Testigos de un caso testigo

El caso que pone en escena el presagiado conflicto de interés en la Unidad de Investigación Financiera (UIF)

 

Desde hace tres semanas la Justicia Federal recoge testimonios de los vocales del Consejo Asesor de la Unidad de Información Financiera (UIF), a quienes el presidente del organismo, Mariano Federici, quiso echar en 2018 tras recomendar una sanción al HSBC. El caso se inició por una denuncia a Federici y María Eugenia Talerico por encubrir lavado de dinero. Hoy es un caso testigo. Dialoga con quienes criticaron el pase del organismo del Ministerio de Justicia a Hacienda y Finanzas como reflejo de pérdida de control sobre el lavado de activos y el sistema financiero. Pone en escena por primera vez en una causa penal el presagiado conflicto de intereses. Y tiene como contrapartida las nuevas prácticas del organismo que ahora conduce Carlos Cruz, quien en noviembre de 2020, ante un incumplimiento similar, sancionó a la misma banca con multas de 70.000 y 500.000 pesos para cinco directivos. Entre ellos, el vicepresidente de la entidad, Miguel Ángel Estévez, y su presidente Gabriel Diego Martino, el amigo banquero de Mauricio Macri.

 

 

Federici resolvió no sancionar en esa causa y se dio por finalizada. No puede volverse a tratar. Ante un incumplimiento similar, la nueva UIF sí sancionó.

 

 

Confesiones de parte

El Consejo Asesor de la UIF existe desde 2006 y está compuesto por siete cuadros técnicos de otras representaciones del Estado –Banco Central de la República Argentina (BCRA), Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Comisión Nacional de Valores (CNV), Ministerio de Justicia, Ministerio de Economía, Ministerio del Interior y un experto en Lavado y Narcotráfico de Presidencia de la Nación– con salario pago por esos organismos y deber de opinar sobre sumarios y normativas. La intervención es obligatoria, aunque la opinión no es vinculante. El caso que investiga la fiscal Alejandra Mángano y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) de Sergio Rodríguez y que es instruido por el juez federal Luis Rodríguez era para algunos consejeros la primera vez que la cúpula de la UIF se apartaba de un dictamen, pese a la muy alta calificación que poseían. Así lo contó el vocal Germán Miguel Gordillo ante juez y fiscales.

“En mi caso fui seleccionado por concurso y tuve pruebas psicotécnicas. Era el más joven de los vocales. (Alberto) Rabinstein había sido presidente y vicepresidente de la UIF. (José María) Gielis tenía mucha experiencia en el BCRA con visión amplia del sector financiero. (Martín) Montero llegaba con mucha experiencia en administración pública después de pasar como secretario de Estado en la Oficina Anticorrupción. Liliana Burgueño era contadora pública y había estado durante años en la AFIP. Y Mariano Proh, del Ministerio del Interior, facilitaba la interacción con otras provincias como excelente articulador”, detalló Gordillo.

“El Consejo analizaba entre 150 y 200 expedientes al año. Aperturas y cierres de sumarios y dentro de los cierres: multas, absoluciones, archivos o prescripción», dijo Alberto Rabinstein a los magistrados. “Repito: eran entre 100 y 200 expedientes al año. En promedio había 15 expedientes por reunión, pero en ocasiones eran pocos y otra veces más debido a la complejidad”.

 

Fragmento. Acta 349, Sesión del 24/05/2018

 

El caso había comenzado con un sumario en la gestión anterior de José «Pepe» Sbatella a partir de un reporte del BCRA por operaciones sospechosas de lavado en una cuenta del HSBC a nombre de Marcelo Oscar Chirizola. Chirizola era investigado por la Justicia Federal como parte de la red de lavado del capo narco colombiano Henry de Jesús López Londoño, “Mi Sangre”. El argentino no existía para el fisco, no tenía inscripción tributaria, ni datos en la AFIP, ni CUIT, ni ingresos suficientes, ni trabajo estable. Otros bancos habían reportado las operaciones. Y entre diciembre de 2010 y marzo de 2012 operó 593.000 pesos en el HSBC. La UIF pidió explicación al banco que aportó papeles de sus bienes patrimoniales y contratos de alquiler que supuestamente daban cuenta de ingresos suficientes, pero eran posteriores a la operación. Con el cambio de gobierno el sumario atravesó la Dirección de Jurídicos y la de Supervisión del Régimen Administrativo Sancionador –ambas dependientes de la UIF– que aconsejaron el archivo, situación que también deberá ser analizada. En ese momento y antes del dictamen final entró en escena el Consejo Asesor.

