TODOS CONTRA TODOS

 

En el camino hacia las elecciones legislativas de noviembre esta será una semana agitada en los mercados, gracias a una omisión de la Secretaría de Finanzas. Es probable que esos comicios prolonguen la imposibilidad de resolver la crisis de la Corte Suprema, que se arrastra desde hace tres lustros. En 2014 murieron sus jueces Carmen Argibay y Enrique Petracchi. En 2015 se retiró Raúl Zaffaroni, al cumplir los 75 años que fija la Constitución, y renunció Carlos Fayt, a sus 97 años. Quedaron sólo tres jueces, a quienes se sumaron Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, que el ex Presidente Maurizio Macrì introdujo por la ventana de los tribunales. Hoy son presidente y vice del tribunal, mientras su hacedor está al borde del precipicio judicial en varias causas. Economía y Justicia son dos cuestiones de fondo que rara vez aparecen en la información política más allá de casos puntuales.

 

 

Tensión financiera

Hoy vence el BONTE 21 (TO 21), que el Tesoro debe pagar mañana. Son 68.100 millones de pesos entre capital e intereses, a los que deben sumarse otros 4.200 millones entre BONAR 2022 y Letras intrasector público. Esas deudas fueron colocadas por Luis Caputo entre fondos del exterior. De acuerdo con la agencia de información financiera Bloomberg, el mayor tenedor previo al vencimiento es el Fondo Franklin Templeton, con el 17% del total. El segundo es un fondo de jubilados de Japón y el tercero el Fondo Pellegrini del Banco Nación. El resto se reparte entre los bancos que fueron comprando a Franklin Templeton.

 

 

 

 

La Secretaría de Finanzas, donde Martín Guzmán nombró hace dos meses a su compañero en la Universidad de La Plata Rafael Brigo, no buscó refinanciar esa deuda, de modo que mañana el Tesoro pagará vencimientos por esos 72.300 millones de pesos. El problema es que no los tiene, de modo que deberá pedírselos al Banco Central.

Si el martes convocara a una licitación para recuperar esos fondos, recién le ingresarían el jueves. Es decir que entre el lunes y por lo menos el jueves habrá en el mercado 72.300 millones de pesos en emisión monetaria, el combustible ideal para generar tensión financiera, ya sea precipitándose sobre los dólares financieros (como se supone que harán Franklin Templeton y los japoneses) o destrozando la tasa en pesos, lo que a su vez genera mayor presión sobre el dólar financiero.

La CNV nunca prohibió que los fondos del exterior accedieran al Contado Con Liquidación. En el Segmento de Negociación Bilateral (Senebi) se pagan hasta 200 pesos por dólar con tal de salir del país y dejar tierra arrasada. Si esto tiene consecuencias nefastas para el país, a Templeton no le preocupa. Hasta hay quienes creen que lo disfruta.

 

 

El acuerdo inevitable

Con cualquier resultado en las urnas dentro de seis semanas, es improbable que alguien tenga mayoría en las dos cámaras del Congreso y, mucho menos, los dos tercios necesarios del Senado ya sea para remover a un juez por juicio político o para nombrar a otro en su lugar. La única solución sería un acuerdo entre las principales fuerzas con representación parlamentaria para ampliar el número de miembros del tribunal y designar a sus nuevos integrantes. Cuanto mayor sea el número de jueces del tribunal, más fácil será alcanzar coincidencias. La abundancia en el reparto lubrica las relaciones.

