La Constitución de la Ciudad es contundente. En su artículo 31 ordena promover “la integración urbanística y social de los pobladores marginados”. Su gobierno no solo incumple ese mandato: lo invierte. Donde la Constitución exige integración, produce desorden. Donde debería haber planificación urbana, infraestructura y derechos, aparece la saturación policial.
Hay nombres que no explican una política: la delatan. “Tormenta Negra” fue el nombre que eligió el gobierno porteño para entrar a los barrios populares con más de 1.500 efectivos, helicópteros, drones, móviles, requisas, controles masivos y topadoras. Antes de cualquier comunicado oficial, el nombre ya había hecho su trabajo: convertir un territorio habitado por familias, trabajadores, organizaciones comunitarias, pibes, migrantes y vecinos en una amenaza a conjurar.
La Ciudad necesita políticas de seguridad. Pero la seguridad democrática no puede confundirse con la ocupación territorial de los barrios pobres. Combatir el delito no habilita a tratar comunidades enteras como sospechosas. Cuando la presencia estatal aparece de golpe, armada, espectacularizada y selectiva, no estamos ante una política integral: estamos ante una pedagogía del miedo. Y el miedo, usado como método de gobierno, no ordena la vida común: la degrada.
El artículo 31 reconoce el derecho a una vivienda digna y a un hábitat adecuado, y obliga al Estado porteño a resolver progresivamente el déficit habitacional, de infraestructura y de servicios. Esa obligación no es una consigna amable. Es una orden constitucional. El verdadero orden democrático empieza ahí: en que el Estado cumpla la Constitución, no en que despliegue topadoras y policías para tapar sus incumplimientos.
Integrar quiere decir abrir calles, garantizar agua, cloacas, electricidad segura, salud, educación, transporte, espacios comunitarios, trabajo y presencia pública sostenida. Integrar quiere decir reconocer ciudadanía donde la desigualdad y décadas de abandono produjeron exclusión. Una villa no es un afuera de la Ciudad: es una parte de la Ciudad a la que se le deben derechos.
Tormenta Negra expresó exactamente lo contrario. Donde la Constitución manda integración, el gobierno llevó saturación policial. Donde debía aparecer el Estado social, apareció el Estado punitivo. Donde la deuda histórica es urbana, habitacional y comunitaria, la respuesta fue patrullero, dron, requisa y topadora. Esa inversión del mandato constitucional no es un exceso operativo: es una forma de gobierno.
Porque el desorden no está en los barrios populares. El desorden está en una Ciudad que naturaliza viviendas sin servicios adecuados, trabajadores de la economía popular perseguidos, pibes requisados, migrantes estigmatizados y comunidades enteras tratadas como amenaza. El desorden no lo produce quien vive en la villa. Lo produce un Estado que incumple la Constitución y después manda fuerzas de seguridad para administrar las consecuencias de su propio abandono.
La gravedad del operativo no reside solo en su desproporción, sino en la imagen de sociedad que produce. Estos despliegues dicen quién merece cuidado y quién merece control; qué barrios son postal turística y qué barrios son filmados como amenaza; qué vecinos son ciudadanos y qué vecinos deben demostrar, una y otra vez, que no son culpables de vivir donde viven.
También fabrican una falsa dicotomía entre pobres y clase media, como si la seguridad de unos dependiera de la humillación de otros. Esa división es otra forma de desorden. Enfrenta a vecinos contra vecinos mientras deja intactas las causas reales de la inseguridad: desigualdad, abandono, precarización, falta de integración urbana y economías ilegales que crecen donde el Estado se retira.
Ese es el núcleo deshumanizante del proyecto: dejar de ver personas y empezar a ver zonas, objetivos, perfiles, riesgos, focos, manchas sobre el mapa. La deshumanización empieza cuando una política pública habla de “limpiar” o “recuperar” territorios sin preguntarse quiénes viven, trabajan, crían, estudian y sobreviven allí.
Hubo, además, una escena política que ayuda a entender el clima de época. Mientras se montaba este operativo, en la Legislatura se discutía la adhesión innecesaria al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones y se negaba el debate sobre el desfinanciamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos. La coincidencia ilumina bastante: beneficios para los grandes intereses económicos; silencio frente al deterioro de políticas de memoria e identidad; despliegue policial para los sectores populares.
Los barrios populares no son territorios enemigos. Son Ciudad. Y cuando un gobierno olvida esa diferencia, no fortalece la seguridad: debilita la democracia. No ordena la Ciudad: institucionaliza el desorden como política de Estado.
- Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Garantias y Antidiscrimacion de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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