Tinta envenenada

La Nueva Provincia: instigación y participación en el genocidio

El diario de la familia Julio-Massot tuvo un rol clave en la acción psicológica del terrorismo de Estado.

 

El fiscal Miguel Palazzani iniciará el viernes 27 las presentaciones de su libro El Diario, que la editorial Pixel acaba de publicar con una síntesis temática por subtítulo: “La Nueva Provincia ante la acusación de genocidio en Bahía Blanca”. También fiscal federal en Neuquén, Palazzani encabeza desde 2013 la unidad bahiense con la que Abel Córdoba había continuado a Hugo Cañón en la investigación de delitos de lesa humanidad en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires. La primera cita con el libro será allí, y continuarán en diciembre en Neuquén, Capital Federal y Santa Rosa.

La obra expone los hallazgos de pesquisas judiciales, pericias asociadas a ese trámite e investigaciones académicas y periodísticas, que permiten identificar por qué su título no es un código de referencia válido únicamente para el sur bonaerense: La Nueva Provincia fue “el diario” de la dictadura, más que cualquiera de sus colegas del país, como demuestran los estrechos vínculos de sus propietarios con represores de altas jerarquías, que les confiaban primicias geopolíticas y mensajes sensibles. También asimilaban el tono de editoriales que reclamaban siempre mayor intensidad en la represión.

 

La Nueva Provincia machacó hasta el hartazgo con la “infiltración marxista” en la UNS y elogió la “depuración”.

 

De un siglo a otro

Fundado por el catamarqueño Enrique Julio a fines del siglo XIX, para el último cuarto del siguiente había añadido una radio y un canal de televisión abierta, convirtiéndose en el primer multimedio privado argentino. En una ciudad de alrededor de 200.000 habitantes, La Nueva Provincia imprimía hasta 50.000 ejemplares, que marcaban la hoja de ruta de su radio LU2, ampliamente la más escuchada. Telenueva, su canal de tevé, fue durante años la única opción en las pantallas.

Tal era la posición dominante del multimedio cuando bajo la dirección de Diana Julio, nieta del fundador, su nave insignia sumó a un histórico antiperonismo el anticomunismo propio de un mundo en Guerra Fría y la comunión con altos mandos del V Cuerpo de Ejército y la base naval de Puerto Belgrano. La confluencia de factores gestó un caso singular, sin equivalentes argentinos y con los únicos precedentes de la Alemania nazi y Ruanda.

Durante largos meses previos al 24 de marzo de 1976, una amplia región leyó cada mañana las estigmatizaciones que iban creciendo tanto en intensidad como en la variedad de sectores incluidos dentro de la “subversión” o el “extremismo” a “erradicar” y “aniquilar”.

“Todos estos procesos de exterminio del Otro comienzan con las narrativas de odio; sin embargo, no hay casi otros enjuiciados por la difusión continua y por años de ese tipo de discursos que terminan siendo un tramo de un fenómeno criminal complejo: el genocidio”, definió Palazzani a El Cohete.

 

Palazzani está a cargo de la Unidad Fiscal a cargo de los juicios de lesa humanidad en Bahía Blanca.

 

El programa

El fiscal volcó a su libro un doble análisis sobre el corpus impreso, en varios niveles conceptuales —como el semántico— y en la reiteración, tanto en el tiempo como dentro de las páginas de un mismo ejemplar. Tan pronto como empezó a descargarse sobre Bahía Blanca y la región la represión clandestina, La Nueva Provincia aplicó su prédica editorial al relato de los crímenes, siempre desde la versión oficial y en ocasiones con clara intervención del aparato de inteligencia. Si cada editorial sobre el tema impacta por la virulencia, el acumulado “leído en su conjunto, es un programa”, advierte Palazzani.

En ese punto, aborda el principal interrogante a la hipótesis de responsabilidad penal de los directivos del diario en crímenes de lesa humanidad: cómo y dónde se traza la frontera entre la libertad de expresar ideas, por reprobables que sean, y la participación dolosa en el fenómeno criminal. La discusión no es nueva en la jurisprudencia universal, pero el caso de La Nueva Provincia la planteó por primera vez en el país. Con singularidades propias.

En El Diario, Palazzani aplica testeos basados en estándares internacionales y concluye que el medio bahiense rompió los límites de la libertad de expresión e instigó el genocidio del que luego participó, como el engranaje indispensable que los propios jerarcas de la represión reconocían.

 

Ficción de guerra

El fiscal distingue allí dos planos. Por un lado, la instigación que se construye con la exigencia constante y creciente de una persecución sin límite hacia colectivos e individuos estigmatizados. Además de haber reclamado las prácticas represivas sobre la militancia armada, La Nueva Provincia apuntó de inmediato a ámbitos inermes que identificaba como “usinas subversivas”. El principal fue el universitario, sobre el que se desplegó una cacería que tuvo al diario como necesaria pata mediática. Por ese conjunto de hechos aún sigue tramitándose una imputación contra Vicente Massot, hijo de Diana Julio y único superviviente del grupo directivo de la época.

