Tropelías

La oposición va por todo, sin reparar en medios, como en 1955 y 1976

 

El intervencionismo militar y el intervencionismo judicial han sido reiteradamente practicados a lo largo de nuestra historia política. Ambos remiten a comportamientos tan deletéreos como ilegales. Se trata sencillamente de la intromisión de uniformados y jueces en el campo de la política. Una recurrente tropelía tan perversa como repudiable. Ambos se han atribuido –y aún lo hacen– facultades que no poseen aunque suelen ejercerlas sin que se les mueva un pelo. Estas facultades van desde el golpe de Estado hasta las proscripciones políticas u otras clases de sanciones jurídicas. Paradojalmente, en el ámbito judicial la omisión o el dejar pasar son, también, comportamientos a los que se ha apelado reiteradamente, sobre todo cuando han operado gobiernos de facto.

El intervencionismo castrense, como es archisabido, ha tomado básicamente dos formas: a) la práctica del golpe militar, y b) el desempeño de un papel políticamente tutelar sobre los gobiernos civiles. En tanto que el intervencionismo judicial ha legitimado, por acción u omisión, golpes de Estado que derrocaron gobiernos democráticamente elegidos, o bien ha amparado regímenes y políticas antipopulares. Hoy en día, dicho intervencionismo judicial ha prácticamente desplazado al intervencionismo militar en nuestro país y ha tomado la delantera para amparar el fundamentalismo de mercado y/u hostigar a quienes han intentado –o intentan– transitar por caminos nacional-populares. Pero vayamos por partes.

 

 

De togas y botas

En 1930, un golpe de Estado encabezado por el general José Félix Uriburu, un nacionalista de derecha, derrocó nada menos que a Hipólito Yrigoyen, uno de los padres de la democracia argentina. Contó con la pasiva aquiescencia de los militares anti-yrigoyenistas, de los dirigentes liberales y conservadores de entonces, y hasta del segmento radical antipersonalista, que era contrario a Don Hipólito. Uriburu disolvió la totalidad del Congreso (ambas cámaras) y destituyó a 12 de los entonces 14 gobernadores provinciales. Los integrantes de la Corte Suprema –José Figueroa Alcorta, Roberto Repetto, Ricardo Lavalle y Antonio Sagarna– decidieron permanecer en sus cargos y dictaron una acordada que reconocía al nuevo gobierno, que –consideraban los jueces– “se encuentra en posesión de las fuerzas militares y policiales necesarias para asegurar la paz y el orden de la Nación y, por consiguiente, para proteger la vida y propiedad de las personas y ha declarado, además… que mantendrá la supremacía de la Constitución y de las leyes fundamentales del país”. Claramente ha habido en este caso un cóctel de intervencionismo militar (predominante) y de intervencionismo judicial (acompañante), que sin miramientos dejó afuera a un gobierno democrático y popular. Vale la pena recordar, por otra parte, que el golpe de Uriburu inició la llamada “Década Infame”.

El 4 de junio de 1943 un golpe militar derrocó al Presidente Ramón Castillo. El general Pedro Pablo Ramírez asumió la presidencia luego del efímero pasaje del general Arturo Rawson por ese cargo. Disolvió el Congreso pero no intervino sobre el Poder Judicial. Su mandato fue corto. Renunció en febrero de 1944 y fue sucedido por el general Edelmiro Farrell, quien en junio de dicho año designó Vicepresidente al entonces coronel Juan Domingo Perón. En octubre de 1945, una asonada militar impulsada por un segmento que había participado en la antedicha revolución de 1943 embistió contra Perón, que fue desalojado del cargo y trasladado a la isla de Martín García, donde quedó arrestado. En este caso se trató de un intervencionismo militar dentro de otro que fue previo. En tanto que el intervencionismo judicial se redujo a una pasiva aceptación del golpe militar y de su desarrollo.

Como es sabido, Perón fue rescatado el 17 de octubre por una pueblada que se concentró en Plaza de Mayo. Pidió el retiro, lanzó su candidatura y ganó la presidencia en las elecciones de febrero de 1946.

