El domingo 25 de octubre, en San Pablo, Luiz Inácio Lula da Silva celebró su cuarto mandato con un discurso en el que dijo que no quiere depender de una inteligencia artificial “chinesa ou americana” y dejó una frase que en la Argentina merece leerse despacio: “Eu quero criar uma brasileira”. Esa misma noche anunció que habrá que regular a las plataformas digitales, a las que acusó de haber interferido en la campaña y de ganar fortunas en Brasil “não pagando imposto para esse país”.
Del otro lado de la frontera, el gobierno de Javier Milei repite desde hace un año que la Argentina “será polo” de la inteligencia artificial. Lo que ofrece para lograrlo es conocido: energía, agua, frío patagónico, exenciones impositivas y la promesa de no regular. La geografía es la misma; los verbos, no. Brasil dice “crear”. La Argentina dice “alojar”.
En una columna anterior sostuve que preguntarnos si la IA será el germen de nuestra destrucción era una pregunta incorrecta: lo decisivo es quién la controla y para qué. La comparación entre ambos países muestra que la diferencia no es de grado, sino de dirección. Obliga a discutir con el reciente libro de Cecilia Rikap, Teoría de la dependencia digital, y con una noción que vengo trabajando, la “colonialidad por defecto”, por qué la soberanía tecnológica es una condición de la vida democrática.
Brasil: la soberanía como proyecto en disputa
Lula no parte de cero. Desde 2024, Brasil tiene un Plan Brasileño de Inteligencia Artificial con unos 23.000 millones de reales programados (no ejecutados) hasta 2028. En agosto, el gobierno anunció su ampliación: un supercomputador público que debería estar entre los diez más potentes del mundo a fines de 2027, un modelo de lenguaje nacional en portugués y una “nube brasileña” alternativa a los proveedores extranjeros. La ministra de Ciencia y Tecnología, Luciana Santos, dio el dato que explica la urgencia: el 60% de lo que se procesa de la inteligencia brasileña se procesa fuera del país.
El frente regulatorio avanza más lento. El proyecto de ley de IA, aprobado por el Senado en 2024, sigue trabado en Diputados. Más avanzado está el proyecto 4675, que crea una autoridad de competencia para las plataformas de “relevancia sistémica”. Y en septiembre se sancionó el Redata, que exime de impuestos a los centros de datos a cambio de contrapartidas: al menos el 10% de la capacidad para el mercado brasileño, energía limpia y límites al consumo de agua. Es soberanía con condiciones, pero también una alfombra roja para los grandes proveedores de nube.
El antecedente que vuelve verosímil la promesa de Lula es el Pix. El sistema de pagos instantáneos que el Banco Central lanzó en 2020 tiene hoy más de 175 millones de usuarios y canaliza casi la mitad de las transacciones del país. El Banco Central opera la infraestructura, obliga a los grandes bancos a ofrecerlo y fija tarifas máximas: exactamente los rasgos que el gobierno estadounidense calificó de “irrazonables” en una investigación bajo la Sección 301. Desde el 22 de julio, casi todos los productos brasileños pagan un arancel adicional del 25%. Lula respondió con un cartel: “O Pix é do Brasil”. Washington no sancionó a una empresa; sancionó un default público que no controla.
Argentina: la dependencia como política de Estado
La Argentina no tiene ley de inteligencia artificial, y el proyecto que el Poder Ejecutivo envió al Congreso en junio se propone, literalmente, no tenerla: su primer pilar es no regular “prematuramente”. Lo que sí crea es la “sociedad no humana”, gestionada íntegramente por agentes de IA, con responsabilidad limitada y alícuotas reducidas. Se suman la reforma de la Ley de Sociedades anunciada por Federico Sturzenegger, que habilita empresas sin empleados y disputas resueltas en tribunales extranjeros, y un “Súper RIGI” para grandes centros de datos. A esto lo llamo extractivismo jurídico: el Estado legisla para que el capital pueda no ser legislado.
La inversión que justificaría semejante generosidad sigue en el terreno de la promesa. En octubre de 2025 se anunció con bombos y platillos un centro de datos de OpenAI y Sur Energy en Neuquén por hasta 25.000 millones de dólares. Un año después no hay contrato definitivo, y OpenAI se presenta apenas como “potencial comprador” de capacidad. El polo es, por ahora, un comunicado.