En lo relativo a la participación en el funcionamiento del aparato, Palazzani detalla el estímulo y la naturalización de la delación ciudadana y los aportes del medio a la propagación de información falsa sobre las víctimas y sus muertes, prácticas definidas en la reglamentación militar que desde 1968 especificaba los tipos de operaciones psicológicas a implementar. Palazzani clarifica que no se trataba de un aporte lateral, sino de un pilar constitutivo del mecanismo represivo clandestino.

 

La convocatoria cotidiana a la delación en las páginas del diario.

 

En ese último aspecto, las dilaciones judiciales en la ejecución de fallos firmes han permitido al ahora semanario La Nueva eludir la rectificación ordenada sobre lo publicado entonces. De ese modo, el accionar de La Nueva Provincia de 1976 y 1977 continúa hasta hoy: en las hemerotecas, sus ejemplares siguen contando una historia falaz, sin que rectificación alguna lo aclare a futuros lectores de archivos.

La conducta del diario ante cada crimen parece coherente con su hipótesis general: que en la Argentina de entonces estaba librándose una guerra en la que se embanderaba con claridad y, decía su pluma editorial con igual nitidez, no cabían las garantías mínimas de la Convención de Ginebra. Sin embargo, recuerda El Diario, se develó una mentira a sabiendas: Massot reconoció en 1977 ante la asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa que “en la Argentina no hay una guerra, pero debemos decir que hay una guerra”.

 

“Más que hablar de guerra, hay que hacer la guerra. De entre todas las profesiones le cabe al periodismo un puesto de avanzada en las trincheras de la Patria (…) Nuestro deber, pues, se corresponde con el de las Fuerzas Armadas en toda la línea de combate” (“La Argentina en guerra”, editorial de tapa de La Nueva Provincia, 19 de noviembre de 1977).

 

 

Una apuesta ganadora

La vocación editorial de faro ideológico y la búsqueda de rentabilidad empresaria hicieron esquina en el disciplinamiento dictatorial sobre el sindicalismo que en 1975 había enfrentado a la familia Julio-Massot por el sencillo reclamo de que cumpliera las leyes de descanso para los trabajadores de sus talleres gráficos.

Aquella lucha obrera fue reconstruida por el periodista bahiense Diego Martínez, editor de El Cohete. Derivó en varios días de huelga, que impidieron la aparición del diario o su decorosa impresión, y en un lock out patronal de casi un mes. Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, delegados gremiales, fueron secuestrados y asesinados a mediados del año siguiente. No tenían más enemigos que la patronal, que les había advertido que “sus fueros parecieran hacerles creer temerariamente que constituyen en verdad una nueva raza invulnerable de por vida”. En El Diario, Palazzani recuerda que el trato con el personal le había sido encomendado a Massot mediante un poder y que un conjunto de actas notariales comprueba que se reunió con representantes obreros en varias ocasiones. No una sola, como dijo al ser indagado como imputado en 2014.

 

Massot tras su indagatoria en 2014. Foto: Horacio Culaciatti, Télam.

 

 

Antes de sufrir los caminos habituales en las acusaciones contra civiles por delitos de lesa humanidad, la causa en su contra permitió hallar documentación que robusteció la imputación. También a la lectura histórica, que trascenderá a las decisiones de los estrados. Un ejemplo es el peritaje de la Oficina de Investigación Económica y Análisis Financiero del Ministerio Público Fiscal a los balances de la empresa. Lo realizó la recordada contadora pública y economista Judith König, que había iniciado su carrera en el equipo fiscal del Juicio a las Juntas de 1985. Como refresca Palazzani en su libro, König calculó que la rentabilidad de la empresa experimentó un salto notable con la dictadura que disciplinó a su combativo personal.

 

 

Espacio de Memoria

Las presentaciones de El Diario se iniciarán donde ocurrió la mayor parte de lo que relata: la instigación que se imprimía, la propaganda falaz que se distribuía, la lucha obrera castigada y la represión clandestina que las mismas páginas defendieron en las tres décadas posteriores al fin de la dictadura.

El lugar específico también resulta significativo: el Espacio de Memoria de Ingeniero White, que funciona en dependencias que pertenecieron a la Prefectura Naval. La misma fuerza que, en sus partes de inteligencia, había caracterizado al diario como “el único medio real de difusión” en la región y a sus obreros como parte de una “guerrilla sindical”. En 1977, la Prefectura premió públicamente a la empresa con su “Diploma de la Amistad”.

En viejos editoriales, La Nueva Provincia llegó a prever los homenajes a las víctimas y los reclamos de justicia que sobrevendrían tras la masacre a la que contribuía. La continuidad de los juicios, la publicación de libros como El Diario y su presentación en una antigua sucursal del terrorismo de Estado confirman que, afortunadamente, en esas líneas de tinta no le faltó razón.

 

* El Diario se presentará el viernes 27 en el Espacio Memoria ex Prefectura de Ingeniero White, en Bahía Blanca; el martes 1º de diciembre en el salón azul de la Universidad Nacional del Comahue, en Neuquén; el viernes 4 en el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), en CABA; y el jueves 10 en la Universidad Nacional de La Pampa, en Santa Rosa.

 

 

 

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí