SUS SEÑORÍAS

El límite es —debería ser— la Constitución

 

Thomas Jefferson, tercer presidente norteamericano, fue un clásico hombre de la Ilustración. Le apasionaba la arquitectura tanto como la política y confiaba en la ciencia y la educación más de lo que tal vez confiaba en Dios, aun pese a ser un hombre religioso.

Durante su mandato se dio uno de los leading cases (casos escuela) más renombrados de la historia. Y que aun hoy en la Argentina los estudiantes de derecho, sus profesores, los abogados, jueces, fiscales y defensores repetimos como un mantra. Es el caso Marbury Vs. Madison, que algunos llaman el caso de «los jueces de la medianoche». La historia es simple y burocráticamente aburrida. Sus efectos no.

Adams, el segundo presidente de Estados Unidos, había perdido las elecciones, las había ganado Jefferson en unas muy reñidas elecciones. Antes de irse y con la ayuda del Congreso que aún controlaba, Adams designó 42 jueces de paz para el Distrito de Columbia. Las diligencias de la época corrieron por la ciudad de noche notificando a los designados, pero el Secretario de Estado no llego a notificar a cuatro jueces. Uno de ellos era el sufrido Willian Marbury. El nombre del notificador era James Marshall y era el hermano del recientemente asumido Presidente de la Corte Suprema norteamericana John Marshall, quien había jurado como presidente del tribunal en febrero de 1801. Antes de ser miembro de la Corte Suprema, John había sido el Secretario de Estado de Adams.

Cuando Jefferson asumió la presidencia en marzo de 1801, estaba levemente fastidiado por la grosería que habían hecho los federalistas, con Adams a la cabeza. Sobre la hora habían copado una parte importante del Poder Judicial. Imagino que mas fastidiado estaba Marbury, que se había hecho los rulos y no podía creer su mala suerte.

Jefferson le ordenó a su Secretario de Estado que no entregase las actas de designación de los cuatro señores. Y Madison, el renuente, no las entregó pese al reclamo de Marbury y los otros desafortunados casi jueces. A finales de 1801 Marbury y los otros casi jueces, hartos de que Madison no les contestase nada, iniciaron una demanda exigiendo que se les entregase el acta de designación y se les tomase juramento como jueces. La Corte norteamericana le pidió explicaciones a Madison sobre el tema, quería saber por qué no había contestado el reclamo de Marbury… Y Madison, con una templanza que debió ser fuente de inspiración para el Bartleby de Melville, decidió que prefería no contestar el pedido de la Corte, como no había contestado el reclamo de Marbury. Respiró hondo y guardó el escrito que le había enviado la Corte en el ultimo cajón del escritorio, se sirvió un whisky y se puso a pensar en cómo comprar Luisiana a los franceses, mientras miraba pensativo un mapa.

Hay que reconocer a favor de Madison que marcó tendencia. En 1802 el Congreso norteamericano decidió que preferiría que la Corte no iniciase sus sesiones y las suspendió. Asi que el fallo tuvo que esperar hasta 1803.

El fallo señaló algunas cosas importantes a la luz de los juristas. Primero que la actividad —o la falta de ella— de los funcionarios es una conducta que puede ser analizada por los Tribunales, en tanto afecta derechos individuales. Al respecto señaló la Corte en Marbury que este tenía derecho al nombramiento que exigía, porque para el nombramiento se habían cumplido todos los requisitos exigidos por la ley.

También se pregunto el Tribunal: «Si el derecho existe y ha sido violado, ¿proveen las leyes del país un remedio a esa violación? La esencia misma de la libertad civil consiste, ciertamente, en el derecho de todo individuo a reclamar la protección de las leyes cuando han sido objeto de un daño«.

La respuesta a esa pregunta fue: depende del caso. Consideró la Corte Norteamericana que «el Presidente está investido de algunos importantes poderes políticos cuyo ejercicio está librado a su exclusivo arbitrio, y por el cual es sólo responsable ante el pueblo, desde el punto de vista político, y ante su propia conciencia. Para colaborar con él en el cumplimiento de sus funciones, puede designar funcionarios que actúen bajo su autoridad y de conformidad con sus órdenes. En estos casos, los actos de los funcionarios son los actos del Presidente, y sea cual fuere la opinión que pueda merecer el modo en que el Ejecutivo utiliza sus poderes discrecionales, no existe ni puede existir poder alguno que los controle. Las materias son políticas, atañen a la Nación, no a derechos individuales, y habiendo sido confiadas al Ejecutivo, la decisión del Ejecutivo es terminante«. (Hola Memorándum con Iran…)

Entonces: ¿tenía o no Jefferson que designar a Marbury? La Corte Norteamericana resolvió que la ley por la que había reclamado Marbury era inconstitucional y que por lo tanto la Corte no podía atender el reclamo. ¿Por qué era inconstitucional dicha ley? Porque «la autoridad otorgada a la Corte Suprema por la ley de organización judicial de los EE.UU. para emitir órdenes directas de ejecución de conductas a funcionarios públicos, no parece estar respaldada en la Constitución, y hasta se hace necesario preguntarse si una competencia así conferida pueda ser ejercida».

El caso se rechazó y Marbury ya no volvió a intentar ser juez y siguió siendo un exitoso hombre de negocios hasta el día de su muerte.

El caso Marbury vs. Madison proyectó sus efectos sobre el derecho norteamericano y luego sobre el derecho argentino, estableciendo la supremacía del Poder Judicial para determinar la constitucionalidad de las leyes. Señaló la Corte norteamericana: «O la Constitución controla cualquier ley contraria a aquélla, o la Legislatura puede alterar la Constitución mediante una ley ordinaria. Entre tales alternativas no hay términos medios: o la Constitución es la ley suprema, inalterable por medios ordinarios; o se encuentra al mismo nivel que las leyes y de tal modo, como cualquiera de ellas, puede reformarse o dejarse sin efecto siempre que al Congreso le plazca. Si es cierta la primera alternativa, entonces una ley contraria a la Constitución no es ley; si en cambio es verdadera la segunda, entonces las constituciones escritas son absurdos intentos del pueblo para limitar un poder ilimitable por naturaleza».

La pregunta que no tiene respuesta aún es qué sucede cuando no son las leyes sino el propio Poder Judicial quien desconoce la Constitución. Analicemos un caso reciente, que pasó desapercibido entre un dólar imparable y una TV invadida de cuadernos y conspiraciones.

La Sala 4 de la Casación Penal Federal decidió declarar imprescriptibles los delitos de corrupción, entendiendo como tales “grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento”.

Quiero ser clara en esto: el caso IBM —tal es el caso— es una vergüenza, se lo mire por donde se lo mire. Lleva 20 años sin ser juzgado. Pero me pregunto y les pregunto: ¿alguien cree por casualidad que un trámite judicial cumple 20 años por casualidad? ¿Alguno de los que estamos leyendo esto se animaría a afirmar que el Poder Judicial es ajeno a esta demora inexcusable? ¿En serio, Sus Señorías?

Dicho lo anterior, voy a señalar a un caso vergonzoso al cual los doctores Hornos y Gemignani han propuesto una solución aún más vergonzosa. Que es violar la Constitución. Los jueces, vía la interpretación retorcida de la Constitución, han legislado en materia penal. De modo inexcusable. Y los jueces, Sus Señorías, no pueden hacer eso. Porque la Constitución es clara en cuanto a que las leyes, en particular las leyes de fondo tales como el Código Penal, son competencia del Congreso de la Nación. De hecho, la prohibición de legislar en materia penal alcanza al propio Poder Ejecutivo. Simple, son dos artículos de la Constitución que se pueden resumir en la expresión «los delitos y las penas son competencia exclusiva del Congreso».

Un delito puede ser imprescriptible, siempre que una ley así lo declare. Una ley. Son imprescriptibles los delitos de Lesa Humanidad porque una ley así los declaró, al ratificar los compromisos internacionales en materia de Derechos Humanos. Repito, una ley.

Ninguna de las Convenciones contra la Corrupción citadas por los jueces y que están ratificadas por nuestro país declara imprescriptibles esos delitos. No hay mucho más que discutir. Simplemente no lo hay, por muchos párrafos que se escriban para discutirlo.