Lo que no es un comunicado es el acuerdo comercial firmado con los Estados Unidos en febrero, por el que la Argentina reconoce a ese país como jurisdicción “adecuada” para transferir datos personales, aunque Estados Unidos no tiene una ley federal general de protección de datos. Lo que Brasil intenta construir por ley, la Argentina lo resigna por tratado.
El contraste con el Pix también existe de este lado: Transferencias 3.0, el QR interoperable que el Banco Central impulsó en 2021, sigue creciendo (118 millones de pagos en agosto), pero el Banco Central fija la norma sin operar la infraestructura, y en 2024 la interoperabilidad se extendió a las tarjetas tras años de presión bancaria. Es un default público sin infraestructura propia y, por eso, en disputa permanente.
La contracara de todo esto es el desguace de las capacidades que harían posible otra cosa: el ajuste sobre el CONICET y las universidades, el vaciamiento de la Comisión Nacional de Energía Atómica, la fragilidad de las plataformas educativas públicas (los portales de Educ.ar y Conectar Igualdad llegaron a quedar fuera de línea a comienzos de 2024).
Lo que explica Rikap
Cecilia Rikap, economista argentina e investigadora del University College de Londres, acaba de publicar en la editora Caja Negra Teoría de la dependencia digital. Su punto de partida es deliberadamente prosaico: la IA no razona ni planifica; es un conjunto de modelos estadísticos. Para producirla hacen falta tres insumos (algoritmos, datos e infraestructura de cómputo), y quien los controla controla el ritmo de la innovación. Ese control está concentrado en monopolios intelectuales (Microsoft, Amazon, Google) que se apropian de conocimiento producido en otros lugares. La nube es el espacio privatizado donde esa subordinación se materializa, y los Estados, vaciados de capacidades técnicas, terminan como clientes forzosos de las grandes tecnológicas.
Rikap rechaza el binario potencia imperial/colonia, que no da cuenta de una dependencia que alcanza incluso a Europa, y la metáfora del tecnofeudalismo: esto sigue siendo capitalismo. En trabajos anteriores recurrí al tecnofeudalismo de Varoufakis; la objeción me parece atendible. Si no es feudalismo, el Estado puede intervenir con defensa de la competencia, regulación y compra pública, que es lo que intenta Brasil con el proyecto 4675. Leídos con esta grilla, los dos países se ordenan solos: Brasil intenta recuperar algún control sobre los tres insumos; la Argentina ofrece los suyos (energía, agua, territorio, datos) sin reservarse ninguno.
Colonialidad por defecto
Hay un punto, sin embargo, en el que quisiera discutir con Rikap. Ella prefiere hablar de dependencia y no de colonialismo, porque la metáfora colonial supone un binario que ya no existe. Pero la colonialidad, tal como la pensó Aníbal Quijano, nunca fue ese binario: es el patrón de poder que sobrevive al fin del colonialismo formal y sigue clasificando saberes, sujetos y territorios. Quijano llegó a esa idea desde el propio debate dependentista: la discusión es de familia.
La dependencia explica la transferencia de valor, pero no del todo por qué esa transferencia no se vive como una decisión. Una escuela que organiza sus clases sobre una suite comercial, un ministerio que aloja sus datos en la nube de un hiperescalador, una universidad que adopta como norma un modelo entrenado en inglés: en ninguno de esos casos hubo, en sentido estricto, una decisión pública. Hubo un default. Y de lo que nadie decidió, nadie rinde cuentas.
Hernán Thomas, desde el análisis sociotécnico que se desarrolla en la Universidad Nacional de Quilmes, ofrece una herramienta que sirve para pensar ese default. Como escribe con Lucas Becerra, Agustín Bidinost y Oliver Davenport, una tecnología no funciona porque esté bien diseñada: “El funcionamiento es lo que hay que explicar, no lo que explica”. Que algo “funcione” es el resultado contingente de disputas y alianzas que en algún momento se cierran. Un default es eso: una clausura.
La colonialidad por defecto es la importación de esas clausuras. Las tecnologías llegan a la periferia ya cerradas en otro lugar, por otros actores y para otros problemas; lo que en el centro fue una disputa, aquí llega como norma. Andrew Feenberg diría que lo que se importa no es un artefacto, sino un código técnico: valores e intereses sedimentados en estándares que se presentan como pura técnica. Pero la clausura no viaja sola: alguien la firma, la licita, la recomienda y la enseña. Cardoso y Faletto ya advertían que la dependencia se internaliza a través de alianzas locales; González Casanova y Rivera Cusicanqui lo llamaron colonialismo interno. La “sociedad no humana» no es una demanda argentina: es una fantasía de Silicon Valley que un ministro adoptó como propia.
