Todo es provisorio

Nunca se necesitó tanto un Estado sólido, eficiente, capaz de hacer cumplir la ley

 

¿Qué es previsible? ¿Cómo nos organizaremos para funcionar como sociedad de aquí hasta que finalmente dispongamos de la vacuna contra el Covid-19? ¿Qué medidas tomaremos para recuperarnos de la economía del aislamiento? ¿Qué pasará en el mundo de aquí a tres años, cuando tengamos que empezar a pagar el endeudamiento acumulado por los gobiernos neoliberales desde 1976?

Las preguntas se acumulan y se multiplican, mientras las respuestas parecen basarse en bibliotecas que han caducado al ritmo de las crisis superpuestas de la pandemia y de una economía mundial que estalla nuevamente.

En la emergencia, comprobamos que el único instrumento de defensa colectiva con el que contamos es el Estado, que afortunadamente está en manos de personas responsables y sensibles.

Sin embargo, nos cuesta asumir como colectivo las implicancias de esta realidad y aparecen los comportamientos adquiridos en otros tiempos más tranquilos y menos desafiantes, donde la hegemonía neoliberal estaba muy consolidada y donde la imaginación alternativa parecía seca y agotada.

 

 

 

Reestructuremos y veamos

La propuesta de reestructuración de deuda con bonistas privados efectuada por el gobierno de la Argentina es buena, ya que propone un fuerte recorte de intereses y un tiempo sin necesidad de efectuar pagos, pero estará aún sometida a fuerte presiones para que sea menos buena o decididamente mala. Las presiones son externas y locales. Sería un gran servicio a la transparencia política y comunicacional que se conozca públicamente el entramado de actores locales con intereses asociados al valor de los títulos de deuda externa argentina.

La clave hoy, dado el horrible cuadro económico y social, local e internacional, es no tener que pagar nada por el tiempo más largo posible. Tampoco pagarle próximamente al FMI, ni comprometer planes de ajuste. Tener las manos desatadas para actuar con eficacia.

Y usar muy bien esos tres años para sacar a la economía del pozo, darle impulso a nuevas actividades productivas democratizantes de la economía, y construir un Estado fuerte y eficiente.

Pero, ¿y qué pasa si los bonistas no aceptan?

 

 

El cuadro mundial

Repetimos frente a este escenario de estallido financiero el diagnóstico que formulamos luego de la crisis provocada por el estallido de la burbuja hipotecaria norteamericana de 2008: la única forma de salir sólidamente del cuadro de semi-estancamiento es procediendo a una gigantesca licuación de las deudas de países, empresas y familias, para poner en marcha la demanda global y el crecimiento. Eso implica un proceso redistributivo global, que las élites no están dispuestas a conceder. Dado que el verdadero remedio económico es lo único que está vedado, porque los intereses financieros predominan en los principales centros de decisión, se sigue emparchando e inflando burbujas que estimulen transitoriamente la demanda hasta un nuevo estallido. Eso es lo que vuelve a pasar en 2020.

Hay que tener en cuenta que el escenario global es extraordinariamente fluido. Venimos de unas semanas en las que se evaporó el 30% del capital bursátil en Estados Unidos, Europa y zonas de Asia. Donde el desempleo está subiendo a cifras insólitas: Goldman Sachs, uno de los mayores grupos bancarios del planeta, proyectó esta semana una tasa de desempleo del 15% en Estados Unidos para fin de año, cercana a 37 millones de parados. A su vez la calificadora Moody’s anotó ya 311 corporaciones norteamericanas en situación financiera peligrosa, cuando en el peor momento de la crisis financiera de 2008 contabilizó 291 empresas, y aún no se ha arribado en ese país al pico de la crisis. La cantidad de empresas norteamericanas en situación precaria es compatible con el dato proporcionado este miércoles por la Reserva Federal de Estados Unidos: la caída de la producción manufacturera en marzo fue la mayor de los últimos 74 años, con el 6,3% en un solo mes.

Pero no son sólo empresas. La situación externa de numerosos países se está complicando y se suceden las “recalificaciones” del riesgo crediticio de naciones que empiezan a ser vistas como potencialmente insolventes.

Mientras Joseph Stiglitz recomienda usar una “super ley de quiebras” para realizar un salvataje masivo de la economía estadounidense, la Reserva Federal de ese país ha sido habilitada para comprar “deuda sin grado de inversión” (o sea, poco fiable) y bonos de baja calificación de empresas, municipalidades y Estados norteamericanos, para tender una red de contención de la debacle, en la misma dirección que propone Stiglitz.

Si ese es el escenario en el centro económico del planeta, pensemos un poco en los plazos que tenemos por delante para resolver la oferta argentina de reestructuración. Nuestro país no está en condiciones de perder un dólar más de reservas, imprescindibles para poder importar los bienes necesarios cuando se relance la economía.

El 22 de abril vence un bono global de deuda argentina por 500 millones de dólares, y el 5 de mayo vencen 2.100 millones con el Club de París. Sobre este último vencimiento, el ministro Guzmán ya ha solicitado una prórroga de pago por un año. Pero incluso pagar los 500 millones del bono global en este contexto de enormes dificultades locales parece un lujo imposible.

El no pago en la fecha estipulada de ese bono habilita una postergación de hasta un mes, hasta la tercera semana de mayo. Muchos especialistas médicos coinciden que probablemente en esos días estaremos arribando en nuestro país al pico de contagios, internados y fallecidos.

Si los acreedores no comprendieran la situación, pretendiendo que estamos en el mundo de 2019, y reclamaran más ajuste y más sacrificio sobre el muy castigado cuerpo social argentino –ya no estamos hablando del 40% de “pobres”, sino del 80% alcanzado severamente por el parate económico— el gobierno nacional, en ese cuadro dramático de situación, inserto en un tembladeral mundial de crisis de corporaciones internacionales, países y bancos, bien podría plantarse e insistir en los actuales términos de renegociación y asumir las consecuencias. Es un problema de tiempos y contextos.

