajo su control funcional a la SIDE.
A la SIDE se le encomendó preparar al resto de las fuerzas para las actividades psicológicas a través de la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI). Este organismo también comandaba la Junta de Acción Sicológica (JUAS), a la que debía proporcionarle información sobre la “personalidad básica nacional” a partir de lo que relevaba el Departamento de Investigaciones de Opinión Pública (DIOP). Dentro de los objetivos de la acción psicológica se encontraban quebrar la voluntad de lucha del oponente, aislarlo psicológicamente y que la opinión pública nacional e internacional valoraran lo hecho por las fuerzas estatales.
La SIDE, además, tenía representación en el Centro de Operaciones Tácticas (COT) del Comando del Primer Cuerpo de Ejército y en la Central de Reunión de Información (CRI), que funcionaba bajo la órbita del Batallón de Inteligencia 601. La SIDE estaba al frente de lo que se conoce como el Grupo de Tareas 5 (GT 5), que tenía como objetivo investigar y detectar los blancos relacionados con la Junta Coordinadora Revolucionaria (JCR) y las relaciones internacionales de las organizaciones político-militares.
Es decir, la SIDE reunió funciones de persecución política y de propaganda, a nivel nacional e internacional.
Antes del golpe del 24 de marzo de 1976, el organismo empezó a adecuarse a las tareas clandestinas que se extenderían a gran escala. El 30 de diciembre de 1975, el vicealmirante Aldo Alberto Peyronel –al frente de la SIDE– firmó la resolución secreta 835. Allí disponía que el 1 de febrero de 1976 comenzaría el encubrimiento del personal: toda autoridad debía firmar con nombre de encubrimiento y todos los agentes civiles debían ser mencionados por su nombre de encubrimiento. Quedaba excluido el personal en actividad de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas de seguridad.
Semanas antes del golpe, la SIDE quedó a cargo del general Otto Carlos Paladino, que venía de ocupar el cargo de jefe de inteligencia del Estado Mayor General del Ejército. Para entonces, la SIDE estaba dividida en tres subsecretarías. La subsecretaría A estaba al mando de Roberto Oscar Terrile y tenía tres direcciones: I-Antecedentes (a cargo de Carlos Emilio Degano), II-Interior (manejada por Carlos Alberto Roque Tepedino), III-Operaciones Informativas (dirigida por Carlos Francisco Michel). Dentro de la dirección de Interior funcionaba el departamento de Contrainteligencia, que estaba manejado por Juan Ramón Nieto Moreno, quien, además, era el jefe del GT5. En sus fojas de calificaciones, Nieto Moreno aparecía como “jefe del área Cóndor” y auxiliar del “Sr. SIDE” en Santiago de Chile.
Bajo la órbita de Operaciones Informativas se encontraba el Departamento OTI o Departamento de Operaciones Tácticas I. Tenía su sede en la base de la SIDE de la calle Billinghurst 2457. La OTI estuvo comandada entre abril de 1975 y septiembre de 1976 por Néstor Horacio Guillamondegui. En septiembre de 1976, fue reemplazado por Rubén Visuara, quien permaneció en ese cargo hasta 1979.
En marzo de 1976 se creó la OT 18. Hasta 2022 se pensaba que la OT 18 se había conformado en mayo de 1976, cuando comenzaron los preparativos para poner en marcha el centro clandestino de detención Automotores Orletti, en la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, el hallazgo del legajo de Eduardo Ambrosio Giachino permitió situar el comienzo de la OT 18 meses antes, lo que coincide con el período de funcionamiento de un centro clandestino en la calle Bacacay, en el barrio porteño de Flores. Giachino fue el jefe de inteligencia de la OT 18 y sirvió de coordinador informativo entre esa estructura y la Dirección de Operaciones Informativas (la A-III).
Agentes de la OT 18, junto con integrantes del Departamento de Asuntos Extranjeros (DAE) de la Policía Federal Argentina, integraron el GT5 que operó en el marco del Plan Cóndor. El DAE funcionaba dentro de la Dirección General de Operaciones e Informaciones de la Superintendencia de Seguridad Federal (SSF). Como parte de sus tareas legales, el DAE podía intervenir en diligencias migratorias y realizar la custodia de mandatarios extranjeros que venían al país. Además, sus agentes realizaban tareas de inteligencia sobre ciudadanos de otras nacionalidades e intervenían sus comunicaciones.
Plan Cóndor
El Plan Cóndor es, para la justicia argentina, un acuerdo ilícito regional. Sus orígenes se remontan a una reunión inicial que se llevó a cabo en noviembre de 1975 en el Chile de Augusto Pinochet. Allí se acordó quiénes serían los enemigos a combatir: los miembros de las organizaciones extranjeras que eran consideradas “subversivas” y centralmente la Junta Coordinadora Revolucionaria (JCR).
En la práctica, el Plan Cóndor significó una coordinación para intercambiar información, para realizar operativos conjuntos y para trasladar clandestinamente a prisioneros y prisioneras. Según un archivo desclasificado por los Estados Unidos en 2019, el Plan Cóndor incluía una “tercera fase” que implicaba la conformación de equipos mixtos para operar en países que no eran parte de la coordinación. La SIDE era parte de esos equipos, de acuerdo a la misma fuente.
El Cóndor tenía dos divisiones burocráticas: el Condortel –el sistema de comunicaciones– y el Condoreje –que se ocupaba de las actividades operacionales. Para los Estados Unidos, los tres países que se enfocaron con más “entusiasmo” en esta coordinación fueron Chile, Argentina y Uruguay. Argentina se convirtió en un teatro privilegiado porque muchos militantes de la región se habían asentado en el país escapando de las dictaduras que ya se habían implantado en sus propias naciones.