En septiembre de1955 se consumó un golpe de Estado que lo derrocó. Tomó el inmerecido nombre de Revolución Libertadora, un verdadero oxímoron si se atiende a su desempeño. Ni lerda ni perezosa clausuró el Congreso, depuso a la Corte Suprema de Justicia, puso en comisión a todo el Poder Judicial y abolió a las autoridades provinciales, entre otras decisiones. Derogó la Constitución vigente y la sustituyó manu militari por la de 1853. Innumerable dirigentes peronistas fueron encarcelados; Perón y el Partido Peronista fueron proscriptos. Una contrarrevolución encabezada por el general Juan José Valle fue derrotada. Aquel fue fusilado, junto con varios oficiales y no pocos civiles que participaron en ella. Este, claro está, fue un caso de intervencionismo militar a full, que contó con un aquiescente comportamiento judicial.

A aquel comienzo –1955– le siguió un largo hilo que, con el peronismo proscripto, ensayó diversas y fallidas intentonas electorales para terminar en el golpe de Estado de 1966, que se mantuvo hasta 1973. Este largo período, que duró casi 28 años, fue un festival de intervencionismo militar y de intervencionismo judicial.

En 1976 las Fuerzas Armadas derrocaron a Isabel Martínez de Perón e instalaron una nueva y feroz dictadura militar avalada por diversos sectores políticos y por algunos segmentos de la sociedad. Esta vez se proscribió a todos los partidos políticos, se manipuló la Corte Suprema y se alcanzó una justicia amansada.

Este período, que duró desde 1976 hasta 1983 en que se produjo el retorno a la democracia, fue más duro que el iniciado en 1955. Impuso un terrorismo de Estado que se regodeó con el secuestro, la tortura, la desaparición de personas, el robo de niños y niñas, el encarcelamiento sin juicio y el robo de dinero y propiedades, entre otros. La mayoría de quienes pasaron por estos tormentos fueron peronistas. Calificarlo de terrible es poco. Y, desde luego, llevó consigo un alto nivel de intervencionismo militar y el acompañamiento del intervencionismo judicial.

 

 

La opción judicial hoy

Hoy se asiste nuevamente a un atropello judicial que implica a la Vicepresidenta de la República, Cristina Fernández de Kirchner, en la causa llamada comúnmente Vialidad, relativa a la construcción de obras públicas en la provincia de Santa Cruz. Recientemente el fiscal Diego Luciani decidió incorporar nuevas pruebas al expediente, decisión ante la cual la Vicepresidenta tenía el derecho de solicitar la ampliación de su indagatoria, para enterarse y defenderse. Pues bien, le fue denegado. Es decir, se le impidió ejercer un derecho elemental: la defensa en juicio.

Así las cosas, la Vicepresidenta hizo un filoso descargo, ante esas novedades, desde su despacho en el edificio del Congreso a través las redes sociales. ¿Increíble? No tanto. Al fin y al cabo hay ya un duro enfrentamiento cada vez más enconado entre la oposición y el oficialismo, cuyo norte son las elecciones generales del año que viene. Y es evidente que la oposición quiere sacarla a Cristina del juego y debilitar al peronismo a cualquier precio.

Si se hace un rápido recuento de lo que se ha examinado más arriba, se comprueba que el intervencionismo militar y el intervencionismo judicial han sido reiteradamente practicados contra los partidos y los movimientos nacional-populares; desde 1955 a la fecha, preferentemente sobre el peronismo. El último caso es el que atañe a la Vicepresidenta, que ha tomado exclusivamente la forma del intervencionismo judicial.

La oposición, hoy como ayer, recurre nuevamente a esas viejas y arteras artes, muy usadas en el sistema político argentino, para tratar de sacar del juego a Cristina. Apela a la opción judicial exclusivamente porque el intervencionismo militar, afortunadamente, ha perdido mucho terreno en virtud de que con esfuerzo, voluntad y paciencia se lo ha neutralizado, pese a las claudicaciones de quienes propusieron puntos finales y obediencias debidas o apelaron sencillamente al indulto. Debe reconocerse, asimismo, que este logro fue propiamente una patriada, en la que descolló un mar de pañuelos blancos que salvaron de la ignominia a la democracia recuperada en 1983.

El intervencionismo judicial es la herramienta con la que mayormente se procura hoy en día desestabilizara los gobiernos y/o acorralar a los partidos y/o movimientos populares latinoamericanos. Lleva también el nombre de lawfare, que alude a la judicialización de la política y/o a la guerra judicial. A ese lawfare está sometida Cristina por la oposición. Y por extensión también el Partido Justicialista y el peronismo como movimiento político, a los que el antiperonismo gorila procura descuajeringar. No solo para ganar las elecciones del año que viene. Van por todo y sin reparar en medios, como en 1955 y 1976.

 

 

 

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