Tormenta perfecta

El frente interno menos esperado

 

A Gerardo Morales se le coló por la ventana el problema de las cárceles. Mientras renegaba en las radios porteñas contra el fantasma de la liberación de presos, su propia tropa planteó por primera vez en años una suerte de rebelión. El 3 de abril, la defensora general Ivonne Haquim presentó un hábeas corpus colectivo y correctivo para hacer cesar el agravamiento de las condiciones de detención de los presos en el contexto del Covid-19. Hermana del vicegobernador Carlos Haquim, la defensora presentó un dilema: planteó como alcance la población de riesgo y todos los detenidos sin distingo de condenados o procesados.

 

Ivonne Haquim

 

En aras de salvaguardar el derecho a la salud y a la vida en favor de la totalidad de los detenidos y/o alojados en el Servicio Penitenciario Provincial conforme circunstancias imperantes y que son de dominio público, tal es la pandemia desatada por la enfermedad Covid19, la defensora pidió al juez que “se repare la situación en relación al excesivo grado de hacinamiento en el que se encuentran las personas alojadas allí (sin distingo de su situación jurídica: detenidos y/o condenados) y se determine un mecanismo que evite tal exposición sin que implique inmiscuirse en la situación jurídica en la que se encuentra cada una de las personas privadas de su libertad”.

La presentación estaba en línea con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y en sintonía con la defensoría de Nación, y no levantó polvareda fuera de Jujuy porque el fuego fue rápidamente mitigado. El perseguidor juez Pablo Pullén Llermanos ese mismo día rechazó el pedido en un fallo estrafalario. No pidió intervención obligada del ministerio público, no se tomó el trabajo de inspeccionar las cárceles declaradas allí también en emergencia; no pidió informes, citó dos casos de jurisprudencia errada y argumentó cosas tales como que el distanciamiento social de un metro es una cuestión ajena a la urgencia pandémica porque es preexistente o que la pandemia no agravaría las condiciones de detención porque agrava las condiciones de vida de todo el planeta.

“Como no hay casos de Covid19 en la provincia –dijo– no se han agravado las condiciones de los detenidos, apareciendo el planteo como una mera especulación de la peticionante. Y aunque se produzca contagio,eso no puede ser visto como agravamiento de las condiciones de detención, habida cuenta de que el contagio es un agravamiento de las condiciones de vida de todos los seres humanos del planeta y nada autoriza a creer que la población carcelaria se encuentra en peores condiciones que el mundo extramuros”.

 

 

Milagro mira desafiante a Pullén que baja la vista. Foto: octubre 2017

 

 

Tras el fallo existieron varios movimientos. El 14 de abril, el Superior Tribunal de Justicia emitió un comunicado a su usanza para aclarar que todo estaba en su lugar. Y pese a todo lo que había dicho Pullén, el Superior sólo dice que el pedido colectivo ya no estaba vigente porque había sido rechazado y que cada juez iban a encargarse de revisar situación por situación. Los fantasmas, así parecían guardados.

 

 

Comunicado STJ

 

 

Pero el comunicado en realidad tenía otro destinatario: la Cámara de Apelaciones. Para entonces, Haquim había apelado y se encontraba discutiendo la vía del habeas corpus colectivo y correctivo que el comunicado daba por descartado. Y el mensaje que no sólo apareció sugerido en ese texto, sino que fue trasmitido a los camaristas por quien ahora es presidente del Superior, Sergio Jenefes. A él lo presionaron desde el Ejecutivo, dicen en el poder judicial local, y desde el Superior presionan para abajo.

Como sea, la Cámara finalmente falló el 23 de abril. Un fallo virtuoso. Los camaristas Maria del Rosario Hinojo, Claudia Cecilia Sadir y Lucas Ramón Grenni revocaron el fallo de Pullén Llermanos, pidieron intervención de la fiscalía, aceptaron como Amicus Curiae a la organización Andhes y habilitaron el recurso sobre la base del fallo Verbitsky del año 2005 de la Corte Suprema que reconoció esa vía a favor de las personas detenidas en comisarías bonearenses e instó al gobierno de la provincia de Buenos Aires a revertir el confinamiento inhumano. La cita una y otra vez en el fallo del nombre del periodista, presidente del Cels y uno de las personas que encabezó durante estos años la denuncia pública sobre el régimen de negación de derechos de Morales no es exagerada, es una cita también repetida en estos días por otros tribunales del país, pero en Jujuy podría leerse como parte del estado de ánimo de los rebeldes.

“Ante el contexto actual, de pandemia de un virus que se transmite en condiciones de higiene deficiente  –señalaron–, diez veces más mortífero que otros como el virus AH1N1, sin cura ni vacuna y cuya única posible prevención es el aislamiento social suficientemente distante, siendo de público conocimiento el hacinamiento y superpoblación carcelaria, no anticiparse a lo que se evidencia como inevitable contagio tanto de cualquier persona de privada de libertad como de los integrantes del Servicio Penitenciario Provincial, asemeja tal como lo sostiene el Amicus Curiae, una tormenta perfecta que enfrenta a nuestro Estado a una catástrofe humanitaria y los ciudadanos privados de libertad que pertenecen al denominado grupo de riesgo, a un elevado riesgo de morir.”

Los jueces analizaron pertinencia, lo que había hecho y no hecho Pullén, sus severas contradicciones, posibles nulidades y dijeron cosas como las que siguen: “Realmente cuesta comprender que no haya sido convocado el Ministerio Público de la Acusación, a quien le asiste la razón de interpretar como nulo el proceso”. O: no eran ciertas las afirmaciones del juez que dijo que no podía darse domiciliarias porque falten pulseras o medios electrónicos de vigilancia porque en todo el país, y en la provincia, no hay, y se usan medios alternativos. Con todo, prescribieron una serie de recomendaciones para los jueces de ejecución y primera instancia. Pidieron que revisen con carácter urgente y de oficio detenciones de mayores de 60 años, embarazadas, niños y lactantes, sobre los que ya había una medida del MPA, y grupos de riesgo. El fallo retoma la perspectiva de género al señalar que no será viable la prisión domiciliaria, aún consentida, en casos de violencia de género o delitos sexuales en los mismos domicilios de la víctima. E instan a los jueces a sostener el carácter restrictivo de las prisiones preventivas recordando que no son adelanto de penas. Todo un avance.

Pero ese no es el único eje rebelde. Morales también tiene problemas en el frente general de jueces y juezas. Hace semanas anuncia una quita de salarios. Primero a los trabajadores estatales, luego dijo que iban a ser sólo recortes de aportes jubilatorios. Luego retrocedió. Producto de ese retroceso consiguió que parte de la oposición votara un nuevo endeudamiento exorbitante de 6 mil millones de pesos, a ciegas, porque todavía no rindió cuenta de los gastos anteriores. Ahora, apunta al sueldo de los jueces e integrantes del poder legislativo. Esta semana emitió un decreto que pone un tope de cien mil pesos a los sueldos de los funcionarios públicos del Ejecutivo. Recortó 40 por ciento del sueldo propio, sus ministros y 30 de funcionarios. El decreto fue aprobado por la Legislatura y en su texto invita a hacer lo mismo a jueces y legisladores. Todo esto lo anunció en su programa de youtube, emitido diariamente desde la sede del Comando de Emergencia de Jujuy. Lo que no dijo cuando dijo que iba a invitar a jueces y a diputados a bajarse los sueldos es que a los jueces y juezas primero les ordenó bajarse los sueldos. Y ellos no aceptaron.

 

Jenefes

 

Ahora también tiene otro frente. La Legislatura comenzó con sesiones express. Hace diez días Morales consiguió apoyo de una parte del PJ para el endeudamiento. Pero esta semana, el PJ y la Izquierda rechazaron refrendar un decreto que permite desplazar de funciones a los empleados públicos. Y permitir que el Estado pueda cambiarlos de funciones mientras dure la pandemia. La izquierda habló de flexibilización. Y el PJ de un avance sobre derechos, bajo el fantasma recesivo de la pandemia.

“La verdad, ustedes hablan ¡de derechos laborales en este contexto! –dijo la diputada Alejandra Cejas (FdT).  Y dijo que ese decreto implicaba modificar una normativa que regula el trabajo del empleado administrativo, que no se puede hacer por decreto, sino que es parte del trabajo que debe hacer la Legislatura. Por eso se quejó. Dijo que el decreto ni siquiera contenía fundamentos que expliquen causas racionales.  “En realidad esta coyuntura mundial sirve para justificar los avances y atropellos de esta provincia”, dijo y dijo que la Legislatura se estaba trasformando en una escribanía del Ejecutivo y que el gobierno ya «dispone del poder judicial, y ahora va a también a disponer de la vida de los trabajadores públicos”.

 

 

Alejandra Cejas

 

Mientras no funcionan comisiones ni se debaten proyectos, la Legislatura trasformada en escribanía también sacó dos decretos. Uno sobre tope de salarios y el otro sobre autorización de salidas por número de documento que incluye uso de aplicaciones tecnológicas de control. La aplicación es similar a la que impulsó en octubre del año pasado Patricia Bullrich para el control de pasajeros en los trenes.

 

–Como decía Perón –dijo el diputado radical Cesar Rivas–, el hombre es bueno pero si es vigilado mejor.

 

Otro diputado corrigió. O eso parecía:

 

– Disculpe –dijo– pero Perón no dijo vigilado, dijo que si se los controla es mejor.

 

El decreto que ahora es ley tuvo el cuidado de advertir en su artículo 5° que los datos tendrán carácter confidencial en el marco de la Ley nacional 25.326 y se usarán como destino exclusivo para fines investigativos y sanitarios en el marco de la pandemia.

Los diputados aclararon una y otra vez esa restricción. También que luego esos datos van a ser destruidos. En Nación, aquel sistema de Bullrich se eliminó apenas cambió el gobierno. En Jujuy,  recién se habilitó.

Y como también decía Perón: “la verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés: el del pueblo.”

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