La SIDE estuvo al frente de la Operación Cóndor en 1977. La coordinación era rotativa y ese año quedó en manos del general Carlos Laidlaw, quien estaba a cargo de la Secretaría desde diciembre de 1976.
¿Quién es quién?
Las investigaciones judiciales por los crímenes cometidos en el centro clandestino que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) permitieron reconstruir una buena parte del funcionamiento de la SIDE durante aquellos años.
Por otra parte, lo sucedido en Automotores Orletti se juzgó en cinco tramos. Se espera un nuevo juicio en el que también se examinen los delitos que tuvieron lugar en la base Pomar. Por decisión de la Cámara Federal porteña, se continuará investigando lo que pasó en Bacacay.
En estos procesos judiciales, resultaron condenados cuatro ex agentes de la SIDE:
Honorio Carlos Martínez Ruiz:
Entró al organismo en 1970 como personal complementario. En 1972, se le dio de alta como agente civil de inteligencia. En mayo de 1975 renunció para irse a trabajar a una inmobiliaria y en octubre de ese mismo año pidió su reincorporación. Fue parte de la banda de Aníbal Gordon que actuó en los centros clandestinos de la SIDE. En 1977, fue detenido mientras intentaba cobrar el secuestro extorsivo del empresario Pedro León Zavalía. Le decían Pájaro o Pajarovich. En 2024, fue visitado en el penal de Ezeiza por un grupo de diputados oficialistas. Murió en febrero de 2025 mientras cumplía la pena de prisión perpetua.
Eduardo Alfredo Ruffo:
Agente orgánico de la SIDE. Actuó como agente civil de inteligencia desde 1970 hasta 1978. Fue uno de los firmantes del contrato de alquiler del galpón donde funcionó Automotores Orletti. Lo describieron como uno de los encargados del centro clandestino. Se apropió de la niña Carla Rutila Artés Company. Para el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de la Ciudad de Buenos Aires, Ruffo era una de las personas que conocía el sistema de entrega de los hijos y las hijas de quienes estaban secuestrados en Orletti. Integró desde su formación la agencia de seguridad Magister SRL, de la que era jefe operativo. Cumple una condena a prisión perpetua. Se encuentra en arresto domiciliario.
Miguel Ángel Furci:
Ingresó en la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI) en 1971. Fue custodio de dos jefes de la SIDE, el vicealmirante Aldo Alberto Peyronel y Otto Carlos Paladino. Paladino fue quien lo envió a la “cueva” de Venancio Flores. En 1985, la SIDE le dio la baja cuando se hizo público que se había apropiado de Mariana, hija de María Emilia Islas Gatti y Jorge Roberto Zaffaroni. Furci escapó a Paraguay. En 1992, fue detenido por la sustracción de Mariana. Condenado a prisión perpetua por los crímenes en Orletti, murió en 2024 después de un episodio violento en su casa, donde había sido enviado a cumplir arresto domiciliario.
César Alejandro Enciso:
Ingresó en la SIDE en 1974. Renunció a mediados de 1976, pero sin dejar de prestar funciones en Automotores Orletti. Se reincorporó ese mismo año y fue dado de baja en mayo de 1977. Era cercano a Aníbal Gordon y estaba casado con la hija de Otto Carlos Paladino. Integró el GT 5, que funcionó bajo las órdenes de Juan Ramón Nieto Moreno. Para la justicia, fue parte de la banda de Gordon desde principios de los ‘70 hasta mediados de 1983. Se desempeñó en la agencia de seguridad Magister SRL. Murió mientras cumplía una condena a 16 años de prisión.
También recibió la pena de prisión perpetua Eduardo Rodolfo Cabanillas, un oficial del Ejército que fue enviado en comisión a la SIDE en agosto de 1976. Fue el segundo jefe de la OT 18, detrás de Marcos Calmon.
Durante la dictadura, la SIDE tuvo tres jefes distintos. En primer lugar, el puesto fue ocupado por Otto Carlos Paladino. Antes de llegar a la SIDE, se desempeñó en el Estado Mayor General del Ejército (EMGE) y como oficial de inteligencia. En una indagatoria, Paladino explicó que la SIDE era un destino militar al que había llegado por designación de Jorge Rafael Videla. Ocupó este cargo entre febrero y diciembre de 1976. Durante la dictadura, participaba de las reuniones semanales de gabinete en las que exponía sobre la situación social, política, gremial, estudiantil y lo que sucedía en el “campo subversivo” y en el exterior. Dejó la SIDE en diciembre de 1976, después de la fuga que obligó a desmontar Automotores Orletti. Para entonces, ya regenteaba la agencia de seguridad Magister SRL.
Tras la salida de Paladino, el lugar fue ocupado por Carlos Enrique Laidlaw, que venía de desempeñarse como jefe del EMGE y director nacional de la Gendarmería. El paso de Laidlaw fue breve, ya que dejó el cargo a principios de 1978 para asumir en el Ministerio de Planeamiento. Durante la gestión Laidlaw, la SIDE estuvo al frente de la coordinación del Plan Cóndor.
En 1978, Carlos Alberto Martínez llegó a la dirección de la SIDE. Venía de desempeñarse en la Jefatura II de Inteligencia del EMGE. Permaneció en el cargo hasta 1983. Martínez era un hombre de trato frecuente con Videla. Volvió a la SIDE durante la democracia. En 1989, lo designaron como director de la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI). Tras la reapertura de las causas por crímenes de lesa humanidad a principios de este siglo, Martínez impulsó una estrategia para promover investigaciones contra militantes de los años ‘70 y, de esa forma, forzar un “empate” que diera pie a una amnistía general.