Eso hoy parece inviable, pero podría no serlo más adelante, porque la experiencia de las últimas décadas indica que no hay una fuerza hegemónica con capacidad electoral para disponer a voluntad y que, a lo sumo, cada una puede bloquear las iniciativas rivales, pero no imponer las propias. Las declaraciones de Elisa Carrió y María Eugenia Vidal de que si tuvieran los votos necesarios desplazarían a Sergio Massa de la presidencia de la Cámara de Diputados y colocarían en la línea de sucesión presidencial a alguien de la coalición opositora Juntos por Algo, tuvieron un eco impensado en el diputado schiaretista cordobés Carlos Gutiérrez, quien declaró que si eso se planteara tal vez su sector lo acompañaría y que el otorgamiento de esa posición a un representante del partido del gobierno es una costumbre pero no está escrita en ninguna ley ni reglamento. Esto señala que el momento no ha llegado para un acuerdo razonable. Tal vez haya que esperar el momento en que las principales coaliciones comprendan que no están en condiciones de someter a la otra y se resignen a un compromiso en el que sea posible desatar un nudo que estrangula el funcionamiento institucional y beneficia a los mayores intereses económicos. Esta situación parece hecha a medida de la UCR, ninguno de cuyos dirigentes respaldó la posición de Carrió y El Hada Buena, que el oficialismo califica de golpista.

 

 

De golpe, un ataque de risa.

 

 

El incremento y la división en salas estuvo contemplada en dos proyectos de los presidentes radicales Arturo Illia y Raúl Alfonsín y también en uno de los peronistas puntanos Adolfo Rodríguez Saa y Liliana Negre de Alonso.

El número de miembros de los tribunales supremos varía de país en país. En Brasil, la Corte Suprema ha tenido según los años entre 16 y 11 miembros; en México entre 11 y 21, divididos en tres salas; en Chile son 21 que se dividen en tres o con cuatro salas. En Japón, 15 jueces. En España el Tribunal Supremo está formado por cinco Salas, especializadas en materias civiles, penales, contencioso administrativas, sociales y militares. Según la propuesta de Zaffaroni de elevarla a 19 miembros, la Corte argentina quedaría formada por salas en lo penal, civil y comercial, laboral, previsional y contencioso administrativo. Para determinados temas podría exigirse la unanimidad de votos de la sala respectiva y en casos especiales fijados por ley o por la propia Corte, el tribunal podría actuar en pleno. El Presidente Alberto Fernández entiende que la división en salas contradice el artículo 108 de la Constitución, según el cual “el Poder Judicial de la Nación será ejercido por una Corte Suprema de Justicia”, pero, como todo en derecho, tal manda está sometida a interpretación.

 

 

Incendio o inundación

La primera década de gobierno kirchnerista fue apenas una pausa refrescante entre dos periodos bochornosos: la mayoría automática del cardumen menemista luego de la ampliación de 1990 y el todos contra todos a partir de las designaciones de Rosatti y Ronsenkrantz por el macrismo, en comisión y por decreto, en diciembre de 2015.

Durante aquel interregno, la Corte declaró como política de Estado y parte del contrato social de los argentinos los juicios por Crímenes de Lesa Humanidad realizados desde que el juez federal Gabriel Cavallo dispuso la nulidad en 2001 de las leyes de punto final y obediencia debida. También consagró en ese lapso derechos laborales y sindicales.

Pero esa Corte de siete miembros se desarmó en el año y medio transcurrido entre el deceso de Argibay, en mayo de 2014, y el adiós de Fayt, en diciembre de 2015.

La designación hace diez días de Rosatti y Rosenkrantz como presidente y vice, por sus propios votos y el de Maqueda, en ausencia de Lorenzetti y Highton, llevan al extremo la penuria de un tribunal en el que apenas tres hombres concentran el enorme imperio del Poder Judicial de la Nación. Es irrisorio que nada menos que Ricardo Lorenzetti señale que el adelantamiento de la fecha de la elección y el auto-voto no son éticos. Además, el cambio climático en la República Autónoma del Cuarto Piso en cualquier momento puede producir incendios en los expedientes, al estilo de los que estragan los bosques en California, Australia e Italia, o inundaciones que mojen todos los papeles, como las que arrasaron partes de Alemania y de China. Desde los islotes secos pero no quemados intercambian operaciones e invectivas en una guerra de todos contra todos los principales colaboradores de Rosatti y Rosenkrantz (Silvio Robles y Federico Morgenstern) y Lorenzetti (María Bourdin). El allanamiento a la obra social del Poder Judicial, que dependía de Maqueda, y su traslado a la órbita del administrador Héctor Daniel Marchi (ex ministro de economía de Santa Fe, que llegó a la Corte de la mano de Lorenzetti) muestran que a cada acción corresponde una reacción y que, como dice el peronólogo Alejandro Dolina, la venganza será terrible. Lorenzetti está ofreciendo entrevistas a medios de distinta orientación, en las que procura presentarse como ecuánime y tolerante. En una de ellas dijo que “no podemos perder el tiempo en disputas de poder, cuando tenemos tanta responsabilidad”. El Cohete hizo saber que no está interesado en escucharlo explicar que las uvas están verdes.

 

 

No es la primera vez

Tampoco hay que exagerar: durante los gobiernos de Raúl Alfonsín y de Carlos Menem, ya habían votado por sí mismos para acceder a la presidencia de la Corte dos miembros del partido del gobierno de cada momento, y uno había sido incluso socio del presidente.

Los cinco designados al concluir la dictadura, escogieron como titular al filósofo del derecho Genaro Carrió, quien había sido abogado de Raúl Alfonsín. Sumido en una profunda depresión, renunció en 1985. Fue sucedido por Jorge Bacqué como juez y por José Severo Caballero en la presidencia del tribunal, electo por sus pares.

El Comechingón Caballero era un dirigente de la UCR de Córdoba. Al vencer su mandato de tres años, fue reelecto, por su propio voto y los del también radical Augusto Belluscio y el socialista gorila Fayt.

La Constitución de 1853, paráfrasis del texto estadounidense, fijó el número de miembros de la Corte en nueve. Pero la reforma de 1860 dejó el número librado a la decisión del Congreso, que en 1862 se inclinó por cinco. Esta conformación duró un siglo, cuando el Presidente radical Arturo Frondizi la elevó a siete por la ley 15.271. Cuatro años después otro Presidente radical, Arturo Illia, propuso llevar el número a diez, pero antes lo derrocó el dictador Juan Onganía, quien volvió a reducirla a cinco por el decreto 16.985/66. Pasaron dos décadas hasta que un tercer presidente radical, Raúl Alfonsín, pidió al Congreso que la llevara a siete. En la negociación con el líder justicialista Antonio Cafiero se acordó que cada partido propondría a uno de los nuevos jueces. La derrota de Cafiero en la elección interna justicialista de 1988 modificó esos planes.

Menem congeló el acuerdo hasta después de las elecciones presidenciales. Ya desde el gobierno se inclinó por la ampliación no a siete sino a nueve miembros y sin negociar las designaciones. La ley 23.774, promulgada en 1990, no le proveyó cuatro vacantes sino seis, ya que además renunciaron Bacqué, por desacuerdo con la ampliación, y Caballero, porque no sólo se había auto-designado presidente de la Corte: antes se había regulado honorarios a sí mismo por haber elegido árbitro en una causa y perito en otra. Menem le ofreció una retirada silenciosa, y así nació la mayoría automática de dos tercios, que avaló el desguace del Estado y protegió a sus miembros y a los compañeros del gobierno de las investigaciones por negocios turbios.

Entre los cuatro nuevos jueces, Menem designó a su socio en el estudio de La Rioja, el ex jefe de policía de esa provincia, boticario y aficionado al derecho municipal, Julio Salvador Nazareno, quien en noviembre de 1994 fue elegido presidente de la Corte, por su propio voto. En 2000 se volvió a elegir a sí mismo, esta vez con el apoyo de Eduardo Moliné O’Connor, Gustavo López, Belluscio y Fayt.

