TODOS PIDEN

Se necesita que crezcan las organizaciones productivas, no las cuentas en Panamá

 

Causó malestar, entre sector adherentes al actual gobierno, la noticia de que diversas empresas muy grandes, incluso directivos y operadores políticos antigubernamentales, recibieron ayuda estatal para pagar los sueldos del último mes.

Algunos interpretaron esa medida como un signo de debilidad del gobierno de Alberto Fernández, que habría cedido ante las empresas poderosas; otros, como un guiño a los sectores empresariales para mostrar su disposición a cerrar la brecha; otros buscaron en el Ministro de Trabajo alguna responsabilidad, en cuanto a no discriminar entre empresas que realmente necesitan ayuda estatal y otras que bien pueden arreglarse sin ella.

Por supuesto que, mirado desde el sentido común, y en un contexto económico de extrema gravedad que causa una carga presupuestaria enorme, suena prudente ahorrar dinero que no sobra.

El caso merece ser analizado con mayor profundidad, porque muestra carencias de largo plazo del Estado argentino, errores en la concepción de políticas de promoción productiva y la necesidad de plantearse un enfoque superador.

 

 

La relación Estado-empresarios y el perverso caso argentino

La historia del siglo XX muestra una cada vez más estrecha relación entre los empresarios y el Estado en todo el mundo capitalista. En los casos más exitosos desde el punto del crecimiento y desarrollo económico, no fue una relación de mutua hostilidad, sino de complementación inteligente en la cual se generaron sinergias positivas, que fortalecieron a ambos. Luego de la Segunda Guerra esta relación se profundizó, lo que inquietó en su momento al Presidente Eisenhower, quien llegó a advertir al público norteamericano sobre los peligros que entrañaba el “complejo militar-industrial”. A ese complejo se le fueron agregando con el tiempo los laboratorios medicinales, las compañías de seguros y Wall Street.

En todos los países centrales se observó una fuerte interpenetración de intereses públicos y privados, como por ejemplo la “planificación indicativa” en Francia, donde a través de sucesivas rondas de consultas con las grandes empresas privadas el Estado francés definía un plan estratégico nacional, que en parte incluía los objetivos de las empresas privadas pero que al mismo tiempo los superaba, en función de las necesidades nacionales de Francia.

El caso más espectacular de relación estatal-privado ha sido el de Corea del Sur, que logró construir una economía considerablemente avanzada, partiendo de niveles muy bajos, a partir de un estrecha relación entre el Estado y un conjunto reducido de empresas que se volvieron grandes a partir de políticas públicas con metas muy definidas. Mucho apoyo, pero también mucho control del Estado. Premios para incentivar la calidad y competitividad y castigo por defraudar las expectativas y los recursos puestos por el Estado en estas empresas. Funcionó.

Hoy China es una gigantesca incubadora de empresas privadas que asustan a las gigantes de Estados Unidos. Huawei sola tiene registradas 80.000 patentes. Es evidente que los recursos estatales no están yendo a parar a guaridas fiscales y mansiones en lugares exóticos, sino a laboratorios, capacitación de trabajadores y plantas ultramodernas de producción.

Dicho sea de paso, el modelo de INVAP (Investigaciones Aplicadas, empresa pública que innova y exporta) debería ser mirado con mucha mayor atención en nuestro país.

Muchas de las políticas de estímulo al sector privado se sucedieron durante décadas en la Argentina logrando éxitos parciales, pero sin terminar de crear un sistema en el cual importantes corporaciones argentinas –“campeones nacionales”— tuvieran capacidad de “arreglarse solas” y de irradiar su progreso a toda la sociedad.

La particularidad del caso argentino fue que muchas de las empresas crecidas al calor de la protección y las transferencias de recursos del Estado adoptaron en las últimas décadas una absurda ideología anti estatal, liderando el ataque al ente público que en los países centrales es considerado el “protector de última instancia”. Sin los fondos aportados por estas grandes empresas, nunca hubiéramos sufrido las gigantescas campañas contra el Estado, desde Bernardo Neustadt y sus nietos mediáticos actuales, dedicados a denostar al Estado y reclamar su achicamiento, conjuntamente con otras políticas anti sociales para favorecer a las corporaciones.

