• noviembre 30, 2025
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Sin conducción en defensa

Reconfiguración del equilibrio civil-militar

Un entusiasmado Javier Milei con el próximo ministro de Defensa Presti.

 

“Un conductor de ejércitos no se hace por decreto. Un conductor nace, llevando el óleo de Samuel en su cabeza”

Alfred von Schlieffen

 

 

La designación del teniente general Carlos Alberto Presti, actual jefe del Ejército, como nuevo ministro de Defensa, anunciada el pasado 22 de noviembre, es un evento de relevancia en la arquitectura civil-militar de la Nación. Presti se convierte en el primer militar que encabezará el Ministerio de Defensa desde la recuperación de la democracia en 1983, poniendo fin a una tradición de más de cuatro décadas ininterrumpidas de ministros civiles.

Esta decisión ha reconfigurado el equilibrio civil-militar y tensionado los límites de las leyes de Defensa Nacional y del Personal Militar. El comunicado emitido por la Oficina del Presidente (OPRA) señaló que la designación inaugura “una tradición que esperamos que la dirigencia política continúe de aquí en adelante”, dando por finalizada la “demonización de nuestros oficiales, suboficiales y soldados”. El gobierno justificó la medida argumentando que la “Argentina potencia” requiere unas Fuerzas Armadas "firmes, profesionales y despolitizadas, bajo la conducción de expertos en sus respectivas áreas".

Las reacciones fueron divergentes. Organismos de derechos humanos, como Abuelas de Plaza de Mayo, señalaron que el nombramiento es una “provocación” a las víctimas del terrorismo de Estado. Por su parte, varios ex ministros de Defensa se sumaron a la crítica: Agustín Rossi lo consideró un "enorme retroceso" para la democracia, señalando que la designación involucra a las Fuerzas Armadas en el destino del gobierno, cuando deberían ser preservadas de cualquier circunstancia política. Jorge Taiana coincidió en que se rompe un consenso democrático de más de 40 años, implicando la “utilización partidaria de las Fuerzas Armadas”.

 

 

Oscar Aguad, ex ministro de Mauricio Macri, aunque descartó riesgos institucionales para la democracia, cuestionó la designación de un militar en actividad, señalando –de manera inexacta– que “la ley no lo permite”.

Por supuesto, la medida también contó con apoyos dentro del espectro libertario, y aun fuera de él. El propagandista presidencial, Agustín Laje, sostuvo con su habitual falta de apego a la evidencia empírica: “Qué lindo ver a un militar como Ministro de Defensa (…) Pensar que el kirchnerismo te ponía en ese cargo a la montonera Nilda Garré”.

 

 

Al mismo tiempo, desde el Ministerio de Defensa y las embajadas correspondientes, le solicitaron al secretario de Asuntos Anglosajones, Juan Battaleme, que respaldara la designación de Presti. Mala decisión: reñido a muerte con el castellano, el funcionario intentó congeniar sujeto y predicado en un tuit incomprensible: “Qué manera de equivocar conceptos y de ponerse a hablar de cosas que no son. El militar se retira pero no pierde estado militar, cierto (…) A su vez deberá defender los intereses del conjunto de las FF.AA. en su condición ahora líder civil, ya que no dispondrá de su estado militar o rango” (sic). No aclares que oscureces.

 

 

Finalmente, se sumó al lote de los defensores de la medida el teniente general (R) César Milani, ex jefe del Ejército de Cristina Fernández (2013-2015), quien afirmó que el nombramiento de un militar en la conducción de Defensa no es un retroceso, sino una decisión que el peronismo "debió haber tomado hace décadas". No obstante, Milani lamentó que ese militar "responda al ala liberal que históricamente perjudicó a la institución".

 

 

 

Disponibilidad y conducción civil

La controversia se agrava por el estatus castrense con el que Presti asumirá el cargo, dado que, según afirmó, no tiene previsto solicitar su retiro. Al respecto, el gobierno determinó que asumirá como ministro, a la vez que pasará a la situación de "disponibilidad". Esta condición le permite, si terminara su gestión como ministro, retomar su carrera castrense. Presti afirmó: "Voy a seguir con jerarquía militar pero en una situación distinta".

 

 

El pase a disponibilidad está contemplado en la Ley 19.101 de Personal Militar para personal superior designado por el Poder Ejecutivo Nacional para funciones no vinculadas a las necesidades de los comandos en jefe, por un período de hasta seis meses (artículo 38, inciso 2°, numeral b).

El punto central, más allá de los aspectos administrativos, reside en la calidad de la conducción civil sobre el estamento militar. En este sentido, el CELS fue categórico al señalar que la designación de Presti implica la “militarización de la política y la politización de las Fuerzas Armadas”. La organización de derechos humanos argumenta que esta impronta militar en áreas que demandan una lógica civil conlleva el riesgo consecuente de que las Fuerzas Armadas “entren a jugar directamente en la interna del gobierno”.

 

 

Herencia genocida y voto en la ONU

La designación de Presti se produce en un contexto de ofensiva negacionista del gobierno. Su apellido está ligado a lo que el Presidente denomina “la demonización de las Fuerzas Armadas”, en referencia al juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad. El padre del nuevo ministro, el coronel Roque Carlos Presti, fue jefe del Regimiento 7 de Infantería de La Plata y, tras el golpe de 1976, se hizo cargo de la Jefatura de Policía de la provincia de Buenos Aires. Fue acusado de crímenes de lesa humanidad contra 44 víctimas y murió impune en 1993, beneficiado por la Ley de Obediencia Debida.

Aunque Carlos Alberto Presti ingresó al Colegio Militar terminada la dictadura y no tuvo participación ni responsabilidad en dichos crímenes, su encumbramiento como ministro se materializa sin que haya manifestado ninguna autocrítica institucional sobre el rol del Ejército en los crímenes de la última dictadura militar (1976-1983).

La designación se produce, adicionalmente, en un marco en el que la Argentina votó en la Asamblea General de la ONU en contra de una resolución que condena la tortura “en todo momento y lugar”. La delegación argentina se alineó con Estados Unidos e Israel, rompiendo el consenso internacional que históricamente aprobaba este tipo de documentos. El voto negativo es un gesto político deliberado y una señal de inconmovible subordinación al eje Washington-Tel Aviv, así como un paso más en la ofensiva negacionista del gobierno.

 

 

El test de los autogolpes

Ante escenarios de insurrección civil o intentos de autogolpe, como los vistos en el asalto al Capitolio en Estados Unidos (enero de 2021) o al Planalto en Brasil (enero de 2023), la lealtad democrática y el profesionalismo de las Fuerzas Armadas resultan cruciales.

En Brasil, el ex Presidente Jair Bolsonaro fue condenado por liderar una conspiración golpista que incluía planes para asesinar al presidente electo Lula y a un juez del Supremo Tribunal Federal. La investigación judicial concluyó que la conspiración fracasó, en parte, debido a la falta de apoyo de los jefes militares del Ejército y de la Fuerza Aérea. En Estados Unidos, el destacado politólogo Steven Levitsky (Universidad de Harvard) sostuvo que el asalto al Capitolio fue un “intento de autogolpe incitado por Trump”, que fracasó, en gran medida, porque el magnate fue “incapaz de conseguir el apoyo de los militares”, quienes garantizaron su respeto a la Constitución.

La clave para la supervivencia democrática ante estos eventos es que las Fuerzas Armadas permanezcan leales al poder constitucional. En este marco, una de las preocupaciones centrales de las relaciones civiles-militares, advertida adecuadamente por el ex ministro Rossi, es si Presti será el representante del Presidente ante las Fuerzas o el "representante corporativo de las Fuerzas ante el Presidente". Como apuntó el CELS en su comunicado, “incluso en países altamente militarizados, como los Estados Unidos, justamente para resguardar el control civil, un ex militar no puede ser nombrado como secretario de Defensa a menos que haya estado fuera del servicio por los últimos siete años”.

El riesgo es que la designación de Presti, impulsada por Milei a pedido de su hermana, conduzca a una situación que la sociología militar define como de “control civil informal”. Este modelo se basa en los vínculos interpersonales entre el Presidente (en este caso, su álter ego Karina Milei) y los altos mandos militares. Este enfoque, de gran utilidad para estudiar el caso de Bolivia bajo los gobiernos del MAS, da un peso preponderante a la confianza personal entre líderes políticos y autoridades castrenses. Aunque el gobierno de Evo Morales descansó en el “pacto pragmático de coexistencia civil-militar” basado en la buena relación con los oficiales, el control se reveló endeble, facilitando el golpe de Estado de 2019.

En definitiva, la lógica subjetiva –apelando al herramental teórico provisto por Samuel P. Huntington [3]– no resuelve los enclaves autoritarios. Lo que se debe mirar con atención, sobre todo en un contexto donde el nombramiento de un militar como ministro, que incluso podría retomar su carrera castrense posteriormente, implica la “politización de las Fuerzas Armadas” y su posible participación en las “internas del gobierno".

 

 

Desnacionalización estratégica

Más allá de la reconfiguración del equilibrio civil-militar que supone la asunción de un uniformado como ministro, la designación de Presti profundiza la "desnacionalización estratégica" iniciada el 10 de diciembre de 2023. Esta orientación, complemento de la “occidentalización dogmática” que domina la política exterior, se articula en tres ejes:

  • El proceso de conversión de las Fuerzas Armadas en una "guardia nacional": el gobierno busca que el instrumento militar cumpla con el “mandato” estadounidense de convertirse al modelo crime fighters o small armed forces, con funciones antidrogas y antiterroristas.

 

 

  • La ruptura del “consenso básico” de separación entre defensa nacional y seguridad interior, lo que conduce a la desprofesionalización castrense, con efectos perniciosos en materia de defensa nacional, particularmente en áreas de vital importancia como el Atlántico Sur.
  • La sumisión dogmática a los Estados Unidos: la Argentina se posiciona como una “correa de transmisión” de decisiones adoptadas en la Casa Blanca,  y se subordina de modo irrestricto a la política exterior y de seguridad internacional de Washington en su pugna global con China.

Esta genuflexión estratégica ha generado ciertas resistencias, paradojalmente, en la propia cúpula de la Armada Argentina, caracterizada por su orientación liberal de fuerte sesgo desmalvinizante. En efecto, a principios de mes trascendió que desde Presidencia se le requirió a la Armada que un destructor –que participaba en el ejercicio Unitas– se trasladara a Puerto Rico para sumarse al esquema militar estadounidense en el Caribe con el objetivo de aumentar la presión contra Venezuela.

El jefe naval, Almirante Carlos María Allievi, se negó a este pedido, argumentando que el navío no estaba en condiciones. Esta denegación generó un fuerte enojo en el círculo íntimo del poder, con Karina Milei tildando a Allievi de “pusilánime”. La designación de Presti —que echa por tierra, por ahora, las aspiraciones del titular del Estado Mayor Conjunto (EMCO), Brigadier General Xavier Isaac— busca evitar este tipo de grietas y alinear inquebrantablemente a los militares argentinos con el rol exigido por el Pentágono.

 

 

Crisis interna y falta de estrategia

Presti hereda una profunda crisis interna. El Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) está en situación de colapso, como ha denunciado la diputada nacional Agustina Propato, con una deuda acumulada de casi 240.000 millones de pesos y un déficit operativo mensual de 20.000 millones. La crisis ha derivado en la suspensión de tratamientos esenciales para pacientes oncológicos, trasplantados y personas con patologías crónicas severas.

Esta situación se suma a la "sangría" de personal, con más de 19.000 bajas voluntarias desde el inicio del gobierno, debido a los bajos sueldos y la falta de incentivos. Desde luego, el completamiento del proceso de jerarquización y equiparación salarial con las Fuerzas de Seguridad, fijado e implementado en sus primeros tramos por el gobierno anterior, ha sido abortado por la motosierra del “topo” con la increíble justificación —como surge de las declaraciones del Brigadier Isaac— de las máximas autoridades militares.

Finalmente, en el plano estratégico, el Ministerio de Defensa no ha logrado aún —ni siquiera en tiempos de inteligencia artificial y con dos años de gestión sobre su espalda— redactar su Directiva de Política de Defensa Nacional (DPDN), documento que explicita la estrategia nacional de defensa. La carencia de este decreto fundamental implica, en definitiva, el reconocimiento explícito de que la orientación defensivo-militar se instruye directamente desde los Estados Unidos. Cuando el Pentágono emita próximamente su Estrategia de Defensa Nacional (EDN), a la brevedad el general Presti adaptará los borradores para que Milei pueda suscribir su DPDN a la medida de lo esperado en Washington.

 

 

Los límites del modelo huntingtoniano

El nombramiento de Presti, y la supuesta priorización de la “expertise militar” para un cargo de naturaleza política, puede analizarse también a través del modelo de “control objetivo” de Huntington. Este esquema, decisivo en la socialización de los oficiales estadounidenses, presupone que el militar debe ser un experto en la “gestión castrense”, que opera en una esfera separada y apolítica.

La investigadora Risa Brooks, del Center for Strategic and International Studies (CSIS), publicó en la prestigiosa International Security un artículo titulado: "Paradojas del profesionalismo. Un análisis crítico de las relaciones civiles-militares en Estados Unidos", en donde evalúa si las normas vigentes de profesionalismo castrense son adecuadas para afrontar los desafíos civiles-militares actuales.

Su tesis central es que el modelo de control objetivo huntingtoniano, aunque procura robustez, contiene paradojas que “socavan el espíritu apolítico de las Fuerzas Armadas, debilitan el control de los civiles sobre la actividad militar y minan la eficacia estratégica del país en los conflictos armados". Brooks enumera tres paradojas útiles para el caso argentino:

  1. Paradoja de prohibición de la actividad política: aunque el “control civil objetivo” busca desalentar el comportamiento político, las normas huntingtonianas lo habilitan de diferentes maneras. Al respecto, la autora explica que el ethos apolítico crea “puntos ciegos” que impiden a los oficiales reconocer las consecuencias políticas de sus acciones. Al autoidentificarse como “técnicos”, desatienden la necesidad de la autocrítica. Esto se observa en el caso argentino con la falta de repudio de Presti a los crímenes de lesa humanidad, autocrítica que sí efectuaron algunos de sus antecesores (empezando por Martín Balza en 1995). La falta de una condena inequívoca, bajo el amparo de la neutralidad técnica, es en sí misma una acción política que refuerza la agenda negacionista del gobierno.
  2. Paradoja de fomento de la autoridad civil a expensas del control civil: el “control civil objetivo” de Huntington impulsa la deferencia a la autoridad civil, pero debilita el control civil efectivo. El modelo promueve —advierte Brooks— procesos de asesoramiento transaccionales y jerárquicos, en lugar de colaborativos. Esto puede ser adoptado por líderes civiles para justificar una masiva delegación de autoridad a los comandantes para "hacer su trabajo", reduciendo la transparencia y el control político efectivo. La designación de Presti, un militar en "disponibilidad" con fuerte respaldo de Karina Milei, corre el riesgo de caer en una dinámica similar: alta autoridad civil delegada que, en nombre de la “expertise técnica”, evada el control político efectivo.
  3. Paradoja de fomento de la efectividad táctica en detrimento de la estratégica: si bien el “control objetivo” de Huntington promueve la pericia táctica, limita a la vez la efectividad estratégica de diferentes maneras, fomentando una suerte de “agujero negro estratégico” (por ejemplo, con su sesgo hacia los objetivos operacionales; con su renuencia a la evaluación de los aspectos políticos en la viabilidad de la estrategia militar; con la falta de apropiación de los resultados estratégicos y la consecuente elusión de la responsabilidad por los fracasos, etc.). Brooks analiza la experiencia del general Stanley McChrystal en la guerra de Afganistán durante 2009 [4]. McChrystal, recuerda Brooks, se describió como un “técnico” que seguía el “modelo de Sam Huntington”, centrándose en el objetivo operacional de la contrainsurgencia y subestimando las preocupaciones políticas cruciales, como “la corrupción del gobierno afgano o el santuario talibán en Pakistán”[5]. Si Presti, actuando como “técnico" (¡qué mejor que un militar para la defensa!, expresan exultantes los libertarios en redes sociales), cumple mecánicamente con el mandato de hacer de las Fuerzas Armadas una guardia nacional y no discute ninguna decisión de Estados Unidos (corrigiendo los escasos “desvíos” como la negativa de Allievi a enviar un destructor al Caribe), estaría incurriendo en una falta de efectividad estratégica grave.

 

 

Brooks concluye que los líderes militares deben ser "políticamente conscientes" para distinguir entre el comportamiento partidista negativo y la participación constructiva para el éxito político-estratégico. El nombramiento de Presti representa exactamente lo contrario: una politización deliberada de las Fuerzas Armadas y una profundización del proceso de “desnacionalización estratégica”.

Como señaló Juan Perón en 1951, parafraseando la cita del conde Alfred von Schlieffen que encabeza esta nota: “Los conductores nacen, no se hacen (…) y el que nace con suficiente óleo de Samuel ya no necesita mucho más para conducir” [6].

 

 

 

 

[1] Doctor en Ciencias Sociales (UBA). Ex director nacional de Planeamiento y Estrategia (Ministerio de Defensa).
[2] Citado por Tomás Eloy Martínez. Ver Martínez, T. E. (2021). La novela de Perón. Buenos Aires: Alfaguara, p. 255.
[3] Entre las categorías de Huntington destacan los términos “control civil objetivo” y “control civil subjetivo”, vinculados al poder relativo de los grupos civiles o políticos frente a los militares. El primero es el tipo de control civil que convierte a los militares en políticamente neutrales, procurando su no interferencia en la política a partir de un sostenido profesionalismo. El subjetivo, por el contrario, supone el intento por establecer la subordinación militar a los civiles sobre la base de una particular vinculación de los uniformados con grupos políticos o civiles. Ver Huntington, S. P. (1964). El soldado y el Estado. Buenos Aires: Círculo Militar, pp. 121-125.
[4] McChrystal fue desplazado por el presidente Barack Obama en 2010, tras divulgarse un artículo de la revista Rolling Stone, en el que el general criticaba duramente a diversas autoridades políticas, entre ellas, el Vicepresidente Joe Biden y el representante especial para Afganistán y Pakistán, Richard Holbrooke.
[5] Brooks, R. (2020). "Paradoxes of Professionalism: Rethinking Civil-Military Relations in the United States", International Security, Vol. 44, No. 4 (Spring), p. 39.
[6] Perón, J. D. (1951). Conducción política, citado por Tomás Eloy Martínez. Ver Martínez, T. E. (2021). La novela de Perón. Buenos Aires: Alfaguara, p. 25.

 

 

 

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