Tras los muros

 

Las cárceles superpobladas son el foco perfecto para que la propagación del coronavirus haga estragos. Así lo notaron tanto el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidas como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que reclamaron poner fin al hacinamiento como medida para enfrentar la pandemia. Mientras en provincia de Buenos Aires se vislumbra un consenso para bajar la población carcelaria, a nivel federal el acuerdo está más lejos – especialmente entre los moradores de Comodoro Py.

 

Reformas en Buenos Aires

Al asumir la gobernación Axel Kicillof se refirió a la situación alarmante en cárceles y comisarías bonaerenses. La pandemia ni se vislumbraba entonces. La sobrepoblación carcelaria es un fenómeno estructural en la provincia, que ahora exige respuestas urgentes. En el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), hay casi 45.000 personas privadas de su libertad, el doble de lo que podría absorber. En las comisarías, hay 3.960 personas detenidas.

El lunes pasado, se reunió el comité de crisis para las cárceles bonaerenses. Allí hubo un consenso entre el Ejecutivo bonaerense y los jueces de la Corte y la Casación provincial acerca de la necesidad de tomar medidas urgentes para descomprimir la situación en las cárceles y comisarías de la provincia.

En el Ministerio de Justicia que lidera Julio Alak, estaban trabajando en un proyecto de reforma procesal para agilizar las medidas alternativas de coerción. La reforma estará en línea con lo que se estableció en el Código Procesal Penal Federal y que en lo relativo a las prisiones preventivas rige para todas las jurisdicciones. Por ejemplo, que la detención es el último escalón detrás de muchas otras medidas. La idea es que el proyecto esté esta semana y que se construyan los acuerdos para que la Legislatura sesione y lo vote.

Esta semana, el vicepresidente de la Cámara de Casación bonaerense, Víctor Violini, falló a favor de un recurso presentado por el defensor Mario Coriolano, habilitando el uso de celulares en las unidades del SPB mientras dure la pandemia. Coriolano formuló otro pedido para que la disposición se extienda a las comisarías bonaerenses, que la Casación va a resolver en los próximos días.

La introducción o el blanqueo de los celulares no es un dato menor. Hay quienes argumentan que debe desalentarse frente a la posibilidad de que se cometan nuevos delitos desde el interior de los penales. Sin embargo, Violini remarcó que el único derecho del que las personas presas se ven privadas es de la libertad, no del contacto con sus seres queridos.

Una foto circuló en la semana de dos hombres alojados en la Unidad 6 de Dolores, la más superpoblada de la provincia, blanqueando sus teléfonos celulares ante dos agentes del SPB. Son imágenes históricas porque también van en detrimento de los negocios que existen al interior de los penales.

El Ministerio de Justicia armó un protocolo en el que habilita el uso de celulares, computadoras portátiles o tabletas, que deben ser debidamente registradas.  Pueden ser aportadas tanto por familiares de las personas privadas de su libertad como ser blanqueados por ellos mismos.  En caso de tratarse de personas condenadas o procesadas por delitos telefónicos o vía redes sociales, el SPB pueden bloquear las cámaras o tomar otros recaudos. No pueden usar redes sociales, a excepción de WhatsApp para mensajería gratuita.

 

La hora de los tribunales

El 16 de marzo, el procurador general de la provincia, Julio Conte Grand, dio una instrucción general para avalar o formular pedidos de prisión domiciliaria. Según informó a la agencia oficial Télam, los defensores oficiales presentaron más de 2000 pedidos de arresto domiciliario o excarcelación hasta principios de la semana pasada. Unos 500 planteos ya fueron resueltos favorablemente.

Un día después de esa disposición general, el subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia bonaerense, Lisandro Pellegrini, se refirió en una notificación a la situación de personas condenadas o procesadas por agresiones sexuales u otras formas de violencia de género que integran los grupos de riesgo. “Resulta prioritario evitar una vinculación forzada con la víctima o su familia, situación que se configuraría ante una detención domiciliaria en el mismo ámbito en el que los hechos fueron cometidos”, escribió.

El viernes último, un grupo de defensores oficiales presentó un Habeas Corpus ante la Casación bonaerense para que se revise la situación de todos los presos bonaerenses que sean considerados población de riesgo. Hay poco más de 3000 internos del SPB dentro de los grupos de riesgo. Entre ellos, 644 mayores de 65 años, 20 mujeres embarazadas, 58 madres con sus hijos e hijas, 233 enfermos de tuberculosis, 950 de neumonía y 476 portadores de VIH.

Entre otras medidas, los defensores piden que se identifique a los grupos de riesgo, que se hagan listados semanales, que se pida a los magistrados que resuelvan su situación para darles penas alternativas a la prisión y que se racionalice el uso de la prisión preventiva.

La Casación tiene pendiente, también, de resolución un Habeas Corpus colectivo por la situación de las unidades 17, 30 y 31 del SPB, que podría extenderse al resto de las unidades bonaerenses. La Casación hizo el año pasado un informe demoledor del estado de las cárceles, que fue refrendado en la resolución que firmaron en febrero los casadores bonaerenses Ricardo Borinsky y Daniel Carral aceptando la tramitación del planteo colectivo.

 

Discusiones federales

En Comodoro Py, hay preocupación, pero los diagnósticos no son tan uniformes. La Cámara de Casación Federal viene emitiendo una serie de resoluciones para recomendar que los tribunales inferiores den prioridad a los grupos vulnerables a la hora de resolver planteos.  La semana pasada, dictó el arresto domiciliario para tres mujeres en busca de establecer parámetros para el resto de los jueces sobre cómo abordar una situación excepcional como una pandemia. Esta semana hubo un intento de firmar una acordada que fijara criterios generales para resolver los casos de domiciliarias o excarcelaciones mientras rija la emergencia sanitaria.

Un grupo de casadores federales quería llevar adelante un monitoreo de cuántos detenidos están en prisión preventiva y que se habilitara la libertad asistida para quienes no estuvieran presos por delitos graves – como asesinatos, violencia sexual, secuestros o delitos de lesa humanidad. También que se contemplara la prisión domiciliaria para condenados por delitos leves. El texto circuló con los nombres de cinco camaristas, pero no logró conseguir las adhesiones necesarias. Algunos no lo firmaron porque decían que hay que resolver caso a caso.

La presidenta de la Cámara de Casación Federal, Ángela Ledesma, bajó a todos los juzgados federales las recomendaciones que la CIDH emitió el 31 de marzo, que iban en línea con lo que ella y otros casadores estaban discutiendo:

- Reevaluación de los casos de prisión preventiva para determinar cuáles podían ser sustituidos por medidas alternativas, dándole prioridad a los casos de riesgo frente al Covid-19 (mujeres embarazadas, mujeres con hijos, personas que padecen enfermedades de larga evolución y mayores de 65 años);

- Considerar la libertad condicional, el arresto domiciliario o la libertad anticipada para condenados en los grupos de riesgo.

La resolución de Ledesma salió en acuerdo con los dos vicepresidentes del cuerpo, Alejandro Slokar y Gustavo Hornos. La semana anterior, Ledesma había seguido el mismo camino al remitir las listas de personas en grupo de riesgo que confeccionó el Servicio Penitenciario Federal (SPF). Se las envió a sus colegas de la jurisdicción junto con las recomendaciones del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), como forma de fijar criterios para resolver.

 

Las libertades

Una de las preocupaciones que tiene el sector que impulsaba la acordada es que no se produjeron libertades –como recomiendan los organismos internacionales– para descomprimir las cárceles. De hecho, al cierre de esta nota, el SPF tenía desbordada su capacidad en más de un seis por ciento, lo que implica que aloja a más de mil personas de las que podría. Los expertos entienden que la población carcelaria debería bajar al 70 u 80 por ciento para que las autoridades puedan estar en control de la situación si el virus ingresa a los penales.

La Sala de Feria de Casación –Mariano Borinsky, Daniel Petrone y Juan Carlos Gemignani– rechazó varios recursos por inadmisibles durante esta semana. Uno de los asuntos en los que debieron atender fue la situación de Luis D'Elía, que está preso sin sentencia firme por la toma de una comisaría de La Boca para denunciar la muerte de un militante. D'Elía es una de las 1.280 personas listadas en los grupos de riesgo del SPF. Por estas razones, los organismos de derechos humanos venían reclamando que se le concediera el arresto domiciliario.

La jueza Sabrina Namer, que recientemente se integró al Tribunal Oral Federal (TOF) 6 —que juzgó a D'Elía— rechazó enviarlo a la casa en tres oportunidades. En sus resoluciones anteriores, ella requirió informes al SPF para saber si recibía la medicación correspondiente o si la salud del dirigente social podía verse afectada frente al avance del Covid-19. La Sala de Feria no revocó el rechazo de Namer, pero le devolvió el expediente diciéndole que debía examinarlo a la luz de las nuevas circunstancias.

D'Elía estaba con fiebre y dolor de garganta —síntomas compatibles con el coronavirus— desde el viernes. Terminó internado en el Sanatorio Anchorena y el pabellón donde estaba alojado terminó aislado por orden de la jueza. Namer concedió ayer la domiciliaria a D'Elía a regañadientes y sin omitir en su fallo la mención a las contradicciones que aun la propia Casación Federal no pudo resolver.

 

 

 

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