¿Todo el poder a los Soviets?

 

Allá por 2009, la entonces Presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunciaba que el gobierno estaba trabajando en una modificación de la Ley 24.557 de Riesgos del Trabajo sancionada durante el menemismo. El borrador de lo que por entonces de denominaba “Ley de ART” o “Ley Corta”, que finalmente sería sancionada en octubre de 2012, incluía la creación de Comités Mixtos de Seguridad e Higiene. La iniciativa fue fuertemente resistida por todas las cámaras empresariales sin distingo de tamaño, que –con el actual presidente de UIA a la cabeza– calificaban de “soviets” a los comités y pretendían que se conformaran para discutir convenios colectivos y sólo con carácter consultivo.

Insert y postal de época: la eliminación de la doble vía para la reparación de daños laborales (prejudicial con la ART y judicial en el fuero laboral, que es naturalmente competente) era un reclamo histórico y sentido de las patronales y el punto más polémico de aquella ley. Y puso a Hugo Moyano de punta con el gobierno que, hasta el fallecimiento de Néstor Kirchner, lo contaba como un aliado. “No nos consultaron sobre el proyecto, arreglaron la ley con los mismos que acordaron la flexibilización laboral durante el menemismo”, acusaba el líder camionero. Moyano se descargó también con Héctor Recalde, indudable defensor de los derechos de los trabajadores, ex asesor legal de la CGT y diputado del Frente para la Victoria por entonces. Recalde se ubica históricamente y le contesta a Moyano: “Nunca votaría una ley que perjudique a los trabajadores”. Habla con Agustín Rossi (el mejor presidente de bloque de la historia del peronismo hasta el momento) para pedirle que lo excuse de presentar ese proyecto y le permita impulsar otro por la minoría. Rossi se banca la reprimenda de Cristina Kirchner pero ninguno se lo impide. “Nunca voy a olvidar ese gesto de Agustín”, rememora Recalde, y sirva como botón de muestra para los que acusaban a diputados y senadores kirchneristas de convertir el Congreso en una escribanía del Poder Ejecutivo.

Pero el asunto es que la creación de los Comités Mixtos de Seguridad e Higiene fue uno de los artículos que no resistió el lobby empresarial, entró en el toma y daca que permite “tener la ley que habilitan las correlaciones de fuerza y que es mejor que no tener ninguna”. No fue la primera vez que los Comités Mixtos se quedaron en la puerta del Congreso: ya había sucedido en 1964 durante el interinato del doctor Arturo Illia, calificado de tal pues cualquier gobierno que valida una dictadura proscriptiva y sanguinaria ejerce el poder de prestado y es finalmente un interinato, hasta que el dispositivo que lo habilita decide que no cumple con la razón fundamental por la que fue permitido: garantizar la desperonización del país. Pero entre tantas iniciativas destacables, Illia envió al Congreso una Ley de Condiciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo, que en su Capítulo V establecía Comisiones Paritarias de Higiene y Seguridad, fundamentadas en “el alto interés nacional, que se manifiesta no sólo en el propósito de proteger la vida, la integridad física y la salud de los trabajadores, sino asimismo, en la incorporación a la legislación social del principio de consulta y colaboración entre empleadores y trabajadores en el ámbito de la empresa y en el plano nacional”. Jamás tuvo dictamen de comisión y no fue tratado.

Corte al año 1984, cuando los senadores nacionales Vicente Saadi, Ramón Almendra y Oraldo Britos –indudables infiltrados marxistas en el PJ– presentaron un proyecto de ley para crear Comités Técnicos de Seguridad y Salubridad en el Trabajo, necesarios para “permitir al trabajador participar, definir y controlar las condiciones de trabajo y la organización laboral adecuadas a la condición humana”. Nótese aquí una incorporación inédita y que hasta el día de hoy es tabú en las logísticas de productividad y hasta en las desideratas de los organismos de control en salud y seguridad: la “organización laboral”, es decir la definición de planteles óptimos y diagramas de rotaciones y descansos. Parte de los famosos factores de la organización del trabajo que las empresas consideran de su exclusiva competencia y tienen un impacto indudable sobre las psicopatologías asociadas al estrés laboral. Huelga decir que jamás llegó a ser tratado en el recinto.

El historial de buenas intenciones malogradas por el impacto de las presiones empresariales en el Congreso registra un último episodio en 1988, con el proyecto presentado por el diputado socialista Guillermo Estévez Boero (en el que colaboró un joven Carlos Aníbal Rodríguez, luego impulsor de la primera ley provincial aprobada en Santa Fe).

El Decreto 170/96 que reglamentó la Ley de Riesgos del Trabajo casi no tuvo impacto en las resoluciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, a excepción de la 311/03 que establece un reglamento de higiene y seguridad para el sector Televisión por Cable, con un escueto y mezquino artículo 52 sobre comités mixtos. Y si bien en varios convenios colectivos por rama de actividad están previstos –SMATA y las automotrices han implementado hasta Comités mixtos de Ergonomía para evaluar y liberar puestos de trabajo– la última normativa nacional en la materia es el Decreto 249/07 de la actividad minera.

Y al margen de las dos provincias que ya los tienen reglamentados para el sector público y privado (Santa Fe desde el 2008 y Buenos Aires desde 2012), nótese la fenomenal resistencia de 57 años del sector empresarial, pasando por alto cuatro convenios de la Organización Internacional del Trabajo (155,167, 176 y 187, dos de los cuales fueron ratificados por nuestro país) y los esfuerzos normativos a nivel nacional de radicales, peronistas y socialistas.

Es por eso que Alberto puede dudar sobre la conmemoración del 17 de octubre pero asume la mejor tradición nacional y popular al impulsar la Ley de Comités Mixtos de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos del Trabajo, y la defiende diciendo que “estamos en el Siglo 21, no hay que demorar más tiempo en resolver cosas que deberían estar resueltas hace rato”. El proyecto fue elaborado sobre la base de los que promovieran Carlos Rodríguez en Santa Fe y Oscar Cuartango en la provincia de Buenos Aires, pero incorpora una innovación que recoge el mandato del Convenio 190 de la OIT para erradicar el acoso y la violencia laboral (ver Todo abuso es carnal): los Comités van a tener que diseñar y monitorear el cumplimiento de protocolos específicos para prever abusos que siguen a la orden del día y afectan a las mujeres en abrumadora mayoría.

 

 

Dictadura del proletariado o zapatos de seguridad

 

 

Convengamos que un soviet era más bien un consejo que un comité, compuesto por obreros y soldados (no se supone que los representantes de las patronales concurran armados sino con los puños llenos de argumentos y estadísticas para validarlos), articulados con un Congreso Nacional de soviets (no está prevista semejante convergencia revolucionaria) y en los que se discutía la dirección de la política general del gobierno (no la provisión de elementos de protección personal o la presión sonora continua en un puesto de trabajo). Asociarlos analógicamente es una licencia humorística de quien no distingue un tornillo de una tuerca pero hoy preside la Unión Industrial Argentina y fue asesor del Ministerio de Planeamiento de la Nación y consejero de la OIT durante la última dictadura militar; quien también declaró en contra del Convenio 190 de la mismísima OIT al sostener que dar lugar a denuncias por acoso sexual y maltrato laboral iba a disparar la judicialización de conflictos en el mundo del trabajo.

Dicho esto, el proyecto sintetiza en sus 10 artículos buena parte de los mejores aportes de los legisladores de extracción sindical y la experiencia recogida por las dos provincias que ya los tienen legislados. Desde El Cohete consultamos a los ministros de Trabajo que implementaron esas leyes, Carlos Aníbal Rodríguez de Santa Fe (durante el gobierno de Hermes Binner) y Oscar Cacho Cuartango (en la gestión de Daniel Scioli). El primero, que asesoró para la confección del proyecto de ley, aseguró que “hay que ver qué ley es la que sale del Congreso y cómo se reglamenta, pero para que los Comités funcionen tiene que haber un alto grado de conciencia y protagonismo sindical y eso no siempre pasa, inclusive debieran capacitar a sus delegados en la materia y generar políticas de capacitación para los trabajadores en general”. El proyecto contempla la participación en los planes de formación preventiva en su artículo 5 inciso c) y deja para la reglamentación posterior la responsabilidad primaria y el financiamiento de estas políticas, que proyectos anteriores (en línea con la Ley de Riesgos) ponían en cabeza de las ARTs.

“Entiendo que esta ley es la mejor posible y la que se la cargó al hombro es la primera persona que formé cuando volví al país, Liliana Capone. Es un paso adelante en un país en el que seguimos regidos en salud y seguridad por un Decreto Ley (19.587/72) y un Decreto reglamentario (351/79) acuñados por dos dictaduras militares”, destacó Rodríguez.

Cuartango alude a la experiencia bonaerense al decir que “el socialismo en Santa Fe la tuvo más fácil en términos parlamentarios y sacó una sola ley para los sectores público y privado; a nosotros nos costó un poco más y sobre todo con el sector privado. Carlos pudo sacar la ley que quiso y yo hice lo que pude pero me dio grandes satisfacciones”. La clave para Cuartango es lograr la “adhesión de las provincias y municipios, por el tema de las facultades no delegadas, y consensuar la reglamentación con las organizaciones empresariales. El mayor problema va a estar con la UIA porque (Daniel) Funes de Rioja es acérrimo enemigo de los Comités Mixtos de Seguridad e Higiene”. La estrategia para el ex ministro fue “distraerlos y dormirlos –no estoy recomendando esto pero así fue–; ya tenía media sanción del Senado y la colamos con otras tantas en Diputados después de tenerla en la gatera durante un tiempo”. Pero también recurre a un argumento que vale para todo el sistema de riesgos y particularmente para las empresas, al decir que “los empresarios tienen que entender que reducir la siniestralidad que impacta en la productividad y la judicialización que tanto les preocupa, depende de que mejoren sus estrategias de prevención y los Comités Mixtos son herramientas útiles para esto”.

Hay varios puntos que sin dudas serán cuestionados por los legisladores de Juntos por el Cambio y las cámaras empresariales, tales como la consideración de los riesgos psicosociales (cuyas enfermedades consecuentes no están contempladas en el listado de enfermedades profesionales), la participación de los trabajadores en la organización del trabajo y la potestad de los comités para acceder a documentación sobre la evaluación de riesgos por puesto y estadísticas de afecciones y mediciones de salubridad ambiental (en un contexto en que muchas empresas y trabajadores no tienen acceso ni siquiera a los exámenes periódicos que realizan las aseguradoras). Son pocas pero existen las empresas (medianas y grandes) que participan a los trabajadores y sus organizaciones representativas de la confección de protocolos operativos seguros. Por lo general la experiencia es técnica y unilateral, y luego se impone a los planteles de trabajo. La creación de comités –obligatorios para unidades con más de 50 empleados– permitiría evitar conflictos posteriores y correcciones en salud y seguridad que muchas veces llegan tarde.

El artículo 8 del proyecto presenta una concesión a priori al empresariado, que atrasa respecto de convenios colectivos como el de los metalúrgicos o los petroleros, pues establece que la parada de maniobras ante condiciones inseguras sólo podrá ser resuelta previa intervención de la autoridad de aplicación (ministerios o secretarías de trabajo locales) y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, burocratizando así una medida que muchas empresas ya tienen incorporada a sus protocolos de seguridad, donde cada trabajador tiene el derecho de negarse a trabajar en condiciones que atenten contra su salud o pongan en riesgo su vida y la de sus compañeros. El proyecto presentado por Héctor Recalde en pleno macrismo (abril de 2017) disponía en su artículo 3 inciso d) que la suspensión podía realizarla el mismísimo Comité Mixto.

Durante el macrismo, en paralelo con la Ley 27.348 que estableció a las Comisiones Médicas como instancia prejudicial obligatoria para evaluar daños laborales, se redactó un proyecto de Ley de Prevención consensuado con la CGT del atril y las ARTs (en el marco del Consejo Consultivo Permanente) que nunca tuvo tratamiento parlamentario; pero que en su artículo 13 diluía las negociaciones por condiciones de higiene y seguridad en las comisiones paritarias generales, quitándole sentido a los Comités Mixtos y poniendo la salud de los trabajadores a la cola, entre otras prioridades de subsistencia. Muchos de los actores y organizaciones que la impulsaron hoy forman parte de la burocracia del Frente de Todos, lo que revela que la clave es quién conduce los procesos políticos, lo demás importa pero es secundario.

Hoy conduce Alberto Fernández, que señaló con acierto que institucionalizar los Comités fue posible en Buenos Aires y Santa Fe, que concentran casi el 60% del parque industrial nacional (en un 97% PyME). Resta acotar que en esas provincias falta mucho por recorrer, que no están impuestos aún y que muchas empresas y sectores de la administración pública no los constituyeron o no los convocan regularmente. Lilian Capone –un puntal de esta iniciativa y asesora de la CTA autónoma– sostiene que “lo que no debería negociarse es la conformación de los Comités, la injerencia en los planes de prevención y capacitación, la paridad de género, la democratización de la palabra y la posibilidad de recorrer los lugares de trabajo para hacer diagnósticos junto a los empleadores”. Para lograrlo serán claves la convicción política y el talento para tejer mayorías de los presidentes de Cámara y los jefes de bloque de la coalición gobernante. Sólo entonces –y si la reglamentación respeta la letra y el ánimo original de la ley– el país podrá acceder al máximo nivel de institucionalización de la participación obrera en la protección de su salud, para hacer realidad aquello de que todes deberíamos trabajar en condiciones dignas y saludables, para ganarnos la vida y no para perderla.

 

 

 

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