El gobierno nacional y parte de la dirigencia política y social de la Argentina han decidido dejar librada a su suerte a la provincia de Tierra del Fuego, a la Antártida, a las Islas del Atlántico Sur y a nuestros intereses vitales y estratégicos en el sur.
El gobierno nacional anunció una baja de los aranceles a los televisores y otros productos electrónicos, la cual se efectuaría en dos etapas; la última de ellas se concretaría en enero del año 2026. Estas medidas están vinculadas a la posible eliminación del Régimen de Promoción Industrial de Tierra de Fuego, aprobado mediante la Ley N.º 19.640 del 16 de mayo de 1972 —ratificada por el Congreso de la Nación en 1974— y del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva de Tierra de Fuego. Esta ley otorgaba beneficios fiscales y aduaneros a la provincia, con el objetivo principal, por entonces, de incentivar a que los argentinos se radicaran allí. Para eso, también otorgaba exenciones en el pago del IVA y de ganancias.
A raíz de esta decisión, se convocó a un paro general en toda la provincia el pasado 21 de mayo que tuvo un alto acatamiento; mientras que, paralelamente, el gobernador de la provincia amenaza con recurrir al Poder Judicial y efectúa reuniones con empresarios y sindicatos, a los efectos de garantizar los 7.000 puestos de trabajo que están en riesgo.
Como ya señalamos en otro artículo, la provincia está bajo ataque por parte de actores externos a través de políticas de soft power, principalmente del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Estados Unidos, domésticos e intermésticos.
El impacto del Régimen de Promoción Industrial
El objetivo de la Ley Nº 19.640 del 16 de mayo de 1972 —ratificada por el Congreso de la Nación en 1974— era claramente geopolítico, en tanto que en el primer considerando de la norma se sostenía que “el régimen anterior cumplió su ciclo, pero no es menos cierto que las circunstancias que lo motivaron originalmente, en cuanto se referían a la peculiar situación geográfica extremadamente austral de los territorios involucrados y sus consecuencias directas en materia de relativo aislamiento, condiciones de vida y grado de actividad económica, y su desarrollo en gran parte mantienen actualidad”.
Teniendo presente ese objetivo, Juan Pablo De Luca y Rodrigo Kataishi publicaron un artículo en CONICET en el año 2023 en el que sostienen que ese proyecto de ley permitió “una transformación sin precedentes para el territorio en las dimensiones política, económica y social. Décadas más tarde, los impactos de estas acciones pueden apreciarse con claridad, en particular el rol que cumplió la promoción industrial en el desarrollo económico y territorial de la provincia. Las transformaciones, improntas y caminos que adoptó el subrégimen desde ese momento fueron variados. Sin embargo, puede decirse, sin lugar a dudas, que todos ellos apuntaron y contribuyeron a la integración territorial de la Argentina mediante el impulso de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur como un territorio estratégico de la Nación”.
A criterio de estos autores, el Régimen de Promoción Industrial fue azotado por “fuertes transformaciones en la economía global” y cambios en los modelos de acumulación de nuestro país, pasando, por ejemplo, desde el de industrialización por sustitución de importaciones hasta el de acumulación financiera que se inició en 1976. Más allá de esta lectura macro, también fue azotado por los vaivenes de la política argentina que, desde el retorno de la democracia, no logra acordar un nuevo modelo de acumulación.
En ese contexto, los autores sostienen que el Régimen de Promoción Industrial de Tierra del Fuego atravesó las siguientes etapas: “La primera, orientada a generar incentivos vinculados a los recursos naturales (1972-1977). La segunda, de inauguración y maduración manufacturera (1978-1994). Luego, la fase 1995-2003 de ciclo neoliberal y retraimiento industrial. La cuarta, del 2003-2015, de acumulación por valorización productiva, reconfiguración hacia la electrónica digital y crecimiento del subrégimen. La quinta, del 2016-2019, de desindustrialización y nuevo retraimiento. Y la sexta, del 2020 hasta la actualidad, de reinstauración del subrégimen y prórroga de sus beneficios”.
Aquellos que sostienen que el régimen está vigente desde hace más de 50 años, deberían al menos reconocer que durante 11 años la provincia ya fue castigada por políticas de desindustrialización que afectaron el normal funcionamiento del régimen, congelaron los sueldos y las condiciones laborales de los trabajadores y tuvieron impacto en los precios de venta.