Si esa fuera la situación, tendría que cuidarse de los poderosos socios locales de los bonistas, que disponen de un insólito aparato comunicacional para transmitir a la población la opinión de los acreedores, disfrazada de análisis económico neutro.

Habrá que usar a fondo las capacidades explicativas del Presidente y su apelación a la parte racional del sentido común para explicar cuáles son los intereses argentinos. Lo que no debería ser un sustituto de un debate político profundo de todos los sectores de la sociedad sobre cuáles son las prioridades nacionales hoy. La vida política no debe ser estatizada. Sería un error que ya fue cometido.

Quizás en tres años la economía mundial esté tan débil como ahora, sin resolver ningún problema y sometida a tironeos entre los gigantes económicos para apropiarse de alguna tajada de una torta que cesó de crecer. Finalmente eso fue lo que ocurrió luego de la crisis financiera global de 2008: no se modificó básicamente nada del esquema de dominio financiero, ni se buscó una salida que no pasara por seguir engordando a los mismos ganadores previos a la crisis.

Si ese fuera el caso, nuevamente la Argentina tendría que evaluar qué caminos seguir, porque necesitará exportar más y sustituir importaciones.

Pero tampoco es descartable, de acuerdo a la magnitud de los problemas presentes, que surjan planteos y políticas más sociales, más humanas y más ecológicas en distintas partes del mundo. Que aparezcan, en los países centrales, dirigentes capaces de romper límites que se consideraban hasta hoy infranqueables y que ofrezcan ejemplos de políticas públicas novedosas que sirvan de referencia para un cambio global. En realidad, esa es la peor amenaza para las anquilosadas élites de América Latina: que del norte vengan buenos ejemplos.

 

 

De aquí a la vacuna

A medida que observamos y aprendemos, va quedando claro que la evolución de la pandemia no es como graficó Trump con la mano: el bicho viene, contagia unos cuantos, y se va. Hay complejidades vinculadas a las características de este virus en particular, a su gran capacidad de contagio masivo, a las interacciones constantes entre personas que aparentan no ser portadoras en todo tipo de actividades, y al ida y vuelta global de la pandemia, con su reaparición en lugares que se consideraban “victoriosos”. Incluso observar las recaídas de pacientes ya curados, lo que tampoco permite dar por terminada la situación de enfermedad como si ya hubiera pasado la tormenta.

Achatar la curva no quiere decir derrotar al virus, que seguirá dando vuelta e infectando gente hasta que la solución radical, la vacuna, aparezca y nos la apliquemos todxs. Se mencionan diversos tiempos para ese momento… ¿8 meses? ¿12 meses? ¿Año y medio? Achatar la curva es también asumir que habrá que “administrar” el contagio para poder ir tratando a los miles de enfermos de tal forma que queden en el camino los menos posibles. Y esa situación va a chocar contra las necesidades de la sociedad de vivir, trabajar, tener ingresos y retornar a la normalidad.

La complejidad deviene de que no es posible sostener una situación de aislamiento extremo por mucho tiempo, porque gran cantidad de puestos de trabajo dependen de que exista movimiento económico al menos cercano a lo habitual. Y porque muchas ramas de la economía se vuelven inviables por la falta de escala, etc. Peligra el ingreso masivo de la población y eso requiere respuestas que intenten compatibilizar cuidado con cierta recuperación productiva.

Ese dilema, el de cómo ir saliendo de las medidas drásticas –que son las más efectivas— es complejo y se está discutiendo en muchos países. ¿Cómo retomar la normalidad, cuando la causa de las medidas de excepción persiste?

Por lo tanto, habrá que convivir con una situación que no se resolverá en dos o tres semanas más, y que requerirá ser administrada con nervios de acero y con un contacto orgánico, permanente y sistemático con todos los sectores afectados, tratando de evitar que las políticas de aislamiento generen daños productivos y personales irreparables.

 

 

 

De impuestos puntuales y permanentes

El proyecto de Impuesto a las grandes fortunas parece contar con razonable simpatía popular, y con la previsible resistencia de muchísimos más que las 12.000 personas que sería alcanzadas por sus disposiciones. Las características del proyecto permiten introducir en el debate público un tema central que viene siendo omitido sistemáticamente, que es la pésima forma en que está distribuido el ingreso en Argentina (y en el mundo), y al mismo tiempo posee ciertas características que lo hacen más potable en términos de viabilidad política: sólo abarca a una ínfima minoría poblacional, es por única vez, y tiene fines específicos y muy visibles.

Es útil y necesario, y tiene un sentido político fundamental, que es iluminar uno de los aspectos centrales de la realidad menos transitados, lo que refleja la predominancia de la agenda neoliberal en las últimas décadas en el debate público nacional.

Por supuesto que para el mediano plazo habrá que encontrar fuente de financiamiento que no afecten ni a los más vulnerables, ni a las golpeadas clases medias, ni a los empresarios que estén dispuestos a realizar inversiones productivas. En ese sentido, debería empezar a considerarse un conjunto de nichos en los que hasta ahora el Estado no ha podido o no se ha atrevido a incursionar, y que tienen que ver con la evasión y elusión impositiva.

Se sabe, por ejemplo, que actividades extractivas como hidrocarburos y minería, pagan impuestos de acuerdo a lo que le declaran al Estado haber extraído, mientras los organismos estatales tienen escasa o nula capacidad de control y verificación de lo declarado. Se dice que hay una parte de la producción agropecuaria exportada que no está registrada en la documentación de Aduana y que es de una magnitud significativa, contando para realizar la maniobra con el sistema corrupto tanto en el aparato estatal como en puertos privados. Lo mismo estaría ocurriendo con la abundante pesca que se realiza en el Mar Argentino, donde el Estado no ha desplegado un sistema eficaz de verificación de la captura realizada por importantes flotas extranjeras. ¿Cuántos recursos fiscales legítimos se escurren por estas vías? Para ello no hay que establecer nuevos impuestos, ni asfixiar a sectores productivos, sino hacer cumplir la ley y eliminar nichos de delincuencia económica.

