Los sectores sociales que gobiernan los Estados de Río Negro, Chubut y Neuquén implementan en forma acelerada las medidas que exigen y necesitan los capitales que explotan los hidrocarburos no convencionales para la exportación. A grandes rasgos, este proceso comenzó a materializarse en 2010, cuando YPF realizó el primer pozo en Neuquén con la técnica de fractura hidráulica (fracking), la indicada para la extracción de gas y petróleo alojado en la roca de origen (shale), que requiere insumos específicos en grandes volúmenes: agua y arenas silíceas. La calidad y volumen de las reservas de la formación geológica Vaca Muerta la ubican como la segunda más grande en gas y la cuarta de petróleo a nivel global.
La estrategia empresaria de un puñado de destacados operadores de la energía se convirtió en política pública en estas provincias, imponiendo en pocos años un modelo de desarrollo económico y territorial que arrasa con los espacios tradicionalmente dedicados a la producción de alimentos y compromete seriamente las fuentes de agua dulce que abastece a la mayor parte de la población local. El modelo se impone con restricciones crecientes a cualquier instancia de participación y debate social, así como con represión policial y persecución penal.
La necesidad de financiamiento propio para la gestión de gobierno y de sus andamiajes electorales está en diálogo bastante armónico con el proyecto libertario. Hay desacuerdos puntuales que se negocian a solas, sin debate ni participación de la población local. Esto ocurre con los casos de la privatización de las presas hidroeléctricas del Comahue y la pulverización de Vialidad Nacional.
Así, las provincias parecen campo minado por conflictos que profundizan la crisis social. El deterioro por el costo de vida, la retracción de la capacidad de compra del peso y el desempleo en todas sus variantes, así como la crisis de representación política de amplios sectores, atentan contra las posibilidades de movilización y protesta ante la maquinaria aceitada del modelo hegemónico del extractivismo.
Aun así, existe un persistente esfuerzo por confrontar desde la histórica relación de poca población en grandes espacios.
Y, en segundo plano, esperando su oportunidad, los capitales de la megaminería, que, en el caso de YPF, juega en los dos sectores.
Las provincias de YPF y PAE
La administración Milei y el escenario global de la demanda energética planteada por la guerra Rusia-Ucrania, entre otras razones, consolidaron el perfil exportador de energía en la Argentina. Aceleró e intensificó la explotación y expansión de Vaca Muerta, inició la reconversión de áreas convencionales en Chubut y avanza en el mismo sentido en la cuenca Austral (Santa Cruz y Tierra del Fuego).
Río Negro, Neuquén y los capitales comparten un plan de desarrollo para los hidrocarburos que, en lo sustancial, puede resumirse en:
- Aumento y reconversión de la producción.
- Creación de obras de infraestructura de transporte y exportación.
- Provisión de insumos y servicios.
Ese plan se materializa con las obras y andamiaje político y legal de:
- El oleoducto Vaca Muerta Sur para el transporte del crudo hasta la costa atlántica, que desarrolla un consorcio de ocho firmas y empezó a construirse en enero de este año.
- Las unidades flotantes para la licuefacción de gas en el golfo San Matías , a la medida del proyecto nacional Argentina LNG.
- Reconversión de áreas convencionales a no convencionales.
- Explotación de nuevas áreas no industrializadas hasta el momento.
En ese aluvión, el movimiento social y sus actores tratan de interpretar al Estado empresario que no dialoga, sino que se mantiene en la lógica de los hechos consumados y el mínimo apego a las formas legales.
El gobierno de Alberto Weretilneck aprobó a fines de julio el plan de iniciativa privada de Pan American Energy (PAE) del grupo Bulgheroni de 147 pozos de fracking en el lago Pellegrini, un embalse hecho para garantizar el riego para la fruticultura del Alto Valle del río Negro y el consumo humano de toda la población local. La última semana, anunció el llamado a licitación pública internacional para la adjudicación de permiso de exploración no convencional y eventual concesión de explotación, transporte y comercialización de hidrocarburos aplicable al área Cinco Saltos Sur. Para este concurso, PAE ya cuenta con la iniciativa privada a su favor. La asociación civil Camino Verde y vecinos autoconvocados de la zona El Arroyón se reunían al cierre de esta edición para analizar los alcances de la industrialización de su territorio.
A pocos kilómetros al este, en chacras de Fernández Oro y Allen, se intensificó la explotación que liquidó la producción de frutas, dejó sin agua potable a la población y contaminó napas y la costa norte del río Negro. Una investigación académica reciente precisa que entre 2010 y 2020, la superficie hidrocarburífera aumentó un 170%, mientras que la frutícola se redujo un 25%.
