Tres escenas parecen separadas: la recaudación que cae; las tarifas y los subsidios; la intención de reformar la Carta Orgánica del Banco Central. Tres títulos, tres compartimentos, tres ventanillas. Pero detrás del vidrio atiende siempre el mismo cajero: el Fondo Monetario Internacional.
No se trata sólo de una auditoría. Es un programa de normalización. La palabra suena limpia. Pero en América Latina “normalizar” suele querer decir otra cosa. Significa un Estado chico para la mayoría, un banco central blindado frente a la política democrática, tarifas atadas a la rentabilidad privada, exportaciones primarias como tabla de salvación y deuda como brújula. Es el viejo sueño de la peruanización. Sectores dominantes presumen de un orden macroeconómico que, en la economía de no ficción, se traduce como un profundo y feroz shock regresivo, todavía sostenido por consenso social.
Recaudación
La recaudación volvió a mostrar el hueso. En junio cayó 7,4% real. Los recursos tributarios llegaron a 20,02 billones de pesos. Subieron 23,7% nominal contra junio del año pasado, pero quedaron por debajo de la inflación estimada. Mayo había dado una tregua por el ingreso fuerte de ganancias de sociedades. Junio devolvió la escena al lugar anterior: la caja no acompaña y la motosierra tiene cada vez menos madera blanda.
El retroceso se explicó por una mezcla de alivios, calendario y actividad. Pesaron menos las retenciones, por la baja de alícuotas a los principales granos. También aflojaron los derechos de importación, por una base alta contra 2025 y por la desaceleración de las compras externas. A eso se sumó la prórroga a julio de ganancias y bienes personales de personas humanas. ARCA puso el foco en el comercio exterior. IARAF agregó un dato útil: aun sin exportaciones e importaciones, la recaudación también habría caído 4,3% real. No fue sólo la Aduana, fue la caja entera.
El golpe más visible vino por las retenciones. Cayeron 27,8% nominal y aportaron 881.128 millones de pesos. Los derechos de importación crecieron 13,8% y dejaron 545.789 millones de pesos. Del otro lado, el impuesto a los créditos y débitos sumó 1,4 billones de pesos. Bienes personales aportó 1,7 billones de pesos. Combustibles llegó a 674.831 millones de pesos, con una suba de 70,4%.
Ahí aparece una postal del programa. Se bajan tributos al comercio exterior, que benefician a sectores exportadores. Se sostiene la recaudación con impuestos que pasan por el consumo, los movimientos bancarios y la vida cotidiana.
El gobierno tiene menos ingresos reales y cada vez menos partidas donde ajustar sin abrir otro frente. El recorte de subsidios al transporte va en esa dirección. La resolución 40/2026 mantuvo el descuento del 55% de la Tarifa Social Federal, pero le puso techo al gasto nacional: La nación reconoce el beneficio hasta una tarifa de referencia, atada a los cuadros vigentes al 30 de junio. Si una provincia o un municipio sube el boleto después, el Tesoro no acompaña.
También hubo una actualización parcial del impuesto a los combustibles. El Decreto 562/2026 aplicó en julio sólo una parte de los incrementos pendientes: para las naftas, 21,192 pesos por litro en combustibles líquidos y 1,298 pesos por dióxido de carbono; para el gasoil, 18,959 pesos, más 10,266 pesos por tratamiento diferencial y 2,161 por dióxido de carbono. El resto quedó pateado para agosto. Son movimientos con bisturí. Algo sube para recaudar, pero no tanto como para prender otra mecha inflacionaria.
Además, julio trae presión previsional. Las jubilaciones, pensiones y asignaciones tendrán un aumento del 2,15%. La mínima queda en 411.989,32 pesos más un bono fijo de 70.000. Ese bono está congelado desde marzo de 2024. No acompaña la movilidad, no acompaña la inflación. Queda como un parche cada vez más fino. El punto no es que la mejora sea generosa. No lo es. El punto es que el gasto social representa casi la mitad del gasto público y se mueve con la inflación pasada, mientras la recaudación real cae. El superávit queda en una cornisa angosta.
El debate de fondo no es contable, es político. ¿Quién paga el superávit? Una familia asalariada formal paga entre 49,2% y 49,9% de su ingreso total en impuestos. Traducido al calendario, un trabajador debe destinar entre 172 y 182 días al año a cumplir con tributos nacionales, provinciales y municipales, según el dato que dio a conocer el IARAF esta semana.
La carga no pesa igual. En los hogares de menores ingresos, todo lo que entra se consume. Por eso los impuestos indirectos pegan más fuerte. En el caso de menor ingreso, los tributos al consumo representan 15,6% del ingreso total. En el de mayor ingreso, bajan a 11,8%, porque ese hogar puede ahorrar más. El IVA, Ingresos Brutos y otros tributos parecen parejos porque están escondidos en el precio, pero no son parejos. Para una familia que usa todo su ingreso en comida, transporte, servicios, ropa y remedios, cada peso vuelve al consumo y paga impuesto. Para una familia con ahorro, una buena parte escapa de la carga tributaria.
Lo mismo ocurre con los impuestos al trabajo. En el caso de menor ingreso, pesan 33% sobre el ingreso total. En el de mayor ingreso bajan a 25,6%. La explicación está en el tope de los aportes personales. A medida que sube el ingreso, una porción mayor queda menos alcanzada por esa carga laboral. Ganancias aparece recién más arriba. No incide en los dos primeros casos de familias asalariadas. En el tercero representa 4,7% del ingreso total. En el cuarto llega a 10,4%. Por eso el hogar de mayores ingresos termina con una carga total algo más alta, pero con otra composición: menos peso laboral y más impuesto a las ganancias.
La distinción es clave. En los sectores bajos y medios, la presión aparece antes. En el recibo de sueldo y en cada compra. En los sectores altos, aparece más por ganancias y menos por los impuestos al trabajo. El trabajador de ingresos más bajos no llega al mostrador del impuesto a las ganancias, pero ya pagó antes de entrar al supermercado.
Por eso el superávit se presenta como una hazaña técnica, pero por debajo funciona como una mesa donde algunos ponen los platos, otros se llevan la cuenta y los trabajadores pagan la ronda.
Por eso este superávit es una estafa para quien paga impuestos, porque se pagan impuestos para que el Estado devuelva algo. Obra pública, educación, salud, seguridad; eso es lo básico de cualquier Estado capitalista. Acá cobran igual y después dicen que no hay plata para nada. Le dicen superávit, pero es una transferencia de trabajadores y hogares hacia acreedores.
Ese es el punto que une la recaudación con el Fondo. El superávit fiscal no es sólo una meta, es una garantía. Garantía para los intereses de la deuda, para el programa financiero, para volver al mercado. El sacrificio se llama orden. El ajuste, normalización. El trabajador, variable.
Tarifas
La sombra del Fondo también se proyecta sobre las tarifas. El manual es conocido. Para sostener el superávit, hay que recortar subsidios. Para mejorar ingresos, hay que ampliar el impuesto a las ganancias o tributos más estables. El FMI lo llama calidad del ajuste. En la práctica, es una combinación de tijera y factura. Menos Estado en el boleto, la luz y el gas. Más presión sobre ingresos formales. Más “precios de mercado” para servicios esenciales.
Pero la realidad ofrece otra relación causal. A contramano del libreto, los subsidios energéticos subieron fuerte. La partida alcanzó en el primer cuatrimestre el equivalente a 1.240 millones de dólares, un aumento interanual de 105%.
El informe mensual de Estudios Energéticos muestra además que los subsidios energéticos devengados sumaron 1.598 millones de dólares entre enero y mayo, con un aumento interanual de 60,1%. El crecimiento estuvo vinculado sobre todo a las transferencias a CAMMESA, que subieron 91%. También muestra que no existen erogaciones de capital. O sea: se gasta más para cubrir el costo corriente del sistema, pero no se hace obra de infraestructura.
El gobierno que decía venir a terminar con los subsidios los tuvo que duplicar, no por amor al Estado presente, sino por miedo al invierno, al índice de precios y a la calle.
Energía prorrogó la bonificación del 25% sobre el costo del gas para hogares con subsidio. Fue una señal defensiva en pleno invierno. El ajuste tarifario sigue, pero el Gobierno puso un colchón para que la factura no llegue entera en el mes de mayor consumo. En electricidad, la bonificación estatal subió al 16,59% y se aplica sobre un bloque de consumo base de hasta 300 kWh mensuales.
El informe de Estudios Energéticos ayuda a entender la trampa. El subsidio en el Mercado Eléctrico Mayorista es la diferencia entre el costo real de abastecimiento y el precio estacional que paga cada usuario. Si el costo sube más que la tarifa, el subsidio crece. Aunque la boleta también aumente. No hay magia. Hay brecha.
Entre enero y mayo de 2026, el costo promedio ponderado de abastecimiento de la demanda estacional subió 16,3% interanual en dólares. El precio estacional promedio, en cambio, subió sólo 3% en dólares. La cobertura promedio bajó de 81,2% en 2025 a 71,9% en 2026. La brecha subsidiada pasó de 13 a 22,8 dólares por MWh. El costo de combustibles aumentó 15%, empujado por mayo: más despacho térmico, más gas importado y más uso de gasoil. Resultado: El subsidio eléctrico de enero a mayo pasó de 574 millones de dólares en 2025 a 990 millones en 2026. Un salto del 72,5%.
Mayo fue el mes del sacudón. La temperatura cayó 3,2 grados respecto a mayo de 2025. La demanda residencial subió 18,5% y la demanda local 11%. Hubo mayor despacho térmico. El precio del gas natural subió 31,6%, hasta siete dólares por millón de BTU, por el mayor peso del gas importado. Las importaciones eléctricas saltaron 1.400%, de 50 GWh a 764 GWh. El precio spot pasó de 72,8 dólares por MWh en abril a 139,8 en mayo. Un salto de 92%. Es decir, el costo se disparó antes de que el discurso pudiera acomodar la cara.
Los parates fabriles dejaron de ser amenaza. Plantas de cerámica, ladrillos e insumos para la construcción se frenaron por horas e incluso hay líneas de producción que directamente se apagaron. En el norte y el litoral, el problema pega sobre industrias intensivas en gas: azúcar y alcohol, cítricos, tabaco, vidrio, cerámica, cemento y otros insumos básicos. En la UIA circuló un dato áspero: al menos una de cada dos empresas evalúa frenar la actividad en julio por no poder absorber el sobrecosto del gas importado. Cuando se corta el gas, se apaga una parte del producto.
¿Por qué falta gas durante el invierno si Vaca Muerta produce cada vez más? Porque el problema no es sólo de producción. Es de transporte, estacionalidad y precio. En invierno la demanda residencial salta y tiene prioridad regulatoria.
El problema de producción no es porque falte gas en Vaca Muerta. Falta un sistema que permita producir para el invierno sin que sobre gas en verano. Si se perforan pozos para cubrir el pico de frío, después, cuando baja la demanda, ese gas no tiene dónde ir. Como no hay licuefacción para poder almacenarlo y no hay una industria capaz de absorberlo, su destino es el venteo. Entonces el incentivo no es a producir más para todo el año, sino a producir hasta donde lo permiten la demanda y la infraestructura. Ahí aparece el cuello de botella.
En invierno, el país puede consumir cerca de 160 millones de metros cúbicos diarios. La producción local cubre unos 140 millones. El resto se completa con gas natural licuado importado. Pero los caños tampoco alcanzan para llevar todo el gas a los picos de demanda.
Ahí aparece el costo. El gas local ronda los cuatro o 4,5 dólares por millón de BTU. El gas natural licuado importado llegó a ubicarse bastante por encima de los 20 dólares. Antes, ENARSA compraba los buques, inyectaba el gas y después repartía el costo con subsidio. Ahora el gobierno quiere que la industria lo pague antes y al precio real. Una cosa es predicar precios libres. Otra es producir cemento, vidrio o alimentos con una factura que se mueve como una aguja cerca de un imán. Lejos de dar una señal, muestra que el campo está alterado.
Con esto queda claro que el problema no se resuelve con un Excel fiscal. La desregulación del sector energético y el traslado del costo real abren otras puertas.
Ahí aparece la contradicción más incómoda. El gobierno dice que sincera precios. Pero lo que hace es disparar costos. Si los traslada de golpe, sube la inflación y golpea a hogares e industrias. Si los amortigua, suben los subsidios y se complica el superávit. Si corta a la industria, frena actividad. Si garantiza hogares, desplaza el faltante hacia fábricas y GNC. Es un infierno encantador para la teoría liberal: todo cierra en el pizarrón, hasta que llega la ola polar.
En medio de esto, el flamante vocero Adrián Ravier envió un mensaje tranquilizador para el FMI y una confesión para la economía real. Ravier dijo que las tarifas deben volver a “precios libres” y “costos”. También dijo: “Te tengo que duplicar el gas, te tengo que duplicar el agua, te tengo que duplicar el costo de la electricidad”. Después recomendó abrigarse más antes que prender el gas. Mira lo que digo, no lo que financio. El discurso le habla al FMI; la política teme al termómetro, los empresarios del sector la levantan en pala.
Daniel González, secretario de Energía y Minería, fue más administrativo. Dijo que no faltará gas en los domicilios “en la medida en que no haya un imponderable”. Pero admitió que, cuando hace mucho frío, la demanda residencial es prioritaria y queda menos gas para usinas e industrias. También reconoció que industrias y estaciones de GNC pueden sufrir cortes algunos días del año. En sus presentaciones, el propio gobierno dejó escrito el tamaño de la cobertura estatal: en electricidad, los hogares de menores ingresos pagan 43% del costo y los de ingresos medios 67%; en gas, 29% y 41%. Aun con tarifazo, el Estado sigue cubriendo mucho costo.
Más que una escena aislada, lo que vuelve es la tensión entre costos, subsidios y meta fiscal. Esto reedita, con otro gobierno y otro lenguaje, el debate entre Martín Guzmán, entonces ministro de Economía, y Federico Basualdo, entonces subsecretario de Energía Eléctrica.
Los subsidios fueron un problema macroeconómico para aquel gobierno y también lo son para este. Antes pesaban sobre el déficit, la negociación con el Fondo y las divisas, porque la energía importada se pagaba en dólares. La discusión era cuánto subir tarifas sin romper ingresos, actividad y precios. La pelea terminó en nombres propios, pero el problema era de estructura.
Con este gobierno queda más claro todavía que el problema no se resuelve con abordaje fiscal. Bajar subsidios sin bajar el costo de la energía es trasladar el incendio de una oficina a otra: del Tesoro a la factura, de la factura a la inflación, de la inflación a la actividad. La salida exige bajar el costo sistémico: transporte, planificación, infraestructura, contratos y menos importación cara en invierno, para lo cual fue fundamental la construcción del gasoducto. Sin eso, el ajuste tarifario es apenas un cambio de bolsillo.
El gobierno actual quiso negar esa complejidad y la realidad la volvió a poner sobre la mesa. El costo energético se disparó, los subsidios suben para amortiguar, las tarifas suben igual, los empresarios locales del sector energético están contentos, pero al Fondo Monetario Internacional esto no le gusta nada.
BCRA
La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central es el tercer compartimento. También ahí está el Fondo. En su informe de mayo, el FMI planteó que en el mediano plazo serán necesarias reformas legales más amplias para fortalecer la independencia, la gobernanza y la rendición de cuentas del BCRA, incluyendo resguardos contra el financiamiento monetario. Es decir, menos Banco Central como instrumento de política económica. Más Banco Central como guardián autónomo de la moneda y de los acreedores.
Milei anunció que quiere reformar la Carta Orgánica. El punto central es el artículo 3. La Carta Orgánica de 1992, hija de la convertibilidad, decía que la misión primaria y fundamental del Banco Central era preservar el valor de la moneda. Una sola llave, un solo altar. La reforma de 2012 cambió esa lógica y le dio un mandato amplio: estabilidad monetaria, estabilidad financiera, empleo y desarrollo económico con equidad social. No era una frase decorativa, sino otra concepción del banco central.
El llamado triple mandato parte de una idea simple: la moneda no vive en una pecera. Depende de la producción, del empleo, del crédito, de la estructura externa y del sistema financiero. Un banco central que sólo mira precios puede subir tasas, secar pesos y festejar una inflación más baja mientras destruye actividad. Un banco central con mandato amplio tiene que coordinar con la política económica general y mirar si los bancos financian producción o sólo bicicleta.
Esa reforma no derogó la Ley de Entidades Financieras de 1977. Pero le corrió el piso. La ley de la dictadura que Martínez de Hoz promulgó el 14 de febrero de ese año había organizado el sistema financiero alrededor de la rentabilidad financiera. La Carta Orgánica de 2012 abrió una hendija para discutir otra función: que el crédito también sirva al desarrollo. No dinamitó todo el edificio. Le cambió la puerta de entrada.
Lo concreto es que el manual liberal pide un Banco Central independiente y autárquico. Pero el Banco Central de Milei no es independiente del Tesoro. Es un auxiliar directo del Tesoro y de la estrategia cambiaria. Es completamente adicto. El discurso pide un guardián imparcial. La práctica muestra un operador de mostrador.
En esa sala a la que llamamos mercado, nadie niega que el dólar no flota. Que está recontra administrado. No con venta directa de reservas. La fuerte intervención oficial de junio se dio a través de operaciones con contratos futuros y bonos dólar linked. Un bono dólar linked se ajusta por el tipo de cambio oficial. Un futuro permite fijar un precio para más adelante. Si un inversor compra el bono y vende futuros, arma un “dólar sintético”: queda cubierto y captura una tasa. El objetivo oficial es que ese rendimiento quede por encima de las Lecaps. Premio y paraguas del Banco Central para quedarse en pesos.
La calesita contable tampoco ayuda al relato de independencia. El BCRA aprobó sus estados contables de 2025 con una ganancia récord de 34,3 billones de pesos y puso a disposición del Tesoro 24,4 billones de pesos en dividendos. De ese total, seis billones de pesos quedaron como depósitos del Tesoro en el BCRA. Otros 18,4 billones de pesos se destinaron a recomprar letras intransferibles en cartera del Banco Central, por un valor nominal original estimado en 21.700 millones de dólares. La lectura oficial dice que eso reduce la deuda bruta del Tesoro en unos 3,3 puntos del PBI.
La mecánica parece sofisticada, pero es doméstica. El Banco Central reconoce utilidades contables. Se las gira al Tesoro. El Tesoro usa una parte para comprarle al propio Banco Central Letras Intransferibles, que eran deuda del Tesoro y activo del BCRA. En los papeles, el Tesoro achica deuda y el BCRA mejora su balance. En la práctica, no aparece una lluvia nueva de dólares. Cambian los asientos de la misma casa.
Por eso la pregunta vuelve al comienzo. Si el Banco Central va a ser independiente, ¿independiente de quién? ¿Del gobierno elegido o de las necesidades del programa financiero? ¿De la política democrática o de los acreedores? El Fondo pide un banco central blindado. Pero el experimento oficial lo usa para administrar el dólar, ordenar la tasa, sostener el carry y aliviar al Tesoro. La puerta giratoria luce elegante, pero siempre conduce al mismo lobby.
Esa es la normalización. No una economía sin intervención, sino una intervención con beneficiario fijo. El Estado se retira de la política pública, pero aparece para garantizar deuda, administrar el dólar, ordenar la tasa y disparar el costo energético. La peruanización no es ausencia de Estado, sino un Estado selectivo. Frío para abajo. Frazada para arriba
--------------------------------
Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí