Una vez más, el Poder Ejecutivo contempla la posibilidad de completar la Corte Suprema de Justicia, que quedó reducida a sólo tres miembros, por la jubilación de Raúl Zaffaroni y Elena Highton de Nolasco y la muerte de Carmen Argibay y Carlos Fayt. También se interesa en llenar el 35% de vacantes que hay en la justicia federal, cubiertas por subrogantes que rotan por distintos juzgados, complicando su funcionamiento, debilitando la jurisprudencia y eliminando la previsibilidad de los tribunales. La manipulación de ese fuero por el macrismo fue de notable eficacia. Milei estudia el método que empleó Macrì y se propone aplicarlo. Sobre todo porque ya en su tercer año de gobierno advierte que no puede contar con Macrì para avanzar una parte de sus proyectos y teme que en algún momento próximo, Macrì ejerza sobre él, el poder destructivo que volcó sobre la ex Presidenta CFK.
Luego del rechazo inicial de las fuerzas de oposición que consideraron inconstitucional el sistema de la designación de dos jueces en comisión por decreto del Poder Ejecutivo pergeñado por el asesor Fabián Rodríguez Simón, no en vano un hombre del Grupo Clarín, el senador Miguel Pichetto propuso una negociación. Si el gobierno simulaba las formas constitucionales y enviaba al Senado los mismos pliegos (de Carlos Fernando Rozenkrantz y Horacio Rosatti), el cuerpo les daría el Acuerdo. Para ello pasaría por encima de los requisitos fijados por el decreto 222 de 2003. Así fue. Ahora Milei directamente lo reemplazó por el decreto 467/26. Con el argumento de agilizar las designaciones para remediar la superabundancia de vacantes, el gobierno redujo al mínimo el lapso de publicación de los candidatos y el periodo de impugnaciones para que la sociedad pueda fundamentarlas. También abrevió el periodo de verificación de las declaraciones de bienes de los postulantes, como si alguno de esos pasos explicara las vacantes. El verdadero problema reside en los desacuerdos entre los distintos partidos políticos para reunir las mayorías necesarias y los intereses económicos que asoman detrás de muchas designaciones, en lo que Macrì es un maestro y Milei un aprendiz. Ambos descienden de abuelos calabreses, la patria de la 'Ndrangheta. Pero Ciccio Milei emigró en 1926, al comienzo del fascismo, en busca de mejores condiciones de vida. En cambio, Giorgio Macrì se embarcó hacia la América del Sur dos décadas después, cuando ya era un terrateniente poderoso, poseía una empresa constructora, administraba una sucursal del Correo y a la caída del fascismo había sido uno de los fundadores del Frente del'Uomo Qualunque, que en las elecciones de 1946 con el 5% de los votos obtuvo 20 bancas legislativas. Expresaba los temores y la insatisfacción de las clases medias y populares con la democracia que sucedería al fascismo.
La ideología qualunquista
La ideología qualunquista era antipolítica, sus temas el anticomunismo, el orden y la eficiencia; y su emblema, una prensa que exprimía a un pobre tipo para que soltara hasta la última moneda. Postulaba un Estado mínimo, gestionado por técnicos. Se diluyó cuando el Vaticano acordó con Estados Unidos que la contención del comunismo no fuera el qualunquismo sino la democracia cristiana, como en Alemania, Holanda, Chile y Venezuela. Sus raíces se remontaban al Partido Popular, creado en 1919 con la bendición del papa Benedetto XV, al mismo tiempo que Mussolini fundaba sus fasci di combattimento. En 1928, Pío XI aceptó desactivar el Partido Popular y envió al exilio a Don Sturzo, un sacerdote de gran popularidad que era su líder, como condición de Mussolini para firmar el Concordato. Lo mismo hizo Hitler en Alemania. También se disolvió entonces el Partido de Centro alemán, conducido por otro sacerdote, Ludwig Kaas. De íntima amistad con el secretario de Estado, Eugenio Pacelli, Kaas vivió hasta su muerte en el Vaticano como administrador de la basílica de San Pedro. Allí escribió un ensayo sobre el Concordato con Mussolini. "La Iglesia autoritaria debería comprender al Estado autoritario mejor que otras, y a la inversa", escribió.