Esa Corte concluiría con un mayúsculo escándalo. Por primera vez en la historia, ruidosas manifestaciones frente a su sede exigieron “que se vayan todos”, también allí. En cuanto Néstor Kirchner asumió la presidencia, Nazareno lo amenazó en público con fallos perturbadores de lo que él mismo mencionó como “gobernabilidad”. Kirchner leyó un brevísimo mensaje sin actuarlo, con la mirada en el papel y no perdida en el vacío del teleprompter. Moliné O’Connor y el juez del Opus Dei, Antonio Boggiano, fueron destituidos en juicio político, Nazareno y Adolfo Vázquez renunciaron antes de llegar a ese punto. Esto permitió remozar la Corte, con las designaciones de Argibay, Highton, Lorenzetti y Zaffaroni, y la designación como presidente de Petracchi, quien inició un proceso de apertura para quitar opacidad a las decisiones judiciales. Esto incluyó audiencias públicas en las que se discutieron temas importantes, la presentación de escritos de amigos del tribunal, el registro de circulación de los expedientes entre las vocalías y de los abogados intervinientes y la prohibición de reuniones a solas con una de las partes de un litigio.

En diciembre de 2006, por la Ley 26.183 redactada por Cristina Kirchner, volvió al número histórico de cinco miembros. Lorenzetti fue electo para presidir la Corte en enero de 2007 y consiguió sucesivas reelecciones durante once años. En ese lapso cambió prácticamente todo: esposa, auto, casa, sastrería, aspecto facial, restaurantes, amigos, alianzas políticas. En el auge del kirchnerismo, respaldó sus políticas reivindicativas en materia laboral y de asistencia social. Pero en el ocaso comenzó a recortar derechos adquiridos, a reivindicar privilegios estamentales y se abroqueló en defensa de cámaras y jueces demasiado sensibles a los grandes intereses económicos, lo cual agrió en forma innecesaria las relaciones con el gobierno nacional. Cristina protestó porque había más jueces independientes del poder político que de los intereses económicos. Lorenzetti incitó a los jueces federales a perseguirla.

 

 

Las presidencias rengas

La última reelección de Lorenzetti preanunció lo que vendría. En abril de 2015, hizo elípticamente responsable a Cristina por la muerte del fiscal Natalio A. Nisman, e inquieto por las brumas que avanzaban sobre Fayt, forzó un adelantamiento del proceso electoral interno, cuando aún le restaba casi un tercio de su mandato. Su temor era que en ese tribunal que muertes y renuncias redujeron a cuatro miembros, la caducidad de Fayt lo dejara con el quorum estricto de tres y Lorenzetti sólo pudiera retener el cargo votando por sí mismo. No había tiempo que perder.

La Acordada que consigna aquella rrrrelección decía que fue firmada “en la Sala de Acuerdos del Tribunal”. Pero el débil trazo parecido a la que fuera la firma de Fayt no fue hecho en la Sala de Acuerdos sino en su domicilio, hasta donde le llevó un secretario. Cuando revelé esa falsedad, Lorenzetti me escribió una carta anunciando su renuncia a la presidencia, de la que en pocos días se retractó. La Corte emitió un comunicado sin firma y una nueva Acordada convalidando la elección de abril.

En el acto de asunción de Macrì el 10 de diciembre de 2015 Lorenzetti abrazó y besó al nuevo Presidente y antes de que finalizara el año aceptó tomar juramento a Rosenkrantz y Rosatti, pese a su designación irregular en comisión, que hasta Rosatti había rebatido en su Tratado de Derecho Constitucional. Ya se vería que ese no fue un beso de amor sino de conveniencia.

 

 

Un beso sin amor, de pura conveniencia.