Aníbal Gordon fue el lugarteniente de la SIDE en los centros clandestinos que funcionaron bajo su órbita –Bacacay, Automotores Orletti y Pomar. Su prontuario policial se inicia en 1951 con un caso de defraudación. Rápidamente se fue poblando con otros delitos. Integró la Triple A, la banda paraestatal de ultraderecha, y actuó como agente inorgánico de la SIDE, donde se lo conocía como Silva o Coronel Ezcurra. Fue detenido en 1984 por el secuestro del político Guillermo Patricio Kelly. Murió tres años después.
Los centros clandestinos
La actividad de la SIDE no se restringe a su edificio central en la calle 25 de mayo, a pocos metros de la Casa de Gobierno de la República Argentina. Por el contrario, tiene bases desplegadas por todo el país.
A algunas de ellas, más secretas que otras, se las llama cuevas. Así lo explicó Otto Carlos Paladino, el primer jefe de la SIDE de la dictadura, en una declaración judicial en abril de 1987:
“Se necesitaba disponer de locales diversos (...) con una fachada de oficina comercial, negocio o casa de familia. Se reunían o concurrían los agentes que trabajaban en la calle, los colaboradores (...) todo el personal que pudiera ser que concurriera para entregar información o para recibir alguna orden de búsqueda”.
Estos locales, que no siempre integraban el patrimonio de la SIDE, eran esenciales para desarrollar una tarea secreta y clandestina.
Automotores Orletti
Entre junio y noviembre de 1976, la SIDE operó un centro clandestino de detención, tortura y exterminio en un taller de automóviles ubicado en Venancio Flores 3519 en el barrio porteño de Floresta. Automotores Orletti fue una base del Plan Cóndor, la coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur. En ella actuaron agentes locales y represores de otros países. Los testimonios de las y los sobrevivientes marcan, al menos, la presencia de militares uruguayos e interrogadores chilenos. Algunos de los prisioneros de este centro clandestino fueron trasladados a Uruguay.
El local no pertenecía a la SIDE. Santiago Ernesto Cortell adquirió el garaje en 1968. En 1976, lo puso en alquiler porque enfrentaba problemas económicos. Un empleado suyo publicó varios avisos en el diario Clarín con los detalles del lugar y un teléfono al cual comunicarse. Los integrantes de la SIDE se presentaron como personas que querían el local como depósito de productos alimenticios. Fue alquilado formalmente el 1 de junio de 1976, aunque la banda de Aníbal Gordon había tomado posesión el 11 de mayo. En su oficina de la avenida Directorio 2917, Cortell firmó el contrato de locación con Felipe Salvador Silva y Julio César Cartels. Después pasaron a rubricar el documento quienes actuarían como fiadores: Juan Rodríguez y Eduardo Alfredo Ruffo. Silva era una de las identidades falsas con las que se movía Gordon. Rodríguez y Ruffo eran integrantes de la SIDE.
El local tenía dos plantas. En la planta baja estuvo alojada la mayoría de las y los prisioneros. En la parte superior, se realizaban las sesiones de tortura. El método más utilizado en este centro clandestino era el “gancho”: colgaban a los secuestrados del techo y les colocaban una especie de cinturón que descargaba shocks de corriente eléctrica.
Quienes sobrevivieron coincidieron en señalar que el lugar estaba cerca de unas vías del ferrocarril por el sonido del tren, que la patota ingresaba al lugar usando la frase “Operación Sésamo”, que se escuchaba el ruido de la cadena metálica o música a todo volumen para tapar los gritos de las torturas. Algunos hablaron también de las escaleras de madera para acceder a la planta alta y de las voces de niños y niñas que se oían cuando estaban en el recreo de la escuela que está ubicada en la misma manzana.
Para secuestrar a las y los militantes, los integrantes de la SIDE apelaron a sus herramientas habituales, como la interceptación de comunicaciones: son varios los testimonios de sobrevivientes que señalan que los agentes les hicieron escuchar conversaciones telefónicas que habían mantenido o que habían accedido a casillas de correo y, de esa forma, a sus intercambios por carta.
La banda de Gordon combinó la persecución a opositores políticos con la extorsión económica. Eso puede verse con nitidez en la maniobra que se puso en marcha tras el rapto del obrero gráfico uruguayo Gerardo Gatti, fundador del Partido para la Victoria del Pueblo (PVP). Secuestrado el 9 de junio de 1976, Gatti fue inicialmente llevado a la Superintendencia de Seguridad Federal (SSF) y después conducido a Automotores Orletti, donde sufrió torturas que lo dejaron muy malherido. La patota de la SIDE fue a buscar a un sindicalista uruguayo, Washington Pérez, para que hiciera de intermediario con los compañeros de Gatti. Pretendían que les entregaran dos millones de dólares a cambio de la vida del dirigente sindical. Como parte de la maniobra, tomaron una foto de Gatti –tirado en un camastro– con Pérez mientras sostenía un diario. Gatti llegó a decirle a su compañero que “rajara” porque sus secuestradores eran los mismos que habían matado a los políticos uruguayos Héctor Gutiérrez Ruiz y Zelmar Michelini.
Después del cierre de Automotores Orletti, varios agentes de la SIDE que actuaron allí recibieron una felicitación por su actuación en el “Operativo Oro”, que hasta el momento no se sabe a qué se refiere. Distintas investigaciones periodísticas señalaron que con el botín recaudado por Gordon en Orletti la SIDE adquirió la base que aún funciona en la avenida Coronel Díaz.
El centro clandestino de Venancio Flores se cerró después del 3 de noviembre de 1976, cuando lograron fugarse José Ramón Morales y Graciela Luisa Vidaillac. Al salir, leyeron que el cartel de la entrada decía "Automotores Orletti”. En realidad, aunque faltaban varias letras, la cartelería indicaba Cortell Automotores SA.