Ante el proyecto de Impuesto a las grandes fortunas, Confederaciones Rurales Argentinas emitió un comunicado el 13 de abril donde sostiene que “el reclamo de empresarios que desempeñan actividades productivas generadoras de divisas y de puestos de trabajo, respecto de la urgente necesidad de comenzar a transitar un camino de reducción de una presión impositiva que ya antes de la pandemia implicaba un asedio fiscal insostenible, choca de frente con la pretendida creación de un nuevo impuesto de emergencia y por única vez (como tantos otros que existen desde hace años y bajo la misma premisa inicial) que algunos sectores del Gobierno propician y tratan de justificar bajo el manto de la necesidad de ayuda solidaria al mejor estilo Robin Hood: continuar asfixiando a quien produce para repartir a los sectores más carenciados”. CRA se confunde y confunde: el impuesto no afecta el patrimonio ni la rentabilidad empresarias, sino a las fortunas individuales de gran envergadura, que pueden haber sido adquiridas de múltiples formas. Y concluye el comunicado de la CRA con el siguiente párrafo: “Como nunca antes, la dirigencia política argentina tiene la oportunidad de evitar la recurrente costumbre de perseguir, oprimir y castigar al buen empresario, aquel que arriesga, invierte y produce sin prebendas ni subsidios, y así ayudar a dejar atrás un modelo de país que sólo parece premiar al delincuente”

No sabemos a qué se refiere la CRA en cuanto a perseguir al buen empresario, ya que sólo en un clima intelectual de liberalismo extremista se puede considerar que cobrar impuestos es perseguir empresarios, pero estamos absolutamente de acuerdo con la CRA en no premiar a los delincuentes. En ese sentido, es importante avanzar en las investigaciones sobre las 950 cuentas que grandes afortunados argentinos tienen en el exterior, que no le declararon al Estado durante el blanqueo macrista, por el equivalente a 2.600 millones de dólares, según información difundida recientemente por la AFIP.

Nunca como en este momento, el bien común de lxs argentinxs choca con los intereses minoritarios de bonistas, evasores, especuladores y corruptos, y nunca como hoy se necesitó tanto un Estado políticamente sólido, eficiente, capaz de hacer cumplir la ley.

 

 

 

 

 

 

19 Comentarios
  1. Germinal dice

    Totalmente de acuerdo.
    Y en esto tienen una enorme responsabilidad los gobiernos kirchneristas, que tuvieron durante 12 años la posibilidad de hacer reformas verdaderamente estructurales dada su popularidad, pero que no las hicieron. Los peces gordos nunca se tocan, así que nadie se sorprenda de la desigualdad endémica que arrastra nuestro país. Y del actual gobierno se puede esperar aún menos en ese sentido, que desde que asumió no hizo más que bajar el lomo y repartir migajas. Lo de siempre: con el pretexto de la supuesta gobernabilidad se perpetúan las estructuras del poder económico que esclavizan a los argentinos.
    Peronismo gatopardista, no, gracias.

  2. Luis Juan dice

    Estimado Ricardo:
    Excelente análisis y totalmente de acuerdo con la bajada de título.
    Una digresión, si me permite:
    En varias oportunidades di mi humilde opinión respecto de lo que hacer con una deuda odiosa y fraudulenta. Lamentablemente, cuando uno ve que un Estado no puede contra el poder de unas 2.000 o 3.000 personas que siempre condicionan los destinos de la patria, no puede menos que inferir que las resoluciones que uno pretende, son apenas ilusiones o quimeras que solamente sirven a los fines de catarsis.
    En efecto, nunca quedó tan en evidencia el sofisma en que se monta el sistema imperante que no tiene capacidad de reacción (ni le interesa hacerlo), a pesar del riesgo de vida que puedan tener cientos de miles de personas, es más, estoy convencido de que los poderes ocultos que dirigen los destinos de la humanidad quisieran hacer desaparecer a una cantidad de personas que daría escalofríos mencionar (lo tienen escrito).
    Ni que hablar de la desnudez en que quedaron los personajes emblemáticos del sistema: la banca privada, los grandes empresarios, los grandes terratenientes, las grandes fortunas, el poder económico disfrazado de medio de comunicación, demasiados políticos, algunos gremialistas gordos y jueces (en especial los supremos y los de inodoro py). Además, entre ellos, seguramente encontrará a varios tenedores de deuda.
    Si los bonistas no aceptan esta renegociación mucho más que aceptable (teniendo en consideración su corresponsabilidad en esta defraudación, al igual que FMI -sin obviar naturalmente, como primer responsable el gobierno saliente entre cuyos integrantes también los habrá tenedores de deuda-), que se jodan.
    Pero para ello, es condición sine qua non, para poder vivir con lo nuestro parafraseando a Aldo Ferrer, que el Estado tenga el control de todas las empresas estratégicas, incluyendo el rubro alimentos (posibilidad que tenía con Vicentín). Nacionalizar los depósitos bancarios y dirigir los créditos a tasas razonables a los sectores pymes y estratégicos para el crecimiento. En fin, usted mejor que yo, sabe perfectamente aquellas estrategias necesarias para poder llevar a buen puerto una decisión como esta.
    La economía en manos exclusivas del sector privado, ya sabemos donde conduce. Con ver el mundo es más que suficiente.
    Tampoco digo que todo sea estatal (aunque me gustaría), porque somos un pueblo de memoria frágil y así como estatizamos, luego cuando la derecha retoma al poder, privatiza todo y de la peor manera.
    Hablo del control mayoritario de los paquetes accionarios en empresas estratégicas que permita no depender exclusivamente del sector privado y, en todo caso, además, sirva para combatir los monopolios y oligopolios privados que son, finalmente, los que forman los precios y decidieron hasta hoy los destinos del país.
    Es decir, si no hacemos eso, lo que ahorraremos por un lado, se terminará yendo por el otro, a favor de los mismos de siempre (que sabemos de sobra cómo actúan) y seguirán los gobiernos condicionados, aún, cuando no tengamos el peso de la deuda.
    Es de una obviedad manifiesta el futuro ominoso que le depara al mundo laboral, razón por lo cual, lo antedicho se torna imprescindible para contrarrestarlo. Ya manifesté en otros comentarios que, el Estado, no puede desprenderse ni de un metro de tierras fiscales y, además, debería comenzar a expropiar tierras improductivas u operativas contra los intereses del Estado…cuando se den las condiciones.
    El dólar, nunca debió estar disponible de conformidad al poder adquisitivo de las personas físicas o jurídicas, ya que es un medio de pago internacional y sólo debería ocuparse a tales fines, por ende, monopolizado por el Estado, quién deberá administrarlo para gestionar importaciones y exportaciones. Pero dado que tampoco el Estado ha sido transparente a lo largo de su historia, podría ser controlado en ese manejo por el Congreso, un Consejo Económico y Social donde participen -sólo como observadores de la pulcritud en su administración- y a los fines de evitar que un gobierno determinado pueda revertir las razones de Estado de dicha medida.
    Sin impuestos, no existe posibilidad de igualdad. La presión fiscal en Francia fue en 2017 del 46,2%, Dinamarca 46%, Bélgica 44,6%, Suecia 44%, Finlandia 43,3%, Italia 42,4%, Austria 41,8%, Cuba 40,6%, Grecia 39,4%, Países Bajos 38,8%, Luxemburgo 38,7%, Noruega 38,2%, Islandia 37,7%, Hungría 37,7%, Alemania 37,5%, Eslovenia 36%, República Checa 34,9%, OCDE 34,2%, Polonia 33,9%, España 33,7%, Reino Unido 33,3%, Estonia 33%, República Eslovaca 32,9%, Israel 32,7%, Brasil 32,3%, Canadá 32,2%, Nueva Zelanda 32%, Barbados 31,8%, Uruguay 30,9%, Japón 30,6%, Letonia 30,4% y ARGENTINA 30,3%…(oecd.org).
    La nómina de titulares de capitales en el exterior debe resultar una razón de Estado para la AFIP y la UIF. El impuesto sobre dichas cuentas debe ser mayor que el de aquellos que poseen sus capitales en el país y, si además, no lo tienen declarados deberían hasta triplicarse las imposiciones. El lavado de dinero, la evasión y la elusión fiscal deberían ser perseguidos con los mejores cuadros profesionales incorruptibles de que se disponga.
    Naturalmente, sería importante que una nueva constitución contemplara todas esas medidas. Pero tampoco será suficiente con esta justicia putrefacta que supimos conseguir.
    Son tiempos de repensar -a pesar del poder real- estas y otras cuestiones, ya que ni las pandemias, ni las crisis, serán las últimas, ni las peores.
    Si las cosas siguen funcionando tal como lo hacían hasta antes de esta pandemia, lo único que podremos hacer es implorar a Dios, dioses, el cielo o los extraterrestres para que nos salven de lo que será inevitable: el Caos.

