Tranqueras cerradas

Una minera australiana prepara cateos de oro y plata en Río Negro

 

Al ritmo propio de las comunidades mapuche-tehuelche de la estepa, está delineándose en el territorio la resistencia al plan megaminero en Río Negro. Siete comunidades ya decidieron negar el acceso a una empresa de capitales australianos para realizar cateos de oro y plata en casi 90.000 hectáreas. El Estado provincial otorgó esos permisos sin cumplir con la consulta libre, previa y debidamente informada que determina el Convenio 169 de Pueblos Originarios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), como si tratara de tierras fiscales sin ocupantes. E2 Metals, la firma controlante, informó este mes a sus accionistas de los resultados técnicos de la mina El Rosillo, ubicada a poco más de cien kilómetros al este de Bariloche.

La administración de la gobernadora Arabela Carreras (Juntos por Río Negro) otorgó el año pasado permisos mineros a Ivael Mining S.A. en la zona de El Cuy, Comallo, Pilcaniyeu, Jacobacci, Los Menucos y Ñorquinco, área rural del centro-sur de la provincia. Ivael tiene nueve áreas por más de 46.000 hectáreas y el 80% del paquete accionario de cuatro áreas que suman 28.000 hectáreas, de acuerdo a los edictos publicados este año en el Boletín Oficial. De todos modos, la empresa informa que tiene derechos por casi 90.000 hectáreas.

Al mismo tiempo, la provincia no renovó el acuerdo con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) para completar los relevamientos territoriales dispuestos en la ley nacional de emergencia 26.160. El equipo técnico del nivel central del INAI finalizó los relevamiento y regularizó algunos casos urgentes en la zona andina. La estrategia oficial desconoce los alcances reales de la demanda territorial mapuche, centrada en la demonización el caso de la lof Lafken Winkul Mapu en Villa Mascardi.

El abogado Hugo Emilio Bastías y Los Domos Pty Ltd, subsidiaria de E2 Metals, inscribieron Ivael Mining en San Juan en 2019. El año anterior se inscribió Los Domos en Australia. Los mismos capitales tienen doce áreas por 91.000 hectáreas en Santa Cruz.

 

 

 

 

Plan minero, plan político

En silencio se desplegó en los últimos años el proyecto de uranio en un área con escasa población rural dispersa. Ahora la megaminería irrumpe en espacios de comunidades organizadas. La presencia de la empresa en el paraje Laguna Blanca fue denunciada por las autoridades comunitarias. Al cierre de esta edición, una asamblea se realizaba en cercanías de Mencué, al sur de General Roca, convocada por la Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche-Tehuelche para ampliar los acuerdos ante el avance de la frontera de la megaminería sobre territorio ancestral.

Cerca de Mencué están localizadas dos áreas (Vista Alegre y Yanquihuen); otras tres cerca de Comallo (Ofelia, Quila Mahuida y Paredes); cinco al norte de la localidad Los Menucos; una en Ramos Mexía y tres en la meseta de Somuncura, área natural protegida creada por ley provincial. Los últimos informes técnicos de la empresa sobre El Rosillo corresponden al cateo Quila Mahuida, a 15 kilómetros de Comallo. En este caso, Los Domos tenía el 80% y Valcheta Exploraciones SA 20%. La última semana la australiana informó que se hizo con la totalidad del paquete accionario. Siempre de acuerdo a la empresa, están en El Rosillo desde 2017, mucho antes que se formara Los Domos en Australia y Bastías hiciera lo propio en San Juan.

Representantes de las comunidades mapuche se reunieron el año pasado con Joaquín Aberastain Oro, secretario de Minería de la provincia. El funcionario asegura que se cumplió con la notificación a los ocupantes de la tierra afectados por los cateos, refiriéndose a los edictos publicados en abril pasado. En el caso de pueblos originarios, la notificación vía edicto no reemplaza al mecanismo de consulta del Convenio 169 de OIT que el Estado Argentino se comprometió a instrumentar. El Catastro provincial no tiene identificados los territorios comunitarios, falencia que Aberastain atribuyó a la falta de relevamientos por parte del INAI. En diciembre de 2020 y en febrero de este año, el gobierno rionegrino rechazó los borradores del convenio ofrecidos por el INAI para volver a formar equipos técnicos locales que finalicen los relevamientos de las comunidades, hagan mapas con las tierras que demandan y las inscriban después como territorio comunitario. La ley de emergencia suspendió en 2006 los desalojos a pueblos originarios por cualquier razón, aplicándose por primera vez en el país en un caso de Río Negro, a favor del lof Ponce de la laguna Carrilafken Grande.

 

 

Gigantes en las fronteras internas

“Durante la década de 1990 el Banco Mundial promovió programas de asistencia técnica a los gobiernos nacionales para la ‘reconversión del sector’, especialmente y en primer lugar la Estrategia para el sector minero africano (1992) y luego la Estrategia minera para América Latina y el Caribe (1996). De este modo, no menos de 100 legislaciones nacionales, códigos mineros y regímenes de inversión fueron reescritos bajo la supervisión e impulso del Banco Mundial, buscando crear un ambiente favorable al capital privado y limitando la acción del Estado”, recordó el investigador Diego Murgía.

RN adhirió al paquete de reforma legal para el sector (pacto federal, reordenamiento e inversiones) durante la gestión de Horacio Massaccesi (UCR). Las gobernaciones sucesivas accedieron a favorecer el avance de las fronteras de los hidrocarburos desde el noroeste y de la megaminería desde el centro-sur.

Hubo dos movimientos clave que cuestionaron la inclusión de Río Negro al modelo de acumulación extractivo. En 2005, un grupo de comunidades, con la representación del Consejo de Desarrollo de Comunidades (Codeci), autoridad de aplicación de la ley provincial del indígena, consiguió un fallo favorable del Superior Tribunal de Justicia en un amparo colectivo para frenar el proyecto de oro Calcatreu, al sur de Ingeniero Jacobacci.

En ese mismo avance, se aprobó la ley anti-cianuro que prohibió el uso de varios insumos altamente tóxicos y que fue derogada al asumir la gestión Carlos Soria, en diciembre de 2011.

Las reformas estructurales de los ‘90 configuraron en las provincias y para sus gobiernos nuevos roles en la transnacionalización de las relaciones internacionales y la unificación del campo político, diplomático y económico. Así podemos entender a Carreras –como antes Alberto Weretilneck– compitiendo por porciones del mercado en la economía global, negociando contratos en Holanda o con los Emiratos Árabes. Aún con la lección de Chubut en la medianera, la gobernación encuentra aliados en los capitales mineros.

“Gran número de empresas medianas y exploradoras junior se financian y tienen sus sedes en Australia y Canadá. La bolsa de valores de Toronto, incluida la de capital de riesgo (TSX Venture Exchange), domina el mercado financiero minero global: en 2016 el 56% de la financiación de mineras vía emisión de acciones se realizó en esa bolsa”, agrega el investigador del CONICET. En ese grupo se inscribe el caso que nos ocupa, lo que puede verificarse en la documentación publicada por E2.

El campo ya cerró algunas tranqueras. Falta ver qué hace la población urbana, si es capaz de recrearse el amplio arco crítico que concitó Calcatreu en su momento. Hay otros aprendizajes más profundos que pueden nutrir esta etapa, como es la experiencia social en San Antonio Oeste con los daños irreparables en las infancias por el plomo de la mina Gonzalito.

 

 

 

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