En las dos semanas previas a las elecciones porteñas, el gobierno festejó el 2,8% de inflación, anunció baja de impuestos a las importaciones de productos de electrónica de consumo y promocionó el “blanqueo permanente”, con la finalidad de apuntalar su campaña en clave libertaria.
Pero en esas dos semanas, y aunque el gobierno nunca lo mencione, la caída del empleo, la destrucción de empresas, el deterioro del salario real y la falta de respuesta estatal se profundizaron. No son efectos colaterales del plan económico del gobierno de Javier Milei, sino un objetivo en sí mismo. El plan.
Salarios y jubilaciones
La principal meta política del gobierno de cara a las elecciones de octubre es poder mostrar una desaceleración sostenida de la inflación. Y para eso, ya sin el ancla monetaria y cambiaria, el salario real está cumpliendo una función: ser el ancla antiinflacionaria del modelo. El gobierno no lo oculta. No está dispuesto a convalidar paritarias que acompañen ni siquiera parcialmente el aumento del costo de vida. El caso más reciente es la paritaria de Empleados de Comercio, que la Secretaría de Trabajo se niega a homologar. Se trata de un convenio testigo, que alcanza a más de 1,2 millones de trabajadores del sector privado registrado. De haberse aplicado, el acuerdo habría significado una suba del 11% para el período enero-abril, frente a una inflación acumulada del 11,6%. El gobierno se niega a validar incrementos salariales que incluso se ubican por debajo de la inflación. La decisión no es técnica, es política: busca disciplinar al conjunto de las negociaciones paritarias y forzar una caída del poder adquisitivo.
El martes 14 de mayo el INDEC publicó el Índice de Salarios correspondiente al mes de marzo. Una vez más, los datos confirmaron lo que los trabajadores sienten en el bolsillo: que la recuperación del salario real de la cual se jacta el gobierno nacional es una ilusión. Con la aceleración inflacionaria de marzo (3,7%), los salarios registrados volvieron a perder poder de compra, cayendo 1,1% en términos reales y ubicándose 6% por debajo del nivel de noviembre de 2023.
- En el sector privado registrado, pese a un aumento nominal del 2,2%, el salario real cayó 1,5% respecto a febrero (luego de una caída previa de 0,1%) y se ubica por debajo del nivel de noviembre de 2023 (-0,9%).
- En el sector público, con el aumento nominal del 3,3%, la caída intermensual real fue del 0,4%, acumulando desde noviembre una pérdida del 15,1% en términos reales.
Si ajustamos el índice de salarios registrados (privados y públicos) por inflación, utilizando la canasta de consumo de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017/18 que representa mejor los hábitos de consumo actuales de la población, la pérdida del poder adquisitivo con respecto a noviembre de 2023 alcanza el 14,4%.
El deterioro de los ingresos no se limita a los salarios. También afecta a otros sectores vulnerables de la población, como los jubilados. Considerando una inflación estimada del 2,6% para mayo (según el REM-BCRA), las jubilaciones mínimas con bono se encuentran 15,7% por debajo del último trimestre del gobierno anterior, y la jubilación mínima sin bono cae un 3,5% en la misma comparación. La medición trimestral es metodológicamente la más adecuada para evaluar la pérdida, dado el esquema de actualización vigente durante la gestión anterior. Así, el ajuste del gobierno no solo impacta sobre el trabajo formal, sino también sobre los ingresos de quienes dependen del Estado para subsistir.
El pasado miércoles 15 de mayo, desde el bloque legislativo peronista de Unión por la Patria se impulsó un dictamen que busca revertir esta situación:
- Aumento de jubilaciones de 7,2%. Este aumento ya se había acordado en el Congreso en 2024. Se trata de que les otorguen el saldo restante del 20,6% de la inflación de enero de 2024. Es darles a las y los jubilados y pensionados la inflación que les negaron.
- Actualización del bono de la mínima por inflación. El bono está en $70.000, congelado desde marzo de 2024: su actualización arroja un bono de $115.000. Luego, se sigue actualizando por inflación. La jubilación mínima más bono queda, así, en $432.000.
- Compatibilización de la Pensión Única por Adulto Mayor (PUAM) con trabajo registrado, siempre que no sea más de tres veces el SMVM. Que sea pensionable y que para las mujeres se mantenga en la edad jubilatoria de 60 años.
- El dictamen incluye la prórroga de la moratoria previsional por dos años.
¿Y el empleo y la producción?
Las estadísticas oficiales confirman la destrucción del empleo y del entramado productivo. Según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, entre noviembre de 2023 y febrero de 2025 se perdieron 13.111 empleadores, pasando de 512.357 a 499.246 empresas registradas. El 99,7% de esa caída corresponde a empresas de hasta 500 trabajadores.