  3. Mario Vivante dice

    Excelente análisis Ricardo, muy claro y simplificado

  4. HERNÁN DE ROSARIO dice

    Ricardo Aronskind comienza su artículo preguntándose cómo se organizará la sociedad argentina hasta que se produzca el anhelado hallazgo de la vacuna que permite defendernos del Covid-19. Este interrogante se complementa con este otro: ¿cómo será el mundo post-coronavirus? El autor reconoce que vive en la más absoluta incertidumbre. Como todos los argentinos. Como toda la humanidad, en realidad. Nadie tiene la más remota idea de lo que sucederá, no dentro de unos meses, sino dentro de unas pocas horas. Tal la profundidad de la crisis provocada por un bicho microscópico que nos ha puesto de rodillas. Algunos pensadores de relevancia internacional como Zizek se han atrevido a esbozar algunas hipótesis pero, me parece, se trata de meras expresiones de deseos. Sueñan con el fin del capitalismo globalizado. Puede darse algún día, en efecto. Si implosionó el comunismo ¿por qué no habría de hacerlo el capitalismo? Pero no parece que el Covid-19 vaya a ser el causante de un cambio tan profundo, el que decrete el fin de una era histórica.

    A continuación paso a transcribir un artículo publicado hace unos días por la socióloga Maristella Svampa titulado “Reflexiones para un mundo post-coronavirus”.

    Pandemias hubo muchas en la historia, comenzando por la peste negra en la Edad Media y pasando por las enfermedades que vinieron de Europa y arrasaron con la población autóctona en América en tiempos de la conquista. Se estima que entre la gripe, el sarampión y el tifus murieron entre 30 y 90 millones de personas. Más recientemente, todos evocan la gripe española (1918-1919), la gripe asiática (1957), la gripe de Hong Kong (1968), el VIH / sida (desde la década de 1980), la gripe porcina AH1N1 (2009), el SARS (2002), el ébola (2014), el MERS (coronavirus, 2015) y ahora el Covid-19. Sin embargo, nunca vivimos en estado de cuarentena global, nunca pensamos que sería tan veloz la instalación de un Estado de excepción transitorio, un Leviatán sanitario, por la vía de los Estados nacionales. En la actualidad, casi un tercio de la humanidad se halla en situación de confinamiento obligatorio. Por un lado, se cierran fronteras externas, se instalan controles internos, se expande el paradigma de la seguridad y el control, se exige el aislamiento y el distanciamiento social. Por otro lado, aquellos que hasta ayer defendían políticas de reducción del Estado hoy rearman su discurso en torno de la necesaria intervención estatal, se maldicen los programas de austeridad que golpearon de lleno la salud pública, incluso en los países del Norte global…Resulta difícil pensar que el mundo anterior a este año de la gran pandemia fuera un mundo «sólido», en términos de sistema económico y social. El coronavirus nos arroja al gran ruedo en el cual importan sobre todo los grandes debates societales: cómo pensar la sociedad de aquí en más, cómo salir de la crisis, qué Estado necesitamos para ello; en fin, por si fuera poco, se trata de pensar el futuro civilizatorio al borde del colapso sistémico. Quisiera en este artículo contribuir a estos grandes debates, con una reflexión que propone avanzar de modo precario en algunas lecciones que nos ofrece la gran pandemia y bosquejar alguna hipótesis acerca del escenario futuro posible.

