Tacos de punta contra la impunidad

María Elba Martínez, la abogada cordobesa que enfrentó a los genocidas

 

Desfalleciente. Después de hablar más de ocho horas durante el alegato en el juicio por la muerte de 31 detenidas y detenidos políticos de la Cárcel Penitenciaria de Córdoba, la boca no le respondía. Se le trababan las palabras.

La abogada querellante María Elba Martínez estaba extenuada. Sin embargo, con un esfuerzo conmovedor, admirable, seguía proyectando en la pantalla, frente al Tribunal, las fotos y documentos que demostraban la mano implacable del terrorismo de Estado pergeñado desde el poder cívico-militar y eclesiástico de la dictadura del ‘76 sobre esas prisioneras y prisioneros asesinados a mansalva en los primeros meses posteriores al Golpe. Ella explicaba cada proyección con el conocimiento indiscutible de un trabajo minucioso que había realizado durante décadas.

 

 

 

 

 

 

El presidente del Tribunal ordenó un cuarto intermedio de apenas diez minutos. Quería terminar esa misma noche. María Elba Martínez no daba más. Recién ante el pedido del querellante Hugo Vaca Narvaja, sin mucho entusiasmo, el juez accedió a levantar la audiencia hasta el día siguiente.

A ninguna otra querella se le exigió de esa manera, recordó años después Vaca Narvaja, en un libro homenaje de la Secretaría de Cultura de la Nación, donde el abogado describe con admiración, y atónito, la escena de estos párrafos iniciales. He copiado sus palabras.

 

María Elba junto a Miguel Hugo Vaca Narvaja.

 

 

“Ahora está el juicio”, había respondido tajante María Elba Martínez a Vaca Narvaja unos días antes, cuando él le pidió que fuera al médico. La abogada sangraba por la nariz. Ya estaba enferma. Pero no quería distraerse. En diciembre de 2010, los genocidas Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez fueron condenados a prisión perpetua por los fusilamientos de la Penitenciaría.

Notablemente desmejorada, con dificultades para desplazarse, dos años después la abogada llegó como querellante de más de 50 víctimas al juicio de La Perla, a cuyo fin no pudo asistir. Por un cáncer iniciado en los ovarios, que la fue destruyendo, el domingo 18 de agosto de 2013 murió en el Hospital Nacional de Clínicas. Tenía 68 años.

Buena ocasión recordarla en este 2023 del décimo aniversario de su muerte, en este mes de movilizaciones por los derechos de las mujeres y contra el olvido.

En los albores de la democracia, a dúo con el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, María Elba Martínez inició una investigación exhaustiva sobre los crímenes perpetrados en el Tercer Cuerpo de Ejército y presentó la primera demanda. Un voluminoso expediente engordado año a año; decenas de carpetas que en Tribunales Federales ocupaban un armario completo. La materia prima de los juicios por delitos de lesa humanidad en Córdoba, entre ellos la llamada Megacausa de La Perla y La Ribera y los fusilamientos de la UP1 (la Penitenciaría).

Con entusiasmo presenció el Juicio a las Juntas de 1985 impulsado por Alfonsín, y se opuso a viva voz cuando el mismo Presidente intentó dar vuelta la página con las leyes de Obediencia Debida y Punto Final; impunidad que Menem completó sancionando los indultos a los genocidas condenados. No aceptó, tampoco, los Juicios por la Verdad, un engendro de verdad sin justicia con el que se pretendió aplacar a las víctimas.

Dueña de una tenacidad arrasadora, María Elba Martínez trajinó durante décadas una profesión dominada por varones conservadores, que salvo excepciones permanecieron en silencio, muchos cómplices, cuando la única ley era la de las detenciones ilegales, la tortura, el ninguneo de los habeas corpus. Apabulló con su inteligencia excepcional, su gigante memoria; su obstinación para encontrar lo inhallable, su palabra como daga. Nada, sin embargo, como su coraje. Algunes se burlaban de ella en Tribunales. Le temían a sus dardos verbales que dejaban al descubierto la cobardía reinante. En silencio, muches la admiraban. Abogades jóvenes que se fueron sumando a su equipo de trabajo.

María Elba Martínez fue una de las primeras en hablar de dictadura cívico-eclesiástica-militar. En insistir que los horrores de los campos de exterminio eran la expresión brutal y necesaria del poder económico empresarial, con la complicidad de clérigos y funcionarios judiciales. Y hasta médicos. Los periodistas se quedan en lo superficial, se quejaba ante la mirada que no va más allá de los tormentos sufridos.

