Todo arde

Neuquén apura su propia ley del fuego

 

La provincia de Neuquén podría aprobar en las próximas semanas una ley de manejo integral de incendios forestales y rurales que se alinea con la concepción securitaria del gobierno nacional. De esta manera, se aparta del paradigma de concebir al fuego como emergente ambiental del aumento de la temperatura del planeta por la emisión de gases de efecto invernadero.

Con despacho favorable en dos comisiones, la Legislatura local trataría en la próxima sesión el proyecto de ley de creación del sistema provincial de manejo del fuego que no menciona a la ley nacional vigente de incendios forestales y rurales, ni la de presupuestos mínimos de bosques nativos, entre otras omisiones. El gobernador Rolando Figueroa envió en marzo el proyecto que confunde dos conceptos técnicos clave: riesgo y peligro de incendio, según indican técnicos y profesionales consultados.

El proyecto determina que la autoridad de aplicación recaerá en la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos dependiente del Ministerio de Seguridad, que hoy está a cargo de Luciana Ortiz Luna. Crea el servicio provincial de manejo del fuego, así como también la figura de jefe de ese servicio, que actuará como responsable de incendio cuando se determine la existencia de un foco y establecerá para cada siniestro el modelo de organización operativo que corresponda para su combate. Además, el texto contempla la creación de consorcio de particulares para la prevención y el combate. El articulado prevé las infracciones y las sanciones correspondientes, las que no reemplazan a las responsabilidades civiles y penales que pudieran constituir las mismas acciones. La ley incluirá las tareas de remediación de las áreas afectadas por estos incendios.

 

Luciana Ortiz Luna con el gobernador Figueroa.

 

 

Aportes

En general, sobre todo en las localidades con bosques y pastizales con mayor frecuencia de incendios o con mayor cantidad de factores de riesgo de focos de fuego, existe una activa y creciente participación social y académica sobre el conflicto. Sin embargo, en el tratamiento de este proyecto, solamente se recogieron las opiniones de dos actores sociales. Tal como puede mirarse en detalle en la versión digital oficial de la Legislatura, la Fundación Tierras Patagónicas, con asiento en San Martín de los Andes, recibió la consulta institucional y ofreció documentos detallados a lxs legisladorxs neuquinos. 

Lxs ruralistas acudieron a análisis de expertos. Uno de los informes está firmado por lxs abogadxs Nicole Jaureguiberry (socia del estudio Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen, ex directora nacional de Asuntos Jurídicos de la Administración de Parques Nacionales 2016-2018) y Mariano Sarmiento (socio de Legal Think y ex director nacional de Asuntos Jurídicos de la Administración de Parques Nacionales 2018-2019). En este advirtieron que el texto propuesto avanza sobre derechos de los propietarios de las tierras y entra en contradicción con otras leyes vigentes, sobre todo al momento de plantear la reparación y restauración del área afectada por un incendio. El otro informe es más específico; está elaborado por Gustavo Grinberg (de la consultora Grinberg Tax). En este caso, valora que la contribución voluntaria económica que contempla el proyecto equivale a un nuevo impuesto inmobiliario. 

Por su parte, la Fundación Tierras Patagónicas señaló otros elementos no contemplados en el proyecto. Puntualizó que debería hacerse una zonificación de la provincia para establecer diferencias en los riesgos de incendio y valor de conservación. También se debería incorporar como actores sociales a las brigadas comunitarias ya existentes y especificar las responsabilidades en la prevención según el tipo de vínculo jurídico con la tierra donde se produzca el incendio. En este sentido, señaló que el Estado provincial no asume ningún tipo de responsabilidad de prevención sobre las tierras bajo su tutela, incluidas las fiscales con o sin ocupantes. Destacó también que el texto no hace ni una sola mención a los territorios ocupados por comunidades indígenas, en este caso del pueblo mapuche.

 

 

Maximiliano Knüll preside esta fundación que creó tres brigadas de combatientes contra incendios integradas por pobladores mapuche de comunidades de la zona andina. Además, cuenta con cámara de detección temprana de focos a partir del acuerdo con particulares para su instalación y el respaldo de la provincia para ese proyecto. Por lo que se conoce por la prensa, este proyecto es coincidente con la propuesta hecha por empresas privadas en el último encuentro del espacio Consenso Patagonia en Bariloche, el 7 de octubre en dicha ciudad, que fue respaldado por la Administración Nacional de Parques Nacionales a través de un convenio de colaboración.

El viernes 5 de diciembre se publicó el dictamen de la Comisión de Legislación de Asuntos Constitucionales y Justicia, versión que puede recibir algún ajuste en la de Presupuesto antes de su tratamiento en la próxima sesión la semana entrante, según anunció el propio gobernador.

 

 

Mezcla combustible

Los técnicos y especialistas insisten cada vez que pueden en diferenciar dos conceptos operativos en la comprensión del fenómeno de los incendios forestales, de bosques y pastizales: el riesgo y el peligro. Los factores de riesgo son los que facilitan que un foco se inicie: un rayo durante una tormenta eléctrica, un fogón mal apagado, chispazos en un tendido eléctrico sin mantenimiento. Los peligros son las condiciones que favorecen la propagación del fuego, es decir, que un foco se transforme en incendio: disponibilidad de combustible (vegetación seca caída, falta de mantenimiento de una forestación) y condiciones ambientales adversas (altas temperaturas, baja humedad relativa y fuertes vientos).

En Neuquén rigen la emergencia ígnea y la emergencia hídrica fijadas por decreto. Esas emergencias bien podrían abrir el juego al debate a las sociedades que, en definitiva, aportan cuerpos y territorios cuando todo arde.

 

 

 

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