    La vuelta del Estado y sus ambivalencias: el Leviatán sanitario y sus dos caras

    Reformulando la idea de Leviatán climático de Geoff Mann y Joel Wainwright, podemos decir que estamos hoy ante la emergencia de un Leviatán sanitario transitorio, que tiene dos rostros. Por un lado, parece haber un retorno del Estado social. Así, las medidas que se están aplicando en el mundo implican una intervención decidida del Estado, lo cual incluye desde gobiernos con Estados fuertes –Alemania y Francia– hasta gobiernos con una marcada vocación liberal, como Estados Unidos. Por ejemplo, Angela Merkel anunció un paquete de medidas sanitarias y económicas por 156.000 millones de euros, parte del cual va como fondo de rescate para autónomos sin empleados y empresas de hasta diez trabajadores; en España, las medidas movilizarán hasta 200.000 millones de euros, 20% del PIB; en Francia, Emmanuel Macron anunció ayudas por valor de 45.000 millones de euros y garantías de préstamos por 300.000 millones. La situación es de tal gravedad, ante la pérdida de empleo y los millones de desocupados que esta crisis generará, que incluso los economistas más liberales están pensando en un segundo New Deal en el marco de esta gran crisis sistémica. A mediano y largo plazo, la pregunta siempre es a qué sectores beneficiarán estas políticas. Por ejemplo, Donald Trump ya dio una señal muy clara; la llamada Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica contra el Coronavirus (CARES, por sus siglas en inglés) es un paquete de estímulos de dos billones de dólares para, entre otros objetivos, rescatar sectores sensibles de la economía, entre los cuales está la industria del fracking, una de las actividades más contaminantes y más subsidiadas por el Estado.
    Por otro lado, el Leviatán sanitario viene acompañado del Estado de excepción. Mucho se escribió sobre esto y no abundaremos. Basta decir que los mayores controles sociales se hacen visibles en diferentes países bajo la forma de violación de los derechos, de militarización de territorios, de represión de los sectores más vulnerables. En realidad, en los países del Sur, antes que una sociedad de vigilancia digital al estilo asiático, lo que encontramos es la expansión de un modelo de vigilancia menos sofisticado, llevado a cabo por las diferentes fuerzas de seguridad, que puede golpear aún más a los sectores más vulnerables, en nombre de la guerra contra el coronavirus. Una pregunta resuena todo el tiempo: ¿hasta dónde los Estados tienen las espaldas anchas para proseguir en clave de recuperación social? Esto es algo que veremos en los próximos tiempos y a este devenir no serán ajenas las luchas sociales, esto es, los movimientos desde abajo, pero también las presiones que ejercerán desde arriba los sectores económicos más concentrados. Por otro lado, es claro que los Estados periféricos tienen muchos menos recursos, ni que hablar Argentina, a raíz de la situación de cuasi default y de desastre social en que la ha dejado el último gobierno de Mauricio Macri. Ningún país se salvará por sí solo, por más medidas de carácter progresista que implemente. Todo parece indicar que la solución es global y requiere de una reformulación radical de las relaciones Norte-Sur, en el marco de un multilateralismo democrático, que apunte a la creación de Estados nacionales en los cuales lo social, lo ambiental y lo económico aparezcan interconectados y en el centro de la agenda.
    Las crisis como aprendizajes para no caer en falsas soluciones
    La pandemia pone de manifiesto el alcance de las desigualdades sociales y la enorme tendencia a la concentración de la riqueza que existe en el planeta. Esto no constituye una novedad, pero sí nos lleva a reflexionar sobre las salidas que han tenido otras crisis globales. En esa línea, la crisis global que aparece como el antecedente más reciente, aun si tuvo características diferentes, es la de 2008. Causada por la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, la crisis fue de orden financiero y se trasladó a otras partes del mundo para convertirse en una convulsión económica de proporciones globales. También persiste como el peor recuerdo en cuanto a la resolución de una crisis, cuyas consecuencias todavía estamos viviendo. Salvo excepciones, los gobiernos organizaron salvatajes de grandes corporaciones financieras, incluyendo a los ejecutivos de estas, que emergieron al final de la crisis más ricos que nunca. Así, en términos sociales y a escala mundial, la reconfiguración fue regresiva. Suele decirse que la economía volvió a recuperarse, pero el 1% de los más ricos pegó un salto y la brecha de la desigualdad creció. Recordemos el surgimiento del movimiento Occupy Wall Street, en 2011, cuyo lema era «Somos el 99%». Millones de personas perdieron sus casas en el mundo y quedaron sobreendeudados y sin empleo, la desigualdad se profundizó, los planes de ajuste y la desinversión en salud y educación se expandieron por numerosos países, algo que ilustra de manera dramática un país como Grecia, pero que se extiende a países como Italia, España e incluso Francia. En vísperas del Foro de Davos, en enero de 2020, un informe de Oxfam consignaba que de solo «2.153 milmillonarios que hay en el mundo poseen más riqueza que 4.600 millones de personas (60% de la población mundial)». En términos políticos globales, produjo enormes movimientos tectónicos, ilustrados por la emergencia de nuevos partidos y liderazgos autoritarios en todo el mundo: una derecha reaccionaria y autoritaria, que incluye desde el Tea Party hasta Donald Trump, desde Jair Bolsonaro hasta Scott Morrison, desde Matteo Salvini hasta Boris Johnson, entre otros.
    Por otro lado, si hasta hace pocos años se consideraba que América Latina marchaba a contramano del proceso de radicalización en clave derechista que hoy atraviesan parte de Europa y Estados Unidos, con sus consecuencias en términos de aumento de las desigualdades, xenofobia y antiglobalismo, hay que decir que, en los últimos tiempos, nuevos vientos ideológicos recorren la región, sobre todo luego de la emergencia de Bolsonaro en Brasil y el golpe en Bolivia. A esto hay que añadir que América Latina, si bien sobrevivió en pleno «Consenso de los Commodities» a la crisis económica y financiera de 2008 gracias al alto precio de las materias primas y la exportación a gran escala, poco logró conservar de aquel periodo de neoextractivismo de vacas gordas. En la actualidad, continúa siendo la región más desigual del mundo (20% de la población concentra 83% de la riqueza), es la región donde se registra un mayor proceso de concentración y acaparamiento de tierras (gracias a la expansión de la frontera agropecuaria), además de ser la zona del mundo más peligrosa para activistas ambientales y defensores de derechos humanos (60% de los asesinatos a defensores del ambientes, cometidos en 2016 y 2017, ocurrieron en América Latina) y, por si fuera poco, es la región más insegura para las mujeres víctimas de femicidio y violencia de género. Así, la resolución de la crisis de 2008 y sus efectos negativos se hacen sentir hoy con claridad. Estas salidas, que acentuaron la concentración de la riqueza y el neoliberalismo depredador, deben funcionar hoy como un contraejemplo eficaz y convincente para apelar a propuestas innovadoras y democráticas que apunten a la igualdad y la solidaridad. Al mismo tiempo, deberían hacernos reflexionar acerca de que ni siquiera aquellos países del Sur que durante el «Consenso de los Commodities» sortearon la crisis y aprovecharon la rentabilidad extraordinaria a través de la exportación de las materias primas, utilizando las recetas del neoextractivismo, funcionaron ni pueden presentarse como la encarnación de un modelo positivo.