No voy a ahondar en esa discusión inconducente para lo que sí quiero decir. Los jueces son jueces. No legisladores. Si fueran legisladores estarían sometidos en última instancia al control de la ciudadanía, mediante el voto, aun en la democracia de más baja intensidad que se pueda imaginar. Pero como no son legisladores, no están sometidos a dichos controles.

De hecho y a decir verdad, los jueces no están sometidos a controles reales sobre lo que hacen —o no hacen— en ejercicio de su función. Aunque formalmente existen controles, en la Argentina de estos días esos controles están bastardeados hasta el absurdo más horrible por el gobierno de Mauricio Macri. Que en lugar de controlar utiliza el poder para disciplinar a los jueces y empujarlos a legitimar medidas absurdas o arrepentirse de por vida —y fuera de tribunales, preferentemente— de no hacerlo.

Tampoco hay un ejercicio efectivo de la superintendencia que tiene la Corte Suprema sobre los tribunales inferiores. Porque la Corte Suprema, por presiones, por conveniencia, por cobardía o simple desidia, ha decidido no ejercerlo. O tal vez porque la propia Corte y muchos de los jueces han decidido reemplazar el gobierno de las leyes por el gobierno de los hombres… del Poder Judicial.

Así entonces, los jueces se sienten libres de vulnerar la Constitución. Y lo vemos todos los días. Desde la eximición dispuesta por Acordada respecto a los impuestos que pagamos el resto de los mortales, hasta el desprecio más absoluto por las garantías constitucionales que protegen a todos los ciudadanos. En estos tiempos vemos cómo un juez lleva adelante prácticas extorsivas a plena vista del público para investigar un escándalo como es la causa de los —quemados sin aviso— cuadernos de Centeno.

Algunos señalaran que la extorsión resulta una práctica por demás efectiva para la investigación. La tortura también lo es, si medimos la efectividad en términos de confesión o arrepentimiento. Aun no sabemos si es tan efectiva en términos de verdad. O de prueba. Pero ese detalle a casi nadie parece importarle. Porque claro, ya hay una verdad que no es judicial, sino mediática. Y el imperio de esa verdad, que no es verdad sino construcción de sentido y carece de elementos de validación pero suma voces de distribución, es hoy casi absoluto. Y la verdad construida artificiosamente es difícil, si no imposible de apelar. Y es desigual en cuanto a las herramientas para defenderse de ella, cuando no es verdad sino mentira. Y es terrible. En todos los casos. También lo es para los funcionarios del Poder Judicial.

Quiero recordar a los jueces de este país que si ellos graciosamente declinan la función de impartir justicia, y le ceden el monopolio de la inocencia y la culpabilidad al cuarto poder, se encontrarán al final del camino con el mismo tribunal tramposo, sin reglas ni verdades. Y sin garantías.

Recuerdo de nuevo a Marshall, que mas allá de sus preferencias políticas, supo ponerse a sí mismo un límite. Lo que ordena la Constitución. La letra de la Constitución. Ni más ni menos. No legislen, señores jueces. Juzguen, respetando las garantías constitucionales. Háganlas valer. No permitan tribunales tramposos. No los legitimen. No se hagan los zonzos. El costo es demasiado alto para la sociedad. La Constitución es el limite, Sus Señorías. Y si han decidido no cumplir con su función, entonces y como dijo Marshall: «Si fuera ese el estado real de las cosas, constituiría algo peor que una solemne burla«.

Sepan Sus Señorías que en este estado de cosas los burlados somos todos. Y ustedes también.