“Consideramos que había una parte de la operatoria que quizás se encontraba prescripta”, explicó el vocal Rabinstein a la Justicia. “Sin embargo, llegamos a la conclusión de que la documentación brindada por el banco era insuficiente para determinar un perfil económico. Además, esa documentación, en algunos casos, era posterior a los hechos. Se presentaron contratos de alquiler que, en algunos supuestos, eran de fecha posterior a las operaciones analizadas y, en otros, ni siquiera tenían fecha. Por lo tanto, coincidimos en que no se condecía con el argumento del banco basado en que los contratos justificaban el volumen de dinero manejado por Chirizola para hacer operaciones de cambio”.

De acuerdo a la resolución 121/11, el banco debía haber hecho un perfil económico, patrimonial y tributario del cliente. Y pedir declaraciones juradas. “La declaración de bienes personales no permitía perfilar al cliente por su capacidad económica, sino que era un reflejo de su condición patrimonial”, agregó Gordillo por su parte. “Es decir, esa documentación no le permitía entender al banco que la persona tuviera ganancias, sólo eran bienes”.

Hubo reuniones con Federici en las que explicaron la seriedad del tema. Martín Montero declaró el 28 de abril. Reconoció discusiones subidas de tono y acaloradas durante las cuales sostuvieron que había que imponer una sanción, en una de las testimoniales más enfáticas.

“Recuerdo que fue la primera vez que hablamos sobre el tema. Él se mostró sorprendido sobre la complejidad del asunto. Desconozco qué conocimiento tenía del sumario. Le comentamos que se trataba de un tema serio y le explicamos los pormenores centrales”.

En general, continuó, “en este y en otros casos tuvimos discusiones acaloradas. Sobre todo, con los directores. Se trataba de discusiones jurídicas. En lo personal, como pasa con todos los abogados cuando estamos convencidos de alguna posición, a veces las discusiones eran elevadas de tono. Yo estaba absolutamente convencido, de acuerdo a las constancias que surgían del sumario, que había que imponer una sanción. No había otra posibilidad. Por eso, puede ser que las discusiones hayan sido acaloradas. Los fundamentos de los funcionarios de la UIF eran poco relevantes”.

Una persona que no factura, agregó, es una persona que no puede tener fondos lícitos. “Yo no digo que, eventualmente, fueran fondos del narcotráfico. Ese no era un tema del sumario, pero la evasión tributaria es un delito precedente en materia de lavado”.

Y dijo:

“Yo entiendo que las cuestiones jurídicas son opinables, pero hay casos como este, muy concretos. No estaba incluido en ninguna categoría de AFIP. Chirizola había operado no solamente en este banco, sino también en otros, y esos otros bancos habían emitido ROS  (Registros de Operaciones Sospechosas) por las operaciones que él llevaba adelante. La entidad financiera que no hizo el reporte se trata, además, de un banco muy importante, multinacional”.

Tuvieron una reunión informal con Pablo Sanabria, entonces director del Régimen Administrativo Sancionador. “Quería sentarse con nosotros para hablarlo. La reunión se hizo en el edificio de la UIF y fue muy informal. Le expusimos nuestra opinión y queríamos entender qué había visto el instructor para guiarse por estos criterios. Al final, dijo de manera textual que lo convencimos, pero eso fue un comentario anecdótico. Lo plasmamos en la moción y luego remitimos el expediente a la UIF. Esa fue una reunión en buenos términos”.

