UN ALMUERZO INDIGESTO

 

Con una metáfora gastronómica, Cristina reiteró que la condena ya está escrita. Describió a los jueces con “cuchillo y tenedor y poniéndose una servilleta alrededor del cuello”. La reacción ante el alegato fiscal y los pedidos de condena e inhabilitación, que congregó multitudes en parques y plazas de todo el país, no tiene visos de apagarse, lo cual indica que ese almuerzo puede resultarles indigesto, y no solo a los fiscales y los jueces de la causa, sino también a quienes les proveen la receta, los ingredientes y el fuego.

Por lo pronto, ha ratificado de un modo estrepitoso la centralidad de la vicepresidenta en la escena política, donde la única verdad sigue siendo la realidad. El júbilo, tanto de ella como de quienes la acompañan en estado de alerta y movilización, contrasta con los rostros sombríos de la dirigencia opositora, que anuncia proyectos de juicio político contra el Presidente (el octavo desde que asumió), a Cristina por sedición  y otras denuncias penales, por delitos extravagantes como el de opinión sobre el desempeño de funcionarios judiciales o instigación al suicidio. Gris es la teoría y verde el árbol de la vida, escribió hace dos siglos Goethe, quien no conoció a Eduardo Casal, Mario Negri ni Graciela Ocaña.

 

 

Casal, Negri, Ocaña, la alegria del vivir.

 

 

 

 

 

Recuerdos de Gaspar Campos

El vallado del domicilio de Cristina por la policía porteña, que filmó los rostros de los manifestantes violando la ley de inteligencia, fue una provocación política y un acto ilegal. No se trataba de custodiar a la Vicepresidenta, lo que corresponde a las fuerzas federales, sino de hostigar a los manifestantes que expresaban su solidaridad con ella. Los preparativos de represión que se desplegaron ayer con patrulleros, carros de asalto y camiones hidrantes fueron denunciados por CFK: «Para los macristas: cuidado y protección. Para los peronistas: vallas, infantería de la policía de la ciudad y hasta palos, gas lacrimógeno y gas pimienta como la noche del lunes. Lo dicho ese día por la noche: nunca fueron ni serán democráticos». Además, policías de uniforme custodiaron el estacionamiento de dos containers repletos de cascotes a dos cuadras del epicentro de la concentración. El Presidente Fernández retuiteó el mensaje de Cristina e instruyó a legisladores de la Ciudad para que presentaran un amparo contra el sitio a Cristina. Los actos programados en distintos puntos de la ciudad y del Gran Buenos Aires fueron suspendidos y los militantes marcharon hacia Juncal y Uruguay. La multitud avanzó sobre las vallas y la policía reprimió con gases y chorros de agua, desatando una violencia que hasta ese momento no había formado parte de la actitud de los manifestantes. La agresión de la policía fue brutal, contra familias que manifestaban en forma pacífica. La respuesta fue pedir que la policía se retirara. Ricardo López Murphy tuiteó: «Son ellos o nosotros».

 

 

El operativo montado por el gobierno de la Ciudad fue insensato. Su policía singularizó a los dirigentes políticos Andrés Larroque («no tiene fueros», se escuchó en la modulación de un handy) y Axel Kicillof («es un militante más, que se prepare el hidrante», fue la orden desde la central) y terminó en una humillación innecesaria, con los carros de asalto retirándose marcha atrás por pasillos abiertos por los militantes, con stickers pegados en la carrocería proclamando «Todos con Cristina». Si el FdT se homogeneizó en torno de Cristina, JxC quedó al borde del estallido, con HRL desgarrado entre reclamos contradictorios, entre mayor prudencia y una represión más violenta. El comunicado de la conducción nacional Cambiante intentó disimular este conflicto interno, acusando de violentos a los kirchneristas y respaldando a la policía porteña. El jefe de gabinete Felipe Miguel no pudo evitar el ridículo: dijo que habían garantizado el orden público (sic). Orden público y paz social repitió más tarde HRL, rodeado de dirigentes de su coalición, para mostrar la unidad en crisis. Los niveles de represión que permitirían correr a los manifestantes, no son tolerables políticamente, lo cual lo obliga a la negociación que no quería.