La sociedad argentina no pudo disfrutar de los frutos esperados de las ingentes sumas volcadas en el sector privado argentino, ni de los regímenes de promoción, ni de las exenciones impositivas, ni de los créditos a tasas ínfimas, ni de las políticas de promoción de exportaciones, ni de los subsidios energéticos, ni de la protección arancelaria, ni de las transferencias tecnológicas sin cargo, ni de los blanqueos impositivos reiterados…

Un ejemplo de las limitaciones del estado desarrollista argentino fue la quiebra del Banco Nacional de Desarrollo, creado durante la dictadura militar de 1970, y cerrado por los peronistas neoliberales de Menem en 2003. Hay muchos bancos de desarrollo en el mundo, con relevantes funciones de promoción de la inversión estratégica, de la cual no se ocupa la banca privada. Sin ir muy lejos, el gigantesco Banco de Desarrollo Nacional de Brasil ha sido y es un instrumento de apoyo a la producción brasileña. En nuestro caso, el pésimo manejo público de ese instrumento estratégico llevó a usar cuantiosos recursos en apoyo al sector privado con mínimos resultados en materia de producción y desarrollo. Cuando lo cerraron, el sector privado le debía aún 6.000 millones de dólares, que nunca se recuperaron.

El neoliberalismo argentino no tiene problema en cuanto a la relación público-privado. Como su objetivo no es el desarrollo ni el progreso conjunto de toda la sociedad, se ocupa de lo que realmente lo mueve. Su forma de apoyar al sector privado consiste en depredar al propio Estado, o al resto de la sociedad (trabajadores, clases medias), como ejemplifican las políticas del menemismo o el macrismo.

Un ejemplo formidable de ese comportamiento predatorio es la promoción y el facilitamiento de la fuga de capitales, como se viene mostrando en las últimas entregas de El Cohete a la Luna.

Mientras el Estado que impulsaba el desarrollo no parecía en condiciones de direccionar la ayuda hacia sectores definidos, lo que lo llevaba a gigantescas inyecciones de fondos que en muchos casos no lograban de los efectos deseados, el Estado que promovía el subdesarrollo tendía a estrangular a la mayoría de las empresas mediante reglas, o falta de ellas, que servían a grupos particulares, que con el tiempo se poblaron en forma creciente de intereses rentistas y financieros.

Antes de las privatizaciones, el Estado argentino disponía de numerosos elementos de intervención pero lograba pocos resultados efectivos, en parte debido a la escasa coordinación entre todas las ventanillas que estaban abiertas para que el empresariado local recibiera transferencias. En realidad, parte de los grandes emprendimientos productivos que caracterizaron a aquella época de crecimiento nacional los tuvo que construir directamente el Estado.

El neoliberalismo aprovechó esa distancia significativa entre los muchos recursos gastados y los modestos logros para poner en el banquillo al Estado, y convencer a la sociedad de que desguazarlo era una excelente idea, y que de allí en más se abría una etapa en la que la iniciativa privada provocaría el milagro del crecimiento y la prosperidad. Pensamiento fantasioso implantado en base a dosis masivas de publicidad disfrazada de periodismo económico, que develó su falsedad en cada experiencia neoliberal.

 

 

Argentina 2020

Efectivamente el Estado no puede tomar medidas económicas y discriminar entre beneficiarios de sus acciones según su adscripción política. Si la decisión es apoyar a las empresas que por las severas restricciones económicas no tienen ingresos para que puedan pagar salarios, poco importa quienes sean sus dueños, o cómo se llamen los trabajadores que serán beneficiados con la permanencia en su puesto de trabajo. Tampoco podría negarle créditos o subsidios a empresarios pyme que apoyaron proyectos económicos que los destruyeron.

Las decisiones son institucionales, porque se entiende que hay un valor para la sociedad en el rescate de empresas y puestos de trabajo, independientemente de la personalidad de sus dueños.

Pero la falta de “discriminación política” no significa que el Estado no pueda formular criterios públicos muy claros y transparentes sobre qué es deseable y qué es indeseable en cuanto al funcionamiento de las empresas. Debe dejar en claro qué tipo de empresas necesita hoy el país para crecer. Y eso quiere decir: no cualquier empresa.

Cuando en el 2002 el Estado Nacional decidió pesificar la deuda del sector privado con las entidades financieras, para rescatar a millones de ciudadanxs endeudadxs en dólares, primero fijó un techo de 100.000 dólares, para que sólo fueran rescatados los deudores más pequeños. Ese techo luego fue removido por las presiones de empresas muy importantes sobre el gobierno de Duhalde. Así el grupo Clarín logró que una deuda con el sistema cercana a los 3.000 millones de dólares fuera pesificada. De la misma forma, en ese proceso de pesificación se ayudó a todo el sector agrario exportador cuyos ingresos se habían multiplicado por tres gracias a la gran devaluación. Estos grandes jugadores no debieron ser equiparados a un empleado o un pequeño empresario, que ganaba en pesos, y que no podría pagar su deuda bancaria en dólares. No hacía falta pesificar a todo el mundo. De más está decir que esa medida indiscriminada no fue gratis, ya que la pesificación asimétrica obligó al Estado a emitir nueva deuda pública por aproximadamente 28.000 millones de dólares. Varios miles de millones de dólares se podrían haber ahorrado, si la gestión de la crisis hubiese sido más precisa.

En esa misma época, se promulgó una Ley de Emergencia Económica, que establecía, entre otros muchos alivios, subsidios a los gastos energéticos de muchísimas empresas. Una década después (2012), cuando se iniciaba el segundo mandato de Cristina Kirchner y ya nadie se acordaba de que habíamos pasado por una situación dramática 10 años antes, nos enteramos de que seguían vigentes los subsidios a la energía que consumían los casinos y las grandes empresas petroleras. Cristina quiso hacer sintonía fina –en realidad era poner ciertas cosas en su lugar—, pero otros conflictos políticos frenaron esa necesaria corrección.

En esos años pos-neoliberales pudimos ver la reaparición de políticas públicas con un sentido socialmente razonable, porque buscan el rescate de empresas y de empleos, pero tomadas de forma tal que terminan generando despilfarro de recursos públicos, mientras faltan recursos para políticas más relevantes. Por ejemplo, eliminar completamente y rápido las viviendas precarias en todo el país.

Quizás lo que acaba de ocurrir con los ATP (Asistencia al Trabajo y la Producción) tenga que ver con en ese mismo problema. La incapacidad estatal para realizar una discriminación inteligente y una asignación más productiva de sus recursos.

 

 

La superación del Estado bobo

El país acaba de salir de la pésima gestión económica macrista –que fue apoyada por todas las grandes entidades empresariales—, y ahora está embarcado en la superación del default de hecho con sus acreedores, mientras debe sostener una economía estragada por la pandemia. No hay ya espacio para un Estado que trate a todos por igual (desde el trabajador informal hasta las multinacionales) o que apoye exclusivamente al capital más concentrado.

Es hora de que la sociedad sea capaz de debatir y formular el perfil que necesita de las empresas, o en términos más amplios, de las unidades productivas. Para el país no da lo mismo los que producen y acrecientan los bienes y servicios disponibles que los que especulan sin agregar valor, los que tratan a toda costa de mantener al personal de quienes lo echan apenas pueden, los que realizan inversiones para ampliar la producción de los que fugan sus ganancias, los que innovan y desarrollan nuevas ramas modernas de los que disfrutan de una renta conseguida en forma espuria, etc. Estamos diciendo que hoy, por ejemplo, es mucho más valiosa para Argentina una cooperativa productora de alimentos que una supuesta moderna empresa intermediaria que esquilma a los productores y a los consumidores (o al Estado).

En base a un conjunto de criterios absolutamente objetivos sobre el comportamiento de las empresas en las dimensiones que el país más necesita en este momento, se podría confeccionar un puntaje, una clasificación en base a genuinos méritos empresarios. Scoring, como les gusta llamar a las empresas privadas, que utilizan el sistema con sus clientes precisamente para establecer premios y castigos.

Ese puntaje debería ser la vara con la cual el Estado mediría su disposición a ayudar, promover y defender a las empresas que enriquecen a toda la comunidad, o por el contrario, la decisión de no poner un peso en empresas rentistas que usan las transferencias públicas para aumentar el patrimonio personal de los dueños. Se necesita que crezcan las organizaciones productivas, no las cuentas en Panamá.

En la era de la información, de las computadoras, del big data, es inconcebible que el Estado Nacional y las provincias y municipios no puedan cruzar 30 ó 40 datos fundamentales sobre las características productivas, laborales, impositivas, innovativas, exportadoras, de las empresas argentinas y la contribución que efectivamente realizan a la economía. ¿Es valioso que generen redes productivas locales? ¿Es valioso que impulsen el desarrollo regional, en un país que necesita imperiosamente descentralizarse, como ha mostrado la pandemia? Sería también una forma de indicarles con total precisión a todxs quienes quieran ponerse a producir algo, qué quiere el país y cuáles son los comportamientos empresarios que valora y cuales rechaza.

También permitiría reducir la arbitrariedad en la asignación de fondos por parte de los circunstanciales funcionarios, y acotaría la capacidad de pedir favores y de que les sean otorgados a los habitantes eternos de los pasillos ministeriales.

El Estado no debe ser una mera apoyatura a los negocios de los grandes capitales, como está implícito en la lógica de la globalización en la periferia latinoamericana.

El uso eficiente de los recursos públicos, en manos de los neoliberales, es sólo un slogan para ajustar a las mayorías y otorgar negocios a las corporaciones.

Pero para un gobierno popular, el uso inteligente de los apoyos y estímulos al sector privado más dinámico y productivo puede ser una excelente herramienta para aliviar con mayor rapidez y efectividad los problemas y dificultades que hoy atraviesan las mayorías argentinas.

 

 

 

 

 

20 Comentarios
  1. Nestor dice

    Para que esto se concrete hace falta que los cuadros en el estado sea gente honrada y preparada con profundos conocimiento técnicos y bien remunerada. Esto ya lo escribía Scalabrini Ortiz cuando hablaba de los que controlaban los ferrocarriles. Pero si ponés a cargo de Aysa a la mujer de… y en el Anses a la parejita de,,,,, licenciadas en carreras blandas como política, sociología, estamos en el horno.

  2. AGUSTIN LUIS TELLO dice

    No interesa debatir sobre el año en que cerro el BANADE ni las coimas que cobraron sus funcionarios, sino averiguar en los registros del BANCO CENTRAL QUIENES y/o que EMPRESAS fueron los que quedaron debiendo los miles de MILLONES DE DOLARES que provocaron su cierre; APUESTO que algunas/os se relacionan con el empresariado actual….Tarea para el hogar….

  3. Alicia Ines Maxuach de Diaz dice

    El BND fue famoso por las coimas que cobraban para efctivizar los préstamos.

  4. Jorge Molinero dice

    Muy buen artículo. Dos planos diferentes. Temas urgentes para la coyuntura (de las más complicadas que conozco) e importantes relacionados con la estructura, que tiene que ver con la historia del comportamiento de las clases empresarias en nuestro país.
    Es claro que en momentos de crisis como la actual se tienen que tomar decisiones difíciles. Una de las primeras ha sido, para evitar la espiralización de los contagios, ordenar cuarentenas en zonas de riesgo, como el AMBA y otras. Allí se concentra el grueso de la producción industrial, y por lo tanto es correcto obligar a los empresarios a cerrar sus actividades presenciales aunque mantengan las administrativas a distancia. Nos guste o no, no podemos soltarle la mano al empresario que le obligamos a cerrar. De allí a conceder todo hay mucha distancia y por ello las restricciones a quienes han hecho operaciones de contado con liqui y otras maniobras. Así como el BCRA debería cerrar el grifo del acceso a los 200 dólares para todos, que en un mes se llevaron 1.120 millones de los mismos, la política de ayudas tiene que afinar sus instrumentos.

    Lo otro es lo estructural, la conducta de la burguesía industrial y empresaria argentina, que no se puede comparar ni con la coreana ni con la china. Al margen de las diferentes ideologías políticas de esos dos países, comparten una característica que no existe en Argentina: en esos dos casos los Estados son más fuertes que los empresarios, y les fijan las reglas del juego, que se mantienen por muchos años. Entre ellas están las promociones, que aquí también existen o han existido, pero también los castigos que acá nunca se pudieron implementar, por la debilidad o volubilidad política del Estado.
    Ese tema, por su profundidad y extensión, solo se puede enunciar en un artículo para un semanario, pero nos alimenta el interés para seguir rumiando. «Todos Piden» es un excelente disparador para ello.

  5. HERNÁN DE ROSARIO dice

    En su artículo el profesor Aronskind toca un tema relevante: las difíciles relaciones que siempre hubieron entre los empresarios y el gobernante de turno. Sobre el caso argentino el autor expresa: “La particularidad del caso argentino fue que muchas de las empresas crecidas al calor de la protección y las transferencias de recursos del Estado adoptaron en las últimas décadas una absurda ideología anti estatal, liderando el ataque al ente público que en los países centrales es considerado el “protector de última instancia”. Sin los fondos aportados por estas grandes empresas, nunca hubiéramos sufrido las gigantescas campañas contra el Estado, desde Bernardo Neustadt y sus nietos mediáticos actuales, dedicados a denostar al Estado y reclamar su achicamiento, conjuntamente con otras políticas anti sociales para favorecer a las corporaciones”.

    Aronskind rememora la época menemista y la influencia que ejercía el virtual ministro de propaganda de entonces, Bernardo Neustadt, a través de su programa Tiempo Nuevo. Cómo olvidar la Plaza del sí en 1990 motorizada por Neustadt para legitimar el saqueo que estaban llevando a cabo Menem y sus secuaces. Esa campaña anti-Estado adquirió nuevo vigor durante el gobierno de Macri, experto en el arte de fugar miles de millones de dólares. Con la pandemia del Covid-19 quedó dramáticamente en evidencia la importancia de contar con un Estado fuerte y eficiente, lo que no significa enarbolar la bandera del estatismo más extremo. Tanto el Estado paquidérmico como el Estado mínimo son nefastos para las sociedades. Lo mejor es enarbolar la bandera del honorable término medio.

    A continuación me tomo el atrevimiento de transcribir parte de un escrito de Carlos Freytas cuyo título es por demás elocuente: “Empresarios y política en la Argentina democrática: actores, procesos y agendas” (Revista SAAP-Publicación de Ciencia Política de la Sociedad Argentina de Análisis Político, Vol. 7, núm. 2, noviembre de 2013)

    Los años ‘90 o la pregunta por la viabilidad política de las reformas económicas

    El gobierno de Menem hizo del programa de reformas económicas y, en especial a partir de 1991, del éxito antinflacionario del Plan de Convertibilidad, el eje de la recomposición de su poder político (Palermo y Novaro, 1996). En ese proceso redefinió (o al menos desplazó por un tiempo) los clivajes que habían organizado la política argentina hasta ese momento. En efecto, lo que inesperadamente reveló la década menemista es que el peronismo podía ser, antes que una amenaza, un gestor más o menos eficiente de los intereses del capital —y ya no del segmento orientado al mercado doméstico sino de sus fracciones más concentradas e internacionalizadas (Gibson, 1997)—. La contracara fue por supuesto un nuevo diferimiento de la constitución de una opción partidaria que asumiera programáticamente la representación de esos intereses. La integración plena a los flujos financieros trasnacionales presupuesta por el esquema de tipo de cambio fijo implicaba también que, al menos mientras no mudaran las condiciones externas de acceso al crédito, las preferencias de los empresarios en tanto capitalistas estarían garantizadas por los mecanismos impersonales de los flujos financieros internacionales (Schamis y Way, 2003). En un contexto definido en sus parámetros generales por el régimen cambiario, la reflexión académica se centró en entender las profundas transformaciones en marcha y, en particular, las condiciones que hacían políticamente viable esas reformas (Acuña y Smith, 1996; Gerchunoff y Torre, 1996; Torre, 1998; Viguera, 2000). No obstante la orientación ortodoxa general de la política, a medida que el gobierno recuperó grados de libertad las preferencias de política del peronismo se hicieron sentir en el contenido de algunas reformas, limitando el impulso liberalizador del equipo económico (Gerchunoff y Torre, 1996). El punto fue retomado recientemente en perspectiva comparada por Murillo (2009), quien mostró la importancia de los legados partidarios, y cómo los gobiernos de los históricos partidos populistas latinoamericanos convertidos al credo liberalizador por razones pragmáticas (el PRI en México y el PJ en Argentina) privatizaron creando mercados de servicios públicos más regulados que los reformadores neoliberales “convencidos” (por ejemplo, en Chile) (2).

    ¿Qué papel jugaron entonces los empresarios en el proceso de liberalización económica? La respuesta a esta pregunta se desarrolló deslindándose de formulaciones más tempranas, que ponían el acento en el aislamiento tecnocrático de los gobiernos reformistas frente a las demandas de los actores de la ISI (Haggard y Kauffman, 1995). El aporte decisivo de esta literatura fue que, lejos de comportar la desarticulación de coaliciones distributivas, la liberalización económica generalmente implicó la conformación de nuevos espacios de apropiación de rentas (Schamis, 1999). Así, por ejemplo, la privatización de las telecomunicaciones en condiciones oligopólicas, y en un contexto en el que la apertura comercial con apreciación cambiaria beneficiaba especialmente al sector no transable de la economía, otorgó rentas extraordinarias a los consorcios adquirentes, cimentando así el apoyo de los empresarios domésticos a la liberalización. Los trabajos de Etchemendy (2001, 2011) son quizás la formulación decisiva de esta perspectiva coalicional. Este autor identifica distintos modelos de liberalización en función del régimen político y las características de los actores constituidos en la fase previa de la ISI. Su argumento es que bajo regímenes democráticos, viabilizar la liberalización económica requirió prioritariamente compensar a los actores protegidos de la fase anterior, a priori los más castigados por el viraje de política. Cuando como en Argentina esos actores eran económicamente poderosos y habían ganado participación de mercado frente al Estado y las empresas multinacionales en los años previos a las reformas, lo que se verificó fue un modelo negociado o corporativo de liberalización. En este esquema, el gobierno logró el consentimiento de los grupos económicos más grandes (aquellos con recursos suficientes para enfrentar la política del gobierno) mediante la desregulación parcial (por ejemplo, el régimen automotriz) o la asignación de activos en condiciones muy favorables en aquellos sectores que constituían su principal actividad (por ejemplo, en el sector petrolero y siderúrgico).

    Estos grupos participaron también en las privatizaciones de servicios públicos como socios en los consorcios adquirentes, pero sólo para aprovechar la oportunidad de negocios y no como una opción estratégica —como lo demuestra el hecho de que la mayoría se había desprendido de estos activos hacia el final de la década (López, 2006)—. No obstante que el tipo de compensaciones favoreció a los grupos económicos consolidados durante la ISI, con el tiempo esta estrategia de liberalización se reveló menos exitosa que otras en la consolidación de una clase empresaria doméstica en condiciones de enfrentar la competencia internacional y expandirse internacionalmente (Finchelstein, 2010, 2012; Etchemendy, 2011). Lo que se verificó en el transcurso de la década fue una creciente extranjerización de la estructura empresarial argentina, a medida que empresas multinacionales en la búsqueda de mercados hacían uso de su músculo financiero para adquirir firmas locales (López, 2006). Estos resultados dependieron también de decisiones estratégicas de las empresas, pero en términos generales casos “exitosos” de adaptación a la apertura y expansión internacional, como Arcor o Techint, fueron más bien la excepción que la regla (Gaggero, 2012). En cuanto al sector agropecuario, la política de liberalización y desregulación incluyó el desmantelamiento de los mecanismos de intervención en los mercados agropecuarios, la eliminación de los impuestos a la exportación y la liberalización de las importaciones de insumos y maquinarias, que en el mediano plazo favorecería la renovación de los procesos productivos por la incorporación de tecnología (Bisang et al., 2008). Pero esto en un contexto de apreciación cambiaria y bajos precios internacionales que afectaba negativamente la rentabilidad del sector y amenazaba la supervivencia de los productores menos eficientes.

    A nivel de las asociaciones empresarias, varios estudios sociológicos se han ocupado de señalar su “desorientación” frente a una política oficial que, a la vez que venía a realizar las ideas económicas con las que históricamente habían impugnado las experiencias populistas, imponía costos importantes a sus bases (Heredia, 2003; Beltrán, 2011). Esta relativa inconsistencia entre el apoyo explícito o tácito a la política económica y las consecuencias de esa política sobre los empresarios se hizo más evidente hacia el final de la década, cuando el cambio de las condiciones externas reveló los límites insalvables de la convertibilidad. Quizás porque la regla cambiaria había devenido un equivalente de estabilidad y un orden económico favorable a la iniciativa privada, quizás porque no estaba claro qué dispositivos institucionales y de política económica podrían remplazarla, lo cierto es que el compromiso de las elites políticas y económicas con el esquema cambiario sobrevivió con mucho su viabilidad económica (Galiani, Heyman y Tomassi, 2003). Junto con las inconsistencias acumuladas a lo largo de la década, y un contexto financiero internacional muy desfavorable, esta incapacidad de encontrar respuestas políticas y una estrategia económica alternativa explica en gran medida la magnitud de la crisis de 2001-2002.

    La década kirchnerista: entre nuevos y viejos dilemas

    Si el tiempo transcurrido contribuyó a fijar algunas claves analíticas para entender la política de los empresarios en las dos primeras décadas de democracia, la tercera década, que se desarrolló bajo el signo de las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, es un proceso todavía abierto. Es por eso que en este apartado de cierre nos proponemos combinar las referencias a la literatura con el señalamiento tentativo de algunas agendas de investigación recientes y emergentes. El consenso mínimo de la literatura sobre el período es que el eje de la estrategia de política económica del gobierno de Néstor Kirchner consistió en la reconstrucción de una coalición amplia con eje en los sectores populares formales e informales (Nazareno, 2009; Etchemendy y Garay, 2011; Bonvecchi, 2011). Esa estrategia implicó antagonizar al capital internacional y doméstico cada vez que la atención de sus demandas implicaba resignar la tasa de crecimiento o la recomposición de la capacidad de consumo de la base social del gobierno (Bonvecchi, 2011; Etchemendy y Garay, 2011). Esta lógica caracterizó sucesivamente la negociación de la deuda en default con los acreedores externos —en la cual el gobierno logró imponer términos inéditos en una restructuración de esta magnitud (Damill, Frenkel y Rapetti, 2005)—; el congelamiento de precios y la renegociación de contratos con las empresas de servicios públicos; y la imposición de restricciones a las exportaciones con el objetivo inmediato de controlar los precios domésticos de una serie de bienes de consumo masivo (hidrocarburos, carne, trigo). En las condiciones iniciales de salida de la convertibilidad, esta estrategia no fue inicialmente inconsistente con el mantenimiento de resultados superavitarios en materia fiscal y de comercio exterior, y favoreció la recuperación económica, la pacificación social y la recomposición de los ingresos de los sectores populares. A ese resultado contribuyó un contexto internacional con precios récord para los commodities agrícolas, que contribuyó a remover la restricción externa en el corto y mediano plazo y viabilizó la decisión del gobierno de no retornar a los mercados internacionales de crédito (Richardson, 2009).