El 24 de mayo de 2018 los vocales aconsejaron por unanimidad la sanción al HSBC. No tuvieron más noticias del caso hasta que se enteraron dos cosas por los diarios. Primero, que Federici quería eliminarlos, lo que hizo en septiembre de ese 2018 borrando al organismo del proyecto de Ley de Presupuesto de 2019. Fue el tercer y último intento para sacarlos. El primero había sido con la ley ómnibus del blanqueo denominado “de sinceramiento fiscal” en junio de 2016, luego con el mega decreto de necesidad y urgencia (DNU) de desburocratización del Estado de marzo de 2018, y luego este. Como en las veces anteriores, no pudo. En este caso, reprochado por la oposición en el Congreso. Lo segundo que supieron es que en diciembre de 2018 sobreseyó al banco y archivó el caso. Antes, sin embargo, hizo un pase de área que hoy también es analizado en la causa penal: no tomó la decisión solo –podría haberlo hecho– sino que envió el dictamen de los consejeros para un peritaje a la Dirección de Supervisión. Nunca había sucedido.

–¿Sabe o le consta si la Dirección de Supervisión tiene atribuciones para confeccionar un informe de las características como el que le es exhibido? –preguntó el juez Rodríguez al vocal Gordillo.

–En la UIF siempre fueron un tema de discusión estas cuestiones. No había una formalidad establecida. A veces la documentación se llevaba a la Dirección de Análisis, pero la tarea de esa dirección era otra. Entonces, remitía el sumario a la Dirección de Supervisión. En otras oportunidades, Supervisión dejaba en claro que sólo se podía expedir cuando hacía supervisiones, y no como perito. En este caso, se le dio intervención como perito. Esto fue novedoso. Yo nunca vi que haya pasado algo similar. De todos modos, reitero que la UIF nunca fue clara en este asunto.

Juez y fiscala preguntaron nuevamente sobre el tema al vocal Montero:

–En esta clase de expedientes, ¿era habitual que el organismo se apartara de la opinión del Consejo Asesor?

–No recuerdo ningún caso en mis cuatro años de mandato donde el presidente se haya apartado de la opinión del Consejo. No tengo registro de otro caso similar. Desconozco qué pasó con este sumario en particular. En el caso de que el presidente se haya apartado en este expediente, eso no era usual según lo que yo creo. Los casos de apartamiento son corroborables. No era usual que se apartara. En general, el presidente aceptaba la opinión del Consejo.

 

La puerta giratoria

La causa penal comenzó con una denuncia de enero de 2020 del diputado Rodolfo Tailhade por encubrir operaciones de lavado contra el presidente y vicepresidenta de la UIF, Mariano Federici y María Eugenia Talerico, designados por Mauricio Macri pese a las severas impugnaciones que entonces ya existían.

Federici era consejero externo de la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera, presidida por Juan Félix Marteau. FININT agrupa a profesionales que asesoran a personas y empresas investigadas por lavado de activos, uno de los principales litigantes contra la propia UIF. Era asesor regional del Fondo Monetario Internacional (FMI) y, según contó en este espacio el director de El Cohete a la Luna, uno de los informantes asiduos de la Embajada de Estados Unidos, según las comunicaciones de la sede diplomática con su gobierno. En esos encuentros, acusaba de proteger el lavado de dinero de CFK y de Aníbal Fernández, contra quienes después de tantos años no hay cargos al respecto. Talerico era miembro fundadora de Será Justicia, una ONG creada como brazo político del Colegio de Abogados de la City de Buenos Aires, que reúne a los grandes estudios jurídicos y contables contratados por las mayores empresas multinacionales y locales. Muchos de ellos buscaron condenas contra la Argentina en el  CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones). Talerico también había sido defensora del banco HSBC en investigaciones por lavado de activos. Cuando presentó los papeles para su candidatura, omitió decirlo en su declaración jurada. Sin embargo, mencionó entre las personas físicas a las que defendió a Gustavo Peccora, del que aclaró que era “HSBC Bank Argentina S.A.”.

Martina Cirimele es directora del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), una ONG que impugnó ambas candidaturas por conflicto de intereses. La UIF pasaría a ser manejada por un equipo de abogados que hasta el momento se habían desempeñado como defensores de personas y empresas investigadas por lavado de activos.

