Sueños y estafas en Olavarría

Funcionarios y punteros macristas involucrados en una venta ilegal de terrenos

 

La estafa es un delito que sucede cuando un engaño induce a un error y genera una defraudación y su consecuente perjuicio (artículo 172 del Código Penal). Vaya si sabrá de engaños y defraudaciones el mejor equipo de los últimos 50 años. En este caso, el municipio de Olavarría gobernado por el intendente Ezequiel Galli volvió a protagonizar otro escándalo nacional.

La titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4 de Olavarría, María Paula Serrano, investiga una venta irregular de terrenos que involucra a funcionarios del municipio. Habría “alrededor de 100 operaciones fraudulentas”, sostuvo. La cifra se desprende de la declaración de las personas estafadas y de la documentación secuestrada tras los allanamientos. Según se informó, entregaron alrededor de 800.000 pesos en cada operación, lo que equivaldría a una estafa de entre 80 y 100 millones de pesos.

Por su parte, los abogados Julio Beley y Alexander Aquila representan a ciudadanos que habrían sido engañados por Claudio Peralta, un puntero político de Juntos por el Cambio, quien aseguró tener contacto con el intendente y sus funcionarios. De hecho, en la zona lo conocen por haber trabajado activamente en la campaña de 2019 para ganar el distrito en barrios vulnerables, a tal punto que lo veían repartiendo alimentos en camionetas del municipio. Además, sus fotos en las redes sociales demuestran un contacto cercano.

 

Claudio Peralta, puntero de Juntos por el Cambio, con el intendente Galli.

 

Peralta prometía entregar terrenos a cambio de dinero en efectivo a un valor inferior al de mercado. Los hechos ocurrieron en 2020, pero las víctimas recién se animaron a denunciar luego de enterarse de que se trataba de una red bien aceitada de estafas. El sueño se la casa propia se había transformado en la peor pesadilla: entrega de millones de pesos, préstamos a pagar por años y vehículos a cambio de nada.

La denunciante Mariana Patrula relató que Peralta decía que la municipalidad le había cedido terrenos a cambio de “favores políticos”. Una vez “adquiridos” y al intentar alambrarlos o comenzar a construir se encontraron con dos grandes sorpresas: había otra persona instalada o bien una causa por “usurpación” del terreno que en teoría habían comprado legalmente y con aval municipal.

Fue el propio Peralta quien reconoció que fue convocado por Daniel Robbiani, secretario de Desarrollo Humano y Calidad de Vida, Gastón Acosta, ex subsecretario de Gestión Administrativa, y Mariano Ciancio, ex asesor del intendente, para vender terrenos que se entregarían bajo un “plan de Desarrollo Social de Olavarría”. Ni desarrollo ni social, una estafa.

 

El intendente Galli (de traje), detrás Robbiani, el prestafirma Peralta (de jean gastado) y detrás suyo Acosta.

 

Peralta reconoció que cobraba 2.000 pesos por cada firma de boletos de compra-venta y cesiones de derecho que hacía en la escribanía Catanzaro, lo cual generaba tranquilidad y una sensación de legalidad. Nada hacía sospechar lo que había detrás, sobre todo si se desconocía un pequeño detalle: todas las ventas se realizaban en la misma escribanía.

El 10 de junio y tras el allanamiento, el escribano Alfredo Catanzaro quedó suspendido por dos años por estar asociado a la causa de venta ilegal de terrenos en Olavarría. Pero eso no es todo: tenía una sentencia de 2014 vinculada a una serie de inspecciones realizadas años anteriores por otras acusaciones.

Todo hace sospechar que Peralta era solamente la punta de un iceberg que se hunde en las profundidades municipales y hasta Sergio Roldán, su propio abogado, aseguró que su cliente no podría haber actuado solo.

Al respecto, Maximiliano Wesner, concejal del Frente de Todos, sostuvo que en las maniobras “hay un patrón común y es que el supuesto vendedor manifiesta y se presenta como referente barrial, con trabajo social en distintos barrios de Olavarría, y que articula con el municipio y tiene una oferta de terrenos para ofrecer en distintos puntos de la ciudad”.

En la misma dirección, Juan Sánchez, su par del mismo espacio, expresó que los casos tienen la misma operatoria: “Lo que más nos llamó la atención es la intención de visualizar que es un negocio legal”, advirtió. A su vez detalló que siempre “utilizan los servicios de un abogado y de una misma escribanía, muestran contactos con funcionarios municipales y tienen acceso a la ubicación de los distintos terrenos”.

La primera respuesta del Municipio fue insólita: adujo que no se constató que los terrenos truchos fueran municipales, dijo no tener ninguna relación con Peralta y –la frutilla del postre– recomendó a los vecinos que al momento de concertar cualquier operación inmobiliaria “soliciten a quien ofrece el inmueble un informe de dominio al Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires”. Lo llamativo es que dicha tarea debió ser realizada por el abogado o el escribano interviniente en la transacción y jamás por los damnificados, sobre los que no recae ninguna culpa.

Pero en abril de este año, cuando el agua llegó al río y la imputación quedó firme, suspendieron sin goce de sueldo a Mariano Ciancio, riñón del intendente Ezequiel Galli. Paradójicamente se desempeñaba como “Asesor de Desarrollo Humano y Calidad de Vida”.

Como lo único que no tiene solución es la muerte, encontraron la manera de que Ciancio, imputado y suspendido en su cargo por la venta ilegal de terrenos, siga cobrando… Y es así como encontraron una factura de 170.000 pesos que Ciancio extendió a “Juntos por Olavarría” en concepto de “servicios prestados”. Esto confirma que el intendente Galli sigue vinculado a imputados por estafar a vecinos a los que dice representar.

Para los próximos días se esperan las pericias telefónicas que permitirían el entrecruzamiento de llamadas con más funcionarios de áreas estratégicas del municipio.

Cambian las formas, la estafa sigue.

 

 

 

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