    No obstante, la política de expansión sostenida de la demanda doméstica fue encontrando límites sucesivos en el frente fiscal (agudizado por la política de subsidios al consumo de servicios públicos) y externo (incluyendo las presiones del proceso inflacionario y las importaciones de hidrocarburos sobre la balanza comercial y la paridad cambiaria). Frente a estos desafíos el gobierno respondió ratificando su estrategia de política económica —lo que en la práctica implicó profundizar los aspectos más heterodoxos de esa estrategia, confrontar con los intereses empresarios en una variedad de arena de políticas, y aumentar la intervención o directamente poner bajo el control del Estado una serie de actividades transferidas al sector privado en la década previa—. Así ocurrió con la reestatización del sistema jubilatorio, el aumento de las retenciones a las exportaciones agrícolas que desembocó en el lock-out rural de 2008, y la reestatización de YPF. En cada coyuntura, en suma, el gobierno buscó preservar sus grados de libertad frente a las restricciones que hubiera implicado optar por soluciones ortodoxas frente a los dilemas que se le presentaban —al costo de diferir en el tiempo la resolución duradera de esos desequilibrios—. Dada esta orientación general de política, varias de las preguntas de la disciplina sobre la década se ubican precisamente en los puntos de conflicto entre las opciones de política del gobierno y los intereses de distintos segmentos empresarios. Una primera agenda se refiere así a la renegociación de contratos con las empresas de servicios públicos; los factores que explican la variación en los términos de esa renegociación a nivel subnacional y para distintos consorcios empresarios (Post y Murillo, 2012) y los incentivos negativos que el gobierno enfrentó para la remoción de subsidios con costos fiscales crecientes (Bril Mascharenas y Post, 2012).

    Otra agenda indaga si se verificó una recomposición de la clase empresaria doméstica durante este período. Las preguntas en este caso aluden a las características y los límites de la recuperación de la actividad industrial durante la última década (Schorr, 2012; Souto Simao, 2013); cómo se reconfiguró la estructura de propiedad del sector financiero después de 2001 (Etchemendy y Puente, 2012); y qué consecuencias tuvieron para la consolidación de nuevos grupos domésticos 359 las iniciativas del gobierno orientadas a promover el ingreso de actores nacionales en sectores y actividades considerados estratégicos (Castellani, 2009b). La tercera agenda con un anclaje sectorial se refiere a las viejas y nuevas formas de representación de los intereses del sector rural. En efecto, la incorporación de tecnología y la demanda internacional hicieron del complejo agroexportador uno de los sectores más dinámicos, internacionalmente competitivos y rentables de la década (Bisang et al., 2008; Richardson, 2009). En perspectiva comparada, que ese dinamismo económico no haya encontrado formas más duraderas de representación política resulta analíticamente intrigante (Freytes, 2013). Mientras que los análisis del conflicto de 2008 han enfatizado el papel que cumplió la unidad de acción de las entidades rurales en sostener la movilización del sector en su enfrentamiento con el gobierno (Hora, 2010; Fairfield, 2010), otros autores han señalado la importancia de asociaciones sectoriales de un nuevo tipo. Recurriendo a la expertise técnica antes que a la acción gremial para incidir en la política y el debate públicos, estas asociaciones habrían desplazado a las tradicionales en la representación de los segmentos más dinámicos del empresariado rural (Hernández, 2007; Gras, 2012; Gras y Hernández, 2013).

    En suma, el dinamismo del sector agroexportador plantea nuevas preguntas sobre la regulación de sector (Newell, 2009) y cómo sus demandas son representadas en la arena política y de articulación de intereses. Por último, la pregunta más general alude al carácter cíclico de la política argentina. Una interpretación alude a la dificultad de establecer acuerdos intertemporales por parte de los actores del sistema político (Spiller y Tomassi, 2005) que resultaría de, y a la vez contribuiría a reforzar, un patrón recurrente de debilidad institucional (Levitsky y Murillo, 2005). La alternancia cíclica de las estrategias de política económica, y las crisis como modalidad recurrentes de resolución de los desequilibrios macroeconómicos, sugieren que hay algo acertado en ese diagnóstico. Sin embargo, sin un anclaje en la política de los actores sociales ese diagnóstico resulta insuficiente. Quizás el verdadero desafío consista entonces en desandar, analítica y empíricamente, las conexiones que existen entre las modalidades mayoritarias de funcionamiento de nuestro sistema político; el carácter fragmentario y particularista de la articulación de los intereses empresarios en la arena corporativa; la carencia de mediaciones partidarias estables entre una y otra esfera; y la volatilidad y el carácter errático de las estrategias de política económica. Que esta sea una tarea improbable no la hace menos interesante.

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