El 2026 parece ser un año propicio para la profundización de la resistencia al modelo de destrucción nacional que apoya toda la derecha argentina. Es un año sin elecciones, y por lo tanto el manual de política económica neoliberal indica que es propicio para ajustar el torniquete, introducir reformas pro capital, avanzar con su “macro” que socava las condiciones de vida de la mayoría, y en todo caso al año siguiente, aprovechando la falta de memoria de la población, tirar alguna mejoría y con bastante discurso, ficción, acusaciones al kirchnerismo y machaque mediático uniformado, ganar nuevamente las elecciones.
El mileísmo maniobra como si tuviera un aval gigantesco para continuar moldeando al país de acuerdo a las preferencias del capital, confundiendo el desconcierto social con asentimiento, y a dirigencias vendidas o vencidas con el silencio de los supuestos representados.
La dirigencias, las instituciones, la prensa, deberían ser mecanismos que ayuden a crear puentes de comunicación entre los diversos sectores en una sociedad democrática. Sin embargo, parecen no estar funcionando, ante la determinación de los poderes fácticos de dejar de lado la prudencia y toda atención mínima a las necesidades de los otros.
Están apostando a un nivel desconocido de alienación social, en la cual la autoagresión electoral de los sectores populares y de la producción marcaría una norma permanente de la política argentina.
No es así, y no lo será en 2026.
¿Cómo favorecer al capital y evitar la reacción social?
Los bancos norteamericanos que iban a disponer de 20.000 millones de dólares para prestarle a la Argentina (Morgan Stanley, Bank of America, Citibank), finalmente retiraron esa supuesta oferta, y la encogieron a una cifra cercana a los 5.000 millones.
Es claro que los prestamistas internacionales reclaman que el gobierno empiece ya a juntar dólares propios para pagarles, como señal de autosostenibilidad, para que en algún momento ellos estén dispuestos a refinanciaciones mayores, necesarias en los próximos años, dado los montos brutales de vencimientos que se aproximan.
Milei parece haber interpretado el resultado electoral de otra forma: tienen que seguir bancando este tipo de cambio que me permite estabilizar la inflación, así con el capital político que tengo puedo negociar con los gobernadores y sacar las reformas impositivas y laborales necesarias para mayor bonanza del poder económico local. Entonces persiste en no juntar dólares en las reservas para destinarlos a los pagos a los financistas internacionales, y parece decidido a forzarlos a que lo ayuden a transcurrir los próximos dos años de grandes vencimientos. El encogimiento del préstamo de 20.000 a 5.000 parece haber sido una respuesta a esas pretensiones.
Scott Bessent, el secretario del Tesoro norteamericano, en realidad ayudó al gobierno a realizar una primera devaluación en forma gradual, un soft landing a 1.470 pesos, en vez de un hard landing que podía haber terminado en un dólar a 2.000 pesos o más). Los acreedores reclaman que el nuevo envión devaluatorio sea suficientemente fuerte como para hacer caer, claramente, la demanda de pesos para turismo y atesoramiento, para así dejar esos verdes billetes disponibles para los señores acreedores.
El problema del número al cual tiene que arribar el dólar es complejo y se agrava por la promesa oficial de venderle dólares, desde el 1º de enero, a las empresas que quieran remitir utilidades al exterior. Más presión compradora.
En ese sentido, los resultados de la balanza comercial de octubre son suficientemente graves como para encender las alarmas de todos los que quieren los dólares del Banco Central: un déficit de 2.600 millones de dólares, en parte como resultado de la avivada de Luis Caputo de hacerles vender anticipadamente a las cerealeras para llegar a las elecciones. El de octubre es el peor resultado comercial desde 2017, toda una señal de inviabilidad del actual esquema cambiario.
Ocurre que ese salto devaluatorio tendría impactos inflacionarios, que provocarían el esmerilamiento de la imagen presidencial y, por lo tanto, de sus capacidades de presión sobre quienes tienen que votarle las “reformas” impositivas y laborales.
Nuevamente volveríamos al cuadro de deterioro político que antecedió al salvataje de Bessent y al buen resultado electoral de octubre, basado en el reagrupamiento de buena parte de la derecha detrás de La Libertad Avanza. Además, un dólar más alto implicaría un mayor gasto del gobierno en pesos para comprar esos dólares que tiene que entregar a los acreedores. Dada la política de equilibrio fiscal, esas compras ahora más caras lo llevarían a reducir –nuevamente, aún más– otras partidas del raquítico presupuesto público. Efecto: doble malestar social, por los precios en aumento y por el deterioro de las prestaciones públicas.
El mal clima en las bolsas norteamericanas –signos de incertidumbre frente a una burbuja imprevisible– se reflejó en la semana en caídas de los títulos argentinos, y por lo tanto en un repunte del riesgo país, que vuelve a poner distancia con la posibilidad de la mítica “vuelta a los mercados de deuda”, sueño dorado de los financistas y de las actuales autoridades argentinas. Endeudarse para seguir pagando deuda.
Indicadores de deterioro creciente en la economía familiar
Un ejército de trolls salieron organizadamente a proclamar en las redes que la economía se está recuperando aceleradamente, a partir de una información en torno al Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), elaborado por el INDEC, que mide la evolución mensual de la actividad económica de un país. Se supone que anticipa la tasa de crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) trimestral.
El INDEC informó que el EMAE creció 5,01%, lo que junto con las fotos de argentinos vacacionando en playas locales –que en redes sociales mostraban novedosos cerros que las circundaban–, hizo estallar de entusiasmo al aparato comunicacional libertario, que lanzó al unísono “impresionante recuperación económica”.
Ese 5% está conformado por el crecimiento espectacular de la intermediación financiera que aporta el 1,36%, la recaudación impositiva que aportó el 1,87%, y el crecimiento de las actividades inmobiliarias (que no deben ser confundidas con la construcción, sino que representan la compra y venta de inmuebles, es decir, la intermediación) con el 0,57%. Es decir, casi todo el incremento del indicador se explica por actividades que no tienen que ver con la producción. En cambio, la actividad industrial dio negativa, lo que es compatible con el constante goteo de cierres de fábrica y de despidos de cientos de trabajadores por la crisis que atraviesa el sector manufacturero.
Las noticias de la economía real no son buenas: se registró un fuerte aumento del precio de la carne, y los especialistas del sector anuncian que esa impactante suba llegó para quedarse como un piso frente a la tentación del sector ganadero de exportar a otros mercados (Estados Unidos, China, Indonesia).
Las ventas en los supermercados registran en la actualidad un nivel 13% inferior a las de hace dos años. Los créditos personales otorgados por los bancos registran un nivel de mora del 9%, el mayor desde la crisis del 2001-2002.
La actividad industrial, en retroceso constante, está 10% debajo de los niveles que alcanzó en el año pos pandémico de 2022.
El salario mínimo está fijado en miserables 322.000 pesos. Para poder alcanzar el poder adquisitivo que tenía en noviembre de 2023 (en el final “insoportable y calamitoso gobierno de Alberto”) debería subir ¡54%!
Entretanto, el gobierno anunció la eliminación de los subsidios a la luz y de gas a partir del mes de enero. Se estima que los aumentos a usuarios de ingresos medios y medios bajos oscilarían en torno al 150%.
Se trata de un tema ya debatido durante el macrismo: los efectos de la realidad material versus el poder de la ideología en las cabezas de la población. El poder relativo de las campañas comunicacionales bien estructuradas para neutralizar la reacción de la población. Como aprendimos con el macrismo, la propaganda y la manipulación mediática funcionan bien dentro de cierto rango de malestar social tolerable. Después, cuando el fracaso neoliberal es estruendoso, pierden eficacia.
Datos internacionales: volatilidad e incertidumbre
Un país clave del escenario global, Francia, recibió recientemente la mala noticia de una nueva degradación de su deuda pública. La calificadora norteamericana Moody's le bajó la nota crediticia al nivel AA-, lo que implica un encarecimiento para los créditos que de ahora en más solicite ese país.
La razón es que Francia ha acumulado una gran deuda externa, a partir de la crisis financiera de 2008 y el salvataje a la economía privada, y posteriormente el cuadro se agravó por los efectos de la pandemia del COVID y el esfuerzo fiscal del Estado francés para sostener la actividad económica.
Ahora Francia tiene un déficit fiscal equivalente al 5,4% del PBI. Sucesivos primeros ministros franceses pasan por el gobierno sin atinar a encontrar salidas a ese déficit, que los financistas internacionales insisten en que debe ser reducido drásticamente.
Pero la resistencia social francesa es muy grande, y los gobiernos no pueden “hacer el ajuste” que los financistas piden. Por supuesto que se podrían incrementar los gravámenes al capital, pero en tal caso las empresas amenazan con retirarse de Francia hacia otras regiones del planeta.
En la globalización neoliberal el capital puede migrar libremente, sin ninguna responsabilidad social, pero las poblaciones están fijadas en territorios nacionales y sujetas al chantaje del capital global, que ha conseguido imponer unas reglas de juego prefectas para su beneficio.
La deuda financiera global es enorme e impagable, pero no se considera realmente una reducción de la misma para que deje de oprimir a los países, porque es precisamente el capital financiero el que gobierna las principales instituciones económicas mundiales, los principales partidos del sistema y los centros de formación y manipulación de la opinión pública.