Como Cristina ha dicho una y otra vez, sólo un acuerdo político podría desactivar tanta locura. Político, no policial. Luego de una reunión entre los ministros de seguridad de la Ciudad y de la Nación, de la que también participaron Wado de Pedro, Juan Martín Mena y Jorge Macrì, la policía se fue retirando del lugar. Según versiones originadas en el gobierno local, la militancia se comprometió a molestar lo menos posible a los vecinos, sin parrillas, fuegos artificiales ni batucadas. Cristina habló desde un palco improvisado, rechazó la acusación de violentos dirigida desde el gobierno de la Ciudad, recordó las horcas, guillotinas y bolsas mortuorias con que desde la oposición la han amenazado y pidió que los compañeres fueran a descansar, después de una larga jornada. Ante los delegados de la UOM de Avellaneda, Máximo Kirchner había instado a Rodríguez Larreta a «sacarse de encima la pata de Macrì» y «a no dejarse extorsionar por quien fundió a la Argentina». Menos directa, Cristina sugirió por  la noche que la oposición debería cesar la competencia por ver quién es más duro con el peronismo.

 

La lógica del juicio

Cristina ejerció desde su despacho una defensa política, que aquí podés ver y escuchar. El primer lunes de septiembre comenzarán las defensas técnicas. No es posible comprender la lógica del juicio por las obras viales en la provincia de Santa Cruz sin salir del Estado Libre Asociado de Comodoro Py y observar lo que ocurre en la Fundación Libertad y en los hoteles de cinco estrellas de la Ciudad Autónoma y de Bariloche, donde celebran sus encuentros los grandes lobbies patronales, como AEA, ACDE, AmCham o el Consejo de las Américas. Allí, los accionistas y/o gerentes de las mayores empresas locales e internacionales reclaman en forma monótona la devaluación del peso, la reducción del déficit fiscal y de los derechos laborales y previsionales, la completa desregulación financiera, la supresión de impuestos y contribuciones.

Maurizio Macrì traduce esa jerigonza al idioma del marketing político, con sus críticas al “populismo de Perón y Evita, que luego se exportó al mundo”, pero también de Yrigoyen, a quien considera el precursor. Y de Cristina, que lo encarna hoy como nadie.

 

 

 

 

La presidencia de Yrigoyen comenzó hace más de un siglo: hasta allí es el retroceso que plantea el neoliberalismo. Proyectos de Horacio Rodríguez Larreta y Carolina Lozada avanzan en la supresión de derechos laborales. Macrì, pero también los otros dirigentes de su coalición, anuncian que acabarán de una vez y para siempre con la Argentina posterior a 1916. Si los dejan.

 

 

YPM, el populismo y su eventual verdugo.

 

 

 

 

Relación de fuerzas

El catálogo de las reivindicaciones patronales está contenido en el Plan Confidencial de Estabilización que Gabriel Rubinstein elaboró en julio y que explica mucho más que sus pueriles insultos en las redes antisociales el malestar por su designación como economista jefe en el equipo del ministro Sergio Massa. Hace dos décadas ya había hecho un pedido de disculpas al senador Eduardo Duhalde, a quien agravió por su gestión interina al frente del Poder Ejecutivo, palinodia que se recuerda menos que su designación en el equipo de Roberto Lavagna. Néstor Kirchner consintió que el hombre de Techint continuara como Ministro de Economía y nombró a Martín Pérez Redrado como presidente del Banco Central en el comienzo de su presidencia, consciente de la relación de fuerzas desfavorable. Del mismo modo Cristina admite que, en esta etapa, la política económica sea orientada por Massa y sus amigos, que simulan representar la mítica burguesía nacional del primer peronismo, aunque hoy manejan empresas transnacionalizadas y frecuentan las guaridas fiscales.

Massa también cuenta con la aquiescencia del sector con predominio estadounidense que se concentra en la minería, los hidrocarburos, las oleaginosas y las finanzas. Pero la Vicepresidenta mostró esta semana cómo se sirve hasta de la fuerza de sus enemigos para acumular poder, con la esperanza de torcer ese rumbo en algún momento futuro. Su posibilidad de éxito dependerá en alguna medida de la masividad y energía de la movilización popular. También de su calidad. El viernes Máximo Kirchner participó en el plenario de delegados de la Unión Obrera Metalúrgica de Avellaneda, cuyo secretario general, Daniel Daporta, vaticinó que Cristina será la próxima Presidenta, lo mismo que se canta en los encuentros en su apoyo. Máximo contó una pintada que vio en el puente Avellaneda, que decía: “Si el pueblo quiere, Cristina puede”. A su lado estaba el secretario general de la UOM nacional, Abel Furlan, que fue su compañero de bancada en el Congreso y cuyo desempeño encomió, porque se negó a votar las leyes que pedía el macrismo, cuando otros desertaron. Máximo hizo allí un racconto de décadas de luchas populares, de los trabajadores, de los organismos de derechos humanos, que libraron batallas que parecían perdidas cuando no se vislumbraba un futuro. Pero esa resistencia le permitió gobernar a partir de 2003 a Néstor Kirchner. “Por eso es importantísimo dar esas peleas. En un momento, si tenemos la inteligencia suficiente, la paciencia, la convicción y el coraje, vamos a poder construir entre los argentinos y las argentinas un país que contenga a todos y todas porque siempre se trata de eso. Esas luchas que ustedes dan, que van sumando, que van sedimentando en nuestra sociedad son las que no les gustan a algunos sectores no grandes en cantidad de gente pero sí muy poderosos.  Parte de esos 12 años, más allá del coraje y la valentía que pueda tener un Presidente o una Presidenta, tiene que ver con un pueblo que nunca se rindió, al que le quisieron quebrar la autoestima y la recuperó. Eso es lo que no tienen que perder”.

No lo dijo, pero tal vez cuando habló de esos sectores poderosos, tenía in mente la sesión en Buenos Aires del Consejo de las Américas. Este grupo de presión de las empresas estadounidenses en la región tiene dos presidentes eméritos:

  • William Rhodes, el citibanker que hace tres décadas encabezó el comité de acreedores que condujo el proceso de desguace de las empresas públicas para pagar con ellas el capital de la deuda externa, según los lineamientos trazados por Henry Kissinger, y
  • John Dimitri Negroponte, quien condujo en Vietnam el Plan Phoenix de la CIA, de exterminio de 30.000 opositores, inspirado por los mismos asesores franceses que instruyeron a los militares argentinos; después organizó la contra en Nicaragua y fue embajador en Irak luego de la invasión.

El interés de Estados Unidos por la Argentina es multidimensional. En 2019 el Comando Sur de sus Fuerzas Armadas (entonces a cargo del almirante Craig Faller) definió la corrupción como una preocupación de seguridad nacional y en 2020 decidió incrementar la cooperación con los aliados para enfrentar amenazas transfronterizas, así enumeradas: “República Popular China, Rusia, Organizaciones Delictivas Transnacionales, corrupción, cambio climático y Covid”.

 

 

El 3 de junio del año pasado, el propio Presidente Joseph Biden firmó un memorándum que caracteriza a “la lucha contra la corrupción como un interés central de seguridad de los Estados Unidos”, porque “proporciona a los líderes autoritarios un medio para socavar las democracias en todo el mundo”. Los tópicos cambian pero la práctica queda: Estados Unidos necesita pretextos para la intervención y el control de otros países cuando sus políticas no los satisfacen.

Por todo eso, cuando la Vicepresidenta afirma que no la juzgan a ella sino al peronismo y a los gobiernos nacionales y populares, “a los que peleamos por la memoria, la verdad, la justicia, el salario, las jubilaciones, la independencia, la obra pública”, enumera las cosas que los gobiernos kirchneristas hicieron en doce años, y dice que intentan castigarla  con un año de condena por cada atrevimiento de entonces, concita hasta las adhesiones menos pensadas, desde la CGT y el Movimiento de los eviteros, hasta Myriam Bregman.