14 Comentarios
  1. Ricardo Alberto Comeglio dice

    Graciana: Dice ud.: «La pregunta que no tiene respuesta aún es qué sucede cuando no son las leyes sino el propio Poder Judicial quien desconoce la Constitución», y yo creo que sí tiene respuesta, la que está en la misma Constitución, sino no sería constitutiva.
    La primer respuesta está en el art. 21 de la Constitución y es demasiado peligroso. Dice allí: «Artículo 21.- Todo ciudadano argentino está obligado a armarse en defensa de la patria y de esta Constitución, conforme a las leyes que al efecto dicte el Congreso y a los decretos del Ejecutivo nacional…»
    Como las leyes nos dicen que la forma de armarse en defensa de la Constitución es siendo parte de las Fuerzas Armadas o de las fuerzas de seguridad, es a través de esas fuerzas que se debería actuar. Pero como el monopolio de esa fuerza está en manos del Poder Ejecutivo, aunque con algún control desde el Congreso y con puesta a disposición del Poder Judicial, es más que evidente que este artículo no se puede utilizar cuando es uno de los poderes del Estado el que violenta la Constitución.
    Máxime cuando el art. 22 de la misma Constitución dice que si las Fuerzas Armadas o de seguridad, o cualquier cuerpo armado, se arroga por sí representación popular, comete sedición.
    El valor autónomo, primigenio e inalterable de la Constitución lo da el art. 30 porque señala la única forma que puede ésta ser reformada, quedando entonces vedado todo acto que quiera hacerlo de una forma distinta a ello, aún cuando ese acto sea una resolución judicial. Por lo que la inconstitucionalidad de no obedecer a la Constitución va de suyo, aún cuando esto parezca de perogrullo, porque nada puede hacerse por fuera de la letra de esa Constitución dentro del contexto normativo del Estado por ella constituido.
    Si se hace algo ajeno a la manda constitucional, entonces se hace algo por fuera del Estado que ésta constituyó, lo que no es válido en el mismo. Sería algo así como cualquier acto dictado por una autoridad ajena a nuestro país que quisiera que su ejecutoria se produzca per sé e ipso facto en nuestro territorio soberano. No es posible sin cumplirse los procedimientos que a tal fin se han dictado en función de la manda constitucional.
    La supremacía constitucional está expresa en el art. 31.
    La segunda respuesta a la pregunta la da el art. 33 en el que expresamente se instituye que no todo queda restringido a lo establecido en la misma Constitución cuando de derechos y garantías se habla, porque pueden surgir garantías no contempladas allí pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno.
    Contamos entonces con la posibilidad de ejercer dicha soberanía popular para GARANTIZARNOS la existencia de los derechos no enumerados, entre los que bien podemos considerar al derecho a la existencia de un Poder Judicial ajustado a derecho o que garantice la aplicación constitucional de las normas.
    Ya encontramos entonces el principio constitucional de nuestro derecho, en tanto «pueblo», a ejercer nuestra inmanente soberanía por sobre la Constitución misma. Ella nos lo da en ese artículo 33.
    Ese derecho a garantizarnos la existencia de un Poder Judicial ajustado a derecho, valgan las redundancias conceptuales, determina que una de las formas republicanas para hacerlo bien puede ser el de la «desobediencia» a la autoridad ejercida en forma contraria a la manda constitucional.
    Es decir, si hay una autoridad que promulga o dicta órdenes contrarias a la Constitución, contamos con la garantía constitucional de poder «desobedecer» dichas órdenes porque con ello ejerceríamos un derecho o garantía no reconocido expresamente por la Constitución, pero que está dentro de la órbita de los que surgen de la soberanía popular y de la forma republicana de gobierno.
    Si una autoridad está por fuera de la Constitución, entonces no es republicana su forma de actuar y eso nos permite desobedecerla.
    La desobediencia no es un acto «activo» que pueda ser encuadrado en alguno de los hechos considerados como sediciosos o de levantamiento contra el orden constituido, sino que es un acto «pasivo» de resistencia a una autoridad que vulnera la forma republicana de gobierno y que utiliza el reconocimiento garantizado por el citado art. 33 de la Constitución.

    Luego está en la obligación que el art. 93 le otorga al Poder Ejecutivo para que la autoridad que no actúa conforme a la forma republicana de gobierno y que mereció nuestra «desobediencia», lo haga, por cuanto la Carta Magna está obligando al Presidente a que haga «… observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina».
    Si el Presidente no lo hace e incumple con esa obligación, queda expedita la vía del art. 53 para su destitución mediante juicio político con el objeto de colocar en la presidencia a quien cumpla con esa obligación.

    He ahí su respuesta republicana, democrática y constitucional, Graciana.