Los agentes de la SIDE devolvieron la llave del lugar al propietario. Cortell, que no había logrado ingresar mientras estuvieron en posesión del local, se encontró con varias sorpresas: había paredes forradas con telgopor para amortiguar los gritos de las torturas, habitaciones con rejas, lámparas grandes y quedó una abultada factura telefónica por los llamados a Uruguay y Francia. En una de sus declaraciones judiciales, Cortell contó que el almacenero del barrio le había hecho llegar su preocupación por los alaridos que se escuchaban.
Según el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de la Ciudad de Buenos Aires, que juzgó los crímenes cometidos en Orletti, la fuga tuvo consecuencias dentro de la propia estructura de la SIDE: la OT 18 –identificada con Orletti y con la base Bacacay– dejó de funcionar y Paladino dejó la jefatura de la Secretaría de Inteligencia. Después de la clausura, prisioneros uruguayos recibieron la visita de Gordon en el centro clandestino del Servicio de Información de la Defensa, ubicado en Montevideo. En una declaración judicial, Gordon dijo que residió en el país vecino porque estuvo dedicado al comercio de carne.
Base Bacacay
Antes de mudarse a Automotores Orletti, la banda de Aníbal Gordon había montado otro centro clandestino en la misma manzana: en una casona ubicada en la calle Bacacay al 3558 (3570, según la numeración de la época).
Este lugar fue identificado en 2020, por el juez federal Daniel Rafecas. La localización se produjo gracias a un cable desclasificado por los Estados Unidos, que fue aportado al juzgado por el Programa Verdad y Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. En ese reporte del 8 de septiembre de 1977, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estadounidense afirmaba que el embajador en Venezuela Héctor Hidalgo Solá, que había sido secuestrado el 18 de julio de ese año por la dictadura, habría estado alojado en Bacacay 3570. Si bien para la justicia argentina está acreditado que Hidalgo Solá fue víctima del grupo de tareas que operaba en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), el dato sirvió para identificar la base de Aníbal Gordon.
La base Bacacay estuvo activa, al menos, entre marzo y mayo de 1976. Compartió con Orletti el mismo staff de represores: todos pertenecían a la estructura de la OT 18 de la SIDE.
Bacacay habría comenzado a funcionar como centro clandestino días antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Según reconstruyó el juzgado de Rafecas, Marcelo Andrés Sallenave y Norberto Aníbal Fernandino fueron secuestrados el 16 de marzo de 1976 en Chascomús y llevados hasta esta casona para ser liberados al día siguiente.
Las detenciones en este lugar eran breves –en general de plazos de una semana. Las víctimas hicieron referencias a un sótano, a pisos de madera, a un piso con damero y a un jardín.
El cierre de Bacacay se produjo después de que el 21 de mayo de 1976 fueron encontrados asesinados los políticos uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz en un Torino borravino ubicado en la intersección de las avenidas Dellepiane y Perito Moreno. Junto con ellos estaban los cuerpos de la militante uruguaya Rosario Barredo y su compañero William Whitelaw. En sus secuestros habían intervenido la banda de Gordon y represores uruguayos.
Después de este hallazgo, el 22 de mayo de 1976 fue liberado Juan Ignacio Azarola Saint, que fue la última víctima que estuvo en Bacacay, según los registros judiciales. Entre ese día y el 9 de junio de 1976, la banda de Gordon realizó otros secuestros, posiblemente porque estaba abocada a la mudanza hacia el taller de Venancio Flores.
Por el momento, no se logró reconstruir cómo llegó la SIDE a la casa de Bacacay 3558 (ex 3570). El juez Rafecas baraja varias hipótesis: que los agentes hayan alquilado el lugar, que hayan conseguido un préstamo de palabra o que directamente lo hayan usurpado. María Esther Poggi, quien adquirió la propiedad en 1977 con su esposo, declaró que inicialmente no habían advertido la existencia del sótano, pero que al hallarlo encontraron unos zapatos rosas de gamuza y otros calzados más.
Existe en la causa judicial mención a otra propiedad en la calle Bacacay 4232. La referencia surge del domicilio dado por los agentes de la SIDE al alquilar el local de Venancio Flores. En 1984, declaró la dueña del inmueble de Bacacay 4232 y dijo que ella compró la propiedad en 1977. Al tiempo, los vecinos le dijeron que ese lugar había estado ocupado por personas que se movían en coches Ford Falcon.
Base Pomar
Después del cierre de Automotores Orletti, Aníbal Gordon debió buscar una nueva base operativa para su grupo. La encontró en el depósito ubicado en Gregorio Pomar 4171, en el barrio de Nueva Pompeya.
Este lugar fue identificado como un centro clandestino de detención que estuvo al servicio de la SIDE recién en 2022. Sin embargo, desde 1977, distintos agentes del organismo de inteligencia se habían referido a él sin dar precisiones sobre su dirección exacta.
De acuerdo con la reconstrucción hecha por el juzgado, en este lugar permanecieron cautivos, al menos, siete militantes del Partido Comunista Argentino (PCA), secuestrados el 20 de mayo de 1977 en la sede del local de avenida Callao, y el empresario Pedro León Zavalía, privado de su libertad el 14 de junio de ese mismo año.
Después del secuestro de Zavalía, el Ejército Argentino abrió un sumario contra un militar que había participado de ese operativo, el mayor Alberto Juan Hubert. En estas actuaciones, se les tomó declaración a agentes de la SIDE que relataron cómo operó la banda de Gordon después del cierre de Orletti.
El teniente coronel Juan Ramón Nieto Moreno fue uno de los que brindó su testimonio. Nieto Moreno era jefe del Departamento de Contrainteligencia y, como tal, uno de los superiores de Gordon.
