SOCIEDAD DE MERCADO EN QUIEBRA

La autorregulación quebró con la pandemia, debería será reemplazada por el ideal democrático

 

Los conocidos de siempre

El gobierno se asesoró para enfrentar la pandemia con un conjunto de epidemiólogos que establecieron una cantidad de medidas, entre las que resultaba esencial el aislamiento social. Habiendo alcanzado un nivel de eficiencia comparativa notable respecto de las alternativas aplicadas en otros países, las impaciencias empresariales respecto de la afectación de sus ganancias llevaron a crecientes presiones que perseguían y persiguen el objetivo de menguar ese aislamiento con el propósito de reanudar la producción y poner en movimiento el contador de sus beneficios. La argucia para ejercer esas presiones ha sido una insistente propuesta propalada por los operadores comunicacionales de los medios concentrados, que pregona la conformación de un grupo de “especialistas serios” en economía que rodee al Presidente. La lista enunciativa y explícita incluye algunas variantes, de acuerdo a quien la propala, pero en general los tradicionales nombres de la ortodoxia son infaltables: Melconian, Artana, Broda, Redrado, Cachanosky y otros integrantes del mismo coro. No faltan entre los promotores de la conformación de esa asesoría los ex ministros Lousteau y Prat Gay.

Los cultores del ajuste son postulados para contrabalancear la exitosa estrategia contra el contagio recomendada por el equipo de infectólogos y, así, resguardar las ganancias del capital concentrado, omitiendo explicitar tan noble propósito. El ocultamiento de la intención se disfraza con la excusa de resolver la situación desesperante que el aislamiento provocaría en los trabajadores informales, realidad existente pero cuya resolución descansa en la eficiencia, cumplimiento y ampliación de las políticas fiscales para atenderla, y no en el apresurado fin de la cuarentena que conduciría, inevitablemente, a la extensión de la pandemia.

Simultáneamente, los mismos voceros permanentes del neoliberalismo insisten en la conveniencia de cualquier acuerdo con los acreedores que eluda el default, situación catastrófica por cuya evitación, advierten, habría que disponerse a pagar cualquier precio. Muchos integrantes de la lista de los economistas serios imaginan la creativa idea de crear cuasimonedas nacionales para pagar sueldos y asistencias sociales, ingenio que llevaría a que los trabajadores formales e informales pierdan parte de sus ingresos a manos de especuladores y usureros que les compren esos papeles por debajo del valor nominal. Dólares para los acreedores, papeles desvalorizados frente al peso para los sectores más vulnerables.

El objetivo de la creación de este “Consejo de expertos economistas” es desplazar a los heterodoxos de la centralidad en los temas productivos, de la hacienda pública, de la deuda externa y de las políticas de emergencia, y en su lugar colocar a los conocidos de siempre, los personajes que generen la confianza de los dueños del poder, para “poner en marcha al país”. Son aquellos que han demostrado una inquebrantable fe en la autorregulación del mercado.

La premura por la continuidad en la reproducción del sistema económico y político no es sólo una cuestión del orden de la voracidad por la ganancia. Es que la Covid-19 ha exhibido la impotencia de la declamada autorregulación de la sociedad de mercado. Todo se estremeció en pocas semanas. Quedaron a la intemperie la desigualdad, el retroceso social, el desarme de los derechos sociales, la desciudadanización de más del 30% de la población. Mientras tanto, Techint, Vicentin y otras grandes empresas suman su participación al reparto de la ayuda estatal por los trastornos productivos al capitalismo de hiperconsumo producidos por las medidas indispensables para evitar el contagio y la letalidad masiva. Ahora que la emergencia evidenció la inutilidad del libremercado, las empresas del poder económico concentrado forman fila para percibir los subsidios del Estado. Ninguna pérdida quieren afrontar.

 

 

Liberalismo tardío

En lugar del coro monocorde que incansable e invariablemente entona el pliego de condiciones del amo, es necesario reinstalar las ideas de la planificación. Con planificación, las situaciones de emergencia como las que estamos viviendo nos hubieran encontrado de otra manera, más organizados, más integrados, más solidarios, más iguales.

Una sociedad democrática decide su futuro, la voluntad y la participación política popular definen el país que quieren y los medios a utilizar para intentar alcanzarlo. La sociedad de mercado es anárquica, la autorregulación es una forma de ejercicio del poder, que expulsa y margina a las mayorías populares de las decisiones y de los bienes indispensables para garantizarse una vida digna.

Los economistas ortodoxos del coro monocorde tratan a la sociedad de mercado como un orden natural, que proveería del máximo bienestar a los consumidores, mientras las intervenciones estatales –o sea de la política, de la ciudadanía, del pueblo— son esgrimidas por ellos como causales de distorsiones que provocan la caída de la inversión, el estancamiento del crecimiento y la generación de pobreza. Esa naturalización, que omite la consideración histórica en la discusión económica, endiosa lo mercantil. Karl Polanyi en La gran transformación desmitifica la tergiversación liberal, “La historia económica revela que el surgimiento de los mercados no fue en modo alguno el resultado de la emancipación gradual y espontánea de la esfera económica frente al control gubernamental. Por el contrario, el mercado ha derivado de una intervención consciente y a menudo violenta del gobierno, que impuso la organización del mercado a la sociedad por razones económicas. Y el mercado autorregulado del siglo XIX resulta ser, en un examen más detenido, radicalmente diferente incluso de su predecesor inmediato por cuanto dependía para su regulación del interés económico. La deficiencia congénita de la sociedad del siglo XIX no era su carácter industrial sino su carácter de sociedad de mercado. La civilización industrial continuará existiendo cuando el experimento utópico de un mercado autorregulado no sea más que un recuerdo”.

Hayek y Friedman, inspiradores del coro monocorde, con sus acompañantes fundadores del neoliberalismo reintrodujeron el axioma de la autorregulación mercantil como esencia natural de las relaciones socioeconómicas de la humanidad. Su liberalismo tardío logró imperar hegemónicamente a fines del siglo XX, siendo bautizado como neoliberalismo, y tuvo su signo distintivo en el predominio del mundo de las finanzas. McKinnon y Shaw promovieron su autorregulación y los gobiernos de los países poderosos impulsaron la desregulación de los sectores externos de la mayoría de las economías. El liberalismo tardío impuso así el reino del capital en su forma financiera, la financiarización, que impregnó toda la vida social con las lógicas de la autorregulación mercantil. Como un virus en su segunda fase, las consecuencias provocadas fueron aún más graves que las del siglo XIX. Los derechos sociales fueron desarticulados. La educación y la salud mercantilizadas. Los servicios de luz, gas y agua privatizados. Los mercados de trabajo penetrados por la autorregulación mediante las lógicas de la flexibilización laboral. Autorregulación forzada. Introducida muchas veces por dictaduras terroristas con el peor grado de violencia. El liberalismo tardío ha tenido como meta la recuperación de la escisión entre la economía y la política. También, en quitar a la vida económica de la esfera pública.

Los apologetas de la financiarización caracterizan como un régimen totalitario a la democracia sustantiva que integra lo económico a la decisión popular. Han respaldado a los autoritarismos violentos para restaurar el orden neoliberal y a los regímenes de mercados autorregulados con derecho de propiedad sin regulaciones ni restricciones. Los neoliberales instigaban al autoritarismo restaurador de las democracias liberales –vacías, sometidas al poder del mercado— para enfrentar a las democracias sustantivas, cuya génesis hunde sus raíces en la historia del género humano, con tradiciones ligadas a sus mejores culturas. Levantan el clarín de guerra en pos de destruir populismos, democracias populares, democracias participativas, economías del bienestar.

Respecto del derrumbe de la civilización del siglo XIX, Polanyi concluye que su desintegración no fue el resultado de leyes económicas, como de la declinación de la tasa de ganancia, o de la de condiciones de subconsumo o sobreproducción. Dice que las razones de ese final radicaron en la resistencia de las sociedades a su aniquilamiento por el dispositivo del mercado autorregulado, en el conflicto entre el mercado y los requerimientos elementales de una vida social organizada. Esas fueron, para el pensador austríaco, las causas de la destrucción de la dinámica de esa sociedad. El virus de hoy problematiza en el mismo sentido el mundo actual de la financiarización. El interrogante es si el espíritu del humanismo solidario logrará movilizar la resistencia social frente a la segunda etapa de esa utopía clasista, antipopular y catastrófica.

 

 

Ciudadanía y plan

La categoría de ciudadanía se puede sintetizar en el autogobierno popular con el objetivo de promover y dirigir su proyecto de vida. Hay en ella la idea de un sentido de la existencia como nación y como pueblo. Resulta indispensable, para la promoción de una vida ciudadana, la reconquista de la fusión entre la política y la economía y la recuperación de las decisiones extraeconómicas respecto de la distribución de la riqueza y del ingreso. También, la vigencia de la igualdad, sin matices, de los pueblos en el goce para cada cuerpo y cada alma, de todos los derechos humanos. Ni la educación ni la salud deben tener precio. Frente a estos no rige sólo la igualdad de oportunidades, sino la igualdad plena en sí misma. Durante la coronavirus quienes son trasladados para cumplir cuarentena deben serlo en condiciones similares, no puede haber diferencias en las formas, es inaceptable que unos gocen de ambulancias y otros sean transportados en micros escolares. Que unos vayan a hoteles y otros a clubes.

La utopía de la autorregulación que quebró con la pandemia debería será reemplazada por el ideal democrático. El plan es un instrumento vital para este objetivo. El plan refleja la voluntad ciudadana. La voluntad popular no se manifiesta en la demanda de mercado, porque esta última es estrictamente oligárquica, quien más tiene más decide lo que se produce, y el que no tiene nada no opina porque no tiene acceso a ningún bien. En cambio el plan puede incluir la participación de todos. Pero la primera instancia, clave por cierto, de la democracia, es que el plan lo hacen los gobiernos que expresan la voluntad popular, con una concepción de ciudadanía integral, política, civil, económica, social y cultural. Así lo expresan en Planificar el Desarrollo Casparrino, Briner y Rossi, coordinados por Arceo (dt 38 del CEFID-AR): “El proceso de planificación… se inicia con la definición de una imagen-objetivo de país, de sociedad, y un diagnóstico de la estrategia o estrategias que se utilizarán para conducir la trayectoria a dicho objetivo. Esto en el marco de un proceso democrático, implica una apuesta política y la generación de una conciencia y consenso social, que guíe tanto el accionar público como la conformación de colectivos sociales que la acompañen o sustenten… Las definiciones estratégicas deben sobresalir como opciones superadoras para alcanzar ese fin respecto de diferentes alternativas concebidas desde los sectores dominantes o, la mano invisible del mercado”. Para sostener que “los Estados deben decidir en qué ámbitos actuará libremente el mercado y en cuáles se tomarán decisiones políticas, con el objeto de ampliar el margen de acción de la ciudadanía acerca de su propio bienestar”.

Estas reflexiones sobre ciudadanía y plan llevan a concluir que el supuesto avenimiento entre democracia y liberalismo no existe, tal como reflexiona la historiadora Ellen Meiksins Wood. Un plan democrático que defina áreas mercantilizadas es una cosa bien diferente a una sociedad de mercado que encarcele a la política fuera de la economía y disponga que los problemas de la distribución, producción y precios de los bienes esenciales no es un asunto del debate público.

En estas horas de expectativas e incertidumbres acerca de la oferta argentina para reestructurar la deuda pública, estas consideraciones son pertinentes para calificar como  carente de sustantividad democrática a la conformación que ha tenido la deuda externa. Porque un recurso esencial para el cumplimiento del derecho al desarrollo en un país con restricción externa, como son las divisas, no puede quedar sujeto a definiciones mercantiles. Ni a que estas entren y salgan sin una intervención del poder público que le asigne un sentido a ese movimiento. Esos flujos no pueden sujetarse al criterio de derecho de propiedad privada absoluto. Llegó un momento de quiebre histórico frente a esta dinámica. El mercado de cambios es estratégico para el desarrollo nacional y, por lo tanto, la decisión política debe primar en él, y por lo tanto la determinación y defensa del tipo de cambio que se determine. Los movimientos de divisas y sus intercambios, entonces, deben responder a la voluntad ciudadana y no al devenir de los mercados y los agentes que operan y especulan en ellos. La IED (Inversión Extranjera Directa) debe responder a criterios estipulados para el desarrollo nacional y no a lógicas empresariales, que en la mayoría de los casos generan que el giro de dividendos posterior se convierta en una corriente de pagos aún más grave que las propias deudas financieras.

Una política de desarrollo requiere de divisas. Su disposición provendrá de una planificación que mejore la estructura económica, intensifique el desarrollo industrial y le proporciones grados mayores de autonomía. Ese cambio estructural proveerá de una mejor estructura de la cuenta corriente del balance de pagos. Y los dólares que falten para sostener e impulsar el desarrollo deberán ser conseguidos y gestionados por el Estado para asignarlos a destinos específicos, de acuerdo al proyecto de desarrollo que el pueblo se dé a través del poder político que elija y el plan económico que se establezca. Las experiencias de movimientos de capitales privados externos, en todas sus maneras, terminaron sistemáticamente hipotecando el futuro y obturando el camino al desarrollo.

La búsqueda de un porvenir diferente, con más igualdad, mayor participación popular y mejor nivel de vida, aconseja la prescindencia del impulsado Consejo de ese plantel de economistas neoliberales que han entrado en un proceso de quiebra intelectual.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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