La precisión no es un matiz académico. Si el default se impone, solo cabe resistirlo; si se adopta, también puede dejar de adoptarse. La perspectiva de las tecnologías sociales que impulsó Thomas muestra que toda clausura puede reabrirse con otros usuarios y para otros problemas. El Plan Juana Manso demostró que el default educativo podía ser público, aunque sin una alianza que lo sostenga, esa soberanía es reversible. El Pix muestra la otra cara: un default público con infraestructura propia, uso masivo y una coalición capaz de resistir una sanción de Washington.
Desde aquí la comparación se vuelve nítida. La frase de Lula intenta convertir un default en decisión. El proyecto de Milei convierte el default en ley. “No regular prematuramente” no es ausencia de regulación: es legislar el default.
Objeciones
Sería deshonesto no someter este argumento a sus propias dudas. La primera es que la soberanía brasileña puede ser de vidriera: montos programados, una ley trabada, un supercomputador con chips importados. Es cierto, pero la diferencia que señalo no es de logros, sino de dirección: Brasil discute cómo ser soberano; la Argentina renunció a la pregunta.
La segunda es que diversificar proveedores no equivale a dejar de depender. Parte de la supercomputación brasileña se desarrolla con Huawei e iFlytek; Serpro, la empresa pública de procesamiento de datos, ejecuta en sus propios centros modelos de pesos abiertos como Qwen, DeepSeek o Llama. Los pesos abiertos permiten decidir dónde corre el modelo sin que los datos salgan del país, pero el código técnico llega cerrado: qué cuenta como una buena respuesta se definió en Hangzhou o en Menlo Park. Es una trocha por la que hoy transita parte de la soberanía brasileña, que no es un camino totalmente propio, pero al menos no exige pedir permiso.
La tercera es la más seria: ¿no es el Redata un RIGI con mejores modales? Puede serlo, si no se controla el cumplimiento de las contrapartidas. La cuarta es la escala: ningún país periférico puede competir en IA de frontera. Es, curiosamente, el argumento del propio Milei. Pero ¿es la computación de frontera el único camino al desarrollo? Un modelo brasileño entrenado bajo el mismo paradigma de escala podría ser apenas un default con bandera; es la vieja pregunta de Oscar Varsavsky por los estilos tecnológicos. La quinta es que la soberanía estatal también puede servir para vigilar: soberanía sin democracia es otro default.
Por qué importa la soberanía
La soberanía tecnológica no es autarquía ni orgullo patrio: es la capacidad de una sociedad de decidir sobre los defaults que organizan su vida. Importa para la democracia, porque una conversación pública que circula por infraestructuras que no se pueden auditar condiciona la soberanía popular. Importa para la economía: Brasil al menos sabe que el 60% de su procesamiento ocurre afuera; la Argentina ni siquiera se lo pregunta. Importa para el Estado, que sin capacidades técnicas propias es un cliente forzoso. Importa para el conocimiento: la universidad pública produce buena parte del saber que los monopolios intelectuales privatizan, y por eso defender su financiamiento es también defender la soberanía tecnológica. E importa para el futuro, porque quien no decide sus defaults ni siquiera puede preguntarse para qué quiere inteligencia artificial.
Hay, por último, una cuestión de escala: ningún país latinoamericano alcanza por sí solo el volumen de cómputo, datos y talento que la IA requiere. En ediciones anteriores me refería a la necesidad de un “Tlatelolco de la IA”. Pues bien, esa red ya empezó a tejerse. En abril, Lula, Yamandú Orsi y Claudia Sheinbaum visitaron por separado el Barcelona Supercomputing Center con una agenda explícita de soberanía digital. En febrero, Chile lanzó Latam-GPT, un modelo abierto desarrollado con instituciones de 15 países, aunque entrenado sobre Llama, de Meta. La soberanía regional todavía se construye sobre clausuras ajenas. Pero se construye, y el Estado argentino, a contramano, no aparece como impulsor de ninguna de esas iniciativas. Las elecciones de 2027 dirán si esa ausencia es una etapa o un destino.
Brasil todavía tiene que demostrar que puede “crear”. La Argentina eligió “alojar”. Pero la diferencia de fondo no está en los montos ni en las leyes, sino en que allá la dependencia es un problema político y aquí es un programa de gobierno. La pregunta no es si tendremos inteligencia artificial. Es si será una decisión o un default.
* Sociólogo, docente e investigador en la Universidad Nacional de Quilmes.
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