Nieto Moreno relató que en febrero de 1977 recibió a Silva –uno de los nombres supuestos de Gordon– en su oficina de la SIDE. Gordon le informó que había conformado un grupo operativo con ex integrantes de la Base OT 18. El jefe del Departamento de Contrainteligencia visitó el lugar en marzo de ese año. “Se utilizó esta base para algunas actividades operacionales y como lugar de detención transitorio e interrogatorio”, afirmó Nieto Moreno.
Honorio Carlos Martínez Ruiz declaró que Gordon lo contactó en abril de 1977 para integrarse a un nuevo grupo operativo dependiente de la SIDE. De esa forma, pasó a prestar funciones en la Base Pomar, donde actuaban unas quince personas bajo el mando de Gordon. Después de su llegada, Gordon reunió al grupo y le dijo que detendrían a personas ligadas al Grupo Graiver, propietario de Papel Prensa, entre otras empresas. Se refería a Zavalía, un agente financiero que ya había estado secuestrado meses antes en Puesto Vasco, un centro clandestino de Quilmes que dependía de la policía bonaerense.
Martínez Ruiz también relató haber hecho tareas de vigilancia frente al local del PC y otro agente de la SIDE, César Albarracín, afirmó haber estado presente cuando se produjeron los secuestros. El propio Hubert declaró que la banda de Gordon había secuestrado a “diez” militantes comunistas, entre los que se contaba el diputado Juan Carlos Comínguez.
Albarracín, por su parte, hizo un aporte relevante a la identificación de la base Pomar. Fue él quien, en 1977, brindó el número de teléfono que se usaba en ese lugar: 922-4997.
La banda de Gordon alquiló la propiedad de Pomar 4171/73. El contrato se firmó el 24 de febrero de 1977 –coincidentemente con la fecha de inicio que dio Nieto Moreno– e incluía el acceso a un local y un galpón. Los locatarios tendrían posesión del lugar hasta el 21 de febrero de 1979 y únicamente podría utilizarse como depósito de frutas. La familia Lewandowski llevaba años arrendando ese depósito: antes había funcionado allí una fábrica de pastillas.
El dueño, Abraham Lewandowski, firmó el contrato con un locatario de nombre Juan José Dillon y un fiador, Néstor Eduardo Bercovich. Ni Dillon ni Bercovich figuran como agentes orgánicos de la SIDE, por lo que, por el momento, no se pudo reconstruir su vínculo con la banda de Gordon.
El hijo de Lewandowski declaró ante la justicia que los locatarios dejaron de pagar de un día para el otro y que el padre tuvo que realizar un trámite judicial para volver a acceder a su propiedad. Todo indica que el “cierre” de la base Pomar se produjo después de que la Dirección General de Investigaciones de la policía bonaerense, al mando del comisario Miguel Etchecolatz, detuviera a parte de la banda de Gordon que intervino en el secuestro de Zavalía –quien fue trasladado hasta la provincia de Córdoba mientras se tramitaba el cobro de un rescate millonario. El cautiverio de Zavalía en la estancia Las Carolinas, de Córdoba, concluyó el 23 de julio de 1977.
Según el hijo del propietario de Pomar 4171/73, el lugar fue vaciado por camiones del Ejército, que llegaron hasta esa zona de Pompeya para retirar todo lo que había quedado en ese espacio. Los militares accedieron a través de una llave que la familia dueña del depósito no tenía.
Para el juez Rafecas, la base Pomar funcionó como centro clandestino, al menos, entre el 20 de mayo y el 14 de junio de 1977.
Desaparición forzada
El 19 de octubre de 1976, el agregado legal de la embajada de Estados Unidos en la Argentina, Robert Scherrer, envió un memo sobre las desapariciones de Jesús Cejas Arias y Crescencio Galañena Hernández, que se desempeñaban en la embajada de Cuba. Los dos habían sido secuestrados el 9 de agosto de ese año.
“Sus cuerpos fueron puestos con cemento en grandes tambores y arrojados al Río Luján, cerca de Puerto Colorado en San Fernando”, informaba el cable. “El lugar donde los dos cuerpos fueron arrojados fue usado en el pasado para deshacerse de otros cuerpos por parte de la SIDE”, añadió.
En ese memo, se reportaba también que los bomberos voluntarios de San Fernando y la Prefectura habían encontrado cuerpos el 14 de octubre de 1976. En efecto, ese día se hallaron ocho cadáveres que habían sido arrojados en tambores con cal y cemento e inhumados sin identificar el 21 de octubre de 1976 en el cementerio de San Fernando. Con el tiempo, siete de ellos fueron recuperados e identificados: Alberto Mechoso, Ana María del Carmen Pérez (con un embarazo a término), Gustavo Gayá, Ricardo Gayá, Marcelo Gelman, Dardo Zelarayán y Mercedes Rosa Verón. Como concluyó el Tribunal Oral Federal (TOF) 1, la mayoría presentaba lesiones en el cráneo por herida de bala. Todos ellos, fueron secuestrados entre julio y septiembre de 1976 y fueron vistos en Automotores Orletti.
A partir de junio de 2012 fueron encontrados otros cuatro tambores en un terreno baldío cerca del aeródromo de San Fernando, que había sido rellenado con restos del dragado del río Luján. Entonces, fueron identificados los diplomáticos cubanos, María Rosa Clemente de Cancere –que también se desempeñaba en esa representación diplomática– y el estudiante Ricardo Manuel González. Todos habían estado secuestrados en Orletti.
La información que pudo reconstruirse hasta el momento indica que la metodología consistente en ocultar cuerpos en tambores arrojados al agua solo fue utilizada por la SIDE.