“Si hacemos un análisis integral del equipo de profesionales y del entramado de relaciones –dice Cirimele–, se advierte cómo la mayoría se nuclea en torno al abogado Juan Félix Marteau, cuyo estudio jurídico se dedica a la defensa y asesoramiento de presuntos lavadores. En la audiencia pública que realizó el Poder Ejecutivo en diciembre de 2015, el CIPCE expuso estos argumentos oralmente frente a los candidatos y a las autoridades del Ministerio de Justicia. La Oficina Anticorrupción reconoció que ‘algunas de las actividades laborales o profesionales desempeñadas por ellos los colocan en la hipótesis prevista en el artículo 15 de la ley 25.188’, esto es, situaciones de conflicto de intereses. Sin embargo, consideró que podían ser designados. Para decidirlo, analizó solamente el régimen de incompatibilidades de la Ley de Ética Pública, pero no de la Ley de Lavado de Activos, que establece requisitos más exigentes. Así, dictaminó a favor de las nuevas autoridades pero en base a un análisis incompleto”.

El de los consejeros de la UIF es apenas un caso, pero muestra la doble vara del organismo. Federici acusó a Cristina Fernández por lavado en la Justicia sin aportar pruebas que una y otra vez le fueron requeridas. Y en 2017, en otro ejemplo, firmó un dictamen clave para despegar a Mauricio Macri de los Panamá Papers por operaciones del clan familiar en Fleg Trading LTD, Kagemusha S.A. y Sideco Americana S.A. y Owners Do Brasil, entre otras. El dictamen –enérgicamente criticado por el fiscal Federico Delgado– aligeró el expediente que pasó del fuero penal por hipótesis de lavado al fuero tributario por evasión. A la luz de los detalles que emergen del caso de los consejeros, con discusiones acaloradas y subidas de tono, también debería tener chance de ser revisado.

Estas imágenes de archivo pertenecen a las “Charlas de Quincho” de 2009 de Ámbito Financiero. Muestran el casamiento de Martino en el hotel Alan Faena con quienes años más tarde lo protegerían. Arriba, Mario Quintana, entonces CEO de Pegasus, Musimundo y Farmacity; Horacio Rodríguez Larreta y Carlos Melconian. Abajo, Pipo Cipolatti de Los Twist, flanqueado por los novios, Gabriel Martino (HSBC) y la abogada penalista María Florencia Perotti.

 

 

Federici hoy es vicepresidente de K2 Intelligence, dedicada a la inteligencia financiera. En diciembre pasado, Talerico presentó en nombre de Será Justicia un documento al FMI, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Tesoro de los Estados Unidos y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) procurando entorpecer la negociación de la Argentina con esos organismos por la deuda externa, según narró también Horacio Verbitsky.

 

¿Y Martino?

En noviembre de 2020, el HSBC fue sancionado por la nueva conducción de la UIF por un caso de 2015 que no había sido tratado en los años siguientes. La UIF incrementó su promedio anual de querellas: 35 en 2020, frente a 9 de 2019 y 22 de 2018. Y entre las últimas, se presentó en la denominada causa del Swiss Leaks donde el HSBC aún afronta una investigación iniciada en 2015 por la fuga de más de 3.500 millones de dólares hacia 4040 cuentas argentinas no declaradas en Suiza. La causa sigue en el juzgado tributario de Verónica Straccia y la fiscalía de Claudio Navas Rial, con 20 imputados. Entre ellos, el entonces presidente del HSBC Gabriel Diego Martino, quien había dejado la conducción del banco en septiembre de 2015, volvió con la asunción de Macri y con el cambio de gobierno volvió a salir. Actualmente es directivo de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, protesta vía Twitter por el cierre de escuelas y, según La Política Online, negocia con Pfizer vacunas para Horacio Rodríguez Larreta.

 

 

 

Epílogo

El junio de 2016, el Congreso aprobó el blanqueo de capitales bajo el paraguas de una ley ómnibus de 96 artículos. A las cuatro de la madrugada, el entonces oficialismo agregó un artículo sin avisar ni discutir que transfería la UIF de Justicia a Hacienda y Finanzas. “Esto es un manoseo de la UIF en el marco de un blanqueo”, se quejó el diputado Axel Kicillof, quien abandonó el Congreso con su bloque. Aquella modificación empezó a cambiar la agenda de la unidad antilavado, tal como pareció reconocerlo el propio Federici en ese momento. “La UIF debe ser un organismo garante de las libertades individuales, de la seguridad jurídica y del clima de negocios para atraer inversiones genuinas al país”.

