Tarea de orfebres

El desafío de resolver a favor de los de abajo sin romper los precarios equilibrios macro de la economía

 

Después de perder las PASO, la coalición oficialista entró en debate respecto del trago amargo de los resultados. La media de las explicaciones se arremolinó alrededor de dos causas preponderantes: los votantes que quedaron en sus casas y el malestar económico de los grupos sociales de menores ingresos. Una llevaría a la otra. Pero más allá de números e interpretaciones de dirigencias y analistas, que las hubo en abundancia, la población expresó en su voto una demanda de bienestar, perdido o añorado.

Pasado el estupor de la derrota más federal de los últimos tiempos queda la complejidad de los desafíos, en un país desigual por donde se lo mire y que encuentra en los ingresos su indicador más evidente. La discusión es amplia, de largo alcance y no debe simplificarse, pues el riesgo es arrinconar una estrategia estructural de redistribución de ingresos al corto plazo. Si queremos una economía inclusiva que nos contenga a todos hay que afinar los instrumentos. La ecuación no es de simple resolución. Producir, crear empleo, distribuir y generar los dólares que acompañen este sendero son todos desafíos concurrentes con la solución del endeudamiento. Un recorrido de plazos largos donde el Estado deberá intervenir con paliativos para resolver las urgencias de aquellos bajo la línea de flotación. El mercado de trabajo merece una atención pormenorizada de modo conjunto con las transferencias monetarias del Estado, que hoy parecen responder a lógicas de tiempos precedentes.

Yamile vive en Esteban Echeverría pero trabaja en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires igual que su marido. Dice que “en casa, por suerte, hay dos sueldos”. Se desempeña como empleada doméstica, mientras él lo hace en una fábrica. Tienen dos hijos pequeños. Son un grupo familiar que las estadísticas del INDEC tipifican como “Hogar de 4 integrantes” y que en el mes de agosto de 2021 precisó de un ingreso de 68.359 pesos para no ser pobre. Juntando los dos salarios hoy alcanzan unos 53.000 pesos. Cuenta ella que el mes pasado, como ya hicieron otros varios vecinos, dieron de baja la instalación de gas natural de la casa que habitan, que esperaron años, y volvieron a la garrafa porque no alcanzan a pagar el servicio. Y aunque “dar de comer a sus hijos” es una situación que se les viene dificultando mes a mes, no reciben ninguna transferencia monetaria del Estado. El marido de Yamile gana 35.000 pesos en un trabajo formal registrado, cifra que redondea con el salario familiar. La percepción de esa Asignación Familiar excluye a Yamile, trabajadora precarizada, de la posibilidad de recibir la AUH. Se enoja porque, en consecuencia, no puede recibir la Tarjeta Alimentar (requiere como condición percibir la AUH), y sin ella, dice, “no llegamos a fin de mes”. Un hogar donde el trabajo permite superar el umbral de la indigencia, pero no el de la pobreza, e independientemente del empleo o su ausencia y su calidad de registrado o no.

Trabajar para ser menos pobre, sin dejar de serlo, grafica una sociedad rota, donde es imposible minimizar la realidad actual al ponderar las causales del voto del 12 de septiembre. Una inflación que se come los salarios ni bien recompuestos, media población que trabaja en negro, un ejército inmenso de trabajadores que no encuentran lugar en la actividad productiva y se inventan a sí mismos cada día, como laburantes y personas, una pobreza de más del 40% que recae sobre trabajadores desocupados y ocupados (formales o informales).

La Argentina hoy pareciera necesitar una precisión de orfebre para poner la comida sobre la mesa cada día y asfaltar simultáneamente el largo camino que le permitiría lograr un futuro razonable y justo, todo con el andar más suave posible y sin que lo uno anule lo otro. Si bien el consumo explica poco más del 70% del producto, su expansión precisa de un delicado equilibrio, ya que la industria es demandante de dólares que luego utiliza en la compra de bienes intermedios y de capital. Esta ecuación económica implica un gran desafío por delante también para la política social, puesto que hay que resolver a favor de los de abajo sin romper los precarios equilibrios macro que presenta hoy la economía, evitando chocar contra devaluaciones violentas que hacen retroceder a quienes menos tienen a posiciones más desfavorables aún.