 

 

La incorporación de los parvenus se demoró varios meses porque el Senado exigió que los pliegos pasaran por su comisión de acuerdos. El mandato presidencial de Lorenzetti vencía el 31 de diciembre de 2018 y aspiraba a continuar en ese cargo que llegó a considerar como un atributo personal. Pero el 11 de septiembre de 2018, Rosatti, Rosenkrantz y Highton lo desplazaron sin previo aviso y sentaron en su lugar a Rosenkrantz. La réplica de Lorenzetti, en confabulación con Rosatti y Maqueda, fue despojar al presidente de cualquier atribución extraprotocolar, de modo que designaciones, sanciones y presupuesto dependieran de una mayoría de tres. Este año Lorenzetti pidió el auxilio de Alberto Fernández para recuperar el sitial, pero el Presidente le respondió que eso dependía de sus colegas, no del Poder Ejecutivo. También hubo un proyecto de dos diputados cambiemitas para instituir la presidencia rotativa, pero antes de que se tratara, los jueces designaron a sus nuevos conductores.

Ese tribunal fracturado y odiante deberá zanjar temas de enorme repercusión política, que afectan tanto a Cristina como a Macrì y al actual gobierno. Varias notas en la edición de hoy reseñan algunas de ellas:

  • La ley que votó la Legislatura porteña erigiendo al Superior Tribunal cabano como alzada de los juzgados nacionales de distintos fueros, para que salve a Macrì por la quiebra del Correo. El propio STJ ya lo había decidido así, pese a la oposición de la conservadora Asociación de Magistrados y del fiscal a cargo en forma interina de la Procuración General, Eduardo Casal. Así lo explicó la legisladora porteña Lucía La Verdadera Cámpora:

 

 

 

  • El inminente procesamiento del ex Presidente, por el espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino San Juan.
  • La investigación por el blanqueo de 25 millones de dólares realizado por la madre de Macrì, Alicia Blanco Villegas, pese a la prohibición legal.
  • La declaración de las tecnologías de la información y la comunicación como servicio público esencial.
  • La conformación actual del Consejo de la Magistratura.
  • La nulidad de la causa Vialidad, en la que se intenta juzgar a CFK por obras en una provincia incluidas en el presupuesto nacional que aprobó el Congreso, que se realizaron en tiempo y forma y se pagaron sin sobreprecios, y en las que entre la Presidenta y los funcionarios provinciales intervinientes había una docena de eslabones institucionales.
  • La detracción de fondos excesivos que la Nación transfirió a la CABA para el pago de la policía local.
  • Las causas fraguadas contra Milagro Sala y una docena de militantes de la Organización Barrial Túpac Amaru por los jueces de Jujuy, luego de que Gerardo Morales ampliara la Suprema Corte en la misma proporción que Menem en la nación, pero mucho más rápido: en su primera semana de gobierno.

 

 

El trueque vergonzoso

El 10 de septiembre de 1930, la Corte Suprema firmó una Acordada de triste celebridad. Sostuvo que el gobierno de facto encabezado por el general golpista José Félix Uriburu se encontraba en posesión de las fuerzas militares y policiales necesarias para “proteger la libertad, la vida y la propiedad”. Por esas “razones de policía y de necesidad y con el fin de mantener protegido al público y a los individuos cuyos intereses puedan ser afectados”, dispuso “dar validez a sus actos”. Toda una confesión sobre el propio rol.

Desde la Constitución de 1860 y durante siete décadas, el Poder Ejecutivo había designado a cinco sucesivos presidentes de la Corte Suprema, con carácter vitalicio, según el modelo estadounidense. A cambio del reconocimiento del gobierno surgido del golpe militar del 6 de septiembre, que se llamó nacionalista pero cuyo gabinete fue integrado por directivos y abogados de empresas británicas, Von Pepe Uriburu resignó esa facultad y permitió que los jueces designaran a su presidente.

 

 

Von Pepe Uriburu y la Corte del 30. A la derecha de la foto, Horacio Rodríguez Larreta.

 

 

Colocar a la propiedad en el podio de los valores que cuentan para legitimar la violencia oligárquica contra la primera presidencia que representó en parte a las clases medias en ascenso, no fue un acto gratuito. La redefinición del rol de la Corte Suprema sigue siendo nueve décadas después un asunto de necesidad y urgencia.

 

 

 

La música que escuché mientras escribía