Te recuerdo, Amanda. Ibas a encontrarte con Manuel.
Suena la sirena, de vuelta al trabajo. Muchos no volvieron, tampoco Manuel.
Víctor Jara, 1969
Las Fuerzas Armadas y las de Seguridad tienen sus listas de caídos en cumplimiento del deber. Las centrales obreras, no. Así lo admitieron dos fuentes de la conducción de la CGT en cuyas áreas cabrían ese tipo de registros. Para saber quiénes son las víctimas de la precarización laboral fallecidas en los últimos años, derivan a las ART o a cada gremio.
En efecto, algunos llevan ese triste conteo, si bien suelen dejarse afuera los no registrados. En el primer año de El Cohete, esta columna compiló los casos de fallecidos por entonces mientras trabajaban. Uno de los pocos que registraba en detalle sus pérdidas humanas era el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, cuyo secretario general, Guillermo Juan Pereyra (fallecido en mayo de 2024), había advertido que “la mayor parte de los accidentes se producen a partir del sexto día de trabajo continuo”. Ese nivel de precisión sólo se alcanza con información estadística, que no abunda.
Desde 2016, el espacio Basta de Asesinatos Laborales (BAL), conformado por trabajadores y familiares, lleva registros de lo que llaman “crímenes por desidia patronal”. En el último lustro estiman esas muertes en un millar por año.
La cuestión fue comentada esta semana, previa a otro día de los trabajadores, en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, donde presentaron la más reciente revista-libro del Observatorio de Trabajo y Derechos Humanos.
Su director, el quilmeño Daniel Cieza, recordó que el porcentaje de obreros víctimas de la dictadura iniciada hace medio siglo alcanzó el 84%, según el estudio más preciso, el de Inés Izaguirre: "Argentina. Una larga tradición de prácticas normalizadas", ponencia al XXVI Congreso de Sociología Latinoamericana, Guadalajara, 2007.
Cieza en 2012, como Victoria Basualdo en 2016, dieron cuenta de la responsabilidad de las grandes empresas en el detonante genocida contra la clase obrera. Tanto el CELS como FLACSO y la Secretaría de Derechos Humanos sumaron más precisión: 88% fueron secuestrados en los lugares de trabajo; 76% de las empresas entregó información de los trabajadores a las fuerzas represivas; 52% hizo aportes económicos, 72% permitió presencia militar de control, supervisión y amedrentamiento en las fábricas.
En esa lógica, se enmarca La Noche de las Corbatas, desatada por la represión ilegal contra los abogados laboralistas. El más destacado de ellos, Norberto Centeno, había sido el autor intelectual de la ley de Contrato de Trabajo (20744/74), la más completa en la historia vernácula.
El devenir post dictatorial es periodizado por el Observatorio de la Facultad. Durante el alfonsinismo, el fracaso de la ley Mucci permitió un decreto que contribuyó a que varios dirigentes populares marginados durante la dictadura pudieran regresar a sus sindicatos. El menemismo/delarruismo (cotejados por igual en el Observatorio) profundizó el desempleo a partir de la “flexibilización laboral”. Durante el kirchnerismo, con Carlos Tomada como ministro gracias al diputado Héctor Recalde, se rescataron valores de la Ley 20744. El macrismo no avanzó desde lo legal contra los trabajadores, pero presionó a los jueces del fuero laboral, cuya continuidad en la etapa de Javier Milei permitió a los CEO de corporaciones priorizar sus intereses a modo de “contrarreforma laboral”.
Hoy como ayer
La mortalidad obrera es menos intempestiva que cuando una patota los arrancaba de sus puestos de empleo para torturarlos y/o desaparecerlos. No obstante, persiste el anonimato entre sus filas.
Como se consignó aquí, con fuente en distintos gremios, “son muchos más los trabajadores que se enferman y llegan a morir por las condiciones de empleo que consumen sus vidas de manera menos evidente (ACV, cáncer, depresión, infartos, suicidios)”.
Desde el último día de los trabajadores
En el último año, estos son algunos ejemplos de tragedias en un marco laboral.
El 24 de mayo de 2025, Leonardo Fabián Leguiza, trabajador de mantenimiento de Trenes Argentinos que estaba de franco, murió al ser chocado por un tren que se dirigía desde la estación Hudson hacia Constitución.
El mismo sábado, en el centro de Córdoba, Ricardo Arturo Mourgues, de 62 años, quedó atrapado bajo los escombros de una obra en construcción. El comisario de Bomberos Guillermo Brandalise detalló: “Colapsó una losa con hormigón armado, de 250 metros cuadrados. Se encontraban trabajando 18 obreros, de los cuales lograron salir todos salvo uno”. Mourgues había ayudado a sus compañeros a ponerse a salvo, pero él no lo logró.
A comienzos de junio, el albañil Mario Ricardo Olivera, de 43 años, realizaba tareas en un edificio en construcción en La Plata cuando perdió el equilibrio y cayó desde un séptimo piso. “Muerte por accidente” caratuló el fiscal Carlos Alpino Vercellone.
El sábado 5 de julio, Martín Garnica (55 años) soldaba un tanque de combustible. Tras una explosión, murió en el acto, carbonizado. Su ayudante, Fabián Guzmán (32), sobre el tanque del camión, padeció quemaduras de primer grado en la mitad del cuerpo. Otros seis operarios las sufrieron de grado dos y tres. En el depósito del taller del ingenio Río Grande en La Mendieta, Jujuy, los cuatro matafuegos estaban descargados; la persona a cargo de Seguridad e Higiene no se encontraba ni estaba al tanto de la seguridad de los operarios; no realizaban simulacros de prevención ni rescate; ninguno tenía preparación en RCP. Las directivas del ingenio para los trabajadores del siniestro fueron que al día siguiente estuvieran en sus puestos para limpiar todo; ninguno se acercó a los deudos, según la prensa local.