Infancias secuestradas
Hubo niños y niñas en los centros clandestinos que dependían de la SIDE. Al menos, dos niñas fueron apropiadas por agentes que operaron en esos campos de concentración.
Sandro, Leonardo y Tania Soba Laguna: Fueron secuestrados el 26 de septiembre de 1976 junto con su papá, Adalberto Waldemar Soba Fernández, y su mamá, María Elena Laguna. Sandro (8), Leonardo (6) y Tania (2) permanecieron junto a su mamá en Automotores Orletti hasta que fueron trasladados a Uruguay. Sandro llegó a subir las escaleras del centro clandestino y vio a otras personas que permanecían cautivas en el taller de la calle Venancio Flores.
Beatriz Elizabeth Mechoso y Alberto José Mechoso: El primero en ser privado de su libertad fue su papá, Alberto Mechoso Méndez. La banda de Gordon lo secuestró el 26 de septiembre de 1976. Alberto José (6) y Beatriz Elizabeth (4) fueron secuestrados junto con su mamá, Beatriz Castellone Techera. Los tres permanecieron cautivos en la casa de Sara Méndez, que ya estaba en poder de los represores que operaban en Automotores Orletti. Fueron trasladados con su mamá a Uruguay.
Mariana Zaffaroni Islas: Fue secuestrada el 27 de septiembre de 1976, a los 18 meses, junto con su papá, Jorge Roberto Zaffaroni, y a su mamá, María Emilia Islas Gatti. Fue apropiada por el agente de la SIDE Miguel Ángel Furci. Hasta los 17 años pensó que era hija de Furci y de Adriana González, quienes huyeron a Paraguay para evitar que la familia biológica de Mariana la localizara. En 1992 fueron detenidos por la sustracción.
Carla Graciela Rutila Artés Company: Nació el 28 de junio de 1975. Su mamá era Graciela Rutila, quien fue detenida el 2 de abril de 1976 en Bolivia. En agosto de 1976, Carla y su mamá fueron trasladadas a la Argentina. Carla fue sacada de Orletti. Inicialmente estuvo en la agencia de seguridad Magister SRL. Al tiempo, la llevaron a vivir a la casa del agente Eduardo Alfredo Ruffo y Amanda Cordero. Carla sufrió malos tratos y abusos hasta que fue recuperada en 1985 por su abuela Matilde Artés.
Aníbal Simón Méndez: Es hijo de Sara Rita Méndez y Mauricio Gatti Antuña. Nació el 22 de junio de 1976 en la clínica Bazterrica. Lo anotaron como Simón Riquelo dado que su mamá tenía documentación falsa porque estaba siendo perseguida. Lo secuestraron junto a ella el 13 de julio de 1976. No fue llevado a Orletti, sino que la patota que operaba en ese centro clandestino lo habría dejado en el Sanatorio Norte. Fue apropiado por el subcomisario Osvaldo Armando Parodi. Se reencontró con su mamá recién en 2002.
Anatole y Victoria Julien Grisonas: Anatole nació el 25 de septiembre de 1972 en Uruguay. Su hermana Victoria nació el 7 de mayo de 1975 en Argentina. El domingo 26 de septiembre de 1976 hubo un operativo en la casa en la que vivían en el partido de San Martín. Su padre, Mario Roger Julien Cáceres, fue asesinado allí. A la madre, Victoria Lucía Grisonas, la trasladaron a Orletti. Los hermanos Julien Grisonas estuvieron en ese centro clandestino y luego fueron trasladados al Servicio de Información de la Defensa (SID) de Montevideo. En diciembre de 1976, fueron llevados a Chile y abandonados en una plaza de Valparaíso. Allí fueron adoptados legalmente. En agosto de 1979, su abuela María Angélica Cáceres de Julien logró dar con ellos.
En Orletti hubo también mujeres embarazadas. Entre otras, permanecieron allí cautivas Ana María del Carmen Pérez, María Claudia García Iruretagoyena de Gelman, Cristina Navajas de Santucho, Ana María Baravalle y María Emilia Islas Gatti de Zaffaroni. Hasta el momento, recuperaron su identidad la hija de María Claudia García, Macarena Gelman, y el hijo de Cristina Navajas, Daniel Santucho Navajas. Ninguno de los dos nació en Orletti. Carmen Pérez fue asesinada cuando estaba a poco de dar a luz a su hijo/a. Hay testimonios de que María Emilia Islas Gatti estaba embarazada de tres meses al momento de ser secuestrada.
Durante la investigación desarrollada por el juzgado federal de Daniel Rafecas se pudo determinar que en la base Bacacay también hubo niños/as en cautiverio:
Patricia, María Fernanda y María Victoria Martínez Coutinho: Fueron secuestradas a finales de abril de 1976 junto a sus padres Jorge Martínez Platero y Alba Coutinho en Mar del Plata. Desde allí, las trasladaron a Bacacay. Alba declaró que había una mujer en el grupo de tareas que llevó para mostrar a una de sus hijas con intenciones de robársela. El grupo familiar fue liberado más adelante.
Gabriela Schroeder, María Victoria Whitelaw, Máximo Whitelaw: Fueron secuestrados el 13 de mayo de 1976 con su mamá, Rosario Barredo, y su papá, William Whitelaw. Gabriela tenía cuatro años; María Victoria, dos años y Máximo, dos meses. Estuvieron en la base Bacacay hasta que Rosario y William fueron sacados para ser asesinados. A los chicos después los trasladaron a un departamento y finalmente se los entregaron a uno de sus abuelos.
Existe, además, la presunción de que Pablo Germán Athanasiu Laschan podría haber estado junto con su madre, Frida Elena Laschan Mellado, y su padre, Ángel Omar Athanasiu Jara, en la base de la calle Bacacay. Los tres fueron secuestrados el 15 de abril de 1976. Pablo fue apropiado por el policía federal Enrique Andrés López y su esposa, Carmen Clementina Saunier.