Pese a los cambios en el contexto internacional y los vaivenes de nuestra política económica desde 1976, como resultados tangibles, se pueden destacar que:
- En primer lugar, la población pasó de 15.658 (INDEC, 1970) a 185.732 habitantes. Especialmente, la población se triplicó entre 1978 y 1991. Cabe comparar estas cifras con la región de Magallanes, lindera con a Tierra del Fuego. De acuerdo a Matías Battaglia, mientras la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur tienen una densidad poblacional de 4,75 habitantes por km2, la región de Magallanes tiene 1,1 km2.
- “Un segundo hito es en el año 2009, luego de la reactivación paulatina iniciada en 2003, cuando se establece un beneficio diferencial basado en impuestos internos y la apertura a proyectos para la producción de electrónica de consumo (…). Ello implicó una importante reconfiguración productiva, social y urbana, ya que produce un crecimiento exponencial en términos de empleo, necesidad de infraestructura, crecimiento formal e informal de sus ciudades y, ahora sí, un nuevo protagonismo dentro del mercado interno argentino”.
- En tercer lugar, “para 2021 se evidenciaron, en promedio, 48 establecimientos en actividad, con una variación en el número durante todo el año que osciló entre 41 y 52 empresas, en su mayoría radicadas en la ciudad de Río Grande (…). La estructura industrial fueguina está concentrada en el sector de la electrónica, ya que detenta aproximadamente la mitad de los establecimientos industriales (47,8%). Le siguen el sector confeccionista y textil (26,5%), la industria plástica (14,2%) y otros sectores (11,4%)”. Las industrias electrónicas, en tanto proveedoras de fabricación final de “marcas globales líderes”, están obligadas a cumplir “con los mejores estándares internacionales y actualmente se lanzan los últimos productos al mercado de forma simultánea al resto del mundo”.
- La provincia cuenta con el menor registro de empleo informal: 20% (Encuesta Permanente de Hogares, INDEC, tercer trimestre, 2024). En cuanto a la situación actual del empleo, este se refleja en el siguiente gráfico:
Claramente, el Régimen de Promoción Industrial cumplió con los objetivos estratégicos planteados en 1972 con creces y, obviamente, necesita una mejora, tal como lo han planteado los empresarios, políticos y sindicatos de la provincia, desde el territorio y no desde un escritorio de Buenos Aires.
Consecuencias de las medidas del gobierno
Cuando uno recorre Tierra del Fuego, y en general la Patagonia, es normal escuchar: “Ustedes, los del norte”. Esa frase encierra no solamente una cuestión geográfica, sino que ese nosotros (los porteños) tomamos decisiones desde una oficina del Estado nacional, de las universidades, de fundaciones o en un “cafetín de Buenos Aires” sin tener en cuenta la realidad socioeconómica, geopolítica de la provincia de Tierra del Fuego, de la Antártida ni de Islas del Atlántico Sur y sin tener presente que parte de esta región está ocupada por una potencia extranjera desde 1833. ¿Entendemos los porteños esta situación? Habiendo visto en El Eternauta cómo los cascarudos ocupaban la cancha de River, ¿podemos entender qué se siente y palpita en la provincia? Tengo mis dudas. Como planteaba en un artículo, hay actores políticos y sociales que sostienen que las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur son británicas; otros que pensamos exactamente lo contrario; y un tercer grupo a los que no les interesa el tema, son indiferentes o sienten que es un impedimento para las relaciones con Estados Unidos.
En lo que sigue me centro solo en tres argumentos para criticar la medida del gobierno y la propuesta de FUNDAR.
El primero es que las decisiones que se tomen sobre la provincia de Tierra del Fuego, la Antártida e Islas del Atlántico Sur deben estar atravesadas por la geopolítica y por el objetivo de recuperar las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur. La mayoría de los economistas no tienen esto en cuenta, ya sean de derecha o progresistas del campo nacional y popular, ortodoxos, heterodoxos o keynnesianos. No es un defecto, sino un resultado de la formación profesional: no tienen en cuenta las variables geopolíticas y/o políticas. Un economista nacional y popular me respondía que en la provincia se “gasta” 1000 millones de dólares o el 0,18% del PBI y que la provincia está a 3000 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Presidente, otro economista, sostuvo que los evasores son héroes, pero no agregó que ellos le cuestan al país el 4,4% del PBI: solo con un punto más de recaudación se solucionaría el tema de la provincia.
