La contienda electoral entre Lula da Silva y el senador de extrema derecha Flávio Bolsonaro no es solo la más impredecible desde el retorno de la democracia, en 1985, en el país más grande de América Latina. Es, sobre todo, un referéndum geopolítico que marcará el destino de la región y del denominado Sur Global.
Si la dinastía Bolsonaro ganara la elección, la denominada “Doctrina Donroe”—el remake de la vieja premisa de “América para los americanos” relanzada en diciembre por Donald Trump— cubriría a la región con un manto de vasallaje colonial con tecnología del siglo XXI y ahogaría cualquier atisbo de soberanía continental en el futuro próximo. Si Lula pierde, los brasileños serán parte del rebaño cobijado bajo el control militar del Escudo de las Américas, y la región quedará subordinada a las exigencias corporativas que controlarán los recursos naturales. Los destacados espacios que Brasil ocupa en foros como el G20 o los BRICS se verían también debilitados. En el marco de este último Foro, Lula ha promovido la independencia tecnológica y sistemas para independizar financieramente al bloque de los medios bajo influencia de Estados Unidos. Asimismo, promueve el uso de monedas locales en el comercio internacional. Durante su trayectoria presidencial, Lula ha tenido un liderazgo en la defensa de la integración y coordinación política de la región y del sur global, así como en propuestas de inserción internacional soberanas y más justas.
Diplomacia de extorsión
Desde diciembre del año pasado, nuestra región asiste al regreso agresivo de la conocida Doctrina Monroe, con un nuevo envoltorio conocido como el “Corolario Trump”. El gran mérito de Lula es haber criticado firmemente los preceptos de la Estrategia de Seguridad Nacional que el gobierno estadounidense intenta imponer bajo esta iniciativa.
En el texto de la "Doctrina Donroe" se dice literalmente que “competidores no hemisféricos (o sea China) han realizado importantes incursiones en nuestro hemisferio, tanto para perjudicarnos económicamente en el presente como para perjudicarnos estratégicamente en el futuro”. No importa si esas incursiones pudieran beneficiar a los países latinoamericanos. Solo cuenta la seguridad nacional de Estados Unidos. Bajo este paraguas bombardean extrajudicialmente lanchas que supuestamente cargan drogas, secuestran Presidentes y asesinan a población civil. La nueva estrategia de seguridad nacional señala que “los términos bajo los cuales brindaremos cualquier tipo de ayuda, deben estar condicionados a la reducción de la influencia externa adversaria, desde el control de instalaciones militares, puertos e infraestructura clave (como el puerto de Chancay del Perú) hasta la compra de activos estratégicos en sentido amplio”.
El problema es que Estados Unidos no tiene capacidad real para financiar la infraestructura de la región, dada la enorme deuda pública, resultado de su gigantesco déficit fiscal sistémico de casi 6%. Por eso recurre al poder duro, a las amenazas y a una agresiva política arancelaria proteccionista. Estados Unidos observa con desesperación cómo China avanza en la región con sus inversiones y se convierte en el primer socio comercial para la mayoría de los países sudamericanos. Para que un mecanismo de subordinación continental como la “Doctrina Donroe” sea exitoso, Washington requiere de títeres locales dispuestos a ejecutar la entrega de la soberanía en sus propios territorios, como los Presidentes de la Argentina, Javier Milei, de Paraguay, Santiago Peña, de Ecuador, Daniel Novoa, más los que se han agregado recientemente en Colombia, Alberto de la Espriella y en Perú, Keiko Fujimori.
El clan familiar
En el caso de Brasil, esta función es ideal para la familia Bolsonaro, cuyos miembros han demostrado una sumisión vergonzosa. El diputado Eduardo Bolsonaro ha operado activamente desde Estados Unidos exigiendo sanciones al gobierno para socavar los intereses económicos y las instituciones de su propio país desde que Jair Bolsonaro fue condenado por el Tribunal Supremo de Justicia a 27 años de prisión domiciliaria, en septiembre de 2025, por intento de golpe de Estado con el objetivo de mantenerse en el poder tras perder las elecciones presidenciales de 2022 contra Lula da Silva.
En mayo de este año Flávio Bolsonaro visitó a Trump en un contexto de desgaste político que el senador enfrentaba por el caso Dark Horse, una investigación sobre el presunto financiamiento irregular por varios millones de dólares vinculados a Daniel Vorcaro, banquero del Banco Master, autor del mayor fraude financiero en la historia de Brasil.
Durante esa cita, Flávio Bolsonaro le solicitó a Trump que catalogara al Comando Vermelho (CV) y al Primeiro Comando da Capital (PCC) como Organizaciones Terroristas Extranjeras, lo que fue atendido inmediatamente. Lula catalogó la decisión unilateral de la administración de Donald Trump como una grave intromisión en la soberanía de Brasil. Advirtió que el combate a la delincuencia es un asunto interno que debe resolverse desde Brasil y alertó que elevar a estas facciones al rango de terroristas internacionales abre una peligrosa puerta legal para justificar una futura intervención militar estadounidense o sanciones económicas injustificadas sobre el sistema bancario brasileño.