La transición
Cuando terminó la dictadura, la SIDE seguía ahí, como un desafío para la democracia.
Raúl Alfonsín tuvo que depurar el organismo, que estaba conformado, en su mayoría, por integrantes que provenían de las Fuerzas Armadas. En los primeros dos meses, desplazó a más de ochocientos agentes, según publicó el periodista Gerardo Young en su libro SIDE: La Argentina secreta.
La SIDE no generaba confianza en el gobierno radical. Se conformó un equipo de inteligencia paralelo: el llamado Grupo Alem que tuvo como cara visible a Raúl Guglielminetti, quien venía del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército que había funcionado como un nodo para todos los servicios locales. Guglielminetti, que había actuado en Automotores Orletti, llegó a ser custodio del propio Alfonsín. Cuando se conoció su foto, se escapó a España. Otro de los célebres integrantes del Grupo Alem fue Juan Antonio del Cerro, conocido como “Colores”. Del Cerro integraba el Cuerpo de Informaciones de la Policía Federal Argentina y había actuado en los centros clandestinos del circuito Atlético-Banco-Olimpo y en la ESMA.
La purga en la SIDE derivó en lo que se conoció como la “mano de obra desocupada”. Era personal que había actuado durante la dictadura que terminó reciclado en agencias de seguridad privada. Hubo una modalidad aún más sórdida: muchos de ellos protagonizaron hechos ilícitos como secuestros, robos y asesinatos.
Durante los primeros meses de la democracia, la justicia federal investigó distintas agencias de seguridad que estaban relacionadas con personajes de la inteligencia local. El caso más conocido fue el de Magister SRL, la empresa que había conformado el ex jefe de la SIDE Otto Carlos Paladino. Su gerente de operaciones fue Eduardo Ruffo. César Alejandro “Pino” Enciso también era parte de Magister. Adriana Gordon, hija de Aníbal Gordon, se desempeñaba allí. Solía recibir las visitas de su hermano Marcelo Gordon.
Otra de las empresas que fueron puestas bajo la lupa fue SIDIP, una agencia de seguridad industrial y comercial que había fundado Rodolfo Lorenzo Schillizzi Moreno, un retirado de la Fuerza Aérea que, entre 1973 y 1976, revistó en la SIDE. Fue, además, delegado de la SIDE ante el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Justicia, donde tuvo a su cargo la reforma del Servicio Penitenciario Federal en 1975. SIDIP tenía su sede en Ramallo y avenida del Libertador, a metros de la entrada principal de la ESMA.
En 1984, Aníbal Gordon fue detenido por el secuestro del político Patricio Guillermo Kelly, ocurrido en agosto del año anterior. Una empleada de Magister declaró que el rapto se había organizado en la agencia de seguridad que dirigía Paladino.
Hubo otros ex agentes involucrados en robos de gran escala. Honorio Carlos Martínez Ruiz participó del robo de las cajas de seguridad de la sede central del Banco Nación, ubicado a metros de Plaza de Mayo. Jorge Pomponi y su padre, Joaquín Pomponi, fueron agentes de la SIDE. Terminaron, además, secuestrados en la ESMA durante casi un año. En los ‘90, Jorge Pomponi saltó a la fama junto con su cuñado, Marcelo Dubiau como parte de la banda de los “boqueteros de Recoleta”: habían excavado para robar el Banco de Crédito Argentino.
De Orletti al caso AMIA
El involucramiento de la SIDE en el caso AMIA consagró el maridaje entre los servicios de inteligencia y el sistema de justicia. La participación de funcionarios judiciales e integrantes de la SIDE en el encubrimiento del atentado permite ver que el final de la dictadura no fue un borrón y cuenta nueva para los servicios de inteligencia.
Patricio Finnen entró en la SIDE en 1974, cuando tenía 22 años. Su primer destino dentro de “La Casa” fue en Operaciones Tácticas I (OT I). Terminó la dictadura con un título de licenciado en Ciencia Política con especialización en relaciones internacionales. Entre 1989 y mediados de 1993, estuvo destinado en Israel. En 1992, cuando atentaron contra la embajada israelí en Buenos Aires, Finnen era el único hombre de la SIDE en el Medio Oriente.
A finales de 1993, creó, a pedido del secretario de Inteligencia Hugo Anzorreguy, un grupo para perseguir a Enrique Gorriarán Merlo, ex dirigente del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y del Movimiento Todos por la Patria (MTP), a quien buscaban desde el intento de copamiento al regimiento de La Tablada de 1989. El grupo se llamó Sala Patria y, según declaró Finnen en el juicio por el encubrimiento del atentado a la AMIA, estuvo conformado por una docena de agentes –que no eran todos orgánicos. En octubre de 1995, finalmente fue capturado Gorriarán en México.
Para entonces, Finnen era el subdirector del área de Contrainteligencia de la SIDE. Lejos de desarmar la Sala Patria, la usó para intervenir en la investigación sobre el atentado ocurrido en julio de 1994. Fue la Sala Patria –después de que Finnen recibiera un pedido del juez Juan José Galeano– la que pagó 400 000 dólares para que Carlos Telleldín, que estaba detenido por ser el último tenedor de la Traffic empleada para el ataque, comprometiera falsamente a un grupo de policías bonaerenses. En el juicio por el encubrimiento del atentado Finnen fue absuelto por el tribunal oral, decisión que luego fue revertida por la Cámara Federal de Casación Penal.
En 2002, Finnen terminó fuera de la Secretaría de Inteligencia (SI), tal como era la denominación que adquirió el organismo después de la aprobación de la ley 25.520.