    Ocultamiento de las causas ambientales e hiperpresencia del discurso bélico

    Anteriormente afirmé que la reconfiguración social, económica y política después de la crisis de 2008 fue muy negativa. Quisiera ahora detenerme un poco en las causas ambientales de la pandemia. Hoy leemos en numerosos artículos, corroborados por diferentes estudios científicos, que los virus que vienen azotando a la humanidad en los últimos tiempos están directamente asociados a la destrucción de los ecosistemas, a la deforestación y al tráfico de animales silvestres para la instalación de monocultivos. Sin embargo, pareciera que la atención sobre la pandemia en sí misma y las estrategias de control que se están desarrollando no han incorporado este núcleo central en sus discursos. Todo eso es muy preocupante. ¿Acaso alguien escuchó en el discurso de Merkel o Macron alguna alusión a la problemática ambiental que está detrás de esto? ¿Escucharon que Alberto Fernández, quien ha ganado legitimidad en las últimas semanas gracias a la férrea política preventiva y a su permanente contacto y toma de decisiones con un comité de expertos, haya hablado alguna vez de las causas socioambientales de la pandemia? Las causas socioambientales de la pandemia muestran que el enemigo no es el virus en sí mismo, sino aquello que lo ha causado. Si hay un enemigo, es este tipo de globalización depredadora y la relación instaurada entre capitalismo y naturaleza. Aunque el tópico circula por las redes sociales y los medios de comunicación, no entra en la agenda política. Esta «ceguera epistémica» –siguiendo el término de Horacio Machado Aráoz– tiene como contracara la instalación de un discurso bélico sin precedentes.
    La proliferación de metáforas bélicas y el recuerdo de la Segunda Guerra Mundial atraviesan los discursos, desde Macron y Merkel hasta Trump y Xi Jinping. Algo que se repite en Alberto Fernández, quien habla constantemente del «enemigo invisible». En realidad, esta figura puede fomentar la cohesión de una sociedad frente al miedo del contagio y de la muerte, «cerrando filas ante el enemigo común», pero no contribuye a entender la raíz del problema, sino más bien a ocultarlo, además de naturalizar y avanzar en el control social sobre aquellos sectores considerados como más problemáticos (los pobres, los presos, los que desobedecen al control). El discurso bélico confunde y oculta las raíces del problema, atacando el síntoma, pero no las causas profundas, que tienen que ver con el modelo de sociedad instaurado por el capitalismo neoliberal, a través de la expansión de las fronteras de explotación y, en este marco, por la intensificación de los circuitos de intercambio con animales silvestres, que provienen de ecosistemas devastados. Por último, la fórmula bélica se asocia más al miedo que a la solidaridad y ha conllevado incluso una multiplicación de la vigilancia ante el incumplimiento de las medidas dictadas por los gobiernos para evitar los contagios. No son pocos los relatos, en Argentina así como en otros países, que dan cuenta de la asociación entre el discurso bélico y la figura del «ciudadano policía», erigido en atento vigía, dispuesto a denunciar a su vecino al menor desliz en la cuarentena. En suma, es necesario abandonar el discurso bélico y asumir las causas ambientales de la pandemia, junto con las sanitarias, y colocarlas en la agenda pública, lo cual ayudaría a prepararnos positivamente para responder al gran desafío de la humanidad: la crisis climática.

    Horizontes posibles. Desde el paradigma del cuidado hasta el gran pacto ecosocial y económico

