Sin juicio y sin castigo

 

El Pozo de Banfield es el último lugar donde vieron con vida a los chicos y chicas secuestrados en el operativo conocido como la Noche de los Lápices. Cuarenta y tres años después, sobrevivientes y familiares de las víctimas siguen pidiendo que se haga un juicio en base a lo sucedido en ese lugar que, además, funcionó como maternidad clandestina y base del Plan Cóndor. Días atrás, la Cámara de Casación les dijo a los jueces que no había razón para seguir postergando el inicio del proceso.

Los integrantes de la Sala I del máximo tribunal penal del país, Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Ana María Figueroa, resolvieron que el máximo responsable del Pozo de Banfield, Juan Miguel Wolk (alias, Alemán, Nazi o Patón), debía seguir en prisión preventiva, contrariando lo que había resuelto el año pasado el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata, que debe llevar adelante el juicio.

“Es razonable concluir que la detención preventiva del encausado en la modalidad domiciliaria, en principio, es razonable a los fines de asegurar el normal desarrollo y culminación del juicio”, escribieron los casadores.

El TOF de La Plata había dictado el cese de la preventiva porque decía, entre otros argumentos, que no hay fecha para el inicio de las audiencias. Sin embargo, los casadores le respondieron que no existe tal incertidumbre porque el 7 de agosto sortearon a un juez del TOF 4 de San Martín para que se sume al proceso.

Sin embargo el tribunal todavía no puso fecha ni para la audiencia preliminar. Los más optimistas dicen que podría arrancar el juicio a principio del año próximo.

 

El máximo responsable

Marta Ungaro es la hermana de Horacio, uno de los pibes secuestrados en la noche del 16 de septiembre de 1976. Horacio tenía 17 años, estudiaba en el Normal 3 de La Plata y militaba en la Unión de Estudiantes Secundarios (UES). Se lo llevaron de su casa junto a un compañero, Daniel Racero. Por el testimonio de sobrevivientes, pudo saber que había pasado por Arana y por el Pozo de Banfield, ubicado en pleno barrio lomense, en las calles Siciliano y Vernet.

Desde principios del 76, Wolk había oficiado como jefe de la División Delitos Contra la Propiedad que funcionaba en la dependencia de Banfield. Tuvo un breve paso por la Unidad Regional de Tigre, pero volvió pronto al Pozo para asumir ahí la jefatura de la Dirección de Investigaciones – Zona Metropolitana.

Hace años que Marta está tras los pasos de Wolk. Tanto que fue ella la que averiguó que no estaba muerto como pensaba la Justicia cuando se reabrieron los juicios: vio que cobraba una jubilación por la Caja de la Policía de Buenos Aires y presentó la información ante el juzgado. Hace años que espera que se haga el juicio y que Wolk se siente por primera vez en el banquillo.

"El deseo, el pedido, es que a 43 años se haga el juicio y que tengan castigo. No nos da la vida a nosotros ni a ellos", dice Marta.

Wolk está detenido desde octubre de 2009. El entonces juez Arnaldo Corazza lo benefició con el arresto domiciliario. La Cámara de La Plata revocó esa decisión, que llegó hasta la Corte. El 10 de abril de 2012, los supremos validaron la resolución de la Cámara pero a Wolk no llegaron a notificarlo.

Cuando lo mandó a detener el juez, ya hacía una semana que una de sus hijas había denunciado su supuesta desaparición. En realidad, Wolk se había fugado y la hija estaba tratando de esquivar la responsabilidad que le cabía como garante. El represor –nacido en 1933— no fue muy lejos. Lo encontraron al año siguiente en la casa de su hermano, Demetrio. Estaba a unas 20 cuadras de su propia vivienda en Mar del Plata. Nunca fue a prisión. La hija, policía bonaerense –como el padre– y escritora de cuentos infantiles, está procesada por haber facilitado la fuga.