La situación argentina actual es aún más compleja que la de 1983, cuando el Presidente electo Raúl Alfonsín se abocó a designar una Corte Suprema de Justicia integrada por jueces aptos y confiables, en reemplazo de los que acompañaron a las Juntas Militares. Como un gesto de la nueva época le ofreció su presidencia al candidato derrotado, Ítalo Argentino Luder, quien la declinó, porque tenía una idea demasiado alta de sí mismo. Los cinco miembros elegidos expresaron una relativa diversidad. A los radicales José Caballero y Augusto Belluscio, sumó al peronista Enrique Petracchi, hijo de un Procurador General homónimo; al socialista democrático Carlos Fayt, que en realidad escondía el apellido Moisés, para ocultar que era judío, y al también pro radical pero sobre todo defensor de presos políticos, Genaro Carrió, quien poco después renunció y dejó su sitio a Jorge Bacqué. Esa Corte declaró la constitucionalidad de los juicios contra los jefes de la dictadura y avaló su continuidad hacia los niveles inferiores, lo cual tuvo en vilo al Presidente radical. La relación amistosa entre algunos de los jueces que realizaron esos procesos, como Andrés D'Alessio, Carlos Arslanián y Ricardo Gil Lavedra, sirvió como puente de contacto con el Presidente, a quien reverenciaban y llamaban Bapu, el apelativo paternal que en la India se concedía a Gandhi. Pese a ello no fueron obsecuentes con él y llevaron los procesos mucho más allá de lo que el Presidente deseaba.
En 1989, con Alfonsín sumido en una crisis profunda, originada en la enorme deuda externa heredada que no consiguió manejar, su asesor Ricardo Entelman negoció con José Luis Manzano la ampliación del tribunal de 5 a 7 miembros, con el compromiso de que cada uno eligiera a uno y que ambos se comprometieran a cerrar el capítulo de los juicios por Crímenes de Lesa Humanidad, que ya habían dado lugar a varios alzamientos carapintada pero que siguieron avanzando por la militancia de los organismos defensores de los derechos humanos. Menem respondió:
—¿Por qué vamos a nombrar uno y uno? Esperemos a la elección y ya desde la presidencia sumamos cuatro, todos nuestros.
La UCR sólo podía patalear. Recién se consiguieron los 2/3 necesarios para designar a los nuevos jueces en 1990. Además Caballero renunció, presionado por el gobierno porque había firmado un fallo que lo beneficiaba y Bacqué, en desacuerdo con la ampliación, contra la que el tribunal había alertado en una Acordada. Así nació la mayoría automática, presidida por el socio en el estudio riojano de Menem, Julio Salvador Nazareno, El Buby, cuya especialidad para integrar un tribunal constitucional era el derecho municipal; el secretario de Obras Públicas Rodolfo Barra, hijo de un comisario de la Policía Federal, que participó en la creación de la Triple A. Barra fue remitido a la Corte en comisión para asegurar que se aprobaran las medidas económicas más polémicas del nuevo gobierno; Mariano Cavagna Martínez (hijo del último canciller de Perón y ex presidente del Banco Central, Ildefonso Cavagna Martínez); el brillante y casquivano trapecista de las leyes Julio Oyhanarte; los sobrevivientes Belluscio, Petracchi y Fayt, y Ricardo Levene, entonces de 76 años, como un desagravio a la Justicia atropellada por los militares en 1976 que depusieron a la Corte que él integraba. Con la ayuda de un bastón, Levene podía tenerse en pie.
Autor de diez tomos sobre derecho procesal y penal, y redactor de los códigos procesales de La Pampa, Chaco, Neuquén, Chubut, Formosa, Misiones, Santa Cruz y Tucumán, todos ellos clones del código cordobés de 1939, Levene elaboró con el mismo método del papel carbónico la reforma al Código Procesal Penal de la Capital. Su artículo 176 devolvía validez a la mal llamada declaración espontánea ante la policía. En los hechos equivalía a legitimar la tortura de los detenidos, y no era un pecado de senectud. Medio siglo antes, durante el II° Congreso Latinoamericano de Criminología realizado en Chile, Levene presentó unas “Notas previas a la esterilización de los delincuentes”. Allí transcribía estas opiniones de un sacerdote:
“Cuando la prosperidad de la sociedad esté disminuida por un aumento de deficientes mentales que no pueden ser combatidos por los medios ordinarios, la autoridad pública tiene el derecho de recurrir a la esterilización de los ineptos como autodefensa”. Por entonces no sólo el nazismo acudía a esos métodos brutales. Ese nuevo tribunal convalidó las privatizaciones dispuestas por Menem en condiciones ruinosas para el país, permitió despidos masivos de sus trabajadores y encubrió negocios de allegados al gobierno, entre ellos los empresarios Franco y Maurizio Macrì y el cuñado presidencial Emir Yoma. Por una de esas causas, de contrabando de autos, fueron destituidos años después varios de esos jueces.
Pese a contar con ellos, Menem prefirió indultar, en 1989 y 1990, a los ex comandantes en jefe condenados por su actuación en las Malvinas; a todos los castigados a partir del gobierno anterior por Crímenes de Lesa Humanidad; a quienes aún estaban bajo proceso sin llegar a la condena y a los alzados a las órdenes de Aldo Rico y Mohamed Seineldín. Su hermano Eduardo Menem le había advertido que caería muy mal en el peronismo un proyecto de ley de amnistía y el Presidente decidió asumir personalmente la responsabilidad.
Más allá de las protestas de sectores comprometidos con los derechos humanos, los decretos de impunidad que completaron el efecto de las leyes de punto final y obediencia debida no afectaron la aceptación del menemismo, que en 1993 aceleró para enmendar la Constitución y permitir que el Presidente fuera reelecto después de terminar su mandato de seis años. Alfonsín, que luego de una pausa había recobrado su influencia como el primer Presidente que había vencido al peronismo en una elección sin proscripciones, evaluó que Menem podría lograr sus objetivos alcanzando un poder absoluto. Para impedirlo decidió consentir la apetecida reelección, a cambio de algunas concesiones con las que buscó equilibrar el poder. Por eso el Pacto de Olivos incluyó la creación de un tercer senador que le daría la minoría en cada provincia, la liberación del Ministerio Público de la subordinación al Poder Ejecutivo y su declaración como Órgano Extrapoder, y la creación de una jefatura de gabinete que tendría a su cargo la administración general del país. Alfonsín imaginaba un premier a la europea, pero Menem no lo permitió. El jefe de gabinete actuaría como fusible en caso de una grave crisis, para preservar al Presidente y la estabilidad institucional, pero no gobernaría en su lugar, sólo asumiría tareas burocráticas.
Padre e hijo
Distintos medios han convocado a juristas o simples abogados para que expliquen en qué delitos habría incurrido el jefe de gabinete Manuel Adorni, con sus actos y sus palabras. En un diario y en un par de señales de noticias por cable, uno de los consultados fue el ex juez Guillermo Tiscornia. En ningún caso hubo referencias sobre su desempeño en los tribunales, entre qué fechas impartió justicia y en qué causas. Juez en lo penal económico desde 1993, antes había sido secretario en el mismo fuero. Allí cosechó su primera sanción, por haber agregado una foja al expediente sobre tráfico de drogas del agente encubierto de la embajada de Estados Unidos, Carlos Sauvignon Belgrano. También redactó la excarcelación del concesionario de autos Carlos Steimberg, pero no la firmó él sino la secretaria de la causa, Alicia Sustaita. Steimberg tenía una relación comercial con los hijos del Presidente Menem, Carlos y Zulema. Dos meses después el Presidente designó juez a Tiscornia. En la causa de la Aduana paralela, Tiscornia encarceló al Administrador Nacional de Aduanas, Gustavo Parino, uno de los hombres de confianza del Ministro de Economía, Domingo Cavallo, quien dijo que era uno de los jueces de la servilleta de Carlos Corach quien había escrito su nombre y se había jactado de que todos los que la integraban respondían a sus órdenes.
La Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico lo dejó en libertad. Tiscornia también fue incriminado por su actuación en la causa de la mafia del oro y las evasiones fiscales del matarife Alberto Samid. En 1998 fue suspendido en sus funciones y cuando la Comisión de Juicio Político lo citó a hacer su descargo, adujo diversas excusas para no asistir, esperando que el Poder Ejecutivo lo rescatara.
En su sentencia en favor del procesado, Tiscornia reprodujo en forma textual párrafos de la defensa. Lo mencionaba como su defendido o su pupilo. El juez Rodolfo Canicoba Corral también investigaba al padre, el ex juez civil Agustìn Tiscornia, por un supuesto pedido de coima a Irma Friebos para cobrar la herencia de su esposo, a su mujer, Jazmine Desireé Aidar Alvarez, y al gestor Jorge Bark. Dio por probado que en 2006 el padre se reunió con el empresario de CODERE, Luis Miguel Cabeza de Vaca Nieto, a quien le pidieron 4 millones de dólares para que Tiscornia (h) lo sobreseyera por supuesta evasión impositiva. Cuando luego del padre, Canicoba Corral pasó a investigar también al hijo, Guillermo Tiscornia llamó a indagatoria para resistirlo a la ministra de Defensa, Nilda Garré, por supuesto contrabando de repuestos de fusiles FAL de Estados Unidos, pero la indagatoria fue anulada por el reemplazante de Tiscornia por falta de fundamentos. Por último, en diciembre de 2007, Tiscornia fue destituido por unanimidad del jurado de enjuiciamiento.
Si al cabo de dos generaciones de jueces apartados de sus funciones, en juicio político o por renuncia con tal de evitarlo, el apellido Tiscornia es utilizado por medios de comunicación que repudian las conductas de Manuel Adorni, es ostensible el chiquero en que se revuelca el sistema político argentino. También el temor de los partidos que se oponen a Milei y Adorni, a ejercer sus facultades constitucionales.
En el mismo sentido se debe leer el decreto —impulsado por Mahiques— que modificó el procedimiento para designar jueces de la Corte Suprema y agilizar el nombramiento de todos los jueces (suprimió una instancia de impugnaciones de la sociedad civil). Milei no tiene previsto avanzar ya con nuevos candidatos para el máximo tribunal. Pero el gobierno dio una señal de que quiere apurar los nombramientos en general. Y eso es muy celebrado por un sistema judicial, que espera el desenlace de los concursos durante años.
Las pugnas internas en el gobierno se superponen con el balanceo de Adorni en la cuerda floja. Patio Bullrich se pronunció en contra del premier Adorni, pese al sostén que mantienen los Hermanos Milei, que por momentos asume ribetes violentos. El Presidente, por un lado delega el manejo de la cuestión en su hermana, por otro se enardece e insulta a quienes sugieren que lo mejor sería terminar de una buena vez con el tema. Incluso hay quienes opinan en la oposición que el statu quo los favorece, por el desgaste que acarrea para el gobierno. Desde el oficialismo les recriminan que así le hacen un favor al kirchnerismo. Pero Milei replica que no tomará ninguna medida en contra del premier mientras la justicia no lo llame a declarar o no lo procese. Dentro de esta galería de espejos, se duda de que algún juez o un fiscal se atreva. Y Bullrich explica que no convoca al Senado para tratar el tema, porque sin previo aviso, el cuerpo podría interpelarlo y censurarlo. Pero aún así, el mileismo advierte que si el Senado lo destituye, el Presidente podría firmar una segunda designación. Por ridículo que esto parezca, Milei ya lo hizo con dos leyes que fueron derogadas no por una sino por las dos cámaras: la de los fondos para las universidades públicas y para la salud en el Hospital Garrahan. Otra jactancia fue viajar al monumento de la bandera de Rosario junto con Adorni.
Milei también prosigue su batalla con el Grupo Clarín, por la absorción de Telefónica por Telecom. Por ahora ha dejado de insultar a Magnetto y autorizó que se fusionen, pero puso condiciones muy duras, como la desinversión en 6 millones de clientes. Telecom se opone en forma estentórea y el enfrentamiento va adquiriendo el tono que tuvo la batalla con Cristina por la ley de servicios audiovisuales. La gestión de Lorenzetti en la Corte Suprema pareció inclinar la aguja hacia el gobierno, pero eso se reveló ilusorio en cuanto Macrì asumió la presidencia y desobedeció las disposiciones judiciales y la ley, que derogó por decreto.
Si bien Milei afirma no preocuparse por los fallos judiciales, se han acumulado varios que lo contrarían:
- El juez contencioso administrativo de la Capital, Roberto Gallardo, detuvo los desalojos de viviendas ordenados por Jorge Macrì, salvo peligro de derrumbe y si se ofrece una alternativa para sus ocupantes.
- La Cámara Nacional en lo Civil accedió a la mudanza de la sede de la AFA del microcentro a Pilar, en la provincia de Buenos Aires, como había solicitado el Chiqui Tapia, y desactiva la intervención dispuesta por seis meses.
- El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, solicitó que sea llamado a declaración indagatoria José Luis Espert por lavado de dinero, narcotráfico y fraude (los 200.000 dólares que recibió de Fred Machado).
El fiscal Domínguez y el juez Lino Mirabelli registraron dos afirmaciones devastadoras para Espert:
- "En 2022, si Dios quiere estaré como Diputado de la Nación, ya tendré un sueldo como empleado del Congreso de la Nación”; y
- “Estamos trabajando el tema de mis ingresos blancos, más el alquiler de Mechi, que en este año me transfiere más plata para justificar mi consumo”.
La música que escuché mientras escribía.
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