Al mismo tiempo, el Ejecutivo rionegrino convocó para septiembre a una audiencia pública por la evaluación del estudio de impacto ambiental del proyecto de Southern Energy S.A. de instalación y operación de una nueva unidad flotante de licuefacción, un segundo gasoducto submarino y un nuevo sistema de amarre en el golfo San Matías, en San Antonio Este. Esa firma ya tiene aprobada la instalación de un buque para el procesamiento de gas crudo para la exportación. En esa oportunidad, el año pasado, los operadores de gobierno y de la empresa plebiscitaron sus propias negociaciones sin permitir ningún tipo de disenso. Ahora, Magdalena Odarda denunció penalmente el acuerdo porque una línea del entramado societario de Southern Energy lleva a Premier Oil, radicada en Gran Bretaña y con operaciones ilegales en las Islas Malvinas sancionadas en 2012. Difícil suponer que el Poder Judicial promueva esta acción, que en veinte años no exigió cumplir con la apertura del camino público a Lago Escondido, por ejemplo.
En definitiva, en Río Negro se desarrollan tres proyectos de infraestructura para la exportación de gas licuado: los buques de licuefacción, dos gasoductos al sur de Las Grutas y el complejo portuario Punta Colorada. El consorcio inversor aumentó sus expectativas y su compromiso de capital.
Chispazos
Recién en junio volvió a aumentar la cantidad de crudo extraído en Vaca Muerta. En simultáneo, el país alcanzó el máximo nivel de extracción de gas de su historia, se incrementaron las exportaciones petroleras y el saldo comercial del sector energético, de 3.760 millones de dólares, “salvó” el resultado de la balanza comercial en la primera mitad del año: sin el sector, el comercio exterior argentino habría obtenido un resultado negativo de 972 millones de dólares”, advirtió el último informe de coyuntura elaborado por el espacio EJES (Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental). Señala otro aspecto conflictivo, muy caro para los voceros del orden macroeconómico: “Recrudece el problema del uso de los dólares que genera la actividad. En la primera mitad de 2025 se profundizó la pérdida de divisas por razones financieras por parte de las empresas energéticas y, al mismo tiempo, se observó una feroz política de endeudamiento externo que compromete en el tiempo la disponibilidad de los dólares que puedan ingresar. En sólo seis meses, el sector exteriorizó excedentes por más de dos mil millones de dólares. Es el máximo registro histórico para la actividad. Esto quiere decir que dos de cada tres dólares que el sector generó comercialmente por la diferencia entre exportaciones e importaciones, se perdieron por diferentes canales financieros”.
La situación laboral del sector se fisura en ese contexto. Al cierre de esta nota finalizaba un paro de dos días de los camioneros que reclamaban por deudas salariales de una empresa de arenas para el fracking que entró en convocatoria de acreedores. Estalló por los camioneros, pero los petroleros denunciaron despidos y cesantías en el sector. Meses atrás, los despedidos del petróleo en Comodoro Rivadavia condicionaron una renegociación altamente favorable para PAE (que se pasó al fracking) y para Pecom, que se hizo de las áreas maduras que dejó YPF. En nombre de la preservación de los puestos de trabajo, la Legislatura local aprobó beneficios impositivos para las petroleras.
Agua dulce sacrificada
Entre los lagos Mari Menuco y Barreales (en Neuquén, al oeste) y Pellegrini (en Río Negro, al este) hay menos de 70 kilómetros de distancia en línea recta. Todos son embalses artificiales que se nutren del río Neuquén, hechos especialmente para proveer de agua dulce para el riego de la producción agropecuaria y frutícola. En marzo, el gobernador Rolando Figueroa autorizó por decreto la reconversión de YPF, operadora histórica del área que comprende el área del embalse Mari Menuco y Barreales. Ahora, acaba de hacer lo propio Río Negro para PAE en el Pellegrini.
En su momento, los movimientos sociales y las ciencias acuñaron la noción de “zona de sacrificio” para identificar aquellos territorios que quedaban arrasados por el extractivismo. Ahora, esa noción parece insuficiente ante la magnitud de los alcances que, lejos de ser marginales, amenazan con la masividad. Cada comunidad, cada grupo, puede dar cuenta de los daños severos a la salud, destrucción de hábitats completos, de pérdida de calidad de vida, de acortamiento en las expectativas de vida.
Contra ese cóctel destructor se expresaron en las calles de Neuquén unas 10000 personas el 24 de julio, cuando repudiaron el desalojo violento y desproporcionado de un puñado de gente mapuche y organizaciones de derechos humanos y gremiales que protestaban pacíficamente en la vereda de la Casa de Gobierno. La última semana, en representación de la Confederación Mapuche del Neuquén y cuatro comunidades mapuche, un grupo de abogados denunció penalmente el abuso de autoridad, el exceso del uso de la fuerza pública por parte de la Policía provincial y lesiones leves y graves contra 17 manifestantes durante el desalojo de la mañana del domingo 20 de julio. Plantearon constituirse como querellantes en el caso que difícilmente el Poder Judicial local quiera investigar.
En la lógica de esta democracia restringida, la agenda de los territorios provinciales está fijada por los intereses del mercado, sin la mediación del gobierno nacional, con gobiernos locales que rehúyen el diálogo y no les interesa establecer alianzas sociales amplias. Ante el vaciamiento de la democracia, cada asamblea, cada encuentro, son cruciales para sostener la vida en el territorio acechado.
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