TORTAZO AL DESARROLLO

Sólo el Estado puede frenar el proceso inflacionario intenso que hoy vive el país.

 

 

Las consignas de la primera revolución burguesa profunda, que fue la Revolución Francesa, no refirieron al “crecimiento para agrandar la torta”, sino a las banderas indisolubles entre sí de “libertad, igualdad y fraternidad”. El neoliberalismo y su antecesor, el liberalismo que se oponía a la idea de la voluntad general que fue la fuente filosófica de aquellos principios, han combatido a este ideario, reinterpretando el concepto de libertad, escindiéndolo del de la igualdad y la fraternidad y fusionándolo con el “valor” de la propiedad privada ilimitada.

 

 

 

La biblia del poder económico

En la biblia del liberalismo neo, Camino de servidumbre, de Friedrich Von Hayek,  probablemente nunca estudiada y tal vez tampoco conocida por los que hoy pregonan los postulados de la corriente principal de la economía presentándola como saber irrefutable y apolítico, se despliega con rigor el rechazo de la igualdad como valor a propiciar en la acción política. Dice Hayek: “La igualdad formal ante la ley está en pugna y de hecho es incompatible con toda actividad del Estado dirigida deliberadamente a la igualación material o sustantiva de los individuos, y que toda política directamente dirigida a un ideal sustantivo de justicia distributiva tiene que conducir a la destrucción del Estado de Derecho. Provocar el mismo resultado para personas diferentes significa, por fuerza, tratarlas diferentemente. Dar a los diferentes individuos las mismas oportunidades objetivas, no significa darles la misma chance subjetiva. No puede negarse que el Estado de Derecho produce desigualdades económicas; todo lo que puede alegarse en su favor es que esta desigualdad no pretende afectar de una manera determinada a individuos en particular”. La desvirtuación de la libertad por parte de los neoliberales se plasma en su proclamación de la incompatibilidad del Estado de Derecho con la justicia distributiva. Esta conceptualización lleva a la preeminencia de la propiedad privada por sobre la justicia social. Además naturaliza la desigualdad económica y coloca como axioma que cualquier política estatal que propicie la igualdad sustantiva es contraria al Estado de Derecho.

Bajo este paradigma de pensamiento social, los objetivos de mejorar la distribución del ingreso, de reducir la concentración económica y recortar la polarización social entre la riqueza extrema con la pobreza y la miseria son inadmisibles en el Estado de Derecho. La libertad no solo es enajenada de la igualdad por parte de este enfoque doctrinario, sino que el respeto de la primera requiere del sacrificio de la segunda. En el Estado de Derecho liberal se coloca en el altar de los objetivos de la política económica a la estabilidad y al crecimiento. El primero siempre se blande como arma para alarmar contra “excesivos” aumentos salariales que provocarían inflación, el segundo para defender a la ganancia como estímulo de la inversión que agrandaría la torta, con un crecimiento proporcional de todas las porciones. Los anuncios del aumento de la riqueza que derramaría hacia abajo o el logro de una economía más grande que mejoraría las condiciones de empleo, constituyen los distintos caminos argumentales de los diferentes matices en la corriente principal.

La misma biblia también se ocupa de desvalorizar la democracia, adjudicándole un carácter instrumental. Expresa Hayek: “No tenemos, empero, intención de hacer de la democracia un fetiche. Puede ser muy cierto que nuestra generación habla y piensa demasiado de democracia y demasiado poco de los valores a los que ésta sirve.  Nuestra afirmación no es, pues, que la dictadura tenga que extirpar inevitablemente la libertad, sino que la planificación conduce a la dictadura, porque la dictadura es el más eficaz instrumento de coerción y de inculcación de ideales… El conflicto entre planificación y democracia surge sencillamente por el hecho de ser ésta un obstáculo para la supresión de la libertad, que la dirección de la actividad económica exige. Pero cuando la democracia deja de ser una garantía de la libertad individual, puede muy bien persistir en alguna forma bajo un régimen totalitario. No carece de peligros la moda de concentrarse en torno a la democracia como principal valor amenazado. Es ampliamente responsable de la equívoca e infundada creencia en que mientras la fuente última del poder sea la voluntad de la mayoría, el poder no puede ser arbitrario. La falsa seguridad que mucha gente saca de esta creencia es una causa importante de la general ignorancia de los peligros que tenemos ante nosotros. No hay justificación para creer que en tanto el poder se confiera por un procedimiento democrático no puede ser arbitrario. La antítesis sugerida por esta afirmación es asimismo falsa, pues no es la fuente, sino la limitación del poder, lo que impide a éste ser arbitrario”.