Por último, una búsqueda en las cinco publicaciones que figuran en la página web de FUNDAR sobre este tema muestra que: a) hay tres referencias al término “geopolítica”, dos de ellas para referirse a la ley de 1972; b) existen dos referencias a la Antártida, una de ellas en relación con los servicios logísticos antárticos, y c) ninguna referencia a Malvinas. También, el simple festejo que realizó uno de los economistas de FUNDAR con relación a las medidas del gobierno demuestra que no hay un proyecto para reconvertir la actividad económica de la isla teniendo en cuenta la geopolítica.
No son traidores, sino resultado de la indiferencia, desinterés, deformación profesional o de los efectos del soft power del Reino Unido y de Estados Unidos.
El segundo argumento es que el costo de los celulares y otros productos fabricados en la provincia bajará de precio en el resto del país. ¿Qué sucedió durante las anteriores ocasiones en que se afectó el régimen? Uno de los integrantes de FUNDAR, Juan Carlos Hallak, sostiene que los precios disminuirán “como mínimo un 9,5% por el menor pago de impuestos internos y quizá más por la competencia con los importados”. Sin embargo, el investigador ya citado, Juan Pablo De Luca, considera que en el año “2017 el gobierno de Mauricio Macri también bajó los aranceles para importar notebooks que se fabricaban en la isla y el resultado fue que dejaron de producirse y los precios no bajaron”. La edad me enseña que no caerán los precios y que los que importen se quedarán con la diferencia. Cabe agregar que esos iPhone que podríamos comprar más baratos en Capital Federal no se fabrican en Estados Unidos, sino en Corea del Sur, Japón, la provincia de Taiwán; y se ensamblan en India y China. Asimismo, India y Vietnam otorgan beneficios para que se instalen en sus países.
Por otro lado, se critica el costo fiscal que tiene el régimen. Sin embargo, Juan Pablo De Luca y Rodrigo Kataishi aclaran que los impuestos no cobrados en el año 2021 representaron el 0,35% del PBI y el 0,37% del PBI en el año 2022. De nuevo, esto frente al 4,4% que representa la evasión.
Por último, Matías Battaglia compara las políticas de la Argentina, de Rusia en Siberia, de Canadá en Northwest y Australia en Outback, las cuales tienen “muy baja huella humana”, “poca densidad poblacional” y “climas extremos”. En cuanto a la logística, las regiones de Rusia y Australia están más cerca de los flujos marítimos, a diferencia de Argentina y Canadá. En cuanto a la conectividad aérea, solo Siberia se encuentra bien vinculada. En todos los casos, existen regímenes especiales: a) CanNor en Canadá, que también apuesta al Paso del Noroeste; b) el Desert Knowledge Australia, y c) el estatus de Valdivostok en Rusia, que se aprobó en diciembre de 2014 —que ya había estado vigente entre 1862 y 1900, y 1904 y 1909— creándose, además, el Russian Direct Investment Fund para generar nueva infraestructura.
Finalmente, se ha argumentado que una reorientación de los recursos destinados al Régimen de Promoción Industrial hacia las Fuerzas Armadas contribuiría mejor a recuperar las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur. Esto es falso por dos motivos. El primero es que cada vez que los gobiernos de derecha (Carlos Menem, Mauricio Macri y, seguramente, también sucederá con Javier Milei) prometieron que los recursos de las ventas/privatizaciones se destinarían a las Fuerzas Armadas, eso no sucedió. De hecho, los importes de incremento previstos para la política de defensa en la Ley N.º 24.948 (1998) y la Ley N.º 27.565 no se cumplieron. El primero fue derogado en el 2001 y el segundo se dejó de aplicar con el actual gobierno.
El segundo es que, sin fortalecer Tierra del Fuego, no hay política de defensa en el Atlántico Sur. La defensa es más que las Fuerzas Armadas. Es la base naval construida enteramente por argentinos, el polo logístico en el puerto de Ushuaia, la base Petrel y otras infraestructuras, la diversificación de las actividades económicas y los argentinos que allí viven.
Geopolítica y política
Actores políticos y sociales, externos y domésticos, están atacando Tierra del Fuego. Tanto el Comando Sur, queriendo instalarse en la provincia, como el FMI, que pidió derogar el régimen para otorgar el último préstamo, así como los colaboradores de la periferia (actores intermésticos) y académicos, intelectuales y políticos que con buena intención no les interesa, muestran desinterés o porque no recurren a las herramientas de la política y la geopolítica, están poniendo en riesgo los intereses vitales y estratégicos de Argentina.
El seguidismo con Estados Unidos y el Excel nos puede salir más caro que solo un 0,22% del PBI.
--------------------------------
Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí
