Tecnologías y patentes

 

En este texto proponemos comenzar a discutir cómo puede nuestro país, que si bien es pobre tiene un sector científico fuerte, manejar los temas de propiedad intelectual (PI) para que sirvan como herramientas del desarrollo inclusivo, en particular durante la pandemia, y dejen de contribuir a la dependencia tecnológica.

Nos referiremos a PI aplicada a mercancías pero, excluyendo de nuestro análisis a las obras de arte.

En este marco la PI es una herramienta usada para acelerar los procesos de concentración y centralización de capital.

Debemos tener en claro que al patentarse un proceso, producto o servicio aquellos que las patentes denominan “inventores” reciben solamente el “reconocimiento moral” y las empresas o instituciones que financiaron el desarrollo reciben los réditos económicos. Si bien hubo históricamente algunos juicios sobre el tema, por parte de inventores que reclamaban un porcentaje de los réditos económicos, esto no logró cambiar las leyes de PI.

Las bases ideológicas del reconocimiento y protección de la PI en el sistema capitalista están claramente expresadas en el artículo I, sección 8 de la Constitución de los Estados Unidos, en la que se establece como uno de los poderes del Congreso: “Promover el progreso de las ciencias y artes útiles, asegurando por tiempos limitados a autores e inventores el derecho exclusivo a sus respectivos escritos y descubrimientos”. No constituye un detalle menor el que el aseguramiento de derechos exclusivos sobre inventos o nuevos desarrollos sea solamente por un período limitado de tiempo. Debemos tener en cuenta que en el sistema capitalista, la concesión de derechos de PI por tiempo ilimitado sería contradictoria con un esquema de progreso tecnológico producto de la competencia entre corporaciones.

 

 

 

La PI en la Argentina

El manejo de la PI en nuestro país requiere que el Estado se ubique en el centro de la escena.

El Estado debe asegurar que las innovaciones, desarrolladas por empresas de capital nacional (en particular pymes), sean protegidas asegurando que la innovación argentina revierta en obtención de beneficios comerciales para el país. Asimismo el Estado debe impedir que el pago de royalties al exterior se convierta, para las empresas multinacionales, en una ruta alternativa para transferir divisas a paraísos fiscales o a países en los que las multinacionales puedan obtener mayores tasas de ganancias con sus inversiones. Fundamentalmente, el Estado debe impedir que las patentes de especialidades medicinales comprometan la salud pública.

 

 

Proteger la innovación argentina

Una persona, institución o empresa que en nuestro país haya desarrollado una innovación con potencial valor comercial, la patentará en Argentina, también en aquellos países hacia los que exportaría el producto o servicio innovativo y también en aquellos países en los que un eventual competidor pudiese estar interesado en producir una réplica.

Estos patentamientos involucran una inversión normalmente fuera del alcance de una pyme.

Es en este punto donde el Estado nacional debe cumplir un rol fundamental, pero no limitado a un aporte económico para factibilizar la obtención de las patentes. Obtener una patente es útil solamente si su propietario tiene capacidad para litigar en su defensa, ya sea en el país o en el exterior. Poder litigar, en particular en el exterior, implica poder afrontar gastos aún mayores que los gastos de patentamiento.

Nuevamente, esto involucra una inversión fuera del alcance de una pyme.

Resulta evidentemente la necesidad de una agencia estatal con la capacidad económica y los saberes jurídicos y tecnológicos necesarios para patentar en el país y en el extranjero y para litigar donde sea necesario en defensa de la PI argentina. Esta agencia estatal debiera asegurar que la aplicación de los derechos de PI consistentemente favorezca a nuestro país.

Claramente, la actividad estatal de gestión y protección de la PI de empresas argentinas tampoco puede ser un traspaso gratuito de recursos sociales a empresas privadas, aunque estas sean pymes. La solución debería pasar por asociar al estado con las pymes patentantes, con un cierto porcentaje para el Estado de los beneficios que se obtengan de la patente.

 

 

Cerrar caminos a la fuga de capitales

Un conjunto difícil de controlar para evitar maniobras financieras dañinas para el país es el de las multinacionales con filiales localizadas en nuestro territorio. En particular, una maniobra compleja de controlar es el pago de royalties desde la filial nacional a otra filial de la misma multinacional pero ubicada en el exterior [1] [2] [3].