  2. Andres D. dice

    Amigos, Graciana es Peñafort, no Peñaflor.

  3. Andres D dice

    Amigos, Graciana es Peñafort, no Peñaflor.

  4. Andres D dice

    Amigos , Graciana es Peñafort, no Peñaflor.

  5. Daniel dice

    Un juez B decide secreto de sumario. En ese lapso ocurren infinitas filtraciones. Antes de levantarlo, aparece una nota resumen en el CIJ, que por ser oficial obliga a pensar buenamente que aun sin firma es un texto del juez. Puede el juez violar el secreto de sumario o debió levantarlo para todos? Todo aparenta que luego de establecer firmemente un prejuicio, parcializando su acción, piensa mantenerse al frente del caso. Por si hiciera falta con foto con el supremo L, el mismo q en una evaluación anual resaltó el tribunal especial ( expresamente inconstitucional) para Once como lo mejor que el PJud hizo. Así como hay cátedras de Derecho Romano, habrá pronto de Derecho Argentino, pero no en las carreras de Derecho, sino en la formación de Inquisidores, Lógica, y humor negro. Capaz la mejor defensa seria invitarlos de a uno como el fulano que fue a la Complutense a pedir inversiones, y obtuvo una merecida pregunta.

  6. guillermo p dice

    «Quiero recordar a los jueces de este país que si ellos graciosamente declinan la función de impartir justicia, y le ceden el monopolio de la inocencia y la culpabilidad al cuarto poder, se encontrarán al final del camino con el mismo tribunal tramposo, sin reglas ni verdades. Y sin garantías.»

    Con el juicio con que juzguéis seréis juzgados
    Mateo 7, 1-5

    Isidore de Robespierre murió en su artefacto.

    1. Lucas Varela dice

      Amigo Guillermo,
      Espero que no lleguemos a tanto, aunque , para llegar a la actual situación de la Argentina, es necesaria mucha mentira y deshonestidad. La historia nos enseña que la mentira es la muerte de un pueblo. Ahora los incautos y crédulos, y bien intencionados, están conociendo «la verdad» que es dolorosa y cruel. Pero con «la verdad» es posible reconstruir entre todos (o la mayoría) un futuro razonable para todos.

  7. Eduardo dice

    Me enriquece cómo persona y ciudadano conocer esta historia, yo que no sé nada de derecho.
    Pero, cono un común tipo de a pie, me pregunto y les pregunto, quien le pone el cascabel al gato?
    Causas con más de veinte años! LEGISLADORES que no legislan, políticos sólo pour le galirie, instituciones vacías, justicia corrupta y vieja…
    En fin, los diagnósticos son esclarecedores, pero «marche preso»…

  8. Norma dice

    Mi comentario es una respuesta a Lucas Varela. Yo admiro la claridad de Graciana, pero lo que dice es muy vasto para responderle. Y le voy a responder a usted Lucas Varela porque su comentario es una muy clara síntesis, expresión de lo que creo que muchos sentimos.
    Concuerdo con sus apreciación de lo dicho por Graciana Peñaflor. Estamos viviendo una democracia (porque fueron elegidos por la mayoría en elecciones libres )pero es una democracia sin república. Por eso huele mal y huele a dictadura. Porque no se respetan los derechos del Pueblo (Polis griega) y se gobierna para una minoría.

    1. Lucas Varela dice

      Muchas gracias Norma.

  9. Lucas Varela dice

    Estimada Sra Graciana Peñaflor,
    Quizás, como corolario, podríamos decir que una República sin democracia es un absurdo, es pura dictadura. Pero, una democracia sin república es posible, la estamos viviendo. Es dolorosa, es difícil de entender y huele mal, huele a dictadura.
    Su artículo es muy ameno y esclarecedor. Muchas gracias.

  10. Haydée I E Espinosa dice

    Excelente y necesario. Son desviaciones evidentes y flagrantes, que nos dejan desprotegidos y sin posibilidad de defensa. Gracias y propongo difundir.

  11. Elida de Bianchetti dice

    Brillante.

  12. Carlos Monteleone dice

    Brillante como de costumbre. Gracias

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