 

 

 

 

 

No es que aquellos fueran gobiernos sin contradicciones. Durante la primera presidencia de Yrigoyen, en 1921, dos años después de la represión policial y militar a trabajadores metalúrgicos en huelga, se tipificó en el Código Penal la asociación ilícita, como un delito contra el orden público. El asesor de los círculos de obreros católicos, monseñor Miguel de Andrea, predicaba contra “la bandera roja de la impiedad y la revolución social”. Enrique Delfino y Manuel Romero la llamaron “la maroma sovietista”, en un sarcástico tango de 1928.

 

 

 

 

Las asociaciones profesionales de trabajadores recién serían legalizadas durante el primer peronismo, que además crearía un fuero específico laboral, donde prevalecería la presunción pro operario para equilibrar la desigualdad ostensible entre las partes. La última dictadura, en 1976, incrementó en forma sustancial las penas para quienes integraran una asociación ilícita, que ya no eran anarquistas y sindicalistas sino las organizaciones armadas definidas como subversivas o terroristas. En 1984, la última reforma fue pensada para reprimir intentos de golpe de Estado, como los que derrocaron a los Presidentes radicales Yrigoyen, Arturo Frondizi y Arturo Illia, destino que casi logró eludir Raúl Alfonsín, quien estuvo cerca de completar su mandato.

En las tres versiones, ese tipo penal preparatorio y de peligro abstracto, procuraba suplir las pruebas concretas de uno o más delitos por la mera pertenencia a una organización definida a priori como criminal, donde al menos tres personas se unieran para cometerlos, así luego desistieran de hacerlo. En el caso de Vialidad, fue el atajo para llegar a la ex Presidenta CFK, sin necesidad de probar su autoría de alguno de los delitos contra la administración pública que contiene el Código. El propio fiscal Diego Luciani se lo hizo saber, en tono de disculpa, al iniciarse el debate, por medio de un juez de San Isidro, hermano de una persona próxima a Cristina. Pero entonces ella era la candidata favorita para la elección presidencial y hoy el gobierno que integra no pasa por su mejor momento. La apelación del fiscal al “sentido común” según el cual la Presidenta no podía ignorar los delitos que se cometían es insostenible, para un tipo penal que requiere que el autor conozca que integra una organización delictiva estable.

Hace más de dos décadas, en el fallo Stancanelli, redactado por el juez Augusto César Belluscio, la Corte Suprema instó a reflexionar a jueces y fiscales sobre la necesidad de extremar la atención en el encuadramiento legal de los hechos reales o supuestos, de corrupción administrativa, imputados a funcionarios o ex funcionarios, “frente a una opinión pública —sea formada espontáneamente u orientada por los medios masivos de comunicación— particularmente sensible”. El tribunal alertó contra la creación de delitos de la nada y la búsqueda “del tipo penal que permita el procesamiento con efectiva privación de la libertad para luego acomodar los hechos a la figura, invirtiendo así el orden lógico del razonamiento”. Esos caminos son “en definitiva ilegales. No es cuestión de satisfacer a la opinión pública presentándose como adalides de la lucha contra la corrupción”. Luciani era por entonces secretario de la fiscalía general de San Isidro.

