Soberanía satelital o el amigo Elon

 

La trayectoria de las comunicaciones satelitales en la Argentina expresa de manera prístina la metáfora del péndulo entre dos proyectos de país que se excluyen. En esta colisión que lleva tres cuartos de siglo, sus sectores económicamente estratégicos son el campo de batalla donde los gobiernos nacionales y populares construyen y acumulan riqueza –activos tecnológicos, inversiones en infraestructura, competencias en la forma de, digamos, “capital humano”–, y los gobiernos aliados a las fracciones concentradas se la apropian para impulsar negocios privados ruinosos para el país.

En términos generales, los sectores estratégicos son de retornos crecientes y producen efectos multiplicadores sobre resto de la economía, generan aprendizajes y escalamiento tecnológico y organizacional. La historia del capitalismo enseña que son el sendero hacia la mayor complejidad de la matriz productiva, autonomía creciente y, por lo tanto, hacia la generación (y diversificación) de empleo digno y de capacidades exportadoras. Por esta razón, en las economías centrales, sus sectores estratégicos suelen ser objeto de estricta regulación y de estrategias de compra estatal, de subsidios o exenciones y, para el salto exportador, de acompañamiento diplomático. Ocupar sillas en organismos multilaterales es parte de este juego. Como ejemplo, que muestra un viraje en curso –novedoso desde Reagan y Thatcher–, en la edición del 28 de Syndicate Project de septiembre de este año , se lee como título de un dossier Industrial Policy is Back (“La política industrial está de vuelta”).

“La política industrial –el uso de herramientas como subsidios específicos, incentivos fiscales y regulaciones para modificar la estructura económica y fomentar el dinamismo en sectores estratégicamente importantes– es un anatema para la ortodoxia neoliberal, que sostiene que cuanto menor sea la intervención del gobierno en la economía, mejor. Pero como las 'soluciones basadas en el mercado' se consideran cada vez más insuficientes para garantizar una prosperidad ampliamente compartida, la política industrial vuelve a estar en la agenda de muchos países”, explica el copete del dossier donde escriben economistas del mainstream.

Ejemplos concretos pueden buscarse en iniciativas de la administración Biden que, a mediados del 2022, aprobó leyes contra la inflación y el cambio climático que movilizan 465.000 millones de dólares en subvenciones para la industria estadounidense. La Reduction Inflation Act subvenciona con 7.500 dólares a cada comprador estadounidense de vehículos eléctricos fabricados en y con componentes hechos en Estados Unidos. Y la Chips and Science Act (CHIPS) subsidia con 52.000 millones de dólares a los empresarios que instalen en suelo norteamericano fábricas de microprocesadores.

A contramano de esta tendencia global, el anarco-capitalismo argentino, que hoy representa el otro lado del péndulo, donde se expresa un proyecto corporativo (no un proyecto de país), niega la propia noción de “sector estratégico” a partir de una idea de desregulación que supone des-institucionalización, pérdida de capacidades estatales, incluidas las actividades de Investigación y Desarrollo, para justificar la apropiación de activos tecnológicos generados con inversión pública y competencias y trabajo argentinos.

Veamos como ejemplo la trayectoria del sector de las comunicaciones satelitales en Argentina.

 

 

De Nahuelsat a Arsat: inversión extranjera vs. activos nacionales

Durante el gobierno de Raúl Alfonsín se comenzó a trabajar en la generación de condiciones para incorporar satélites de comunicaciones. El primer paso para la concreción de una plataforma satelital se impulsó durante la primera presidencia de Carlos Menem. A fines de 1993 se creó Nahuelsat, empresa privada con casi la totalidad de capital extranjero. Por esos años, en las proyecciones de los think tanks neoliberales todo era optimismo. América Latina era una mina de oro en las proyecciones del mercado de las comunicaciones satelitales.

De acuerdo con la concepción rentística y cortoplacista de origen, NahuelSat asumió que toda la tecnología tenía que ser importada. Por ejemplo, Nahuelsat ignoró a la CONAE –agencia civil a cargo del plan espacial argentino, creada en 1991–, así como el compromiso de la puesta en órbita de dos satélites. Solo puso en órbita el Nahuel-1, aportado por uno de los accionistas extranjeros, y puso en riesgo una de las dos posiciones orbitales asignadas a la Argentina por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) de la ONU. Tampoco la gente pagó mejores precios.

Nahuelsat fue a la quiebra en 2006 y los platos rotos quedaron, como siempre, a cargo del Estado argentino que, ese mismo año, creó la empresa pública Arsat, que adquirió Nahuelsat por el valor simbólico de un peso y que, durante el período 2006-2015, tuvo un desempeño deslumbrante. Justo lo que necesita el neoliberalismo telúrico para que valga la pena mentir en campaña, volver al gobierno, cooptar el Estado y vender lo que los gobiernos populistas valorizaron con competencias y trabajo argentinos.

El macrismo recibió “la pesada herencia” de la Estación Terrena de Benavídez, dos satélites de diseño y construcción nacional, que ocupaban las dos posiciones orbitales argentinas, un Centro de Datos de 4.500 metros cuadrados con certificación internacional Tier III y personal calificado, 88 estaciones terrestres de Televisión Digital Abierta (TDA) en su última etapa de despliegue, que había logrado cubrir el 80% de la población con el servicio terrestre y el 100% del territorio con el servicio satelital –incluyendo la Península Antártica y las Islas Malvinas–, en proceso de tendido de una red troncal de fibra óptica, y clientes como los operadores Claro o Telefónica Argentina.

También recibió la ley 27.708 de Desarrollo de la Industria Satelital, sancionada por el Congreso en noviembre de 2015, que declaraba “de interés nacional el desarrollo de la industria satelital como política de Estado y de prioridad nacional, en lo que respecta a satélites geoestacionarios de telecomunicaciones” y aprobaba el Plan Satelital Geoestacionario Argentino 2015-2035 que establecía, entre otros objetivos, el desarrollo nacional de ocho satélites en los siguientes 20 años.

El primer hito de este plan era el proyecto Arsat-3, satélite de alto rendimiento para llevar banda ancha donde las redes terrestres son insuficientes o no llegan. Este satélite debía ponerse en órbita en 2019.

 

 

Abogados para abrir los cielos

Con el macrismo en el gobierno cambió drásticamente la orientación. En un sector intensivo en tecnología, la superpoblación de abogados habla por sí sola de las intenciones. El abogado Oscar Aguad asumió como ministro de Telecomunicaciones, el abogado-yerno Rodrigo De Loredo asumió como presidente de Arsat y el abogado Enoch Aguiar, ex secretario de Comunicaciones de De la Rúa, quedó como vicepresidente.

En paralelo al desguace a golpe de DNU de las leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual y de Argentina Digital, la tríada leguleya contrató a la consultora norteamericana McKinsey para que les diga qué tenían que hacer. Por 16 semanas de trabajo McKinsey le cobró al Estado argentino 12,5 millones de pesos (alrededor de 840.000 dólares). En diciembre de 2016, el abogado-yerno reconocía que McKinsey terminó “ratificando diagnósticos y proyecciones que nosotros medianamente también teníamos” (1).

Una de las primeras medidas del macrismo fue paralizar –negando que se paralizaba– el proyecto Arsat-3. Entre otras consecuencias, en 2019 se tuvo que comenzar a contratar satélites para ocupar una de las posiciones orbitales argentinas –POG de 81° Oeste– para proteger la prioridad en la banda Ka que asignó a la Argentina la UIT, que vencía en septiembre de 2019 (2). También paralizó la instala­ción de antenas de televisión digital, disconti­nuó la entrega de decodificadores y transfirió el Data Center al Ministerio de Modernización.

Finalmente, reincidió en la política ruinosa de “cielos abiertos” que había aplicado Aguiar durante el gobierno fallido De la Rúa: en 2016 se autorizó la entrada de siete satéli­tes extranjeros al mercado satelital argentino; a mediados de 2017 eran catorce; y a finales de la gestión del macrismo eran más de veinte. A contramano del mantra de los beneficios de la competencia privada, no hubo mejora de la calidad del servicio y, menos aún, de las tarifas (lo cual es obvio, porque no hablamos de un sector de competencia perfecta, sino de estructura oligopólica). Digamos de paso, que la entrada de satélites extranjeros al mercado satelital argentino se concretó con acuerdos de reciprocidad ficticios con países como Holanda o España –Argentina no tiene forma de dar servicios en esos países para concretar la reciprocidad– y, en los casos de Brasil y México, donde la falta de autorización impidió avanzar con la prestación de servicios de Arsat-2 (3).

El julio de 2017 se filtró el texto de una carta de intención confidencial entre Arsat y la empresa norteamericana Hughes –con peso en el sector defensa de Estados Unidos– para crear una nueva empresa con mayoría accionaria a favor de Hughes (51%). En un nivel técnico y jurídico, esta empresa se quedaba con el negocio de banda ancha y con patrimonio público argentino, dado que la carta de intención asumía que Arsat 3 se ubicaría en una posición orbital argentina. Es decir, se planteaba un cambio de disponibilidad de la posición orbital. Por ese motivo, el plan satelital de Cambiemos violaba el artículo 10 de la ley 27.208, que establece: “Cualquier acto o acción que limite, altere, suprima o modifique el destino, disponibilidad, titularidad, dominio o naturaleza de los recursos esenciales y de los recursos asociados de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y de las Telecomunicaciones, definidos en la ley 27.078 ‘Argentina Digital’, que pertenezcan o sean asignados a la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima AR-SAT, requerirá autorización expresa del Honorable Congreso de la Nación”. Esta iniciativa del macrismo se filtró, se consideró que el costo político podía ser alto y no se concretó.

A fines de enero de 2019, a través del DNU 58, el macrismo sustituyó el artículo 11 de la ley 27.208, que reserva con carácter preferencial a favor de la empresa pública Arsat un grupo de bandas de frecuencias para 4G (4), para atender “las zonas de mayor vulnerabilidad del país, en proyectos propios o en asociación con Licenciatarios de Servicios de TIC que tengan el carácter de Municipalidades, Cooperativas, Sociedades del Estado”.

Sin la autorización del Congreso que exige la ley, el DNU dispone que estas frecuencias reservadas pasen a manos del Enacom para que sean subastadas, y señala que no menos del 20% de estas frecuencias se destinarán a dar “participación a prestadores de Servicios de TIC de carácter regional o local, públicos o privados”. El objetivo era beneficiar al sector oligopólico integrado por Telecom-Cablevisión, Telefónica y Claro (5). Finalmente, las empresas recibieron otras frecuencias y las consideradas en el DNU siguen hoy sin uso.

A partir del cambio de gobierno, en diciembre de 2019, se inicia un período en el cual se intentó recuperar algunos de los objetivos estratégicos de Arsat. Entre los más relevantes, se recupera el Data Center para la empresa y se retoma el proyecto de Arsat 3 –ahora rebautizado SG-1–, con la empresa INVAP como contratista principal.

A comienzos de diciembre de 2020, el ENACOM, a través de la Resolución 1291/20, otorgó la licencia a la empresa Tibro Netherlands B.V. Sucursal Argentina para “la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia”. Tibro –de derecha a izquierda “Orbit”– es una empresa de Elon Musk que presta servicios utilizando su constelación de alrededor de 4000 satélites de órbita baja (a 550 kilómetros de la superficie de la Tierra) para internet rápido, de la empresa Starlink (6). Finalmente, el 15/03/22, Musk registró en el país la empresa Starlink Argentina S.R.L. (7). Al finalizar el gobierno de Alberto Fernández quedaban pendientes cuestiones técnicas, como la coordinación con Arsat para resolver las bandas de frecuencia y el enlace de los satélites de Starlink con las redes de satélites que operan en la Argentina.