¿Cuáles fueron los efectos? El ex cotitular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Gabriel Pérez Barberá, describió tempranamente al cambio como un grave error, porque terminaba siendo más sensible a las demandas de la economía que de la justicia. “Las UIF no están para generar políticas económicas, sino para ejercer un determinado control en ellas. Su localización en el Ministerio de Justicia no era ideal –dijo–, pero era preferible a la actual. Porque desde su ubicación anterior la UIF debía rendir cuentas, siquiera simbólicamente, al sistema de justicia. Hoy esa referencia simbólica está corrida de lugar. Usted me podrá decir: la UIF anterior funcionaba en Justicia y se la acusaba de tener un sesgo político. Pero la UIF actual también tiene un evidente sesgo político. Sus autoridades lo niegan en sus discursos, pero, transcurrido ya casi un año y medio de la nueva gestión, muchos fiscales tenemos pruebas terminantes de que eso es así. Se ve en las distintas velocidades que aplican a ciertos casos, en los términos de sus informes, en la extensión y minuciosidad con la que informan según quién sea el investigado”.

Las autoridades actuales detectaron que esto, de alguna manera, era reflejado en los papeles. El cambio más importante en el pasaje de un ministerio a otro fue que la Coordinación Nacional para la Evaluación de Riesgo sobre Lavado de Activos quedó bajo la órbita del Ministerio de Justicia, no de la UIF. Lo mismo, la representación internacional de la Argentina en esa materia. Hacia dentro hubo falta de actualización en las matrices de riesgo en perjuicio de tareas de análisis y supervisión de lo que denominan “sujetos obligados”, es decir bancos y entidades financieras con su correlato negativo en trámites de sumarios y aplicación de sanciones. La gestión anterior centró la actuación en corrupción pública, con vara en la oposición.

 

La aúlica obsequiosidad de los jueces

La última semana, la casadora Ángela Ledesma entregó a Gustavo Hornos un fulminante dictamen de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial sobre visitas sociales y reuniones de varios jueces argentinos a mandatarios políticos cuando ya estaban en marcha o era previsible que se iniciaran procedimientos de enjuiciamiento. El prestigioso organismo cuyos pronunciamientos no son vinculantes reprochó esas conductas en un escrito que desaconseja de maneraterminante la familiaridad entre jueces e integrantes de las más altas esferas del Estado”. Señala como absolutamente contraproducentes las muestras áulicas de obsequiosidad” y en sus ejes centrales determinó que existió una afectación del principio de separación entre poderes que vulneró el principio ético de independencia que debe regir la conducta de los magistrados.

“También ha quedado demostrado que (las visitas) han afectado el principio de imparcialidad, en la medida en que el trato especial de una de las partes puede inspirar temor en los demás justiciables”, dijeron. “El hecho de que la cuestión se plantee entre los titulares de las instituciones superiores del Estado tiene una trascendencia extraordinaria para los demás jueces y funcionarios públicos”. “El ejercicio del Poder Judicial –describen– se basa en la confianza de los ciudadanos en sus jueces y por esa razón resulta esencial la separación de poderes, real y efectiva, pero también preocupada por no transmitir una imagen de confusión de poderes porque, de una manera especial y en este ámbito, las apariencias tienen gran importancia”.

Los dictámenes del Comité no tienen carácter vinculante pero el pronunciamiento atañe de manera directa a las conductas de Mariano Borinsky con el juego de paddle en la Residencia de Olivos y a Gustavo Hornos con sus visitas sociales a la Rosada, y también impacta en la Corte. Esta semana, la Cámara de Casación le negó a la defensa de Macri acceder a la Corte para impedir que se conozcan los cruces de llamadas de los funcionarios de primeras líneas durante la extorsión a los empresarios del grupo Indalo. Primeras líneas entre las que también estuvo el director de la UIF. La prueba ahora discutida en la Cámara Federal puede ingresar al expediente de María Servini en los próximos días para poder ser cotejada por las víctimas. Si es como la primera parte, volverá a mostrar de manera exponencial los vínculos entre los funcionarios y el gobierno máximo de los magistrados.

 

 

--------------------------------

Para suscribirte con $ 250/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 500/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 1000/mes al Cohete hace click aquí