Amplias mayorías populares movilizadas arrancaron al poder dos instrumentos claves para frenar la profundización del despojo del territorio: se mantienen las restricciones a la venta de tierras rurales a extranjeros y a los usos del suelo de tierras afectadas por incendios. La alianza de poder gobernante en la Argentina no pudo imponer esas modificaciones en el Senado en su última sesión del jueves y viernes pasado.
Una parte de la base social que logró este triunfo lleva décadas de gestación desde las provincias, de innumerables luchas sectoriales por el agua dulce, contra los agrotóxicos, contra los desmontes, por los territorios comunitarios ancestrales, por los glaciares, por las aguas oceánicas, contra el acaparamiento y concentración de la riqueza y la tierra.
“Esto empezó al final del partido Argentina-Inglaterra, con la bandera ‘Las Malvinas son argentinas’ desplegada por los jugadores de la selección nacional de fútbol”, intentó explicarse al aire una periodista en un canal de TV porteño mientras informaba el avance de la sesión que trataba el proyecto de ley de “inviolabilidad de la propiedad privada”.
Para muchísimos de los que juntaron firmas, armaron grupos de difusión y marcharon el jueves bajo la lluvia y la nieve, el conflicto empezó hace 534 años cuando Cristóbal Colón desembarcó en el Caribe; hace 142 años, cuando se derrotó militarmente al último toki (líder guerrero) del pueblo mapuche y se incorporaron las tierras del sur al nuevo Estado-Nación; hace 40 años, cuando los Pueblos Originarios comenzaron a reclamar con organizaciones propias y emergió la defensa organizada del medio ambiente con grandes movilizaciones, como la que impidió el basurero nuclear en Gastre.
Tan rudimentaria como las viejas consignas escritas con carbón en las paredes, la pintura en aerosol sobre la sábana blanca de hotel sintetizó una posibilidad de unidad amplia en defensa de la vida libre en un territorio en riesgo, tan huérfano como Malvinas ante el capital concentrado trasnacional.
El espíritu de la ley que no se aprobó había aparecido como proyecto político del capital concentrado, al menos en la Patagonia, en la segunda mitad de 2020, cuando propuso el PPP: proyecto de defensa de la propiedad privada de la Patagonia. Con financiamiento de la Fundación Atlas y poderosos estudios jurídicos, el grupo PPP intervino por primera vez en el desalojo de la comunidad mapuche Gallardo-Calfú en el paraje El Foyel, a pocos kilómetros de las propiedades del fideicomiso Amaike, de capitales de los Emiratos Árabes Unidos (EAU). Después de ese debut en octubre de 2020, se replegaron a las sombras y fue Patricia Bullrich (ministra de Seguridad en ese momento) y el grupo Consenso Patagonia quienes actuaron en la superficie a partir del año siguiente.
Las sociedades rurales de distintos lugares del país ya venían usando esa consigna por décadas en la disputa por ampliar sus propiedades o negar las servidumbres de paso a los arreos durante la transhumancia, por caso. Los alambrados de las propiedades avanzaron hacia costas de ríos y lagos, impidiendo el libre acceso y circulación. En 2006, junto al lago Lolog, al norte de San Martín de los Andes (Neuquén), guardias de seguridad asesinaron al joven Cristian González porque pescaba en aguas públicas junto a tierras privadas.
Muchos desalojos, persecuciones y crímenes se hicieron agitando la bandera celeste y blanca como instrumento de xenofobia y racismo, alcanzando uno de sus puntos más graves el conflicto junto al lago Mascardi con la Lof Lafken Winkul Mapu. Aun así, el jueves pasado ondearon wenufoye (bandera mapuche) y wiphala (de los pueblos andinos del norte) junto a la bandera argentina, en una valiosa capacidad de unidad de todas las luchas.
Inquilinos VIP
Obtuvo media sanción la ley de desalojos exprés que, de prosperar en Diputados, profundizará la violencia de las condiciones de cientos de familias sin vivienda propia.
El foco puesto en el supuesto usurpador de una vivienda urbana, en los okupas de terrenos baldíos para asentamientos irregulares, quita atención a los inquilinos de grandes extensiones de tierras rurales, que avanzan mientras esperan condiciones aún más beneficiosas.
Green Capital, empresa de capitales de Polonia, alquiló 130.000 hectáreas en Chubut y 230.000 hectáreas en Santa Cruz para un proyecto de generación de energía para data centers, anunció la propia empresa hace diez días. Alquiló campos ganaderos a particulares.
El alquiler o compra de grandes extensiones de tierras fiscales a las provincias es un escollo político y legal todavía, resorte que estaba atado al destino de la reforma que naufragó en el Senado.
La provincia de Río Negro otorgó en concesión a la australiana Fortescue más de 400.000 hectáreas en la meseta de Somuncurá para montar un parque eólico para la producción de hidrógeno verde, proyecto absolutamente paralizado. Por decreto, en noviembre de 2021, la ex gobernadora Arabela Carrera otorgó esas tierras cuyo destino permanece incierto.
El alquiler de tierras fiscales es un objetivo de largo tiempo, impedido por la movilización de base en algunos casos conocidos. En 1994, la italiana Eco Exilon pretendía alquilar un millón de hectáreas fiscales en Río Negro, la gran mayoría ocupadas por gente mapuche o crianceros criollos que se opusieron a la titularización masiva para su posterior venta. En 2010 se firmó el Acuerdo de Cooperación para el proyecto de inversión agroalimentario entre la empresa estatal China Heilongjiang Beidahuang State Farms Business Trade Group y el Estado de Río Negro, que involucraba 330.000 hectáreas en el Valle Medio de esta provincia. Tampoco prosperó.
Desigualdad
En los ‘90 y hasta iniciado el milenio, casi no había lugar en la agenda pública para poner en duda el proceso de compra-venta de tierras rurales para el acaparamiento y control de bienes estratégicos. El discurso dominante claudicaba ante los “ricos y famosos” que anunciaban en revistas de espectáculos sus inversiones en tierras.
Días atrás, un joven guía de montaña descubrió que no pudo acceder libremente a un cerro ubicado cerca de San Martín de los Andes. El país se sorprendió porque el propietario es un príncipe austríaco. El departamento Lácar tiene el 54% de su tierra rural en manos extranjeras, incluido el cerro Ezpeleta del guía de montaña. Es la estancia “Mil rosas” de una de las grandes fortunas europeas, conocida por toda la dirigencia política y económica local, la misma que ocupaba las tapas de revistas cuando la visitaba el Presidente Carlos Menem.
El movimiento social de defensa de los territorios supo entenderse y dialogar con el malestar de fondo de los sectores urbanos, logrando una relectura unificadora y contemporánea del conflicto por la soberanía de las Islas Malvinas.
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