Tarifas, el verdadero rostro del sistema judicial

Un sistema basado en los intereses del mercado y no en los derechos del pueblo

 

El Banco Central se acaba de desprender en una semana de más de 3.000 millones de dólares para contener la fuga de divisas de los grandes operadores, causada por su propia política de apertura, luego de tanto despotricar contra el “cepo”, que enemistó a vastos sectores medios con el gobierno anterior. Es decir, el Estado se desfinancia por más de 60.000 millones de pesos, esta vez a través del Banco Central.

El indetenible proceso de endeudamiento y desfinanciamiento público le es cargado al pueblo a través, entre otras medidas, del bestial aumento de tarifas. Mientras tanto Rogelio Pagano –dueño de las cuatro empresas de energía de la Provincia de Buenos Aires, burlando toda normativa antimonopólica— obtuvo según el balance oficial de 2017 una ganancia superior a los 2.000 millones de pesos. A su vez tiene una deuda impositiva varias veces superior, cuyo pago se dilata a través de un plan de 90 cuotas, de las cuales 10 carecen de interés. A las cuotas con que las familias y las PyME de a pie pueden pagar sus tarifas sí se les carga, indefectiblemente, un interés.

La aparente rebaja por vía de quitar a las tarifas ciertas cargas impositivas, si bien alivia imperceptiblemente, es una doble estafa: por el colosal aumento en sí mismo y porque en lugar de aliviar por vía de reducir la ganancia empresaria, se desfinancia el Estado, es decir, los recursos públicos para objetivos sociales. El plan económico consiste, pues, en salvar a los grandes grupos económicos y empobrecer al pueblo.

El pueblo protesta, con niveles de organización todavía muy precarios, y sigue pagando. Y lo hace porque, pese a la irrazonabilidad y a la injusticia intrínseca de los aumentos, los contratos entre el Estado y las grandes empresas de energía contienen una “letra chica” que les permite cortar el servicio por falta de pago. Y porque está naturalizado que nuestros jueces, en lugar de impartir Justicia con mayúsculas, van a priorizar la letra chica contractual que beneficia a las grandes empresas. Empresas que abusan, un Estado que prefiere a los poderosos, transfiriéndole miles de millones de pesos desde nuestros bolsillos, y jueces a quienes no se les ocurre otra cosa que avalarlo.

En la Alemania de 1989, miles de voluntades pugnaban desde hacía mucho tiempo por derribar el muro de Berlín, pero eran reprimidas. La policía se ponía del lado del régimen y enfrentaba la voluntad popular. ¿Cuándo comenzó a caer el muro, literalmente? La noche en que la policía, en lugar de reprimir al pueblo para defender al régimen, se ubicó del lado del pueblo para cambiar de régimen. Aquí podría suceder lo mismo con nuestro sistema de justicia.

Si se pusiera a favor del pueblo y declarara la justicia intrínseca del no-pago de tarifas abusivas, estas decrecerían, mejorarían las cuentas de las familias y las PyME, tendríamos una mejor Justicia, el Estado estaría del lado del pueblo, y las grandes empresas encontrarían sus límites o tendrían que irse y dejarle al Estado, es decir, al Pueblo, la administración de la energía. Y llegaría una nueva era de Justicia Social.

Cuando el hartazgo moral de una sociedad va llegando a su límite, y uno o más poderes del Estado se ponen del lado del pueblo, se acerca el esperado momento del cambio social. La ruptura puede venir por una doble vía. Por el cambio de actitud de los jueces y también del lado del Pueblo, dejando de aceptar con naturalidad, pasivamente, que debe acompañar este tipo de injusticias. Aunque parezca lejano no dejemos de pensarlo, porque el hecho de pensar un cambio así como posible lo hace menos lejano. Cuando un pueblo se pone metas importantes avanza, crece su potencia para transformar las injusticias como ésta.

Estamos en presencia de un sistema judicial basado en los intereses del mercado y no en los derechos del pueblo. Está mucho más preparado para conjurar los delitos contra la propiedad individual que los delitos contra los derechos del pueblo. Aquellos delitos no sólo perpetrados por grandes empresas, sino consentidos por políticas estatales cuando los representantes de los intereses empresarios ocupan el poder del Estado.

El día que el sistema judicial priorice la conjura de los grandes delitos que privan al pueblo de sus derechos y de su propiedad social, como las escuelas, los hospitales, la infraestructura y el trabajo que le fueron conculcados o quitados por las políticas de vaciamiento en favor de los grandes grupos, el pueblo accederá a mayores niveles de desarrollo y cohesión social, disminuirá la exclusión, y esto llevará indefectiblemente, a cometer menos delitos contra la propiedad privada individual.

La prioridad de un sistema judicial democrático no debe ser interpretar la letra chica de contratos extorsivos en favor de mega-empresas con ganancias extraordinarias, contra un pueblo indefenso debido a la indiferencia estatal. Su prioridad tiene que ser defender valores como la razonabilidad, la integración social, el desarrollo y la igualdad de ese pueblo, de sus hogares y de las pequeñas y medianas empresas que mueven el mercado interno y democratizan el sistema productivo.

 

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