Todas las fichas al crecimiento

Peligros y límites de la apuesta pro-exportadora

 

Las siguientes reflexiones parten del supuesto de que el gobierno nacional logrará firmar un acuerdo con el FMI relativamente “benigno” en los primeros años de su ejecución, lo que le dejaría cierto margen de maniobra para retomar algunas metas originarias de la actual gestión. Si ese supuesto no se verificara en la realidad, parte de las proyecciones alentadoras no se concretarían y nos encaminaríamos a una nueva frustración en un país que tiene un increíble potencial de crecimiento y de oportunidades de progreso para las mayorías.

 

 

Incentivos e iniciativas

Parece ser que el equipo económico perfila su apuesta a lograr importantes tasas de crecimiento económico y tasas aún más importantes en materia de incremento de las exportaciones argentinas, según lo que se deduce de las medidas que está tomando el gobierno y del sistema de incentivos que se está diseñando para orientar la economía.

Se relanzarían así parte de los lineamientos iniciales del gobierno de Alberto Fernández, con un dato adicional: en estos dos años se ha observado que hay una muy débil relación entre crecimiento y mejora de las condiciones de vida de las mayorías. Al contrario, en 2020, año de fuerte contracción económica, fue la oportuna –aunque limitada– intervención estatal la que evitó que la caída económica se transformara en un derrumbe social completo. En la actual etapa de reactivación que se está verificando en 2021, que exhibe algunas cifras muy positivas, la mejora en los ingresos se está demorando en llegar a las mayorías por el comportamiento descontrolado del sistema de precios.

El gobierno está a la búsqueda de grandes inversiones externas. Ojalá se anime a mantener un criterio de captación de emprendimientos plural y diverso, aprovechando diferentes ofertas capaces de introducir una dinámica productiva expansiva frente a las abiertas presiones norteamericanas para impedir o paralizar acuerdos con países que le disgustan a Estados Unidos por razones geopolíticas. Sería el colmo que hasta un objetivo nacional básico como crecer sea entorpecido por intereses que no son los nuestros.

El gran empresariado local nunca hace punta en estos esfuerzos de crecimiento, esperando condiciones óptimas de rentabilidad y estabilidad, muy difíciles de encontrar en el planeta Tierra en este momento. A esta altura de la globalización, parece haber abandonado cualquier rol proactivo para especular con oportunidades servidas en bandeja en asociación con el capital extranjero.

Por otra parte, el gobierno ha enviado al Congreso un conjunto de leyes que apuntan a dinamizar diversos sectores productivos: una ley agroindustrial, un régimen de promoción de la construcción, un nuevo régimen jurídico para el sector autopartista y automotriz, una estratégica ley de hidrocarburos y una ley de promoción del turismo y la gastronomía. Uno de los rasgos comunes de estas leyes está relacionado con promesas de alivio o de estabilidad tributaria por parte del Estado. Si bien en cada caso merece estudiarse qué impacto real puede tener esta renuncia pública a la percepción de impuestos, recordemos que si no hay voluntad inversora, lo único que generan estos acuerdos es una baja en la recaudación del Estado.

Durante el alfonsinismo, la política de “alianza entre la democracia y la producción”, proclamada por ese gobierno, determinó muchos incentivos de este tipo. Como se sabe, poco incidieron en la disposición inversora de los grupos económicos locales. El Estado perdió recaudación, las corporaciones aumentaron sus ganancias y la producción siguió sin crecer.

Entre los incentivos a próximos grandes proyectos productivos con orientación exportadora, el gobierno está incluyendo menores restricciones para el acceso a las divisas al tipo de cambio oficial. Se trata de proyectos a los que sólo pueden acceder grandes empresas por la envergadura del capital a invertir. La utilidad pública de promover estas inversiones radicaría en que aportarían muchas más divisas de las que sacarían de la economía. Quedará en las autoridades públicas monitorear con precisión estas inversiones y los flujos de divisas que generen para que efectivamente no termine ocurriendo lo contrario de lo que se pretende lograr.

