SOBERANÍA Y LEGITIMIDAD

¿En qué se distingue el poder que ejerce una banda de ladrones del poder que ejerce un gobierno legítimo?

El gobierno nacional mostró su lejanía cada día mayor con sus gobernados, al presentarse el 9 de julio en la ciudad de Tucumán rodeado de miles de efectivos de seguridad por el temor a las expresiones en su contra, sin asistir al Te Deum por el temor a las críticas de la Iglesia, y reiterando en soberana soledad que “el rumbo está claro y sigue siendo el mismo”.

Esa lejanía quedó aún más clara con la multitudinaria movilización popular del Día de la Independencia, realizada en la ciudad de Buenos Aires para expresar el rechazo al acuerdo del gobierno con el FMI, al sostener: “La deuda externa contraída por el gobierno de Mauricio Macri es ilegal, ilegítima y anticonstitucional.” La utilización de estos términos conceptuales, en un acto en el que se concentraron sectores y agrupaciones de una gran diversidad social y cultural, indica por su solo uso en este contexto, el nivel de conciencia política en la disputa argumentativa que la multitud movilizada en nuestro país pone de manifiesto en sus reclamos. Y por eso es que tiene interés detenerse a reflexionar sobre esta cuestión.

 

Soberanía: la estafa imperdonable

La convocatoria popular en contra del acuerdo con el FMI expresa el rechazo de una estafa. Una estafa que se diferencia de otras cometidas por el actual gobierno. Las otras han afectado a grupos vulnerables (p.ej. los jubilados), a sectores sociales (p.ej. los trabajadores), o al conjunto nacional (p.ej. los electores) vistos “hacia adentro”. Pero la estafa del FMI, como la del submarino ARA-San Juan (o la política de Islas Malvinas), toca una dimensión que trata de un valor que se presume no discutible por gobierno alguno: la Nación. Una dimensión que sólo se comprende en relación a otras naciones, en un mirar “hacia afuera” que da sentido a la consigna: “La patria está en peligro. No al FMI”. Por eso se reclama el respeto al alto valor de la soberanía, denunciando la falta de legitimidad al no hacerlo.

Y decir estafa significa, tanto el pedir dinero “con artificios o engaños, y con ánimo de no pagar”, como el cometer delitos “que se caracterizan por el lucro como fin y el engaño o abuso de confianza como medio”. Podrá decirse que la primera acepción no es aplicable al gobierno porque sus compromisos son de Estado y por tanto a la Argentina no le cabe tener el ánimo de no pagar. Sin embargo, lo que las multitudes del Día de la Independencia señalaban, es que esa abstracción del Estado pagador termina siendo en concreto (como hasta ahora), una deuda que pagan los argentinos en razón inversa a su nivel de ingresos: los más pobres son los que más pagan. Una muestra de injusticia e inequidad que profundiza la falta de legitimidad del gobierno.

 

Legitimidad y usurpación

El término legitimidad, en cuanto al ejercicio del poder de un gobierno, tiene una antigua tradición que se ha contrapuesto históricamente al concepto de “usurpación” en tanto apoderarse de un derecho que legítimamente corresponde a otro. Y la historia del término ayuda a comprender mejor el significado actual si observamos que ya desde el primer libro de La República, Platón dispara una pregunta que a través de muchos pensadores llega hasta nosotros: ¿en qué se distingue el poder que ejerce una banda de ladrones del poder que ejerce un gobierno legítimo?

En su origen, la falta de legitimidad se aplicaba a un gobierno usurpado por la fuerza de un “tyrannos”. Pero la doctrina platónica sobre el Estado ya establece una primera distinción entre legalidad y legitimidad al poner por encima de la vía de obtención del poder –ilegal o no— la valoración moral –la legitimidad— del gobierno del soberano. Jenofonte señalará la ambición, el egoísmo y el temor del tirano que no puede corregir sus injusticias ni sentir patriotismo alguno. Aristóteles dirá que el gobernante ilegítimo es el demagogo que obtiene el apoyo del pueblo pero gobierna contra la voluntad de los gobernados mediante tácticas de distracción dirigidas contra sus adversarios. Cicerón y Séneca verán miedo y odio en el alma del déspota, así como placer en el ejercicio de la violencia, actuando contra toda “pietas” o “humanitas”. Y el sentido romano de legitimitas se entenderá como lo legal o conforme a derecho.

 

Jacques-Louis David, «La muerte de Sócrates», 1787.

 

Frente a la caracterización del tirano como “rey injusto e inicuo” por San Agustín, y a la posterior distinción de Tomás de Aquino entre el rey que procura el bonum commune y el tirano que procura su bonum proprium, y siempre considerando la supremacía del poder religioso en la investidura del soberano, la legitimidad medieval pasó a basarse en los “boni homines”, ese consejo o asamblea de miembros de la familia o magistrados cuyo asentimiento legitimaba las decisiones del gobernante con base en los usos y costumbres que el tiempo consagraba como normas a cumplir. El consentimiento popular (aún con sus condicionamientos) ya comienza a ser uno de los elementos formales importantes de la legitimidad. Y así es como Marsilio de Padua, con su Defensor Pacis (1324), va a sostener que la comunidad política no requiere de aprobación espiritual-religiosa alguna y que el regnum, el imperium y el principatus se basan en el consentimiento del pueblo.

Sobre esos antecedentes es que en el origen de las ideas liberales, John Locke sostiene en Dos tratados sobre el Gobierno (1690) que la legitimidad se basa en el acuerdo y el consentimiento populares, y no en la teoría del derecho divino de los reyes (antigua idea que Francisco Franco todavía hizo acuñar en monedas con su efigie como “Caudillo de España, por la Gracia de Dios”).

 

El problema de la legitimación en las democracias liberales

En la actualidad, las democracias liberales han basado la legitimidad del gobernante en el acceso al poder sin empleo de la fuerza, bajo procedimientos imparciales de elección periódica, y con fuerza en la confianza que los electores han depositado en ellos al elegirlos. Pero ya Max Weber, en Economía y Sociedad (1922), sometió a crítica el sistema estructurado de dominación de los sistemas democráticos, considerando que a diferencia de la imposición por la fuerza, en este caso se trata de la dominación por un poder que se mantiene legitimado por la convicción de los dominados en la creencia de la “positividad” de su obediencia. La dominación, según Weber, es la capacidad de ciertos individuos y grupos de lograr la obediencia más o menos voluntaria de otros en la sociedad. Y esa dominación se ha legitimado, históricamente, desde tres fuentes: 1- la legitimación “tradicional”, basada en la tradición del grupo de poder (pensemos hoy, en perspectiva de género, en el “patriarcado”); 2- la legitimación “carismática”, basada en las condiciones personales de un gobernante para el ejercicio del poder; y 3- la legitimación “legal-racional” basada en que “el gobernante manda porque lo dice la ley” (según la antigua concepción romana de “lo legal es legítimo”, que este gobierno proclama para sí).

Por otro lado, Carl Schmitt, en Legalidad y legitimidad (1932), criticó la democracia como sistema en el que el 51% de los votos legislativos establece la legalidad y legitimidad de las normas sin explicar por qué el 49% restante acepta la decisión parlamentaria. Y dirá que es necesaria una legitimación plebiscitaria del liderazgo democrático. Guglielmo Ferrero, en El Poder (1942, póstumo) afirma que la legitimidad democrática descansa sobre “principios de legitimidad” tales como mayoría y minoría, o gobierno y oposición. Y el filósofo Jürgen Habermas, en ¿Cómo es posible la legitimidad por vía de legalidad? (1987), insiste en la falta de fundamentación moral de la normatividad legislativa defendiendo “la tesis de que la autonomización del sistema jurídico no puede significar una desconexión completa de derecho y moral, por un lado, y de política por otro”.

Por eso el problema de la legitimación del gobierno, a la luz de esta historia, nos muestra que si el derecho (y la política) pierden la relación moral que va más allá del legislador y no comprenden que la Constitución se ha de entender, fortalecer y respetar en modo armónico, o sea, más allá del procedimentalismo contractualista, toda legitimación “legal-racional” será falluta. Hace falta, en su reemplazo, un derecho procedimental que se sujete a una moral procedimentalizada del espacio público-político, como el que reclamó la convocatoria del día de la independencia (y otras que le antecedieron). El ataque a la Ley de Medios es un claro ejemplo de la disputa de los grupos concentrados contra la posibilidad de abrir ese espacio. Y el acuerdo con el FMI es el ejemplo mayor de ir en contra de lo que un ochenta por ciento de ese espacio público quiere. Que es ir en contra del consentimiento popular. No sorprende entonces que las multitudes se levanten para denunciar la falta de legitimidad de este gobierno.

 

 

  • La imagen principal le pertenece a Rodolfo Campodónico, «Combate de la Vuelta de Obligado», 1998
4 Comentarios
  1. María Neder dice

    ¡ Qué exquisita es esta Nota Juan Carlos Tealdi !
    Desde hace tiempo «la valoración moral» ronda en mi mente. Aparece así otra categoría, calidad humana, por ejemplo.
    Leí este texto como contrapunto armónico entre nuestra realidad y los conceptos esenciales que -sabemos- están apriori (pues ya no se trata de haberlos leído o estudiado en la facultad). Lo legítimo en si mismo sobrevuela lo legal, está por encima ¿sí?
    Luego de leerte varias veces creo que el problema es moral más que político. Gracias.

  2. Lucas Varela dice

    Estimado Dr Tealdi y amigos,
    El gobierno de Macri, lo es por ley y por consentimiento popular. El consentimiento de la mayoría es la razón que nos unió en Diciembre del 2015, dándole el poder ejecutivo a Macri. Pero la legitimidad es otra cosa.
    Macri nunca fue un legítimo hombre de bien. Es una mentira sin valor, con o sin poder. Lo ético y moral está ausente.
    Hoy se sabe el engaño, y el pueblo se aparta inevitablemente. Sólo falta su ausencia por las buenas , y depende de él que no sea por las malas.

  3. Patricia Laría dice

    Qué bueno Excelente

  4. Ricardo Alberto Comeglio dice

    La voluntad popular no es más que la interpelación al que manda para que ese mandar sea coherente con el mandato del mandante, que es del que emana aquella voluntad.
    La democracia no tiene por qué verse alejada de los cambios que la evolución, intelectual primero y científica después, del hombre, puede hacer sobre las cosas para cambiar los hechos a condición de lograr un consenso general. Por ello es que hoy la democracia devenga en plebiscitaria.
    Esos consensos grupales pueden determinar el consentimiento de los que no acuerdan, o no. Si consienten el consenso aún no acordando, seguirán siendo parte de la Nación, de lo contrario deberán adoptar consensos propios y fijar territorio donde ellos serán respetados.
    Por lo tanto, como ya sabemos, es menester ser primero Nación para luego poder tener éxito en la conformación del Estado.
    Si el Estado es manejado por personas que por desconfianza a la Nación llevan su dinero afuera del alcance soberano del pueblo que gobiernan, no es difícil saber que esa falta de confianza determina claramente la no pertenencia a la Nación, por lo tanto queda expresa la falta de legitimidad para mantener el control del Estado que se constituyó a partir de esa Nación.
    Podrán tener derecho a ejercer el gobierno pero su desconfianza en la Nación les quita legitimidad a su poder, por lo que éste vuelve en forma automática al pueblo que se encargará de la cosa pública legítimamente y en cumplimiento de los preceptos que constituyeron a la Nación en Estado.
    La manda constitucional de nuestra Carta Magna obliga a pedirle a quien usurpa hoy el Estado argentino que lo deje en salvaguarda de la Nación legalmente constituida en Estado soberano.
    De tan básico asombra que los poderes constituidos y que no participan de aquélla desconfianza en la Nación, como son el Congreso y el Poder Judicial, no hayan interpelado orgánicamente al Poder Ejecutivo a que se aleje de los cargos que ostenta y se abstenga de producir hechos ajenos a la voluntad constitucional.
    Ese proceder de la Asamblea Legislativa y de los Jueces de la Nación será considerado complicidad atantataria del poder soberano del pueblo, algo infinitamente superior a la alta traición a la patria, por cuanto la soberanía popular es base de la Nación y la patria sólo es el Estado contrapuesto con otro Estado.
    Traicionar a la patria es menos grave que traicionar la voluntad popular y si no hay jueces dispuestos a solucionar esta última traición, será hora entonces de comisionar a todos los jueces por desacato a la autoridad constitutiva.

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