Lula y la Policía Federal de Brasil explicaron que, desde una perspectiva técnica y legal, el PCC y el CV son organizaciones criminales transnacionales motivadas por el lucro, no grupos terroristas. El Presidente brasileño acusó a Flávio Bolsonaro de “traidor a la patria” por pedirle a un gobierno extranjero que intervenga y dicte las pautas de la seguridad nacional, y aseguró que su gobierno ya le había entregado en mano a la administración estadounidense información de inteligencia sobre grandes capos y lavadores de dinero de las mafias brasileñas que viven libremente en lujosas propiedades de Miami. Dijo, además, que si la Casa Blanca realmente quisiera cooperar contra el crimen, debía congelar los activos de esos prófugos y extraditarlos, en lugar de enviar “portaaviones a vigilar las aguas brasileñas”. Si los narcos son amigos del gobierno estadounidense, quedan libres. Como Juan Orlando Hernández, ex Presidente de Honduras, que fue condenado por un Tribunal de Nueva York a 45 años de prisión y obtuvo el perdón presidencial de Trump para que retorne a colaborar con el partido que el Presidente estadounidense apoyó en las elecciones de noviembre del año pasado.
Para Flávio Bolsonaro, esta gestión en Washington tuvo un enorme valor estratégico para su campaña presidencial, pues construyó su plataforma electoral bajo la promesa de una “guerra abierta contra el crimen organizado” y la calificación de la política de seguridad del Presidente Lula de ineficaz y blanda contra las facciones criminales.
La diplomacia militar
La columna vertebral del nuevo paternalismo continental es el Escudo de las Américas, la iniciativa militarizada y de inteligencia lanzada por Donald Trump en marzo de 2026 para supuestamente combatir el narcotráfico e intercambiar información. Diecisiete naciones forman parte ya de esa coalición militar a la cual no fueron invitados Brasil, México ni la Colombia de Gustavo Petro. Estos tres países no aceptan que Estados Unidos utilice la violencia criminal como pretexto para forzar la militarización y asegurar el control de los recursos naturales y energéticos de la región.
Así, por ejemplo, la fuerza letal en las inmediaciones del Caribe y el Pacífico no persigue el flujo de sustancias ilícitas; busca el control de las rutas de acceso a las mayores reservas de crudo del continente, singularmente en las costas de Venezuela y Colombia, lo que explica el secuestro del Presidente Nicolás Maduro y de su esposa a principios de este año.
Para operar con total impunidad en esta campaña de control territorial, la estrategia estadounidense busca evadir cualquier control internacional, induciendo a los países a desvincularse de la Corte Penal Internacional (CPI). Así, transforman a las naciones asociadas en cómplices de ejecuciones extrajudiciales y operaciones en zonas grises del derecho internacional. Una victoria de la dinastía Bolsonaro hoy representaría sumar a Brasil a este engranaje de sumisión militar, donde las soberanías nacionales quedan disueltas en nombre de una guerra contra el crimen diseñada y controlada por Estados Unidos.
La asfixia híbrida
Detrás del despliegue de fragatas y mandos militares en el marco del Escudo de las Américas opera una guerra híbrida destinada a neutralizar cualquier asomo de soberanía financiera o digital en el continente. Cualquier innovación o legislación del Sur global que ponga en riesgo los monopolios corporativos estadounidenses o desafíe la hegemonía del dólar es castigada sin contemplaciones.
El ejemplo más visible de esta represalia económica es el asedio contra el sistema PIX, una plataforma pública, instantánea y gratuita de pagos electrónicos, desarrollada por el Banco Central de Brasil. El PIX se ha convertido en un modelo de inclusión social utilizado por más del 80% de la población brasileña y ha logrado romper el monopolio de las multinacionales estadounidenses como Visa y Mastercard. La respuesta de la administración Trump ha sido realizar una investigación comercial e imponer un arancel de represalia del 25% a las importaciones de bienes brasileños El mensaje para la región es claro: la independencia tecnológica y el bienestar financiero de los ciudadanos son intolerables si perjudican las ganancias de Wall Street.
Esta coerción económica tiene lugar también en el ámbito de las redes digitales. Tal como lo hace la Unión Europea o Australia, el gobierno brasileño tiene normas de regulación para dichas redes. Al respecto, el Presidente Lula ha señalado que Brasil no cederá a la presión de la Casa Blanca para flexibilizar la regulación y los impuestos a las plataformas de redes sociales en el país. Para Lula, “la defensa de nuestra soberanía también se aplica a las operaciones de plataformas digitales extranjeras en Brasil. Para operar en nuestro país, todas las empresas nacionales y extranjeras deben cumplir con las normas”. Washington y las grandes empresas tecnológicas han catalogado los esfuerzos de Brasil por legislar y exigir responsabilidades a las plataformas digitales como “ataques a la libertad de expresión”. Se trata de una falacia monumental. Regular los espacios digitales para impedir que algoritmos adictivos diseñados para el lucro extranjero moldeen la mente de las sociedades no es censura; es una obligación ética de supervivencia. El libre albedrío algorítmico entregado a corporaciones privadas se ha convertido en un arma letal para la infancia. Una victoria de Bolsonaro hoy significaría entregar la soberanía digital del país.
Conclusión
El veredicto de las urnas brasileñas este domingo no se limitará a las fronteras del mayor país sudamericano; una victoria de Flávio Bolsonaro significaría el desplome del último gran contrapeso geopolítico en Sudamérica, dejando a México prácticamente aislado en la defensa de una diplomacia regional autónoma. Si los brasileños eligen el entreguismo de los Bolsonaro, América Latina habrá firmado voluntariamente su ingreso en una nueva era de subordinación neocolonial. El Escudo de las Américas no pacificará las calles ni financiará las carreteras, los puertos o la infraestructura que demanda la ciudadanía; custodiará con armas el petróleo, los minerales críticos y las tierras raras, mientras nos compromete a ser consumidores de sus industrias armamentísticas y tecnológicas.
No estamos ante un debate convencional entre izquierda y derecha, sino ante la disyuntiva existencial entre la soberanía o el vasallaje de nuevo cuño.
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