Nuevamente sería de fundamental importancia una agencia estatal en el campo de la PI, con la capacidad operativa y los conocimientos necesarios para poder  todos los pagos de royalties hacia el extranjero, y muy especialmente los pagos inter-empresa. Con este fin el Estado nacional debiera construir una base de datos en la que estén incorporados todos los pagos de royalties al extranjero, con una precisa discriminación sobre las tecnologías cubiertas en cada caso, la justificación de su necesidad en el proceso productivo o en el producto/servicio producido, el lugar donde se desarrolló la invención y el lugar de trabajo de los inventores. No puede ser aceptable el patentamiento en paraísos fiscales de tecnologías en cuyo desarrollo se trabajó en el país.

 

 

Patentes de especialidades medicinales

Carlos Correa discute en un artículo “el abuso de las patentes medicinales para eliminar competencia y mantener elevado el precio de los medicamentos” [4], práctica llevada adelante por los principales laboratorios farmacéuticos tanto en el Hemisferio Norte como en nuestro Hemisferio Sur.

Correa cita a una comisión de la Unión Europea que en el 2009 afirmaba que “las llamadas empresas innovadoras cada vez innovan menos pero paradójicamente patentan más. El sector farmacéutico está cada vez más concentrado, tras múltiples adquisiciones y fusiones. El ingreso de productos genéricos al mercado, después de vencidas las patentes que las protegían, es demorado deliberadamente por acciones basadas en nuevas patentes relacionadas con el mismo producto. Así estas empresas pueden reverdecer el monopolio que antes les confería una patente sobre un principio activo (es decir el compuesto que confiere actividad terapéutica a un producto) y seguir cobrando altos precios”.

El concepto de la patente como instrumento de estímulo para el progreso no solo es violentado por los grandes laboratorios farmacológicos sino que, como señala más adelante Correa, se pone en riesgo la salud pública, ya que medicamentos más caros significa medicamentos para menos.

En este campo la solución que debiera desarrollar el Estado es compleja: por un lado, tiene que proteger y estimular la fabricación de medicamentos genéricos de calidad asegurando que, con los recursos disponibles, se pueda garantizar la salud de la población; por otro lado no debe aislar al país de los últimos desarrollos farmacológicos válidos.

 

 

PI y pandemia

Los investigadores Jonas Salk y Albert Sabin con sus vacunas lograron erradicar la poliomielitis, una enfermedad altamente contagiosa, que había castigado durante años a niños y jóvenes con secuelas que perduraban de por vida. Ambos científicos renunciaron a patentar sus descubrimientos en beneficio de la humanidad.

En el campo de la influenza el Global Influenza Surveillance and Response System (GISRS), un instituto de la OMS, intercambia data entre organismos de investigación financiados por estados y fundaciones en un emprendimiento de ciencia abierta para acelerar la lucha contra esa enfermedad.

Para superar la actual pandemia será necesario desarrollar, fabricar y distribuir millones de dosis de algún nuevo medicamento (o de viejos medicamentos reciclados) y/o una nueva vacuna en el menor tiempo posible.

En el campo de la investigación científica la urgencia exige que los diferentes grupos de investigación que están trabajando en el tema cooperen y compartan información en lugar de ocultarla apuntando a fortalecer posibles futuros patentamientos. La cooperación entre universidades, laboratorios de investigación empresas y países es imprescindible.

¿Cuentan los Estados con la capacidad necesaria para exigir esa cooperación y la renuncia a la PI por parte de las poderosas empresas farmacéuticas?

Las empresas farmacéuticas acumulan enormes ganancias sobre la base de subsidios de agencias estatales en los países de alta industrialización y sobre la base de extendidas compras estatales en todos los países. Los estados nacionales forman la base de las ganancias de las empresas farmacéuticas (Stiglitz y Mazzucato), por lo tanto los Estados tienen en sus manos la posibilidad de imponerle condiciones a esas empresas.

Es posible y es necesario en esta pandemia redefinir el rol de la PI en la producción de medicamentos.

 

 

 

 

[1]	E. Dvorkin, «Precios de Transferencia,» Suplemento Cash, Página 12, 27 Abril 2014.
[2]	V. Grondona, «Fuga de capitales IV Argentina, 2014. La manipulación de los precios de transferencia,» CEFID-AR, 2014.
[3]	E. Dvorkin, ¿Qué ciencia quiere el país? Los estilos tecnológicos y los proyectos nacionales, Buenos Aires: Colihue, 2017.
[4]	C. Correa, «Patentar inventos o inventar patentes,» Le Monde Diplomatique, enero 2010.

 

 

 

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