 

Una investigación imperfecta

Al Pozo de Banfield se ingresa por un playón. Tiene tres pisos. Las décadas dejaron grabadas en las paredes de las celdas las uñas de los detenidos. Siguió como dependencia policial hasta 2006, cuando se desalojó a la Bonaerense por el reclamo de vecinos, organismos de derechos humanos y organizaciones nucleadas en la multisectorial Chau Pozo. Desde principios de este año funciona como un sitio de memoria.

Se calcula que por allí pasaron alrededor de 300 detenidos-desaparecidos. Hubo nacimientos en cautiverio. Parte de esa dinámica la contó con detalle Adriana Calvo en el Juicio a las Juntas de 1985. Prisioneros del Pozo de Banfield fueron trasladados a Uruguay como parte del Plan Cóndor, por lo que los organismos pidieron indagatorias de represores del país vecino – que nunca se sustanciaron. El primer tramo de la causa fue elevado a juicio en 2012. Se unificó con el Pozo de Quilmes, por el que pasaron otros estudiantes desaparecidos durante la Noche de los Lápices como Emilce Moler o Gustavo Calloti.

Desde entonces esperan que se haga el juicio. “El caso de Banfield es la muestra extrema de la demora y de la falta de previsión de la política judicial”, dice Emanuel Lovelli, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo – La Plata.

El TOF 1 de La Plata no tiene jueces titulares. En este juicio van a intervenir magistrados de San Martín, Walter Antonio Venditti y Eduardo Guillermo Farah. La Casación designó el mes pasado a Esteban Carlos Rodríguez Eggers después de que otro juez se inhibiera.

En el tramo de Banfield, se deben tratar los casos de 247 víctimas y hay cinco acusados; inclusive Wolk, que debe afrontar su primer juicio. Otros cuatro represores murieron desde que se elevó la causa. Por Quilmes, hay 175 casos y 16 acusados. Según información de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de La Plata, la mayoría están en domiciliaria y hay sólo dos detenidos, Miguel Osvaldo Etchecolatz y Jorge Di Pasquale.

 

 

Una audiencia

A Pablo Díaz lo secuestraron el 21 de septiembre de 1976. Era estudiante secundario y militaba en la Juventud Guevarista. Lo llevaron a Arana y luego al Pozo de Banfield, donde compartió cautiverio con varios de los chicos y las chicas de la Noche de los Lápices. Desde que terminó la dictadura, denuncia lo que vivieron. “Que no se haya hecho el juicio es un retraso en la política de derechos humanos, una contradicción con la democracia y la república”, dice.

Este aniversario lo encontrará en Europa. El 18 tiene audiencia con el Papa, a quien le llevará el caso de los estudiantes secundarios secuestrados, especialmente el de María Clara Ciocchini, que participaba en grupos cristianos.

A María Clara la secuestraron el 16 de septiembre junto a María Claudia Falcone. Esa misma noche se llevaron a Ungaro, Racero y a Francisco López Muntaner. Según reconstruyó la Universidad de La Plata cuando reparó los legajos de los estudiantes secundarios, los secuestros habían arrancado el 1 de septiembre, cuando personal de civil se presentó en el Nacional de La Plata para interrogar a cuatro alumnos y llevarse a tres, uno logró escapar. Fueron al menos 19 los estudiantes secundarios platenses secuestrados durante esos días.

 

Un crimen que se sigue cometiendo

Emilce Moler era estudiante del bachillerato en Bellas Artes y militante de la UES cuando se la llevaron el 17 de septiembre de 1976. Estuvo detenida ilegalmente en Arana y luego en el Pozo de Quilmes. Antes de ser legalizada y pasar al penal de Devoto, la trasladaron a una comisaría de Valentín Alsina.

Espera que se haga el juicio. “Siempre digo que el pasado no ha pasado”, cuenta. “Porque ellos saben dónde están los cuerpos, pero están en silencio. Es un delito que se sigue cometiendo. Para nosotros, lo único que queda como consuelo es saber dónde están”, reclama. “En una verdadera democracia, los responsables del genocidio deben ser juzgados y condenados”.

 

 

 

 

 

 

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