    El año de la gran pandemia nos instala en una encrucijada civilizatoria. Frente a nuevos dilemas políticos y éticos, nos permite repensar la crisis económica y climática desde un nuevo ángulo, tanto en términos multiescalares (global/nacional/local) como geopolíticos (relación Norte/Sur bajo un nuevo multilateralismo). Podríamos formular el dilema de la siguiente manera. O bien vamos hacia una globalización neoliberal más autoritaria, un paso más hacia el triunfo del paradigma de la seguridad y la vigilancia digital instalado por el modelo asiático, tan bien descrito por el filósofo Byung-Chul Han, aunque menos sofisticado en el caso de nuestras sociedades periféricas del Sur global, en el marco de un «capitalismo del caos», como sostiene el analista boliviano Pablo Solón. O bien, sin caer en una visión ingenua, la crisis puede abrir paso a la posibilidad en la construcción de una globalización más democrática, ligada al paradigma del cuidado, por la vía de la implementación y el reconocimiento de la solidaridad y la interdependencia como lazos sociales e internacionales; de políticas públicas orientadas a un «nuevo pacto ecosocial y económico», que aborde conjuntamente la justicia social y ambiental. Las crisis, no hay que olvidarlo, también generan procesos de «liberación cognitiva», como dice la literatura sobre acción colectiva y Doug McAdam en particular, lo cual hace posible la transformación de la conciencia de los potenciales afectados; esto es, hace posible superar el fatalismo o la inacción y torna viable y posible aquello que hasta hace poco era inimaginable. Esto supone entender que la suerte no está echada, que existen oportunidades para una acción transformadora en medio del desastre. Lo peor que podría ocurrir es que nos quedemos en casa convencidos de que las cartas están marcadas y que ello nos lleve a la inacción o a la parálisis, pensando que de nada sirve tratar de influir en los procesos sociales y políticos que se abren, así como en las agendas públicas que se están instalando. Lo peor que podría suceder es que, como salida a la crisis sistémica producida por la emergencia sanitaria, se profundice «el desastre dentro del desastre», como afirma la feminista afroaestadounidense Keeanga-Yamahtta Taylor, recuperando el concepto de Naomi Klein de «capitalismo del desastre». Hay que partir de la idea de que estamos en una situación extraordinaria, de crisis sistémica, y que el horizonte civilizatorio no está cerrado y todavía está en disputa.
    En esa línea, ciertas puertas deben cerrarse (por ejemplo, no podemos aceptar una solución como la de 2008, que beneficie a los sectores más concentrados y contaminantes, ni tampoco más neoextractivismo), y otras que deben abrirse más y potenciarse (un Estado que valorice el paradigma del cuidado y la vida), tanto para pensar la salida de la crisis como para imaginar otros mundos posibles. Se trata de proponer salidas a la actual globalización, que cuestionen la actual destrucción de la naturaleza y los ecosistemas, que cuestionen una idea de sociedad y vínculos sociales marcados por el interés individual, que cuestionen la mercantilización y la falsa idea de «autonomía». En mi opinión, las bases de ese nuevo lenguaje deben ser tanto la instalación del paradigma del cuidado como marco sociocognitivo como la implementación de un gran pacto ecosocial y económico, a escala nacional y global. En primer lugar, más que nunca, se trata de valorizar el paradigma del cuidado, como venimos insistiendo desde el ecofeminismo y los feminismos populares en América Latina, así como desde la economía feminista; un paradigma relacional que implica el reconocimiento y el respeto del otro, la conciencia de que la supervivencia es un problema que nos incumbe como humanidad y nos involucra como seres sociales. Sus aportes pueden ayudarnos a repensar los vínculos entre lo humano y lo no humano, a cuestionar la noción de «autonomía» que ha generado nuestra concepción moderna del mundo y de la ciencia; a colocar en el centro nociones como la de interdependencia, reciprocidad y complementariedad. Esto significa reivindicar que aquellas tareas cotidianas ligadas al sostenimiento de la vida y su reproducción, que han sido históricamente despreciadas en el marco del capitalismo patriarcal, son tareas centrales y, más aún, configuran la cuestión ecológica por excelencia. Lejos de la idea de falsa autonomía a la que conduce el individualismo liberal, hay que entender que somos seres interdependientes y abandonar las visiones antropocéntricas e instrumentales para retomar la idea de que formamos parte de un todo, con los otros, con la naturaleza. En clave de crisis civilizatoria, la interdependencia es hoy cada vez más leída en términos de ecodependencia, pues extiende la idea de cuidado y de reciprocidad hacia otros seres vivos, hacia la naturaleza.
    En este contexto de tragedia humanitaria a escala global, el cuidado no solo doméstico sino también sanitario como base de la sostenibilidad de la vida cobra una significación mayor. Por un lado, esto conlleva una revalorización del trabajo del personal sanitario, mujeres y hombres, médicos infectólogos, epidemiólogos, intensivistas y generalistas, enfermeros y camilleros, en fin, el conjunto de los trabajadores de la salud, que afrontan el día a día de la pandemia, con las restricciones y déficits de cada país, al tiempo que exige un abandono de la lógica mercantilista y un redireccionamiento de las inversiones del Estado en las tareas de cuidado y asistencia. Por otro lado, las voces y la experiencia del personal de la salud serán cada vez más necesarias para colocar en la agenda pública la inextricable relación que existe entre salud y ambiente, de cara al colapso climático. Nos aguardan no solo otras pandemias, sino la multiplicación de enfermedades ligadas a la contaminación y al agravamiento de la crisis climática. Hay que pensar que la medicina, pese a la profunda mercantilización de la salud a la que hemos asistido en las últimas décadas, no ha perdido su dimensión social y sanitarista, tal como podemos ver en la actualidad, y que de aquí en más se verá involucrada directamente en los grandes debates societales y, por ende, en los grandes cambios que nos aguardan y en las acciones para controlar el cambio climático, junto con sectores ecologistas, feministas, jóvenes y pueblos originarios. En Argentina, el gobierno de Alberto Fernández dio numerosas señales en relación con la importancia que otorga al cuidado como tarea y valor distintivo del nuevo gobierno. Una de ellas fue la creación del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, así como la inclusión en el gobierno de destacadas profesionales, cuyo aporte en clave feminista atraviesa de manera transversal distintas áreas del Estado. Este gesto hacia la incorporación del feminismo como política de Estado debe traducirse también en una ampliación de la agenda pública en torno del cuidado. Es de esperar que las mujeres hoy funcionarias asuman la tarea de conectar aquello que hoy aparece obturado y ausente en el discurso público, esto es, la estrecha relación entre cuidado, salud y ambiente.
    En segundo lugar, esta crisis bien podría ser la oportunidad para discutir soluciones más globales, en términos de políticas públicas. Hace unos días la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés), propuso un nuevo Plan Marshall que libere 2,5 billones de dólares de ayuda a los países emergentes, que implique el perdón de las deudas y un plan de emergencia en servicios de salud, así como programas sociales. La necesidad de rehacer el orden económico mundial, que impulse un jubileo de la deuda, aparece hoy como posible. Aparece también posible impulsar un ingreso ciudadano, debate que se ha reactivado al calor de una pandemia que destruye millones de puestos de trabajo, además de profundizar la precarización laboral, mediante esquemas de teletrabajo que extienden la jornada laboral. Sin embargo, es necesario pensar este New Deal no solo desde el punto de vista económico y social, sino también ecológico. Lo peor sería legislar contra el ambiente para reactivar la economía, acentuando la crisis ambiental y climática y las desigualdades Norte-Sur. Son varias las voces que ponen de manifiesto la necesidad de un Green New Deal como el lanzado por la diputada demócrata Alexandria Ocasio-Cortez en 2019. Desde Naomi Klein hasta Jeremy Rifkin, varios han retomado el tema en clave de articulación entre justicia social, justicia ambiental y justicia racial.
    En el contexto de esta pandemia, ha habido algunas señales. Por ejemplo, Chris Stark, jefe ejecutivo del Comité sobre Cambio Climático del Reino Unido (CCC), sostuvo que la inyección de recursos que los gobiernos deben insuflar en la economía para superar la crisis del Covid-19 debe tener en cuenta los compromisos sobre el cambio climático, esto es, el diseño de políticas y estrategias que no sean solo económicas sino también un «estímulo verde». En Estados Unidos un grupo de economistas, académicos y financistas agrupados bajo la consigna del estímulo verde (green stimulus) enviaron una carta en la que instaron al Congreso a que presione aún más para garantizar que los trabajadores estén protegidos y que las empresas puedan operar de manera sostenible para evitar las catástrofes del cambio climático, especialmente en una economía marcada por el coronavirus. Con Enrique Viale, en nuestro último libro Una brújula en tiempos de crisis climática (de próxima publicación por la editorial Siglo Veintiuno), apuntamos en esta dirección y por ello proponemos pensar en términos de un gran pacto ecosocial y económico. Sabemos que, en nuestras latitudes, el debate sobre el Green New Deal es poco conocido, por varias razones que incluyen desde las urgencias económicas hasta la falta de una relación histórica con el concepto, ya que en América Latina nunca hemos tenido un New Deal, ni tampoco un Plan Marshall. En Argentina, lo más parecido a esto fue el Plan Quinquenal bajo el primer gobierno peronista, que tuvo un objetivo nacionalista y redistributivo. Sin embargo, Argentina no venía en ese entonces del desastre, tenía superávit fiscal y los precios de las exportaciones de cereales eran altos. Era un país beneficiado económicamente por la guerra europea y eso le dio al gobierno peronista una oportunidad para generar condiciones de cierta autonomía relativa, orientando su política de redistribución hacia los sectores del asalariado urbano.
    Así, no hay aquí un imaginario de la reconstrucción ligado al recuerdo del Plan Marshall (Europa) o el New Deal (Estados Unidos). Lo que existe es un imaginario de la concertación social, ligado al peronismo, en el cual la demanda de reparación (justicia social) continúa asociada a una idea hegemónica del crecimiento económico, que hoy puede apelar a un ideal industrializador, pero siempre de la mano del modelo extractivo exportador, por la vía eldoradista (Vaca Muerta), el agronegocio y, en menor medida, la minería a cielo abierto. La presencia de este imaginario extractivista/desarrollista poco contribuye a pensar las vías de una «transición justa» o a emprender un debate nacional en clave global del gran pacto ecosocial y económico. Antes bien, lo distorsiona y lo vuelve decididamente peligroso, en el contexto de crisis climática. Esto no significa que no haya narrativas emancipatorias disponibles ni utopías concretas en América Latina. No hay que olvidar que en ka región existen nuevas gramáticas políticas, surgidas al calor de las resistencias locales y de los movimientos ecoterritoriales (rurales y urbanos, indígenas, campesinos y multiculturales, las recientes movilizaciones de los más jóvenes por la justicia climática), que plantean una nueva relación entre humanos, así como entre sociedad y naturaleza, entre humano y no humano. En el nivel local se multiplican las experiencias de carácter prefigurativo y antisistémico, como la agroecología, que ha tenido una gran expansión, por ejemplo, incluso en un país tan transgenizado como Argentina. Estos procesos de reterritorialización van acompañados de una narrativa político-ambiental, asociada al «buen vivir», el posdesarrollo, el posextractivismo, los derechos de la naturaleza, los bienes comunes, la ética del cuidado y la transición socioecológica justa, cuyas claves son tanto la defensa de lo común y la recreación de otro vínculo con la naturaleza como la transformación de las relaciones sociales, en clave de justicia social y ambiental.
    De lo que se trata es de construir una verdadera agenda nacional y global, con una batería de políticas públicas, orientadas hacia la transición justa. Esto exige sin duda no solo una profundización y debate sobre estos temas, sino también la construcción de un diálogo Norte-Sur, con quienes están pensando en un Green New Deal, a partir de una nueva redefinición del multilateralismo en clave de solidaridad e igualdad. Nadie dice que será fácil, pero tampoco es imposible. Necesitamos reconciliarnos con la naturaleza, reconstruir con ella y con nosotros mismos un vínculo de vida y no de destrucción. El debate y la instalación de una agenda de transición justa pueden convertirse en una bandera para combatir no solo el pensamiento liberal dominante, sino también la narrativa colapsista y distópica que prevalece en ciertas izquierdas y la persistente ceguera epistémica de tantos progresismos desarrollistas. La pandemia del coronavirus y la inminencia del colapso abren a un proceso de liberación cognitiva, a través del cual puede activarse no solo la imaginación política tras la necesidad de la supervivencia y el cuidado de la vida, sino también la interseccionalidad entre nuevas y viejas luchas (sociales, étnicas, feministas y ecologistas), todo lo cual puede conducirnos a las puertas de un pensamiento holístico, integral, transformador, hasta hoy negado.

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