A finales de julio, un obrero de 64 años que reparaba el techo de un corralón sobre la Ruta 11 –en General Madariaga– perdió el equilibrio y cayó. De acuerdo con el medio El Mensajero, el fiscal Walter Mercuri caratuló “Averiguación de causales de muerte”.
El domingo 17 de agosto, cinco obreros del norte de Santa Fe cayeron con un montacargas desde el noveno piso de un edificio en construcción en San Lorenzo. Viajaban a Buenos Aires en busca de empleo: Matías Aquino (30 años); Fernando Guerra (27); Lucas Palacio, Alexis Cettour y Axel Vanwelle, los tres de 25. Con ellos, fueron 17 los fallecidos por accidentes laborales el año pasado, de acuerdo con el Ministerio de Trabajo provincial, que señala como predominante la informalidad laboral (60%) y la ausencia de servicios de higiene y seguridad en las obras (70%), informó el diario Uno.
A mediados de octubre, en Salta, Enrique Burgos, de 35 años, perdió la vida tras derrumbarse la obra donde trabajaba en la ladera del cerro 20 de Febrero. La abuela de sus dos niñas viajó desde Cafayate, pero tardó en recibir el cuerpo debido a que lo inestable de los escombros hacía necesario que fueran removidos con maquinaria del Ejército.
A mediados de ese mes, en pleno centro de Puerto Iguazú, Javier Jesús González cayó de un andamio sin protección, por lo que agonizó varios días. Según los inspectores de Seguridad e Higiene, la construcción no estaba habilitada ni contaba con elementos de seguridad. Los familiares presumen que esa obra estaría vinculada al director de Obras Privadas, que tendría lazos con la empresa ejecutora a partir de haber participado en obras públicas en las que trabajó González.
En febrero, el municipal Miguel Valenzuela cavaba una obra en la localidad de Juan María Gutiérrez, al sur del conurbano, cuando un desmoronamiento de tierra que lo cubrió le provocó la muerte.
Cerca de allí, en una empacadora del Parque Industrial Plátanos, Rubén Darío Paíz falleció el 3 de marzo, electrocutado en una máquina con mal mantenimiento, de acuerdo con fuentes obreras. Según sus familiares, la causa penal no tendría un fiscal asignado luego de que la interviniente se excusara. “Sin fiscal no hay investigación. Sin investigación no hay justicia”, expresaron en su mensaje, donde remarcan que “no fue un accidente, sino un hecho evitable”.
El 13 de marzo de este año, en una obra en demolición en Oroño al 2500 de La Paternal, Ramón Vargas murió al caer desde tres metros, según llegó a explicar su hijo a la prensa, antes de ser asistido por una crisis de nervios.
El 16 de abril, un trabajador de 18 años quedó bajo los escombros tras el derrumbe de una pared del Country Causana, en Malagueño, Córdoba. A pesar de que sus compañeros lo rescataron, pereció en un centro de salud.
El mismo jueves, en Rosario, un obrero de 60 años falleció al caer desde el techo en el que realizaba desarmes de la cubierta de un galpón de siete metros de altura. A pesar del código rojo que activó la intervención de un helicóptero sanitario para urgencias, la gravedad de las lesiones hizo que el hombre muriera tan pronto que el operativo aéreo no se concretó.
Al día siguiente, en Jujuy, un municipal de Calilegua murió aplastado entre un tractor y un tanque atmosférico, mientras cumplía funciones en el barrio Tupac Amaru. Un vecino amigo intentó rescatarlo con gatos hidráulicos y cadenas, pero la víctima ya no tenía signos vitales. La Municipalidad no tiene en funcionamiento su web ni se explayaron en sus redes.
El intendente Raúl Chávez había sido denunciado por el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM) por quedarse con 12 millones de cuotas sindicales (lo que el oficialismo justificó con que la Gobernación no les coparticipa fondos).
De ninguna de esas entidades pudo rescatarse el nombre del fallecido.
@somosjujuy Un trabajador municipal de Calilegua falleció esta tarde luego de quedar atrapado debajo de un tractor, mientras cumplía funciones en el barrio Tupac Amaru de esa localidad. Un vecino y amigo intentó rescatarlo con gatos hidráulicos y cadenas, pero la víctima ya no tenía signos vitales. Investigan en qué circunstancias el obrero municipal cayó del vehículo.
El 18 de la semana pasada, el joven Brian Moll fue atropellado por el tren Roca en Ranelagh cuando intentó cruzar para llegar a tiempo con un pedido.
Los repartidores son una nueva categoría de empleados, expuestos tanto a los accidentes de tránsito como a los asaltos (en 2021, uno fue atropellado a propósito por un patrullero).
Belén D’Ambrosio Romero, secretaria general del Sindicato de Base de Trabajadores de Reparto por Aplicación (SiTraRepA), plantea que las empresas encubren la relación de dependencia, ya que el algoritmo es el verdadero “medio de producción”, donde la explotación supera las 70 horas semanales.
La Suprema Corte bonaerense entiende que los motociclistas de PedidosYa y Rappi no son “socios” ni “emprendedores”, sino trabajadores con relación de dependencia.
Si algo ha cambiado en la tradición explotadora de este medio siglo, es la nacionalidad de los empresarios. Quizás haya que dejar de citar el adjetivo posesivo referido por Rodolfo Walsh para que el “nuestras” quede sólo en “las”:
“Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes ni mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia aparece, así, como propiedad privada, cuyos dueños son los dueños de todas las cosas” (Semanario CGT de los Argentinos, colección 1968-1970).
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