Tarifas y violación regulatoria
Los turbios manejos de Cambiemos en la distribución eléctrica de la provincia de Buenos Aires
La distribución eléctrica en la provincia de Buenos Aires presenta una situación inédita. Tras las ganancias extraordinarias que arroja el ajuste tarifario de Cambiemos, en tan sólo dos años el grupo DESA concentró todas las empresas distribuidoras provinciales, violando los principios más básicos de la propia reforma que se implementó en la década de 1990.
Sin embargo, ante esta situación la gobernadora Vidal y el gobierno nacional no tomaron medida alguna. Es decir, Rogelio Pagano —representante local del grupo empresario de inversores anónimos— reproduce la operatoria más básica de la “comunidad de negocios” que desembarcó en las empresas públicas durante la década de 1990. Sin embargo, hoy cuenta con un plus de beneficios: el combo de ajuste tarifario y descontrol regulatorio del gobierno provincial y nacional.
La creencia en el contexto competitivo como principal ordenador de la economía acompañó el programa de privatizaciones implementado durante la década de 1990. Durante ese período, el CEI Citicorp Holding, uno de los conglomerados beneficiados por este proceso, desplegó una agresiva y diversificada política de adquisición de empresas. (Paradójicamente, buena parte de ellas vinculada a los distintos procesos de privatización.) Con inversiones en telecomunicaciones, en el mercado gasífero (transporte y distribución), en energía eléctrica (generación y distribución), en el sector telefónico (fue uno de los accionistas más importantes del consorcio controlante de Telefónica de Argentina) y en el siderúrgico (resultó adjudicataria de Altos Hornos Zapla), esta “comunidad de negocios” puso a prueba los principios regulatorios fundamentales de la reforma neoliberal.
Integrado por el Citibank, el grupo económico Werthein y el grupo local República –de Raúl Moneta–, el CEI se destacó durante la década de 1990 por su capacidad de lobbying para garantizar la expansión, sin obstáculos, de su emporio multifacético. En el año 2001 se hizo público, en base a una denuncia de la entonces diputada Elisa Carrio y la colaboración del senado de EEUU, que buena parte de las actividades del CEI Citicorp Holding en la Argentina fueron financiadas mediante fondos de dudoso origen, girados a la Argentina vía un conjunto de sociedades offshore radicadas en Bahamas y en las Islas Vírgenes Británicas.
Con amplia trayectoria en el sector financiero, Rogelio Pagano, ex alto ejecutivo del Citibank, salió indemne del escándalo del CEI y años después desembarcó en el sector eléctrico de la mano de Marcelo Mindlin. Pagano se destacó en el Grupo Pampa Energía como gerente de fusiones y adquisiciones, y una década después de haber ingresado al grupo se desvinculó formalmente para registrar en la provincia de Buenos Aires un nuevo emprendimiento, Desarrolladora Energética S.A.
En el segmento de la distribución eléctrica provincial, la aplicación de la reforma neoliberal en la década de 1990 tuvo como resultado, entre otros, la creación de tres unidades de negocio independientes y su posterior privatización (EDEN, EDEA, EDES). En 2011, con la incorporación de EDELAP a la órbita regulatoria provincial, la distribución eléctrica de la provincia de Buenos Aires quedó en manos de cuatro unidades de negocio, reguladas por el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la provincia de Buenos Aires (OCEBA).
La reforma neoliberal del sector eléctrico de la provincia se aplicó siguiendo las pautas emanadas de lo establecido a nivel nacional. En este sentido, la búsqueda de un “contexto competitivo” funcionó como principio ordenador de la privatización de la industria eléctrica y de la reforma de su marco regulatorio. La desintegración horizontal de la industria y la privatización de la mayor cantidad de unidades de negocios independientes respondió a tales objetivos. En este sentido, en monopolios naturales regulados, como el de la distribución eléctrica, la desintegración horizontal en unidades económicas buscaba generar las condiciones para la denominada “competencia por comparación”, asignando la responsabilidad de prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o de abuso de posición dominante al Ente regulador.
Desde la aplicación de las reformas mencionadas, fue habitual el cambio de accionistas de las empresas concesionarias provinciales, pero siempre manteniendo la condición de posibilidad para la aplicación del principio de competencia que, en el marco de un mercado regulado como el de la distribución eléctrica establece límites a la concentración horizontal de las unidades de negocio en manos de una misma empresa o grupo económico.
Sin embargo, a partir de 2016, el grupo Desarrolladora Energética S.A. avanzó con una agresiva política de adquisición de empresas de distribución eléctrica, alcanzando a controlar las cuatro empresas de la provincia de Buenos Aires: Empresa Distribuidora de Energía Norte S.A. (EDEN); Empresa Distribuidora de Energía Sur S.A. (EDES); Empresa Distribuidora de Energía Atlántica S.A. (EDEA) y Empresa Distribuidora La Plata S.A. (EDELAP). El desembarco de la nave insignia de Rogelio Pagano en territorio bonaerense fue posible a partir de la llegada de María Eugenia Vidal al gobierno, y coincidió con la política de ajuste tarifario aplicada por la gobernadora en sintonía con la administración nacional. La política de adquisición de empresas desplegada por DESA redefinió el funcionamiento del sector eléctrico de la provincia y representa una situación inédita dado que implica una evidente violación del marco regulatorio vigente.
La estrategia empresaria estuvo financiada, en parte, por fondos de inversión extranjeros, y tuvo como resultado la integración de un entramado de sociedades que hoy conforman el denominado grupo DESA. Las sociedades controlantes del emporio energético se encuentran radicadas en el extranjero (República del Uruguay, Inglaterra y Luxemburgo), en tanto Rogelio Pagano detenta una porción minoritaria de la participación accionaria, manteniendo en el anonimato a los socios mayoritarios del financista argentino.
La operatoria sobre los servicios públicos de estos grupos empresarios no ha cambiado con los años. Con un representante local, y financiadas desde el extranjero por inversores anónimos, apuntan a apropiarse de las ganancias extraordinarias para luego abandonar el servicio cuando la ecuación económica no los favorece. La novedad viene de la mano de Cambiemos. Con la rapacidad de un aguilucho y bajo el amparo del gobierno nacional y de la gobernadora Vidal, DESA avanzó sobre la distribución eléctrica de la provincia violando los principios más básicos de la regulación vigente.
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