 

Es lo mismo caramelos que satélites

Luego del cambio de gobierno hace un par de semanas, el 20/12/23 el Presidente argentino anarco-capitalista presentó por cadena nacional el DNU inspirado en Alberdi, Roca, Hayek, Rothbard y Sturzenegger. Entre las 30 medidas aludidas,  mencionó que se propone desregular los servicios de internet “para permitir la competencia de empresas extranjeras”, y le hizo un guiño a Starlink por cadena nacional.

 

 

Es decir, igual que ya ocurrió con Menem, De la Rúa y Macri,  se propone volver a transformar los activos tecnológicos de un sector estratégico en objeto de apropiación para el lucro privado.

En deslumbrante contraste con el período 2003-2015 y con el gobierno en curso de la provincia de Buenos Aires –donde se actualiza y gobierna esta misma modalidad de peronismo–, el incumplimiento de promesas y el abandono de los sectores populares del último gobierno peronista explica que hoy la Argentina camine por una angosta cornisa, mientras las peores fracciones financieras locales y extranjeras, como en 2001, están empecinadas en empujar al país al vacío.

 

 

 

 

(1) Krakowiak, Fernando. 2016. “Vamos a asociarnos con inversores privados”.

(2) Ante la suspensión de Arsat-3, Arsat contrató el satélite Astra-1H de la empresa europea SES para proteger la prioridad en banda Ka. Esta contratación tuvo vigencia hasta diciembre de 2019. Por esta razón, durante el último gobierno, Arsat tuvo que contratar al satélite Hylas-1 de la empresa Avanti para continuar protegiendo la prioridad. En conjunto, hasta la fecha estas contrataciones le costaron al país alrededor de  30 millones de dólares.

(3) Ver los artículos 22 y 24 de la Resolución 3609/99. Más tarde Brasil flexibilizó su normativa.

(4) Se trata de frecuencias que había obtenido por licitación, en 2014, el grupo Vila-Manzano, a través de Airlink, comprometiéndose a pagar  506 millones de dólares, que nunca se concretó. A fines de 2019, Daniel Vila denunció en su propio canal de televisión abierta que el presidente Mauricio Macri lo presionó con una denuncia penal para que desistiera de una frecuencia de 4G para dársela al Grupo Clarín.

(5) Puede verse: Hurtado, D. y Rus, G. 2019. “El desguace a golpes de DNU”.

(6) Mientras que Arsat-1 y Arsat-2 son satélites geoestacionarios (están a 36 mil kilómetros), las constelaciones no geoestacionarias –como el caso que tratamos, de satélites de órbita baja (550 kilómetros)– se autorizan a través la Parte II del Reglamento de Gestión y Servicios Satelitales, de julio de 1997. Bajo esta normativa –que necesita ser actualizada (básicamente, “llene un formulario y está habilitado”)–, Enacom otorgó licencias condicionadas a Huawei (2019), Starlink (2020) y Amazon Kuiper (2023), supeditadas a que se coordine con Arsat. Esta coordinación supone, no solamente que no haya interferencias sobre la Argentina, sino que también las redes satelitales que nuestro país tiene presentadas ante la UIT se coordinen con las redes satelitales que utilizan Huawei, Starlink y Amazon Kuiper. En el caso particular de Starlink, que tiene redes presentadas por Estados Unidos y Noruega, Arsat finalizó este proceso de coordinación en octubre de 2023, pero utilizando la citada reglamentación de 1997, que no es la más conveniente. No hablamos de impedir el ingreso, sino de acordar condiciones razonables para ambas partes.

(7) El objeto de Starlink Argentina SRL es “dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, en el país o en el extranjero, a las siguientes actividades: (i) proporcionar servicios de administración, técnicos, financieros, económicos o de gestión en materia prestación de servicios de Internet a empresas o individuos; (ii) brindar servicios de conectividad a Internet y proporcionar servicios de Internet vía satélite; (iii) desarrollar, comercializar e instalar dispositivos de hardware, incluyendo antena y terminal de usuario; (iv) comprar, vender y arrendar equipos electrónicos relacionados; (v) proporcionar servicios de transmisión de datos y centro de datos (data center); (vi) comprar, vender, importar y exportar todos los servicios y productos directamente relacionados con los rubros anteriores”.

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