En el mismo período, se destruyeron 219.670 puestos de trabajo registrados en unidades productivas. Y si se analiza la pérdida por tamaño de empresa, el 79,4% del empleo perdido (-174.320 trabajadores registrados) se concentró en empresas de más de 500 empleados.
Aunque los datos llegan hasta febrero de este año, la dinámica de despidos y cierres no se detuvo. En las últimas semanas se sumó un componente: la crisis de empresas grandes del sector industrial. Las últimas tres semanas dan cuenta de:
- 10/05/25: la empresa Georgalos, con 85 años en la Argentina, anunció que escuchaba ofertas para ser vendida o recapitalizada ¿La razón? La caída del consumo.
- 07/05/25: Celulosa Argentina, que emplea a más de 1.400 personas, declaró no estar en condiciones de cumplir con sus compromisos financieros.
- 05/05/25: la empresa FV, de artículos de grifería, planteó la dificultad por la caída sensible de las ventas.
- 02/05/25: Toyota inició despidos en su planta de Zárate, con proyecciones que podrían alcanzar a 200 operarios.
- 02/05/25: en el sector farmacéutico, Laboratorios Bagó avanzó con más de 30 despidos y retiros forzados en La Plata y City Bell.
- 28/04/25: el frigorífico Devesa, en Azul, echó a 100 empleados y enfrenta un escenario crítico por la caída del consumo, la falta de hacienda y la pérdida de mercados externos.
- 07/05/25: en el sur, 20 obreros de la construcción fueron despedidos por la empresa Sudelco en Trelew, tras la paralización de obras públicas por falta de financiamiento nacional.
- 13/05/25: General Motors anunció la suspensión de la producción en su planta de Alvear durante varios días de mayo y junio de 2025, debido a la caída de la demanda interna y de exportación hacia Brasil. Se suma la medida al plan de retiros voluntarios que viene implementando la empresa para reducir su plantilla de operarios a la mitad.
- 15/05/25: el Ingenio Ledesma despidió a 70 trabajadores en mayo de 2025 “por razones de competitividad”, que se suman a los 165 ya cesanteados en febrero.
- 16/05/25: la empresa pesquera Mirabella ubicada en Puerto Madryn, Chubut, despidió a aproximadamente 30 trabajadores de temporada sin causa aparente y sin abonar las liquidaciones correspondientes, alegando tener las cuentas embargadas. La Secretaría de Trabajo provincial intervino, intimando a la empresa a regularizar la situación en un plazo de 24 horas.
En el breve relevamiento previo se computan situaciones de crisis en sectores que atraviesan toda la economía: alimenticio, papelero, automotriz, frigorífico, materiales de la construcción y pesca. La situación es acompañada por la continuidad de los despidos en el sector público, como detallamos a continuación:
- 09/05/25: Trenes Argentinos despidió a 1.937 trabajadores, como parte del ajuste previo a su privatización, que ya acumula más de 3.800 cesanteados en lo que va del año.
- 09/05/25: FAdeA, la histórica fábrica de aviones de Córdoba, paralizó sus actividades y pagó solo el 30% de los sueldos de mayo por falta de contratos estatales.
El gobierno no distingue entre sectores estratégicos, industrias generadoras de empleo o regiones clave para la soberanía. Tierra del Fuego es un caso paradigmático de esa lógica. Frente a un esquema que demanda planificación, inversión y una mirada de largo plazo, la única respuesta del oficialismo es romper. En lugar de discutir cómo mejorar el modelo fueguino, elige atacarlo frontalmente con medidas que pueden dinamitar miles de puestos de trabajo y comprometer intereses geopolíticos fundamentales. La decisión de reducir derechos de importación a productos electrónicos apunta directamente a desarmar el enclave industrial de la isla. Es presentada como una solución mágica para bajar el precio de los celulares, pero ni siquiera está claro que eso vaya a ocurrir, ¿realmente bajarán 30%, o es apenas marketing electoral en la previa de la elección porteña? Mientras tanto, el costo es concreto: menos empleo, menos producción nacional y un golpe directo a una región estratégica para la Argentina.
El desmantelamiento del entramado productivo no es la única consecuencia del modelo. En paralelo al cierre de fábricas y la pérdida de empleos, el deterioro del poder adquisitivo es consecuente con un consumo en supermercados y mayoristas que no repunta.
TMAP: “Todo marcha acorde al plan”. Es lo que podría decir un funcionario de Milei al mirar los números. Lo que para cualquier país sería una catástrofe –caída del empleo, destrucción industrial, desplome del salario real–, para este gobierno es el objetivo.
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