Sabedora de ese entramado que pervive a pesar del castigo a los genocidas, trabajó codo a codo con el Sindicato de Obras Sanitarias, que durante años se opuso a la privatización del agua, y luego en Luz y Fuerza, para impedir que la EPEC terminara como Aguas Cordobesas. Fue abogada de la familia del ex senador radical Regino Maders, por cuyo asesinato apuntó contra Luis Medina Allende, mano derecha de Angeloz. Cuando en la revuelta popular de 2001 un policía mató a David Moreno, de 13 años, desencajada, desde el barrio del chico adonde llegó apenas ocurrido el crimen, cargó contra el gobernador José Manuel de la Sota. Es responsable, vociferó ante los medios. Era la única que lo decía, me cuenta la periodista Katy García, que estuvo ahí. María Elba Martínez sabía que detrás de todo gatillo fácil hay un poder que mata. Y fue la primera abogada de las mujeres de otro barrio, Ituzaingó, donde los agrotóxicos envenenaban a la gente, y pasó mucho tiempo antes de que los reclamos de las madres dejaran de parecer exagerados.

Reclamando el juicio a Primatesta.

Con Horacio Verbitsky, del CELS −ella en representación del Servicio de Paz y Justicia−, reclamaron el enjuiciamiento de Raúl Francisco Primatesta, el arzobispo amigo de Menéndez, por la desaparición de recién nacides hijas e hijos de detenides desaparecides en la Casa Cuna, donde un cura y cinco monjas asistieron a la apropiación y cambio de identidad de les pequeñes.

Incansable en su resistencia a las leyes del perdón, acudió al Sistema Interamericano. Tras cinco años de batalla, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le recordó al Estado argentino que las leyes que garantizaban la impunidad de los represores eran incompatibles con la Convención Americana de los Derechos Humanos. La misma Comisión comprobó la complicidad de jueces cordobeses con el terrorismo de Estado, y María Elba Martínez logró el enjuiciamiento de varios funcionarios judiciales por esa connivencia.

Fue veedora en el Consejo Electoral Africano cuando –después de 27 años preso– Nelson Mandela fue elegido Presidente, e integró el Tribunal Permanente de los Pueblos que investiga violaciones a los derechos humanos en todo el mundo.

Larga pero acotada, esta enumeración, aun a riesgo de parecer un denso currículum, sirve para comprender por qué, al despedirla, Eugenio Zaffaroni escribió que de haberse desplegado en Buenos Aires el recuerdo de María Elba Martínez sería motivo de un homenaje nacional de enormes proporciones.

“Ni en Córdoba ni en Buenos Aires la valoraron lo suficiente”, se enoja su hija Mónica Napolitano al otro lado del celu. Pero afuera era muy respetada. Aquí, hasta muchos de sus propios colegas la maltrataron. “Mi madre dio la vida por esos juicios”.

 

Con Emi D’Ambra, otra referente de los derechos humanos de Córdoba, tras la sentencia en la causa Albareda.

 

También Zaffaroni intuye que ese tanque de energía (como la describió) se consumió tempranamente por tantos años de ponerle el cuerpo a las víctimas.

Mónica Inés Napolitano, psicóloga de 52 años, dirige la Fundación María Elba Martínez, creada para preservar la valiosa documentación de lesa humanidad y otras causas que quedaron a la deriva tras la muerte de su madre. Tuvo la importante ayuda de la abogada Adriana Gentile, quien pronto la reemplazará en la presidencia.

María Elba Martínez amaba a los pueblos originarios, la sabiduría ancestral de sus culturas. En esa línea, descreía de la medicina tradicional; mucho antes de la moda saludable fue vegetariana, y apuntalaba su racionalidad con una defensa de lo holístico. Algo así como una new age combativa.

En Tribunales, alguno la llamaba la paraguaya. Despectivamente.

Nació en Formosa. Hija de padre paraguayo y madre formoseña. Su abuela materna, una guaraní que usaba trenza negra y andaba descalza (me cuenta la hija). La abuela hablaba con la nieta en su lengua, lengua que la madre, estricta directora de escuela, le prohibió usar a la pequeña María Elba.

Cabello renegrido, abundante, largo. Andar sensual. Menuda, arriba de tacos altos como zancos (Verbitsky dixit). Belleza y coquetería que ningún varón (amigo ni enemigo) omitía comentar. Hablaba hasta por los codos. En elucubraciones a veces difíciles de seguir, pero con las que llegaba a puertos sorprendentes. Arduo trabajar con ella. Titánico, todo intento de ganarle una discusión.

Nunca tuvo auto, y mientras cerca suyo otres colegas elegían el dinero, la fama y la frivolidad (dijo Vaca Narvaja), ella atendía a los de la vereda de enfrente, los débiles y perseguides. Sin medir riesgos, enfrentó la impunidad de los genocidas desde la primera hora. Y siempre denunció el entramado del poder económico, clerical y judicial que los prohijó.

Un combo explosivo, María Elba Martínez. Un cisne negro, una anomalía, escribió el periodista Alexis Oliva. Quizá eso ayude a comprender por qué en uno de sus últimos alegatos, como recordó el ahora juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja, a ninguna otra querella se le exigió como a ella.

 

 

 

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