 

 

Muy similar al de la CGT fue el texto de los eviteros, desgarrados entre el odio de sus dirigentes y el amor de sus bases a Cristina. Tardaron en pronunciarse pero les fue imposible evitarlo. También acudieron en auxilio de CFK, cada cual a su manera, la CTA y los organismos de derechos humanos, los demás movimientos sociales de san Cayetano, los bloques de senadores y de diputados del FdT; los ministros más próximos al Presidente Fernández (Santiago Cafiero, Vilma Ibarra, Julio Vitobello),  aquellos que llevan meses acercándose a Cristina, como Gabriel Katopodis y Juan Zabaleta, medio millar de intendentes de todo el país, una decena de gobernadores oficialistas (Gustavo Bordet, Jorge Capitanich, Osvaldo Jaldo, Raúl Jalil, Axel Kicillof, Alicia Kirchner, Gustavo Melella, Oscar Perotti, Ricardo Quintela, Sergio Uñac), adolescentes y septuagenarios (como el ex presidente del Partido Justicialista José Luis Gioja, que consiguió un vuelo desde San Juan cuando supo lo que estaba sucediendo frente al departamento de Cristina en Recoleta) y hasta el candidato a la vicepresidencia de Macrì, Miguel Pichetto.

A Massa le bastaron pocas palabras en las redes antisociales para acertarle al centro jurídico de un problema político, en términos llamativamente similares a los que usó el Consejo Directivo de la CGT.

 

Cristina dijo hace cuatro años que entre ella y los funcionarios que intervinieron en las obras había 13 eslabones de los organigramas nacional y provincial. Ese argumento fue retomado por el Presidente Fernández en la innecesaria entrevista que concedió a la televisora del Grupo Clarín, cuyos entrevistadores forzaron un parangón entre Natalio A. Nisman y Diego Luciani. En las repeticiones posteriores y en la coordinada repercusión en otros medios y asociaciones se desvinculó la respuesta presidencial de la aseveración que hicieron los dueños de casa. Alberto también firmó una declaración conjunta con los Presidentes de México, Manuel López Obrador; de Colombia, Gustavo Petro, y de Bolivia, Luis Arce, aduciendo que “la persecución tiene por objetivo apartar a CFK de la vida pública, política y electoral, así como sepultar los valores e ideales que representa, con el objetivo final de implantar un modelo neoliberal”. Luego se sumó también la Presidenta de Honduras, Xiomara Castro. También se pronunciaron dos decenas de embajadores, entre ellos Daniel Scioli, Carlos Tomada, Eduardo Zuain, Oscar Laborde, Sabino Vaca Narvaja, Hernán Patiño Mayer y Victorio Taccetti.

Hasta el dirigente libertario Carlos Maslatón expuso dos argumentos para cuestionar la actuación de los fiscales:

  1. “Guarda con un 17 de octubre, que no termine pasando lo que ahora pasa con Lula en Brasil. A veces al opositor es mejor no encarcelarlo y más si aún conserva el 30%, lo que es impresionante. Que sea en las urnas de votación”.
  2. “Me parece divertido que el fiscal Diego Luciani quiera reivindicar 5.321 millones de pesos malversados por CFK, López, De Vido. Yo quiero que en otra causa se reivindiquen los 250.000 millones de U$D de deuda tomada por Macri en 2015-2019 y esfumados por la corrupción financiera”.

También las reacciones de apoyo al histriónico alegato de los fiscales Luciani y Sergio Mola definen un universo: los grandes medios comerciales que guiaron cada paso del tribunal; la Coalición Cambiante sin exclusiones; las asociaciones de magistrados que ejercen la defensa corporativa de sus miembros; el colegio de abogados de la City de Buenos Aires; el fiscal a cargo en forma interina de la Procuración General; organizaciones internacionales como Human Rights Watch que, desde que gobiernan los demócratas son ecos de la Casa Blanca; la Federación Latinoamericana de fiscales, uno de los ámbitos donde más inversión en cursos y viajes volcó el Departamento de Estado. Uno de los principales operadores de esos programas, el fiscal texano Edward Prado, llegó en 2018 como embajador en la Argentina y dijo que venía para ayudar a los jueces en la lucha contra la corrupción, en beneficio de la transparencia y de las empresas de su país. Esos cursos procuran transfundir  la fidelidad básica de los jueces estadounidenses al capital contra el trabajo. Allí se originó la figura penal del arrepentido en causas por corrupción. Esa ley 27.304/16  fue redactada por el abogado UCeReísta Ricardo Gil Lavedra, que ahora preside el Colegio Público de Abogados de la Capital y fue utilizada como un arma extorsiva para obtener acusaciones contra el kirchnerismo.

El senador republicano por Texas, Ted Cruz pidió que el gobierno de Biden sancionara a Cristina por corrupta. Lo apoyó el heredosenador brasileño Eduardo Bolsonaro. Les contestó a ambos el canciller argentino Santiago Cafiero:

 

 

 

 

Paralelos

Antes que colgarse de Nisman, los medios, asociaciones y partidos de la oposición trazaron un paralelo entre el fiscal Luciani y Julio César Strassera. Con su remate “Corrupción o Justicia”, Luciani intentó remedar el “Nunca Más” con que Strassera concluyó su alegato en el juicio a los ex comandantes de las Fuerzas Armadas de 1985. Pero Strassera no invocó la asociación ilícita, porque le sobraban pruebas sobre la comisión de miles de delitos aberrantes y atroces, gracias a los años de trabajo investigativo previo realizado por los organismos de familiares de las víctimas. Según Roberto Gargarella, es difícil de probar la asociación ilícita porque «no es esperable que hallemos, documentos firmados por los jefes de la asociación ilegal, ordenando a sus subordinados la comisión de los crímenes».

 

 

 

Ocurrió todo lo contrario: sobran los documentos de las tres Fuerzas Armadas impartiendo esas órdenes. Lo que la fiscalía adoptó entonces fue la teoría del autor de escritorio formulada por el penalista alemán Klaus Roxin para responsabilizar a quienes matan por medio de un aparato organizado de poder, donde los subordinados que matan con sus manos, son engranajes fungibles de una maquinaria que otros conducen. Es aberrante trasponer esos conceptos a un sistema democrático, con separación de poderes y controles cruzados.

A falta de cualquier prueba que la vincule con alguna irregularidad, la acusación se basa en su carácter de Presidenta de la Nación, por haber designado funcionarios de su confianza y asignar fondos de inversión pública en obras viales destinadas a la provincia de Santa Cruz, es decir su rol constitucional. Las leyes de presupuesto que los incluyen fueron votadas por una gran cantidad de legisladores de la oposición y su ejecución corresponde por disposición constitucional al jefe de gabinete de ministros, que el Poder Ejecutivo sólo supervisa. Todos los que ocuparon ese cargo (Alberto y Aníbal Fernández, Sergio Massa y Juan Abal Medina) no fueron acusados por la fiscalía. La defraudación al Estado solamente puede realizarse en forma activa. Nunca por omisión. Es imposible jurídicamente que le atribuyan al Poder Ejecutivo la ejecución irregular de la ley de presupuesto, cuando esa es una responsabilidad del jefe de gabinete. Tampoco fueron perseguidos los funcionarios técnicos de Santa Cruz y de Vialidad Nacional que intervinieron en las licitaciones. Porque el objetivo siempre fue ella, no la verdad de los hechos.

 

 

 

Como a Perón

Desde su columna en Clarín, Eduardo Van der Kooy cuestionó a Cristina por “declararse espantada del Tribunal que debe juzgarla. Aludió a supuestos vínculos con la pasada dictadura. Se trata de una información que el periodista Horacio Verbitsky publicó en su web El Cohete a la Luna. Héctor Giménez Uriburu, padre del magistrado, fue un marino que se retiró en 1992. En su trayectoria ocupó cargos cercanos a Leopoldo Galtieri y Reynaldo Bignone. ¿Qué tendría que ver su hijo, el juez del TOF2, con todo eso? Portación de apellido, tal vez”.

Si sabe que la mención de Cristina se originó en esta página, también debe haber leído el fundamento, que son las opiniones que  el capitán de navío Giménez Uriburu publicó en el sitio en la red antisocial Facebook del equipo de fútbol Liverpool que juega en la quinta de Macrì. Allí, posteó una diatriba sobre las mismas cuestiones que su hijo tiene ahora a consideración y acerca del personaje principal del encono de todos ellos:

  • “Cristina Fernández de Kirchner, malversó, robó y estafó”.
  • “Existe una tonelada de pruebas».
  • “Yo la quiero ver sentada frente a jueces que la interrogan.  ¿Dónde está la plata? ¿Y qué posibilidad hay que los corruptos vayan presos y devuelvan lo robado?”