 

 

La lógica de los compromisos externos

Debe tenerse en cuenta el marco general en el que se están tomando estas iniciativas pro-exportadoras. El famoso Plan Plurianual que reclaman los acreedores privados e institucionales de la Argentina –y por qué no decirlo, el establishment local– apunta a que nuestro país les pague sus deudas en tiempo y forma.

Es evidente que el gobierno está pensando en varias y diversas fuentes de exportaciones genuinas, lo que está muy bien porque contribuirán a traer dólares que no sean por endeudamiento externo, la especialidad de los gobiernos de derecha. Hay que tener cuidado porque estas políticas exportadoras apresuradas, dictadas por la premura generada por el apriete de los acreedores, llevan a recurrir a las actividades que “están más a mano”. Así, se vuelve a caer en la exportación de recursos naturales con escasa elaboración y en los proyectos ya en carpeta de grandes corporaciones. Es clave ir construyendo otras muchas capacidades exportadoras que podrían avanzar apalancadas por políticas públicas consistentes.

Por supuesto que en nuestro país no podemos dar por sentado que esos dólares provenientes de exportaciones incrementadas ingresen plenamente a las reservas del Banco Central, dados los graves problemas que tenemos históricamente con el control público del comercio exterior y de los flujos de divisas que este genera, lo cual no ha sido resuelto.

No hay que seguir navegando en la ilusión infantil de que los problemas económicos se resuelven sólo en el ámbito de la economía. Se requiere un profundo fortalecimiento de las instituciones públicas que se ocupan de estas cuestiones para que el Estado deje de ser un colador de recursos que terminan en la fuga de capitales.

Pero tan relevante como conseguir muchos dólares gracias al comercio exterior –desde el punto de vista de pagar la deuda– es que el Estado recaude lo necesario para poder adquirir esas divisas al sector privado: el que las traerá al país vía comercio exterior. Si se impone el criterio –muy valorado por el sector privado– de reducir o congelar impuestos, se debilita potencialmente la capacidad de contar con los recursos necesarios para pagar.

Claro, en el gobierno se apuesta todo al crecimiento y, por lo tanto, se piensa que un crecimiento significativo le permitirá recaudar los impuestos suficientes para cubrir los montos necesarios para pagar los compromisos externos. Pero si no se resuelven los severos problemas en materia de evasión y elusión impositivas, el Estado se encontrará con que el crecimiento privado, estimulado en parte por la eliminación de impuestos, tampoco contribuirá a que el pago de la deuda sea más viable, con lo que terminará teniendo que recortar el gasto público, que es exactamente lo que el neoliberalismo quiere que haga. Es decir, que si el Estado nacional no lograr ser mucho más eficiente en materia de control del comercio exterior, de las divisas que ingresan y de la recaudación impositiva, las “fuerzas anónimas del mercado” lo llevarán de cabeza a un ajuste tradicional como el que haría el macrismo o recomendarían los tecnócratas más ortodoxos del FMI.

Los funcionarios deben tener claro que la presión del capital global apunta a maximizar los beneficios de las inversiones y a reducir al mínimo el compartir estos beneficios con el conjunto de la comunidad local, en este caso, la Argentina. Si no hay acción clara y firme del gobierno local, el impacto de la inversión extranjera es mínimo, ya sea en materia de recaudación de impuestos, generación de empleo o transferencia tecnológica. La presión de las corporaciones irá en la dirección de pagar impuestos mínimos, aprovechar salarios bajos y recursos naturales disponibles, lo que es perfectamente compatible con el subdesarrollo y la miseria estructural a la que nos destina la actual división internacional del trabajo.

 

 

¿Y el Plan Plurianual para las mayorías populares?

En los gobiernos de origen popular que tienen que negociar con el capital privado, organismos internacionales y poderosos gobiernos extranjeros existe la tentación de entrar en un microclima de elogios por propiciar negocios atractivos, que indefectiblemente lleva a sacar conclusiones erróneas. A veces es tan angustiosa la situación económica y los peligros que encierra que a las autoridades gubernamentales les parece que alcanza con obtener el beneplácito de los grandes empresarios para empezar a “aprobar” la materia Economía, como proponía Mariano Grondona.

Es el peligro de apostar todas las fichas al crecimiento. Es un error típico de la tecnocracia económica internacional, que por ejemplo ve en Perú un “milagro” comparable al de Corea del Sur. Jamás un economista serio de un país periférico puede confundir crecimiento económico, o buena performance exportadora, con bienestar social. Y menos aún debería hacerlo un político popular. No es muy maximalista pretender que los ingresos del 60% que se encuentran en la escala más baja empiecen a ascender hasta eliminar los vergonzosos niveles de pobreza e indigencia a los que hemos llegado.

El crecimiento económico solo no garantiza, bajo ningún punto de vista, que esto vaya a ocurrir. Por supuesto que ayuda, ya que habrá más empleo, más actividad económica y crecerán actividades formales e informales. Pero la magnitud del descalabro social argentino sólo podrá resolverse con acciones estatales autónomas del crecimiento privado, que requerirán necesariamente ingentes recursos.

Aquí reaparece el peligro de sucumbir a los cantos de sirena privados que reclaman incesantemente reducciones impositivas y olvidar que muy poca de la abundancia que coseche ese sector –en la medida que los grandes negocios se concentren en 30 o 40 grandes empresas (muchas de ellas extranjeras)– le llegará al conjunto de la población.

Es decir que, junto con el famoso Plan Plurianual demandado por el capital financiero global para ver cómo cobran sus acreencias, en algún espacio del Sector Público y de los partidos populares se debería estar formulando otro Plan Plurianual para atacar con fuerza la grave situación social de la Argentina. El reduccionismo de los problemas sociales a problemas del crecimiento es, más que un error inaceptable, una recaída conceptual en el conservadurismo.

 

 

Lecciones del 2001

Una de las lecciones más importantes que surgen del desastre económico y social ocurrido en 2001 es que cuando el Estado Nacional abdica de una de sus funciones básicas, como garantizar la viabilidad de la sociedad, el mercado no garantiza absolutamente nada más que el caos.

El menemismo y la Alianza fueron dos formas de sometimiento completo del sistema político a las demandas de las corporaciones y el capital financiero. Cumplieron con todo lo que se les pidió desde el sector privado y los países centrales, y más aún. Y terminaron generando una catástrofe social y un daño mayúsculo a un país que no lo necesitaba.

Cuando se habla de la “falta de memoria” de sectores de la sociedad sobre lo ocurrido, más debería sorprender la desmemoria de las dirigencias populares, que parecen atraídas por las mieles de los mercados. Vayan a leer los ríos de elogios dedicados al menemismo por parte de cámaras empresariales, la prensa “seria” y los representantes de las potencias occidentales. Después vuela todo por el aire. Y más allá de las responsabilidades individuales, el pecado político central es haber puesto al Estado en función exclusiva de las necesidades del capital, con el supuesto auto-exculpador de que tal cosa traerá progreso en algún momento. Mientras se espera que eso pase, al menos se acallan los bramidos amenazadores de los poderosos.

La viabilidad que debe garantizar el Estado tiene, en el corto plazo, dos dimensiones. La viabilidad social, que asegura que las personas puedan satisfacer sus necesidades mínimas, y la viabilidad económica, que genera un sendero expansivo no sujeto a burbujas financieras ni a timbas delirantes como la del ’90. Como se comprenderá, garantizar la viabilidad de un país no es de derecha ni de izquierda. Cualquier gobierno sensato debería tener este concepto como guía central de su proceder.

El mayor peligro político para el actual gobierno es el reduccionismo económico. Porque en el mejor de los escenarios, de pleno crecimiento, de expansión exportadora y tranquilidad financiera externa, el bienestar del capital no resuelve ni garantiza alivio para la mayoría de los habitantes de este país. Y si sólo se sigue exclusivamente la bitácora de los poderes fácticos, cabe advertir que el capital jamás va a pedir que se fortalezca al Estado para servir a la Nación. No es ese su negocio.

 

 

 

 

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