Mientras tanto, en el mundo financiero norteamericano crece la preocupación por la especulación financiera desatada en torno al complejo de la Inteligencia Artificial, y el crecimiento vertiginoso de las acciones de todas esas empresas, en paralelo al furor y las fantasías que se despliegan en torno a estas nuevas tecnologías que, según especialistas serios, no merecerían exactamente ser definidas como “inteligencia”, aun cuando puedan ser muy útiles.
Hay fantasías desmesuradas en torno al potencial de la IA, y los grandes jugadores norteamericanos del sector le están pidiendo al gobierno de Trump que salga como garante principal de créditos privados descomunales para poder sostener la competencia con China, lo que requiere inversiones cercanas al billón de dólares. Asustan a Trump con la amenaza de que Estados Unidos “podría quedarse atrás” en la carrera tecnológica si el Estado norteamericano no sale a apoyar decididamente al concentradísimo sector privado. A la hora de los bifes, la charlatanería en relación a la infalible iniciativa privada y a que “el Estado no interfiera” en los mercados, se desvanece en el aire.
Pero lo que sí es cierto, como revelan investigaciones recientes sobre el entramado de empresas tecnológicas, es que unas están apalancando a las otras en un sistema semi cerrado de capitalización bursátil. Es decir, unas empresas tecnológicas de punta están invirtiendo en las otras, con la expectativa de participar en las futuras ganancias asociadas al éxito de las mismas. Para eso, compran parte de las acciones de las otras, lo que provoca que las acciones suban de precio, con lo cual a su vez aumenta su propio valor patrimonial, en una forma completamente artificial.
El peligro de un derrumbe abrupto de las cotizaciones es grande si se produjera un evento interno o externo que pinchara la burbuja de la euforia tecnológica. La aparición, por ejemplo, de alguna otra innovación que vuelva obsoleta la inversión que actualmente se está realizando –movilizando enormes sumas de dinero y generando gigantescas deudas empresarias– puede generar pérdidas bursátiles de enorme magnitud.
Pero también otros eventos, provocados por el gobierno estadounidense, pueden desequilibrar la frágil situación de las bolsas y las burbujas.
Venezuela
En el golpe cívico-militar de 1976, la población argentina fue sometida durante varios meses a un hábil proceso de acción psicológica por el cual el “golpe” se volvió algo casi natural, como un devenir inevitable de la situación política vigente. Se acostumbró a la población a que no había otras alternativas y a que fuerzas superiores indetenibles llevaban a un “desenlace institucional inevitable”.
Algo similar, pero a nivel internacional, está ocurriendo en los últimos meses con la naturalización de una agresión armada estadounidense contra la República Bolivariana de Venezuela. No es que no haya problemas económicos, políticos o sociales en Venezuela. Pero ese tipo de panorama ocurre en una gran cantidad de países en los cuales, sin embargo, no está pendiente una invasión o un hostigamiento militar precedido por una enorme concentración de poder de fuego y capacidades logísticas bélicas en la cercanía de sus fronteras.
Estados Unidos tiene un enorme interés en promover uno de sus tradicionales “cambios de régimen” en Venezuela, básicamente por tres razones:
- Reafirmar su poder en toda la región latinoamericana, eliminando a uno de los gobiernos “rebeldes” a su poder y amedrentando a todo el resto. Sería una presión adicional sobre Cuba y Nicaragua, considerados también “villanos” de la película norteamericana;
- Apoderarse del petróleo (y otros valiosos recursos naturales venezolanos), como la ha manifestado abierta y explícitamente Donald Trump cuando se dedicaba a criticar como opositor al Presidente Joe Biden; y
- Expulsar de la región a potencias a las que considera hostiles. El gobierno venezolano ha tejido alianzas económicas y militares con China, Rusia e Irán, que la actual gestión considera intolerables en su patio trasero.
De todas formas, Trump no es partidario de meter a Estados Unidos en guerras largas y difíciles, arriesgando a miles de soldados en tierra. Con su ex asesor John Bolton, en la gestión anterior, intentaron fomentar la desestabilización interna y un golpe militar contra Nicolás Maduro, sin lograrlo. El gobierno venezolano, a su vez, se ha venido preparando largamente frente a las diversas variantes del “cambio de régimen”, incluida la agitación callejera, el boicot económico, la traición militar o el atentado presidencial.
Llevar a cabo una acción armada contra Venezuela no tiene un resultado político garantizado, como ha admitido recientemente el propio Bolton en un reportaje. Podría desatar una situación caótica, de gran destrucción, sin garantía de que predomine la oposición pro norteamericana. Una intervención chapucera, sin resultado feliz a corto plazo –Corina Machado dictadora “democrática” de Venezuela–, podría ser un boomerang político para el prestigio internacional norteamericano, y una fuente de malestar en América Latina frente a una matanza injustificable.
No es aconsejable desvincular una situación de esa complejidad de un deterioro en la situación de los mercados globales, con consecuencias negativas para la economía mundial.
La caldera
Es importante observar la situación en los Estados Unidos, y especialmente la del gobierno de Trump, porque la gestión Milei depende estrictamente de ese único apoyo.
La situación difiere drásticamente del período menemista, con el cual se suele comparar a la actual gestión.
En el plano interno, una vez lanzado el Plan de Convertibilidad, el gobierno de Menem pudo mostrar, transitoriamente, una gran estabilidad de precios al mismo tiempo que una reactivación económica y mejora del consumo popular, al menos hasta 1995. Desde 1998 la actividad productiva y el consumo entraron en un retroceso imparable.
En el plano externo, a Menem le tocó un período de completa hegemonía norteamericana –el “momento unipolar” de los '90– y un auge del capitalismo globalizado, que vivió durante largos años disfrutando de la burbuja financiera de las empresas punto.com.
Milei, en cambio, no ha logrado ninguna estabilización espectacular (2% mensual mínimo) y por eso tiene que inventar el 17.000% de inflación. En cambio, el retroceso productivo y de los ingresos que viene ocurriendo desde el inicio de su gestión, continuará profundizándose en su tercer año de gobierno.
En materia internacional, a diferencia de “los felices '90”, la hegemonía norteamericana está siendo limada desde la propia presidencia de los Estados Unidos, con el trasfondo de preocupación por la emergencia de otros poderes económicos, tecnológicos y militares alternativos. Además, el capitalismo global está lejos de protagonizar una marcha triunfal hacia el progreso, fantasía que sí existía en los ‘90.
Si bien sobran las razones para una acción política decidida en contra de la actual gestión neocolonial, en la vereda opositora la atonía es impresionante.
La CGT no reacciona frente a un inminente embate legislativo contra los trabajadores.
El Partido Justicialista no puede mostrar un plan económico que aún estaría en ciernes, cuando hay un conjunto de medidas urgentes –no hace falta escribir 400 páginas– que ya deberían estar siendo anunciadas y explicadas a la población, para mostrar una alternativa política clara frente al gobierno de las corporaciones. ¿Ante qué se está dudando?
La Comisión Nacional de Valores autoriza a que niños mayores de 13 años puedan invertir en el mercado de capitales, medida altamente inmoral, destructiva tanto de las finanzas familiares como de la cabeza de los niños, sin que la sociedad se escandalice y los sectores vinculados a la niñez, a la educación y a los famosos “valores familiares” expresen contundentemente su oposición.
La injerencia norteamericana en los asuntos internos argentinos se ha vuelto grotesca en los últimos meses, sobran los ejemplos, y no aparecen reacciones claras y dignas frente al tema. Las dirigencia nacionales y provinciales parecen estar papando moscas.
El gobierno sigue deteriorando las capacidades regulatorias públicas, la salud de la población (crece el porcentaje de chicos no vacunados), la educación en todos los niveles se degrada, al tiempo que pauperizan al sistema científico y tecnológico nacional, y no se logra articular un movimiento amplio de protesta frente al atropello de cuestiones elementales.
Ante el destrozo industrial en marcha, el presidente de la Unión Industrial Argentina, Martín Rappallini, se refiere al responsable directo del actual industricidio, el financista Luis Caputo, y dice: “Me gustaría que hable más de industrialización” ¿Eso es todo lo que tiene para decir? El gobierno está creando las peores condiciones para la supervivencia industrial y el máximo representante del sector ¿sólo pide que el ministro “hable de industrialización”, cuando es su enemigo declarado?
Es evidente que la supuesta oposición al régimen, en todas sus dimensiones, tiene un problema profundo para asumir su rol. Está en un nivel ínfimo de representatividad sectorial, social y política. Pero aun cuando la oposición parezca dibujada, las condiciones materiales de vida de las mayorías no sólo no se han estabilizado, sino que todo indica que sufrirán un proceso de deterioro significativo durante 2026.
¿Quién será capaz de romper el círculo vicioso del pesimismo producido por la deserción de las dirigencias opositoras, que a su vez excusan su ausencia en la falta de reacción “de la sociedad”?
Ser capaz de romper el círculo vicioso del pesimismo y la resignación, de la desesperanza y el aislamiento será, seguramente, la prueba de fuego que deberá atravesar una dirigencia representativa que necesariamente deberá surgir en los próximos tiempos, para ocupar el enorme espacio vacante de muchísimos argentinos que hoy están solos y esperan.
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