Eran las ocho y cuarto de la mañana del 6 de agosto de 1945 cuando el cielo de Hiroshima, que hasta ese instante sólo había sido cielo, se convirtió en otra cosa. No hubo sirenas, no hubo tiempo para que nadie corriera hacia ningún refugio: hubo, apenas, un fogonazo blanco que algunos sobrevivientes describirían después como un segundo sol, y luego un silencio tan completo al que muchos, muchísimos años más tarde, seguirían sin encontrarle palabra. Una ciudad de madera y papel, de tranvías puntuales y puestos de pescado, de chicos que iban a la escuela con la mochila al hombro, dejó de existir en el tiempo que tarda una mariposa en batir las alas. En los escalones de piedra de algunos bancos y templos quedaron grabadas por el calor las siluetas de personas que un instante antes habían estado allí, sentadas, esperando algo que nunca llegaría. Se las conoce, todavía hoy, como las sombras de Hiroshima. Son el último vestigio de miles de vidas de las que no quedó ni siquiera un cuerpo que enterrar.
La bomba se llamaba Little Boy. Nombre en clave, nombre de guardería, nombre de juguete para el arma más letal que la humanidad había construido hasta entonces. Tres días después, el 9 de agosto, otro avión, otra tripulación y otra ciudad recibieron la Fat Man. Nagasaki ni siquiera era el objetivo previsto para aquella misión: el blanco original era Kokura, pero las nubes obligaron a cambiar el rumbo y la historia terminó descargando la muerte sobre un lugar distinto. Hay algo profundamente perturbador en ese detalle. La vida de decenas de miles de personas dependió, literalmente, de la dirección del viento y de la densidad de las nubes.
Entre ambas bombas murieron cerca de 250.000 personas. La inmensa mayoría eran civiles. Muchos desaparecieron en el mismo instante de la explosión, convertidos en cenizas o evaporados por una temperatura que durante cuatro segundos alcanzó los mil ochocientos grados. Otros sobrevivieron lo suficiente como para caminar entre los escombros con la piel desprendiéndose de su cuerpo como si se tratara de muñecos de cera. Los últimos murieron meses o años después, consumidos lentamente por una radiación que siguió matando cuando la guerra ya había terminado y los diarios del mundo habían dejado de hablar de Hiroshima y Nagasaki. La bomba no distinguió entre soldados y niños, entre combatientes y ancianos, entre quienes habían tomado decisiones políticas y quienes simplemente iban camino al trabajo. Su única lógica fue la de la destrucción absoluta.
Desde entonces, ningún Estado volvió a utilizar un arma nuclear contra una ciudad. Ese dato suele repetirse como una prueba de que la humanidad aprendió la lección de Hiroshima, como si el espanto hubiera producido finalmente un consenso moral acerca de los límites de la guerra. Sin embargo, la explicación parece bastante menos reconfortante. Lo que evitó un nuevo ataque nuclear no fue una súbita conversión ética de las potencias, sino la certeza de que, a partir del momento en que la Unión Soviética desarrolló su propia bomba, cualquier utilización del arma atómica implicaba aceptar la posibilidad de una destrucción recíproca. La paz nuclear nació del miedo mucho antes que del arrepentimiento.
Pero Hiroshima dejó otra herencia mucho menos recordada y, acaso por eso mismo, más reveladora. Si aquellas explosiones inauguraron una nueva etapa en la historia de la guerra, también marcaron un límite extraordinariamente preciso para el derecho penal. Pocas veces una decisión política produjo una cantidad semejante de muertes civiles en tan poco tiempo. Pocas veces un hecho de esa magnitud fue tan ampliamente documentado. Y, sin embargo, nunca existió un intento de investigar penalmente a quienes lo habían decidido. No hubo una comisión internacional encargada de reunir pruebas. No hubo un fiscal dispuesto a formular una acusación. No hubo un tribunal convocado para determinar si el lanzamiento de las bombas constituía un crimen de guerra o un crimen contra la humanidad. La discusión quedó rápidamente desplazada hacia otro terreno: el de la necesidad militar, el del mal menor, el de la inevitabilidad histórica. Antes incluso de preguntarse si había existido un crimen, buena parte del mundo ya estaba discutiendo si aquel crimen había sido útil.
Ese desplazamiento resulta todavía más llamativo cuando se observa lo que ocurrió, casi simultáneamente, con los crímenes cometidos por los derrotados. Mientras Hiroshima era absorbida por el relato de la victoria aliada, el derecho internacional comenzaba a construir una de las experiencias judiciales más importantes del siglo XX. En Núremberg fueron juzgados los principales dirigentes del régimen nazi; algunos años después, Adolf Eichmann sería secuestrado en una calle de Buenos Aires y llevado a Jerusalén para responder por su participación en el exterminio. Puede discutirse la legitimidad de esos procesos, sus límites o incluso el carácter inevitablemente político de la justicia de los vencedores. Lo que difícilmente puede discutirse es que existió una voluntad de investigar, juzgar y condenar. Hubo jueces, fiscales, expedientes, pruebas, testigos y sentencias. Hubo un esfuerzo por traducir el horror al lenguaje del derecho.
Con Hiroshima y Nagasaki ocurrió exactamente lo contrario. Harry S. Truman, el Presidente norteamericano que autorizó el lanzamiento de ambas bombas, jamás ocupó el lugar reservado a los acusados. Nunca debió responder por aquella decisión ante un tribunal nacional o internacional, ni explicar por qué el asesinato instantáneo de cientos de miles de civiles debía ser considerado un acto legítimo de gobierno y no un crimen. Décadas más tarde declararía, sin el menor asomo de arrepentimiento, que volvería a tomar exactamente la misma decisión. Murió en 1972 rodeado de honores, convertido en una figura central de la política estadounidense del siglo XX, con su nombre asociado a bibliotecas, universidades y a una doctrina de política exterior que todavía hoy forma parte de los programas académicos. La historia nunca lo trató como trató a los vencidos.
Y quizá allí es donde comienza otra pregunta de esta historia. El problema no consiste solamente en que Truman nunca haya sido juzgado, sino en que casi nunca fue pensado como un criminal. Esa ausencia dice algo más profundo que la simple existencia de una justicia internacional selectiva. Dice algo sobre la forma en la que nuestras sociedades construyen la propia idea de delito, sobre quiénes pueden ocupar el banquillo de los acusados y quiénes, aun después de haber provocado una matanza de dimensiones inéditas, permanecen protegidos por categorías tales como estadista, comandante, líder, presidente, vencedor.
El sistema penal sanciona conductas, pero antes de sentenciar necesita reconocerlas como delitos y reconocer a quienes las realizan como posibles delincuentes. Ese reconocimiento nunca es solamente jurídico, sino también cultural. Los criminólogos de la teoría del etiquetamiento lo decían de forma clara: primero viene la etiqueta de delincuente, luego la pena.
Ninguna sociedad persigue todas las violencias con la misma intensidad. Distribuye selectivamente no solamente etiquetas, sino también su capacidad de horrorizarse. Algunas muertes se transforman en tragedias universales; otras se disuelven en estadísticas. Algunos responsables son perseguidos durante décadas a través de continentes enteros; otros terminan sus vidas pronunciando conferencias o escribiendo sus memorias.
La criminología nació, en buena medida, intentando responder una pregunta aparentemente sencilla: ¿por qué se delinque? Desde fines del siglo XIX, esa pregunta movilizó una enorme producción de conocimiento. Médicos, psiquiatras, antropólogos, juristas y, más tarde, psicólogos y neurocientíficos, dedicaron generaciones enteras a identificar aquello que distinguía al delincuente del resto de la población. Cambiaron los métodos, cambiaron los lenguajes y cambiaron las teorías, pero la obsesión permaneció casi intacta. Primero se buscaron las respuestas en el cuerpo (el delincuente atávico). Después, en la personalidad. Más tarde, en el ambiente familiar, en la pobreza, en la educación, en los traumas infantiles, en la química cerebral o en los genes. Cada época creyó haber encontrado la clave definitiva para explicar el crimen.
Lo curioso es que esa inmensa maquinaria de producción de conocimiento casi nunca dirigió su mirada hacia quienes ejercían las formas más devastadoras de violencia. Mientras millones de páginas intentaban explicar por qué un joven robaba, violaba o mataba en un barrio pobre, casi nadie creyó necesario preguntarse qué características compartían los hombres que planificaban bombardeos masivos, organizaban campañas coloniales o diseñaban políticas de exterminio. Pareciera que la criminología positivista aceptó una delimitación implícita de su objeto: el delincuente era siempre el individuo situado en los márgenes del orden social, nunca quien ejercía la violencia desde el centro mismo del poder.
La propia historia de la criminología ofrece indicios suficientes para comprender que esa selección respondía a una determinada manera de entender el orden social. Cuando Cesare Lombroso publicó L'uomo delinquente en 1876, convencido de que el crimen podía leerse en la anatomía del "delincuente nato", Europa se encontraba en plena expansión colonial. Apenas nueve años después, en la Conferencia de Berlín (1884-1885), las grandes potencias se repartieron el continente africano sin la participación de un solo africano. Mientras la criminología buscaba las huellas del delito en los cuerpos de los pobres, los locos o los racializados, permanecía prácticamente ciega frente a las violencias masivas ejercidas por los propios Estados imperiales. Cuando Enrico Ferri o Raffaele Garofalo desarrollaron sus teorías sobre la peligrosidad, tampoco pensaban en los gobernantes europeos que, por esos mismos años, administraban imperios sostenidos sobre masacres coloniales. El criminal seguía teniendo un rostro perfectamente reconocible: era pobre.
El prejuicio que asocia pobreza y delito fue advertido con ironía por el criminólogo norteamericano Edwin Sutherland recién a fines de los años '40. Señalaba que la aparente relación entre ambas cosas era tan engañosa como si los especialistas seleccionaran únicamente delincuentes pelirrojos para sus investigaciones y, a partir de esa muestra, concluyeran que el cabello rojo es la causa del delito.
En la Argentina esa tradición tuvo uno de sus casos paradigmáticos en Cayetano Santos Godino. El “Petiso Orejudo”, como lo bautizó la prensa, no fue solamente un homicida; fue, sobre todo, un extraordinario objeto de estudio para la criminología positivista. Su cuerpo fue fotografiado hasta el cansancio. Sus orejas fueron medidas con precisión científica. Médicos y juristas analizaron la forma de su mandíbula, el tamaño de su cráneo, sus antecedentes familiares y hasta sus hábitos cotidianos, convencidos de que allí encontrarían la explicación del mal. Sobre Godino se escribieron artículos, tesis doctorales y tratados de medicina legal. Su figura ocupó un lugar central en el imaginario criminológico argentino durante décadas.
Godino fue condenado por cuatro homicidios. Truman autorizó una operación militar que provocó, según las estimaciones más prudentes, alrededor de 250.000 muertes. Sobre uno se construyó una extensa literatura científica destinada a descubrir el origen de su peligrosidad. Sobre el otro, nadie preguntó qué clase de racionalidad permite ordenar la destrucción instantánea de dos ciudades habitadas por población civil. A uno le midieron el cráneo. Del otro se estudiaron sus dotes de liderazgo. A uno lo convirtieron en paradigma del criminal. Al otro, en protagonista de la historia política del siglo XX.
Solemos pensar que el sistema penal selecciona cuando decide a quién detener, a quién investigar o a quién encarcelar. Pero esa selección comienza mucho antes. Empieza cuando el imaginario social decide quién puede ser reconocido como criminal y quién queda automáticamente excluido de esa categoría. Antes de existir una selectividad policial o judicial, existe una selectividad social: una forma de mirar el mundo que vuelve visibles ciertos delitos e invisibles otros, que convierte algunas violencias en objeto de estudio y deja otras protegidas por el prestigio del poder, de la victoria o de la razón de Estado. Y eso ni siquiera está justificado por la magnitud de las muertes.
El positivismo lombrosiano quedó desacreditado hace décadas. Nadie serio sostiene hoy que la forma del cráneo permita identificar a un delincuente. Tampoco sobreviven las teorías biológicas más groseras sobre la degeneración o el atavismo. Sin embargo, el lombrosianismo ha sabido camuflarse y viene recargado. Allí donde antes se buscaban estigmas físicos, hoy se buscan marcadores genéticos; donde antes se medían mandíbulas, ahora se interpretan resonancias magnéticas funcionales; donde antes se hablaba de degeneración, hoy se habla de predisposiciones neurobiológicas o de alteraciones en los mecanismos de autocontrol. Cambiaron las técnicas. Se sofisticó el vocabulario, pero no su “objeto” de estudio.
Quizá por eso Hiroshima sigue siendo un episodio tan incómodo. No únicamente por la magnitud de la destrucción, sino porque obliga a formular preguntas que desestabilizan algunas de las certezas más arraigadas del pensamiento jurídico. Si aceptamos que el derecho penal existe para responder frente a las agresiones más graves contra la vida humana, resulta difícil explicar por qué la mayor matanza instantánea de civiles del siglo XX nunca produjo un proceso penal.
Tal vez el mayor triunfo del poder no consista en evitar el castigo, sino en evitar incluso el lenguaje penal. Porque una vez que ciertas muertes dejan de ser pensadas como delitos, también dejan de exigir responsables. Y cuando eso ocurre, la selectividad penal ha alcanzado su forma más sofisticada: ya no necesita absolver a nadie, porque ni siquiera hay acusados.
Es posible que por eso la historia recuerde con tanta facilidad los nombres de las bombas y con tanta dificultad los nombres de quienes decidieron utilizarlas. Las primeras quedaron inscriptas en la memoria como armas extraordinarias. Los segundos, como hombres de Estado. Las sombras de Hiroshima siguen allí. No sólo sobre los escalones donde el calor borró los cuerpos, sino también sobre las palabras con las que todavía elegimos nombrar (u ocultar) a sus responsables.
* Lucas Crisafulli es abogado y docente de Introducción a los Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la UNC.
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