Esto no es portación de apellido sino prejuzgamiento del progenitor del juez en el sitio administrado por el juez, sobre los hechos y las personas que juzga el juez.

También la madre del juez, María del Luján Lamon de Giménez Uriburu, cree que “ser peronista es ser delincuente”, de modo que “no podés ser peronista y una buena persona. No se puede adorar como adoraban a ese señor que era un degenerado, nunca tuvo una familia normal, una esposa normal”. Llegó a deplorar que Dios hubiera permitido “que tuviéramos un Papa peronista”, según publicaciones de La Nación, Tribuna de Periodistas, En Orsai y Página/12. El abuelo materno del juez, Emilio Lamon, también fue oficial de la Marina, de la que se retiró como capitán de fragata.

La definición de la madre del juez de Cristina coincide con la de los delegados de Aramburu y Rojas en la Corte Suprema de Justicia. El decreto ­ ley 5148 del 9 de diciembre de 1955 dispuso la inversión de la carga de la prueba y la exclusión de pruebas testimoniales en la causa contra Perón. Esto “entra en el ámbito de los poderes normales del legislador­” y no es inconstitucional, convalidó aquella Corte de jueces sin acuerdo del disuelto Senado. A Cristina se le exige hoy, como a Perón entonces, que demuestre su inocencia, y que se calle.

En 1998, la más alta Corte de Justicia de Gran Bretaña decidió por mayoría que como ex jefe de Estado de Chile, Augusto Pinochet no gozaba de inmunidad por delitos cometidos durante su presidencia. Pero ese juicio fue anulado, porque la defensa del ex dictador planteó que la esposa de uno de los jueces, Lord Leonard Hoffman, era colaboradora de Amnesty International. El juez fue reemplazado y se celebró un segundo juicio.

Constituida en 2009 la comisión directiva de Liverpool fue inscripta en la Inspección de Justicia bonaerense en 2011, con el juez Rodrigo Giménez Uriburu como secretario y el camarista Mariano Llorens como vocal. Es decir que no sólo jugaban al fútbol en el reducto más íntimo de Maurizio Macrì. También compartían cargos en una asociación civil, cosa que ocultaron a quienes enjuiciaban. Desde la Cámara Federal, Llorens ordenó unificar las probanzas de distintos expedientes contra Cristina, que es lo que Luciani hizo al incorporar a su alegato constancias del juicio contra José López Bolso. Ahora toca que Giménez Uriburu lo convalide, aunque la respuesta de Cristina puede haberle quitado el apetito. Como otras 14.000 de las 42.000 asociaciones civiles registradas en la provincia, la Liverpool nunca presentó balances, realizó asambleas ni eligió nuevas autoridades, lo cual podría conducir a su intervención y disolución, si alguien lo pidiera. Llorens ya tiene un pedido de juicio político en el Consejo de la Magistratura, por haber sobreseído a Macrì en la causa por el espionaje a los familiares de la tripulación del submarino San Juan, sin excusarse por su proximidad con el ex Presidente.

 

 

 

La rama y el árbol de Luciani

En su alegato, la fiscalía sostuvo que Lázaro Báez pudo ganar tantas licitaciones, porque la legislatura de Santa Cruz modificó dos veces la ley de obras públicas, en 2004 y 2017, con el voto tanto de oficialistas como de opositores. En tal caso, el juicio sería nulo, porque el artículo 117 de la Constitución dice que en los asuntos en que alguna provincia fuese parte, la Corte Suprema ejercerá su jurisdicción “originaria y exclusivamente”.

Luciani serruchó de este modo la rama sobre la que estaba sentado. Tal vez pronto haya que discutir la recusación a Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

 

 

 

 

 

La música que escuché mientras escribía

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