Las actuales condiciones post PASO le imponen un cepo político a la fuerza gubernamental para equilibrar gastos necesarios con mayores ingresos (sean extraordinarios o de otra índole). Algo de los DEG del Fondo Monetario Internacional, algo de expansión monetaria, todo en cuenta gotas y partiendo desde una desigualdad que no afloja. En el primer trimestre de este año, según el INDEC, el 40% de la población con menores ingresos acaparaba en conjunto el 13,7% del ingreso total per cápita familiar, mientras el 10% de más altos ingresos se quedaba con el 32,4%. En este contexto, ¿a quién le hablaba el alcalde porteño cuando apenas minutos antes de ir a las urnas pidió un seguro de desempleo en reemplazo de las indemnizaciones por despido? ¿A la clase media, a los desocupados, o al 1% de población que habita en la cúspide de ingresos y que tan bien representa su coalición? A propósito de esto último, timbre para el Frente de Todos. Habiendo tantas necesidades en la base de la pirámide socioeconómica, y habida cuenta de las frustraciones depositadas en las urnas, ¿se justifica en estos momentos, donde hasta los centavos cotizan fuerte en las arcas públicas, el aumento del mínimo imponible en ganancias para beneficiar a un porcentaje de población pequeño y de altos ingresos? ¿No es hora de poner lo poco y escaso en la mesa vacía?

En los estratos bajos el futuro es un enigma indescifrable que se acerca cada vez más peligrosamente al presente. El desafío de las mayorías no pasa por las vacaciones del verano: es la cena. Eso le pasa a Marina, que vive en San Justo y trabaja en CABA. Tiene 29 años, una beba, y su mayor preocupación es cubrir las necesidades básicas de ambas. Por eso se endeudó recientemente con un crédito rápido destinado a comprar comida y pañales. Trabaja de manera informal por hora limpiando casas de familia y dos tercios de lo que gana se le van en el alquiler. Está separada del padre de su hija, quien trabaja en blanco realizando tareas de limpieza en una clínica. Desde hace unos meses ANSES le deposita en su cuenta el embargo de la Asignación Familiar que le retiene a él. Como Yamile, tampoco recibe la AUH porque su ex compañero cobra un salario (magro) registrado, y esto la excluye también de la percepción de la Tarjeta Alimentar. Madre a cargo de su hogar, transita la pobreza trabajando precariamente. Ni el mercado laboral ni la política social le ofrecen una respuesta acorde a sus derechos. Fue una de las jóvenes que recibió el IFE durante 2020.

A propósito, ahora que las urgencias del 14 de noviembre vuelven a poner sobre la mesa de los debates un IFE corto, convendría recordar que su versión 2020 alcanzó, en su primer pago, a casi 8,9 millones de personas. Como si fuera poco impactante la cifra, en aquella oportunidad se puso de manifiesto que más de 6 de cada 10 perceptores eran sub 35 años (unos 5,45 millones de personas jóvenes).

Los desocupados medidos por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH-INDEC) durante el primer trimestre de 2021 fueron 1,3 millones de personas. Curiosamente, o no tanto, seis de cada 10 fueron sub 35 (más de 798.000).

Finalmente, los planetas terminan de alinearse. Una situación un poco peor expresan los datos recopilados por el Registro nacional de trabajadores y trabajadoras de la economía popular, que en el primer trimestre de 2021 inscribió al 65,7% del total con edades sub 35.

Los datos expresan por todos lados que hay un problema a resolver en las franjas etarias que agrupan a los jóvenes. Una población específica que atraviesa las mayores dificultades presentes. Son los más precarizados y están dotando a los mercados laborales de una flexibilidad de facto que alimenta bajos salarios y coagula desigualdades sociales. Seguramente muchos de ellos, como sucede con Yamile y Marina, quedan desvinculados de la política social por diversos motivos.

Esa es la contracara de un gobierno que fue exitoso en resguardo del empleo registrado del sector privado durante el ciclo pandémico. Lo cual sustenta el actual rebote económico que exhibe el aparato tecno-productivo. La Argentina exhibe una buena performance regional al respecto. La evolución durante 2020 y hasta mayo del presente año sólo sufrió, en su peor momento, una retracción de 3,2 puntos. Brasil cayó 13,6 y Chile 16,6. La Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) que derivó en el REPRO II explican la buena.

 

 

La derrota dinamiza los cuerpos, que salen a calzarse las botas para realizar la urgencia electoral de convencer a quienes no fueron a votar para que lo hagan en noviembre, suponiendo que volverán a las urnas a galvanizar el contrato que suscribieron en el 2019 con el Frente de Todos. Pero la urgencia vital de resolver los problemas que hoy tiene el grueso de la población no resiste improvisaciones ni argumentos, y mucho menos acciones, de corto y cortísimo plazo, que después dificulten soluciones de largo aliento.

Los tiempos estructurales parecen discrepar con los electorales, pero el movimiento popular espera creatividad, audacia y que el 14 no sepulte al 23.

 

 

 

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