Para el liberalismo neo la dictadura no sería incompatible con la libertad, en cambio la democracia sí lo sería con la planificación. La democracia, para ese dogma, constituiría un procedimiento para garantizar la libertad individual, pero cuando deja de serlo bien podría subsistir bajo un régimen totalitario. El respeto de la voluntad de la mayoría podría ser la fuente de un poder arbitrario. No sería la fuente sino la limitación del poder la garantía del impedimento de esa arbitrariedad. Una lectura no inocente de esta concepción de la sociedad y la economía concluye en que para la corriente principal de la teoría económica actual el valor de libertad se asimila al del goce pleno del derecho de propiedad y a la reivindicación de un poder político limitado. Si este se ensanchase para desplegar la voluntad popular sobre la vida económica caería en un comportamiento totalitario, ante lo que los seguidores de Hayek entenderían como conveniente que fuera sustituido por una dictadura que reimplantase el derecho de propiedad ilimitado. La planificación económica conduciría a la intromisión del Estado en esferas cuya exclusividad debería ser detentada por la propiedad privada, y por lo tanto esa intromisión sería incompatible con una democracia donde se respete la libertad individual.

Esta ideología tiene una impronta dogmática que impugna la planificación, porque ésta encarna la posibilidad manifiesta de la intervención del Estado en la economía para que despliegue las estrategias definidas por la voluntad popular. Así, la democracia, que es la esfera de la igualdad en una sociedad capitalista con una formalización republicana, es excluida en nombre de la libertad, de la atribución para definir el proyecto económico y social de la nación. Ese destino de la sociedad quedaría depositado en el mercado, ámbito de despliegue de la libertad individual, en el que se relacionan los hombres no como ciudadanos sino como titulares del derecho de propiedad, constituyendo por lo tanto la esfera de la desigualdad en las sociedades capitalistas. Esta es la propuesta liberal de una democracia de mercado. Lo que es un oxímoron. Porque en democracia puede haber mercados, pero el centro de su vida es la participación y la decisión popular, o sea la esfera de la igualdad.

En los regímenes capitalistas con alta concentración de la propiedad, la oferta, la producción y la riqueza, el procedimiento mercantil no tiene un ápice de conexión con la libertad individual de la ciudadanía. Es el reino de la libertad arbitraria de una plutocracia que dirige la economía, y también la política, desde esa institucionalidad convencional.

 

 

 

Plan, democracia y desarrollo

Karl Polanyi reflexiona en La gran transformación que “ el control del sistema económico por parte del mercado tiene consecuencias abrumadoras para la organización completa de la sociedad: significa nada menos que la sociedad opere como accesorio del mercado. En lugar de que la economía se arraigue en las relaciones sociales, éstas son las que se arraigan en el sistema económico”.

El neoliberalismo destruyó un intenso debate previo que en el ámbito de la Economía Política se desarrollaba respecto de las causalidades del subdesarrollo y las estrategias para superarlo. La idea misma del desarrollo implica un plan del poder político con una estrategia para llevarlo a cabo. Claudio Casparrino, Agustina Briner y Cecilia Rossi, en el documento n° 38 del CEFID-AR, Planificar el desarrollo, coordinado por Enrique Arceo, sostienen que “en la planificación del desarrollo, que implica el cambio estructural para convertir a las formaciones periféricas en sistemas productivos nacionales, las instituciones públicas deben contar con un grado relevante de independencia o autonomía respecto de los sectores tradicionales, con mayor poder relativo, dado que los objetivos del desarrollo suponen cambios en el peso relativo de los sectores sociales y, de manera consiguiente, transferencias de recursos para el fortalecimiento de aquellos nuevos actores. Este es, quizás, el problema más complejo que enfrentan estas experiencias, dado que la estructura de alianzas vinculadas a un proyecto público específico es la que determina el éxito o fracaso de una estrategia de transformación de largo plazo”. El desarrollo había sido la cuestión debatida que tenía incorporadas la discusión de la distribución del ingreso, los temas del crecimiento –que no se remitían a su aspecto cuantitativo sino a cuestiones cualitativas—, de la estructura social y de los cambios necesarios que significaban acciones políticas para emprenderlos, de la autonomía del Estado y los caminos para construirla.

El neoliberalismo canceló este debate. Destituyó la idea misma de desarrollo, como dicen Federico Grasso y María José Castells en el documento n° 25 del CEFID-AR Desigualdad y crecimiento. “El ‘modelo de desarrollo’ impulsado en ese entonces desde la economía ortodoxa era el que pregonaba la ‘teoría del derrame’, según la cual todos –incluso los sectores de menores recursos– se beneficiarían con el aumento del producto siempre y cuando nadie interfiriera en la asignación de recursos que, vía el sistema de precios, es realizada en cada uno de los mercados (incluido el laboral). Bajo esta visión, un país no desarrollado –definido convencionalmente como aquél cuyo PBI por habitante resulta sensiblemente inferior al de los países más industrializados– se encontraba en una etapa anterior a la de los desarrollados, y que con ‘políticas adecuadas’ y aplicando ‘programas pertinentes’, llegaría a la meta final del desarrollo (léase, elevar su PIB por habitante). En los últimos treinta años, bajo esta inspiración, los economistas del mainstream elaboraron innumerables modelos de crecimiento económico dejando intencionalmente de lado la discusión acerca del desarrollo”. Se trataba de clausurar el crecimiento de una cultura política y un despliegue teórico que acompañaba aires de cambio social y político hacia sociedades más justas e igualitarias, clausura que incluía la obturación al avance de ideas y combates por la independencia económica y la autonomía nacional.

Según Osvaldo Sunkel y Pedro Paz en El subdesarrollo latinoamericano y la teoría del desarrollo, “un esquema analítico adecuado para el estudio del desarrollo y del subdesarrollo debe reposar… en nociones de proceso, de estructura y de sistema”. Ellos no admiten que el subdesarrollo sea un momento en la evolución al desarrollo de una sociedad política, económica y culturalmente autónoma. Sostienen que, en cambio, el subdesarrollo es parte de un proceso histórico global de desarrollo, siendo el desarrollo y el subdesarrollo dos caras de ese mismo proceso universal, que son simultáneos y están vinculados y condicionados mutuamente, dando lugar a dos grandes dualismos:

  1. la división del mundo entre Estados nacionales industrializados, desarrollados y avanzados en el centro y otros Estados subdesarrollados, pobres, periféricos y dependientes; y
  2. la división dentro de los estados nacionales en áreas, grupos sociales y actividades avanzadas y modernas y en áreas atrasadas, primitivas y dependientes.

Para esos autores el problema fundamental del desarrollo es superar el estado de dependencia, transformar la estructura de los países que tienen esa condición y obtener una capacidad autónoma de crecimiento y reorientación de sus sistemas económicos.

En los países subdesarrollados sólo grupos minoritarios se favorecen y se benefician de los esfuerzos del “desarrollo” (en realidad crecimiento), a veces considerables, mientras los sectores marginados crecen en número absoluto y a veces, también, en proporción relativa. Cuando el verdadero desarrollo  se lleva a cabo es conseguido con la participación intencionada de los sectores subalternos –hasta entonces marginados—, tanto en la definición de los objetivos como en las tareas concretas y en los beneficios del proceso. Así un mayor grado de participación social se asocia a un  mayor grado de autonomía nacional.

Así la clausura del debate del desarrollo tuvo un objetivo contrarrevolucionario, que fue interrumpir los procesos y proyectos de liberación nacional y social. La economía de los liberales neo obturó la discusión sobre el papel del Estado en la economía, desplazó categorías fundamentales como la dependencia, autonomía, centro y periferia, cambio estructural y cambio social.

 

 

 

La intervención en la formación de precios

Para un país subdesarrollado la herramienta fundamental para superar esa condición es un mayor poder del Estado,  una mayor intervención pública en la economía. Pero también una más intensa participación de las mayorías populares en tareas concretas y determinación de políticas que hacen a la modificación estructural del aparato productivo, a su diversificación, al diseño y desarrollo de un sistema científico-tecnológico para un país autónomo. Que el mercado hace todo lo contrario quedó empíricamente demostrado en las tres etapas neoliberales que hemos sufrido. Una de las herramientas centrales para construir ese futuro diferente es la redistribución progresiva del ingreso, y para llevarla a cabo la herramienta fundamental del Estado es su poder de intervención y determinación en precios y salarios. Esto explica el objetivo revanchista y antipopular del terrorismo de Estado. Negro sobre blanco, Martínez de Hoz comenzó su política económica liberando a los empresarios para fijar precios y congeló los salarios. Eso hizo la dictadura, en un supuesto acto de reivindicación de la libertad individual para gozar del derecho irrestricto de propiedad. Habilitó  así la intensificación del proceso de concentración del poder económico en pocas manos.

Los grupos económicos fortalecidos durante la dictadura y en las otras etapas de liberalismo neo reivindican desde las cámaras y corporaciones empresariales la libertad de mercado e impiden, en los hechos, la intervención del Estado. Para promover el desarrollo es absolutamente imprescindible que los gobiernos cuenten con la posibilidad de intervenir en el sistema de precios y de determinar una estructura distributiva cualitativamente más justa que la pésima actualmente vigente.

En ese camino un manejo democrático de la situación inflacionaria que se vive hoy requiere de esas mismas condiciones. Sobre todo de la intervención para racionalizar los precios en toda la cadena de producción. Claro que para Hayek y sus seguidores actuales, ese dispositivo sería la instalación de una “democracia totalitaria”.

Esta semana CIFRA-CTA emitió un informe sobre el mercado de trabajo que arroja entre otras conclusiones, la siguiente situación del mercado laboral: “En promedio, el poder adquisitivo de los ingresos laborales aumentó sólo 1,6% entre los cuartos trimestres de 2019 y de 2021; de modo que queda aún 18,1% por debajo si se compara la situación con la vigente en el último trimestre de 2017, previo a la fuerte caída que tuvo lugar al final del gobierno de Macri».

«El mantenimiento de un bajo nivel salarial implica que el proceso de recuperación se haya dado con un marcado empeoramiento en la distribución del ingreso, que profundizó el que ya había tenido lugar durante la administración de Cambiemos. La participación de las remuneraciones en el valor agregado, que era de 51,8% en 2016, pasó al 46,1% en 2019 y descendió al 43,1% en 2021. Así, en los últimos años puede computarse un transferencia de ingresos desde los asalariados hacia el capital de 7,7 billones de pesos, que equivalen al 46% de la masa salarial y al 19,6% del valor agregado de 2021».

«A su vez, persiste una importante desigualdad entre los trabajadores y se amplió la brecha entre quienes más y menos ganan. En el cuarto trimestre de 2017 el ingreso laboral del 10% de los ocupados con mayor ingreso equivalía a 18,4 veces el promedio del 10% con menores ingresos; en el mismo trimestre de 2021 esa brecha creció hasta 24,1 veces. En comparación con la situación previa a la pandemia, el ingreso laboral del 10% con mayores ingresos creció 11,8% en términos reales, mientras el estrato medio continuó cayendo y el más bajo apenas se sostuvo”.

Con estas condiciones vigentes ninguna lógica de crecimiento puede augurar una mejora de las premisas para el desarrollo. Esta afirmación queda sustentada en la política inflacionaria que imponen en los mercados los grupos económicos formadores de precios que apunta a una redistribución regresiva del ingreso. La alternativa es desandar la lógica de la metodología ortodoxa de la corriente principal, consistente en desintervenir los precios de la economía. El Estado debe participar activamente en resolver la cuestión inflacionaria, disciplinar al empresariado, intervenir los mercados y darle un sentido determinado al sistema de precios, apuntando a la recuperación de los ingresos populares. No existe ningún otro camino para frenar el proceso inflacionario intenso que hoy vive el país.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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