Veinte años después, el juez federal Daniel Rafecas ordenó la detención por crímenes contra la humanidad de Finnen, quien espera ser juzgado por el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de la Ciudad de Buenos Aires por su presunta actuación en Automotores Orletti. La Cámara Federal porteña valoró entre las evidencias en su contra que dos sobrevivientes habían mencionado su sobrenombre, Paddy, y que había sido calificado en el período por el jefe de la OT 18.
Luis “Pinocho” González es otro de los ex agentes de la SIDE que estuvo vinculado a la investigación de la AMIA y fue detenido por crímenes contra la humanidad, aunque después la Cámara Federal porteña sostuvo que no se podía acreditar su presencia en Automotores Orletti. Según el juez Rafecas, González fue enlace entre la SIDE y el Departamento de Asuntos Extranjeros (DAE) de la Policía Federal Argentina. Surge de su legajo que integró el GT 5 del Batallón de Inteligencia 601 que se dedicaba a la persecución de militantes de la región. Fue felicitado porque por su labor se pudo “desbaratar” la OPR 33 Orientales y parte del MIR chileno. Durante el caso AMIA, González fue enlace con el Poder Judicial. También fue removido de la SIDE en 2002.
Los archivos
Durante muchos años se dijo que no había archivos en la SIDE de los años del terrorismo de Estado. Sin embargo, los documentos estaban. En 2020, la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) creó el programa de protección de registro y archivo, que relevó información entre el 13 de junio de 1946 y el 9 de diciembre de 1985.
A partir de ese relevamiento, se encontraron cerca de 250 000 fichas de la Comisión de Antecedentes con datos de personas y organizaciones. Se hallaron sumarios que sirvieron, por ejemplo, para conocer parte del funcionamiento de la estructura represiva vinculada a Automotores Orletti y la base Bacacay.
Uno de los primeros hallazgos hechos por la intervención de la AFI fue un álbum con fotos de personas que debían ser detectadas por las fuerzas represivas. Ese álbum, que estaba en poder de la SIDE, había sido confeccionado por la Jefatura II de Inteligencia del Ejército. La aparición de este material sirvió para que el Tribunal Oral Federal (TOF) 4 de San Martín –que tuvo a su cargo el juicio de la Contraofensiva– entendiera que la Jefatura II del Ejército cumplió un rol central a la hora de recopilar la información que surgía en los centros clandestinos y determinar cuáles serían los próximos blancos.
En diciembre de 2020, la intervención de la AFI también encontró una guía para el planeamiento de acción psicológica. La guía había sido confeccionada en 1980, cuando Martínez estaba al frente de la SIDE. El manual decía que toda la población debía ser blanco de las operaciones psicológicas y detallaba distintos recursos como la “propaganda negra” (esparcir rumores, promocionar pornografía, hacer uso de eslóganes sin autoría o impulsar chistes ridiculizantes contra determinadas personas). Todo esto podría hacerse a través de los llamados “medios ocultos”: la radio, los obsequios privados, los agentes especiales (provocadores, polemistas callejeros, esparcidores de rumores), propaganda subliminal en el cine, toxicomanía, agentes químicos e incluso lavado de cerebro.
Se hallaron también partes e informes que daban cuenta de los seguimientos al movimiento de derechos humanos.
Al igual que el resto de los organismos, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) fue objeto de vigilancia por parte de los servicios secretos. Poco después de su creación, la SIDE señalaba a Emilio Mignone y Augusto Conte como “las cabezas visibles de una nueva entidad del universo de solidaridad marxista internacional”. El mismo día de su constitución como asociación sin fines de lucro, la SIDE actualizó su base de antecedentes.
Muchos de los fundadores del CELS ya venían siendo monitoreados desde años antes. Diciembre de 1977 fue un momento bisagra en la persecución del incipiente movimiento de derechos humanos: entre el 8 y el 10 de diciembre de 1977 fueron secuestrados doce militantes que solían reunirse en la iglesia de la Santa Cruz –entre ellos, se encontraban las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet así como las madres de Plaza de Mayo Azucena Villaflor de De Vincenti, Esther Ballestrino de Careaga y María Eugenia Ponce de Bianco. Cinco días después de los secuestros de la Iglesia Santa Cruz, la SIDE informó los antecedentes de varios de los integrantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). Entre otros, remitió informes de Alfredo Bravo, Emilio Mignone, Augusto Conte, Raúl Alfonsín, Jaime de Nevares y Alicia Moreau de Justo.
Hay partes también que demuestran que la SIDE siguió con interés el reclamo por los ciudadanos uruguayos desaparecidos y que monitoreó el caso de los hermanitos Julien Grisonas como ejemplo de la violación de fronteras.
El análisis de los partes de inteligencia permite entender que la SIDE infiltró reuniones, escuchó comunicaciones telefónicas e interceptó cartas.
En 2021, se conformó la Mesa conjunta sobre documentación de inteligencia vinculada a violaciones a los derechos humanos al interior de la AFI. La Mesa debía articular con las organizaciones de derechos humanos y definir criterios para abordar la documentación que se halló en el organismo. Con la llegada al gobierno de La Libertad Avanza se descontinuó esa instancia de coordinación aunque, sorpresivamente el 24 de marzo el gobierno anunció que el presidente había ordenado “la inmediata desclasificación” de los archivos de la SIDE “vinculados a las actividades militares y guerrilleras entre 1976 y 1983”. Esto todavía no se operativizó.
El acceso público a los archivos de la SIDE, que pueden servir para echar luz sobre los crímenes cometidos en la más absoluta clandestinidad, sigue pendiente. Así, el Estado sigue obstaculizando el derecho de toda la sociedad a conocer la verdad sobre los hechos.
* Informe publicado originalmente en el portal del CELS.
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